Comando Hernán Trizano y Terrorismo de Estado

En la CUT Lorena Pizarro, a nombre de la Asamblea por los Derechos Humanos, informó acerca de la misión de observación cumplida por diez organizaciones miembros de la asamblea de los Derechos Humanos los días miércoles y jueves de esta semana, en la zona de conflicto chileno mapuche y ante los presos políticos de la cárcel de Angol. “Con espanto observamos la brutalidad, salvajismo y el terrorismo de Estado presente en estas violaciones a los derechos humanos", denunció Lorena Pizarro, relatando que las comunidades mapuches se encuentran "bajo estado de sitio y están constantemente con vigilancia policial", dispuesta a favor de los empresarios forestales de la zona que cuentan con “retenes especiales” para la protección de sus intereses. Recordó que en el fundo de Luchsinger donde fue asesinado Matías Catrileo existen zanjas profundas de “protección” asegurando que en esas trampas se ha accidentado y muerto gente.

Afirmó que los allanamientos policiales se realizan sin orden judicial, con carabineros que utilizan armamento de guerra, y consideró que estos procedimientos apuntan al exterminio del pueblo mapuche.

Denunció asimismo la existencia del "Comando Hernán Trizano, comparándolo por sus funciones con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de tiempos de dictadura, pues los comuneros señalaron que este grupo realiza patrullajes nocturnos con disparos de amedrentamiento y que en oportunidades, carabineros se visten de civil para participar en esas incursiones. Relató la dirigenta que pudieron constatar en terreno la violación de los derechos de los comuneros: en el campo hay instaladas cámaras de vigilancia y aparatos que interfieren los teléfonos móviles. “Todos los celulares, hasta los más potentes, se caen cuando uno está en las comunidades”, relató la dirigente.

