jueves, mayo 30, 2013

El lobby de Monsanto en Chile




Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y  otros productores de químicos y semillas. El candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, desde que era senador comenzó a promover los cultivos transgénicos. Junto a Alberto Espina,  Carlos Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que persigue la introducción de este tipo de cultivos.
En 2011, el senado aprobó la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a su vez por la ex Presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las semillas híbridas y transgénicas y entre otras aberraciones, prohíbe el libre intercambio de semillas, asegurando su control  por los denominados “obtentores”, en su mayoría transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y otros socios menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.
Votaron a favor del Convenio,  los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y  los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). Se abstuvieron los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén), Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
 El senado votó el convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras se desarrollaba en las calles la masiva manifestación contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como  ley de la república, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas. Chile, junto a Brasil, Colombia,  Venezuela, Argentina, Ecuador  y China, continúa rigiéndose por el Convenio del año 1978. Por eso los senadores UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre  el tema. Pero la movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, y el tiempo ha pasado a favor de la conciencia ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para el mercado interno.
La candidata Bachelet y el convenio UPOV 91
Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las transnacionales semilleras que fueron introducidos al congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet el año 2008, bajo el “cuco” de que habría sanciones del gobierno de USA si no se aprobaba rápidamente. El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de  Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91, tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último día de vigencia de su mandato, en 2010,  los Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado pero no se ha iniciado su discusión.
La ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones denominamos Proyecto de Privatización de la Semilla, proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su versión del año 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue elaborado por ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas es decir por Monsanto, von Baer y los productores de semillas híbridas y transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.
Bachelet y el No al Etiquetado de transgénicos
El lobby de Monsanto también funcionó en el año 2000 en el gobierno del ex Presidente Lagos. Su entonces  Ministra de salud, la doctora Bachelet y sus asesores habían preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos, el  decreto 293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero ese decreto nunca se promulgó en el Diario Oficial. En lo principal, establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado de ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma un sello que diga “transgénico” o si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos porque el entonces presidente Lagos y su ministra desistieron de hacerlo.  ¿Quién los “convenció”?
En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre las más poderosas transnacionales semilleras y productoras de agrotóxicos. El año 2007, CORFO le aportó 1,7 millones de dólares para la instalación de un centro de semillas en el valle de Azapa, en Arica. Dupont recibió de CORFO casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la Concertación, no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de protección de la Biodiversidad.
El proyecto de Ley Monsanto
El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile (año 2006), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por Monsanto en México.  La injerencia de  la transnacional en ese proyecto  fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “proyecto de Ley Monsanto”.
El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la ex presidenta Bachelet. Piñera  envió al Senado indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado, para asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas,  fueran abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible. En una reunión sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientales y sociales, para discutir el tema de los transgénicos,    los asesores del entonces Ministro de agricultura José Antonio Galilea, Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga afirmaron textualmente: “Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente.”  Las órdenes provenían probablemente de Estados Unidos, donde está la sede de Monsanto, en Missouri.
Más sobre el lobby empresarial
En una entrevista publicada en revista Caras  http://www.caras.cl/personajes/2012/09/jorge-schaulsohn-la-caida/), sobre la complicada situación del lobista Jorge Schaulsohn,  se informaba que Allamand y Schaulson habían sido socios en una oficina de abogados en USA. Schaulsohn entrega al fin de la entrevista en caras su respaldo al actual presidenciable. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado Schaulsohn, reconocido lobbista de las empresas, estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química

lunes, mayo 20, 2013

Bogotá: Jornadas por una América Latina Libre de Transgénicos

Al inicio de las jornadas, en la Universidad Nacional de Colombia se lanzará el libro "Ecología Política de la Bioseguridad", en el que participé junto a Elizabeth Bravo, Catalina Toro y Diana Murcia, con un capítulo que relata cómo ganamos el derecho a saber la ubicación de los cultivos transgénicos en el país, doblándole la mano al gobierno y las empresas productoras de transgénicos y plaguicidas.
El encuentro es convocado por la RALLT, junto a la Universidad Nacional de Colombia y el Grupo Semillas.
En la jornada se pasará revista a la situación actual de América Latina en cuanto a esta problemática, con expositores de la calidad del académico argentino Andrés Carrasco y las investigadoras ELizabeth Bravo y Silvia Ribeiro, entre otros. También expondrán Fabián Pacheco, de Costa Rica, y María Godoy, sobre la lucha de las madres del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba.  La jornada incluirá un seminario (lunes 27), sobre nuevas tecnologías a cargo del grupo ETC.

domingo, mayo 19, 2013

La semilla certificada de Monsanto que arruinó a un agricultor


Atrás, las variedades de melón Braco, verde oscuro, en primer plano (adelante) un melón calameño.
  (publicada en El Ciudadano)
por Lucía Sepúlveda
Una semilla híbrida de un tipo de melón comprada por un agricultor sería la ruina de su vida. Producida por Seminis/Monsanto, la cosecha fue un desastre. “Lo que ocurre hoy es que los campesinos hemos perdido nuestras semillas originales y estamos obligados a comprarle a Monsanto”- sostiene. A la par el Estado, a través de Indap y Prodesal amarra las semillas a plaguicidas.
Expectación existe entre los agricultores de la Asociación Gremial BioBio Orgánico  por el fallo que debe dictar la Corte de Apelaciones de Chillán en la demanda interpuesta por el socio de esa entidad gremial, José Riquelme, contra la transnacional Monsanto.  Riquelme compró semilla híbrida de un tipo de melón llamado Braco para hacer el negocio de su vida: exportar a Francia. Pero se arruinó porque le pasaron gato por liebre: de las 50 mil semillas compradas, la inmensa mayoría era de variedades no exportables.
“He recibido llamados solidarios desde distintas regiones desde que se conoció mi demanda, y me alegra porque yo quiero que todos los campesinos chilenos sepan que no pueden confiar en Monsanto. Esta empresa en el juicio desconoce su responsabilidad porque yo no le compré directamente a ellos sino a su distribuidora. ¡Eso es absurdo! Todos los agricultores que compran semilla ‘mejorada’ o certificada lo hacen a distribuidoras, confiando en la marca de esas semillas, que en este caso es de Seminis/Monsanto”, comenta José Riquelme.
No resulta sorprendente el fallo de primera instancia  a favor de Monsanto, dada la existencia  del poderoso lobby a favor de ChileBio, que preside esa transnacional. La entidad empresarial agrupa a los productores de semillas y agroquímicos en el país. Andrés Allamand, Longueira y otros políticos  presionan a nivel de parlamento y gobierno para apoyar leyes que favorecen a estas empresas, tales como el proyecto de ley de introducción de transgénicos o el proyecto que deroga la actual Ley de Semillas y que posibilitaría la promulgación del convenio UPOV 91 sobre patentes de semillas híbridas y transgénicas. ChileBio además busca influir en políticas públicas relacionadas con la ciencia, a través de sus convenios con universidades y científicos locales.
¿Por qué demandó usted a Monsanto?
- Para dejar constancia que hoy miles de agricultores no tienen seguridad de lo que están sembrando y pueden tener graves problemas si compran semillas de hortaliza o fruta de Seminis/Monsanto. En esta temporada, le  ocurrió algo así a un productor de  Coihueco, que sembró zanahorias de la variedad Abaco  y crecieron otras variedades diferentes.