Frente al asesinato de Matías Catrileo en una recuperación de tierras, los dirigentes sostuvieron: "El responsable del asesinato de Matías Catrileo, no es solamente quien disparó, sino quien dio la orden, por lo que exigimos que se castigue desde quien dio la orden, hasta quien la ejecutó" y afirmaron que no creen que la justicia militar cumplirá con ese cometido.
La misión de observación se hizo en cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Asamblea en su reciente Congreso Nacional de Derechos Humanos, que solidarizó con la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones y exigió se pusiera fin a la militarización y judicialización de sus movilizaciones y acciones de recuperación de territorios ancestrales. En ese congreso, por primera vez se integraron públicamente en el debate social las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.
El equipo de observadores que viajó a la zona mapuche estuvo integrado además de la AFDD, por representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, CINTRAS, el Colectivo de Familiares y Amigos de los 119, la agrupación de ONGs Acción, la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos, la Comisión Etica Contra la Tortura, el Colectivo José Domingo Cañas y el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, colectivo que integro en representación del Colegio de Periodistas. También viajó con la delegación el abogado de derechos humanos y concejal Hugo Gutiérrez. El programa de actividades en Temucuicui y en el lof de Vilcún se desarrolló con la colaboración de Víctor Maturana, dirigente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Temuco) y José Araya, de CODEPU de Valdivia, quienes desarrollan su labor en la zona.
Llamado a la sociedad
En esta oportunidad, el Presidente de la CUT, Arturo Martínez, declaró su solidaridad con el pueblo mapuche llamando al gobierno a reflexionar sobre esas demandas y operar para resolver el tema de las sentencias injustas que se les han impuesto al aplicar la legislación antiterrorista. “Con represión y balas no se resuelve el conflicto chileno-mapuche. Ese tipo de experiencia ya la vivimos”, dijo el dirigente quien se comprometió públicamente a acompañar todas las decisiones que al respecto adopten las organizaciones mapuche. “La sociedad chilena no puede callar y hacerse la lesa. Los mapuche pueden contar con nosotros. Su derecho sagrado a la tierra merece ser respaldado”, afirmó.
Agregó que el 11 de enero envió una solicitud de informe a la OIT respecto de la situación planteada por la reserva agregada al Convenio 169 por el gobierno chileno y sectores parlamentarios.
“Indignadas y en estado de movilización permanente” por los hechos que están ocurriendo en el territorio mapuche, exigiendo la desmilitarización de la zona se declararon en la CUT las siguientes personas y organizaciones mapuche urbanas: Kolo Kolo, (Santiago); el Werken de (Pedro Aguirre Cerda), Folil Rayen Domo (Lo Prado); Iñchiñ Mapu (La Pintana), Carmen Melillán Moncada, (Maipú), Newen Domo (Peñalolén),Walter Ñancucheo, As. Newentun (Ñuñoa), Colectivo Profesores Mapuche (Santiago); Pablo Alejandro Huenteleo, estudiante de Derecho, (Maipú), We Küyen (Lo Espejo); A.G. Mapuche Folilche Aflaiai y As. Trepeiñ Pu Lamgen.(ambas de Peñalolén); Pedro Liempi Q. Consejo Mapuche (Pudahuel), Mauricio Llaitul Acum Tripay Antü (Maipú); Kolo Kolo, (La Granja); Juan Huincabal Antipan, Consejería Indígena Urbana (Est. Central); (Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda), Segundo Manquelaf N., Lonko As. Mapuche (Estación Central) Andrés Aravena, Socialismo Revolucionario (San Miguel); As. Profesores Likan Mapu (Santiago), Coordinación de Mujeres Mapuche (R.M.), Centro Mapuche de Estudio y Acción ( R.M.); Wall Pikunche ( Recoleta); Trawun Mapu, (La Granja), Irene Bravo (Asamblea Nacional de Derechos Humanos); Wechekeche Ñi Trawun ( La Florida); Warranka Cañulef, (Santiago), Alexandro Alvarez A. (Santiago), José Llancapan Calfucura Consejero Indígena Urbano (Santiago); As. Mapu Ta Nüyün y As. Aymara pachita (ambas de Coquimbo).
Su declaración, respaldada con el tradicional grito afafan quizás nunca escuchado antes en la CUT o por los escasos periodistas radiales asistentes a la conferencia de prensa,, exige “la adopción de medidas inmediatas que aseguren salir de la inmovilidad actual en torno a las políticas indígenas y que se gestione una coordinación eficiente que asegure la efectiva participación de los pueblos interesados en dichas políticas.” Asimismo sostuvieron que “harán efectiva toda nuestra convocatoria y energía en la exigencia del cumplimiento de los derechos de los que somos titulares.”
Avance hacia el centro
Las declaraciones formuladas en la CUT por estas organizaciones, se suman a la toma de posición en el tema mapuche de otras organizaciones y conglomerados de la sociedad civil no mapuche. Los historiadores, los miembros de ONGs, organizaciones sociales y ambientales, los antropólogos, los cristianos, la Conferencia Episcopal, las feministas, otras redes de mujeres y profesionales, los artistas e intelectuales, la Iglesia Evangélica y otros colectivos se han activado en las últimas semanas. El conflicto chileno-mapuche ya salió del territorio ancestral y avanza a galope desde Chillán, la llamada “cuna de héroes” donde se extingue la vida de Patricia Troncoso. El conflicto se abre paso en el corazón de la sociedad chilena, suenan el cultrún y la pifilka y algunos empezamos a sentirnos mapuche y a decir como en Fuenteovejuna que nos llamamos también Chepa, Patricia Troncoso.
Mientras la Presidenta Bachelet -autodenominado “gobierno ciudadano”- sigue en su silencio ensordecedor, adoptando medidas de carácter burocrático y administrativo, la UDI intenta una vez más (¡era lo que faltaba!), convertirse en la nueva portadora del respeto a los derechos humanos. Los políticos de la Concertación también callan, con la honrosa excepción del senador Alejandro Navarro. Es el único díscolo en este tema. El suero que la Presidenta, a través de sus funcionarios, ordena administrar a Patricia Troncoso, opera como un tranquilizante que le permite a sus funcionarios sostener lo inconcebible: que a cien días de la huelga de hambre de Patricia Troncoso, la situación está bajo control. Un discurso peligrosamente similar al que oímos durante 17 años en Chile, cuando muchos de los que hoy luchamos por la causa mapuche éramos luchadores antidictatoriales y llorábamos la muerte de nuestros caídos en ese empeño o el encarcelamiento de los miembros de la resistencia, mientras la justicia negaba los recursos de amparo y el Fiscal Torres juzgaba a los combatientes. Otros fiscales, otros caídos, otros presos, son los que hoy tenemos al frente.