Según el presidente de la Asociación Gremial BioBio Orgánico, Guillermo Riveros, se trata de una “conducta reiterada de esta empresa. Y Monsanto  apenas resarce el costo de la semilla. Todos los agricultores deberían tener la certeza de que lo que están comprando corresponde a lo que necesitan. Si esto le pasara a Monsanto con un agricultor  de un país del norte global, el trato sería otro. Nos están dando un trato de país tercermundista. Los controles de calidad en este caso no los aplican, no les importa. Yo vi el fruto  de esa semilla que plantó Riquelme y era muy diferente al Braco. Lo ocurrido es un llamado a que los agricultores defiendan sus derechos si les pasa algo similar”.
José Riquelme
Riquelme, coincide: “Si los afectados son pequeños agricultores, apenas les devuelven lo que pagaron por semilla. Pero si son empresas grandes que pueden ir a juicio, asumen otra actitud y pagan también por el daño”.
LA BATALLA LEGAL CONTRA MONSANTO
La demanda de José Riquelme fue interpuesta en 2009 contra  la transnacional semillera y la firma comercial Mahuida Ñuble, distribuidora local de semillas Seminis/Monsanto. En octubre de 2004, José Riquelme invirtió tres millones de pesos en las semillas de la variedad híbrida de melón Braco. Perdió en primera instancia su batalla legal para recuperar su patrimonio y su reputación.
En enero de 2013 la jueza Claudia Arenas,del Segundo Juzgado de Letras de  Chillán, salvó a Monsanto “por improcedencia de la acción de la manera que se planteó”, según la sentencia. En la causa rol C-148-2009 eximió a Riquelme  del pago de las costas reconociendo que tenía razones de sobra para demandar a la transnacional
En el juicio declararon como testigos los agricultores Fernando Toro R, José Arnoldo Ferrada y  Guillermo Riveros. Todos coincidieron en señalar que los melones producidos y vistos por ellos en el predio, no correspondían a la variedad Braco y habían sido comprados en la comercial Mahuida, distribuidora oficial de Seminis/Monsanto.
UNA JUEZA PRO MONSANTO
Mahuida Ñuble, la distribuidora que vendió la semilla de mala calidad,  representada por Rodrigo Quezada Valdebenito, nunca compareció como demandada. La sentencia afirma: “la causa se tramitó en rebeldía de la demandada Sociedad Comercial Insumos y Productos Agropecuarios Mahuida Ltda.”. Pero la jueza Arenas nada hizo al respecto. Para Guillermo Riveros “la empresa Mahuida  debería haberse sumado a la demanda de José Riquelme. Su no comparecencia indica duda sobre su rol, o bien que hay pagos que les están haciendo para que no hable”.
Por su parte, Riquelme considera insólito que Monsanto, que en enero de 2005 adquirió Semillas Seminis, haya sostenido en la corte que no es parte del contrato firmado por Riquelme con esa distribuidora de su semilla, y  desconocido su vínculo con Mahuida. Porque Monsanto Chile es la continuadora legal – tiene el mismo rut- de la empresa Semillas Seminis. “Si yo le compro un vehículo Chevrolet a una distribuidora, el fabricante es el que responde por las fallas, en este caso tiene que ser igual”, sostiene Riquelme.
Rubén Albornoz, gerente regional de Seminis/Monsanto sostiene en sus manos dos mitades de melón. La verde oscura es Braco.

Desde 2005, Monsanto/Seminis sacó de su catálogo la variedad Braco. Reconoció de forma implícita que el híbrido llamado Braco no era homogéneo y estable, requisitos  que son necesarios para registrar (patentar) una variedad frutal según los convenios internacionales, y así poder cobrar por la semilla certificada y registrada, la millonaria suma.
Hay muchos ejemplos a nivel global de las consecuencias que para pequeños agricultores ha tenido estar cerca de Monsanto, que los lleva a juicio por producir sin pagarle royalties por sus semillas transgénicas. Aunque los  cultivos transgénicos de Monsanto son los responsables de contaminar los cultivos convencionales, convirtiéndolos en transgénicos, como la semilla transgénica está patentada, en los países europeos y de América del Norte, regidos por el Convenio UPOV 91, Monsanto puede demandar por no pago del derecho de royalty.
PAGO DE PATENTES Y USO DE HERBICIDAS
Hasta el año 2007, esta transnacional había entablado demandas por no pago de patentes contra 57 agricultores  por un monto total de US$21.583,431, según datos del Center for Food Safety de Estados Unidos. Este año la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de fallar a favor de Monsanto en una causa similar.
Los monocultivos de maíz y soya transgénicos, con uso intensivo de herbicidas venenosos como el Roundup, contaminan la tierra y el agua, causan malformaciones congénitas y enfermedades crónicas a las familias que viven cerca de las plantaciones. Así van imponiendo un tipo de agricultura tecnificada sin agricultores, obligados a emigrar.
El Tribunal de los Pueblos enjuició y condenó a Monsanto y otras transnacionales productoras de plaguicidas y semillas, por violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas, en un juicio llevado adelante en India en 2012, con testigos de cargo de Asia y América Latina Sin embargo esta corporación, que controla el mercado global de semillas híbridas y transgénicas, se ha jactado este año de alcanzar las mayores ganancias de su historia.
EL CONTROL DE LA SEMILLA
El agricultor chillanejo José Riquelme reitera que “yo demandé  a Monsanto pensando en todos los agricultores. Lo que ocurre hoy es que los campesinos hemos perdido nuestras semillas originales y estamos obligados a comprarle a Monsanto (Seminis). Yo sé que si  siembro melón Cantalupo, que es una variedad de acá, nuestra, voy a cosechar melón cantalupo. En cambio si siembro un híbrido de Monsanto, no sé si la variedad va a ser la que dice el envase. La empresa no se responsabiliza por los resultados de las semillas que vende”.
Interrogamos al dirigente gremial de BioBio Orgánico para clarificar con qué tipo de semilla están produciendo hoy la pequeña agricultura campesina en Chile y el grado de dependencia que existe respecto de los proveedores. Riveros explica: “La mayoría de los productores de cultivos convencionales, antes guardaban su propia semilla. Pero hace ya décadas que el Estado, a través de Indap, y los Prodesal, los organismos que tienen como misión apoyar la agricultura familiar campesina, le indican al productor qué semilla tiene que comprar, dónde y a qué precio. Indap los subsidia pero los ‘amarra’ al paquete tecnológico, o sea a la semilla híbrida (“mejorada”), que  va acompañada de un plaguicida para el plan de manejo que el agricultor tiene que cumplir“.
¿Y cómo obtienen semilla los productores orgánicos y los agroecológicos?
- En el caso de los agricultores orgánicos, desconozco estadísticas. Hay un porcentaje alto que guarda la semilla, pero no estoy en condiciones de cuantificar. Los productores agroecológicos, que no tienen monocultivos, guardan e intercambian semillas; se hacen nexos entre regiones, y se mantiene así la semilla tradicional. No existe un recuento oficial de estas prácticas. En el caso de los productores orgánicos, la mayoría produce frutales por tanto no se les presenta habitualmente el problema de la semilla. En el caso de las hortalizas orgánicas, tienen que producir sus propias semillas o comprarlas con autorización de una empresa certificadora, que exige que sean orgánicas, es decir no pueden haber sido tratadas con fungicidas. Si un agricultor orgánico hubiera comprado una semilla desinfectada con sustancias químicas, eso se considera un retroceso y él entraría a una etapa de transición, vuelve al año cero y tiene que esperar 3 años para que la producción derivada de ese tipo de semilla pueda volver a ser certificada como orgánica.
¿Cuáles son los riesgos de este control de la semilla por una transnacional?
- El hecho de tener en una sola mano cerca del 93% de la semilla mundial hace que la alimentación humana en general pase a estar en peligro de dependencia. La alimentación debería ser asegurada para la totalidad de la población y no estar en manos de una transnacional que mañana puede manejar financieramente todo y ordenar qué tenemos que comer. Hay una falta de libertad y un riesgo para la salud derivado de ese control de los alimentos. Este es un problema global de los que vivimos en este planeta. Hay un manejo unilateral de los alimentos,  los sistemas productivos  y el futuro,  protegido por un sistema globalizado en que los países no tienen mucho que decir, ya que las decisiones las toman órganos como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
Después de su fracaso productivo con Monsanto, José Riquelme opina: “Lo mejor sería que el campesino tuviera y reprodujera su propia semilla. Así se gastaría menos y tendría mejor salud, no dependeríamos de las empresas ni de los fármacos. Para tener buena salud hay que tener sobre todo una alimentación sana. Necesitamos un gobierno que apoye una agricultura libre de químicos y transgénicos. Las prácticas de Monsanto ponen en peligro la seguridad alimentaria, ya que si en un año ellos vendieran semilla defectuosa de una misma hortaliza a todos los productores, habrá cero producción de ese alimento, habría que importarlo, y eso va a repercutir en el precio de esa hortaliza y finalmente en el bolsillo de los consumidores. Los chilenos que no puedan comprar ese producto por su precio, van a tener problemas nutricionales serios. La falta de zanahoria en la dieta, por ejemplo, tiene consecuencias en la salud de las personas, y lo mismo ocurre con otras verduras”.
EL  SAG Y LOS TRANSGÉNICOS
Guillermo Riveros tiene una preocupación adicional: “Quizás incluso si alguien compra a Seminis/Monsanto semillas híbridas de maíz, raps, soya, remolacha o zapallo, esas semillas podría venir contaminada con transgénicos de esos cultivos, sembrados para exportación de semilla en Chile. Y otra fuente de posible contaminación son las siembras experimentales de nuevos transgénicos de distintas especies que muchas veces no son informadas oportunamente. No sabemos en esta temporada qué se está sembrando, nos enteramos después, con los hechos consumados. Al enterarnos que a comienzos de mayo una partida de maíz exportada desde Chile a Alemania fue devuelta por estar contaminada con maíz transgénico de Monsanto, vemos que SAG deja mucho que desear. Al problema de calidad en el que se centra la demanda de nuestro asociado, se suma el riesgo de contaminación por transgénicos. SAG no está protegiendo la semilla convencional. No sabemos si esa falta de control es generalizada y si fuera así, los cultivos orgánicos, agroecológicos y convencionales de  maíz, soya, raps, remolacha, zapallo o cártamo, especies de las cuales ya hay cultivos transgénicos en Chile, así como los cultivos de los parientes silvestres de esas especies, podrían estar siendo contaminados por las variedades transgénicas mencionadas”.
¿Y cuál es la salida a este cuadro tan amenazador?
- Organizarse para levantar el tema de la soberanía alimentaria, del derecho que tenemos los pueblos y los y las ciudadan@s a decidir qué alimentos vamos a producir, y cómo lo vamos a producir, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades.  Si no queremos que el mundo reviente, la soberanía alimentaria debe  ser un tema a discutir por los pueblos, desde las comunidades hasta las instituciones y entidades del Estado. Tiene que haber regulaciones adecuadas, hay que hacerle un párele a la desregulación y el Estado debe tener una voluntad de cambio, porque con la alimentación no se juega. El poder de la gente tiene que emerger desde la base para garantizar que nuestra semilla y nuestros alimentos se protejan de manera real sin importar las presiones que ejerzan Monsanto y las transnacionales”.
UN AGRICULTOR CON TRADICIÓN FAMILIAR
José Riquelme (52 años) es casado, y tiene una hija de nueve años, Florencia. Es el tercero de diez hermanos, y su padre era hortalicero. En la familia sembraban cebolla, maíz y remolacha. Cuatro años después de su fallido debut como exportador de melón Braco, está plantando cebollas cuyos plantines vende a otros productores quienes –lamenta- no son orgánicos. “El Estado debería comprar nuestra producción, asegurar que los niños de las escuelas abastecidas por JUNAEB y los hospitales, tengan alimentos sanos, tendríamos alimentos más saludables y habría en consecuencia menos problemas en salud pública,” opina.
Riquelme se convirtió a la agricultura orgánica en los años 90, después de ser hospitalizado por intoxicación aguda con el insecticida clorpirifos, que aplicaba a sus cultivos. Se capacitó en producción agroecológica y desde entonces ha participado en diversas giras tecnológicas a Holanda, Alemania y Cuba. El año 2004  vivió la experiencia de la Feria Orgánica de Tokio BioFach y su futuro como exportador de productos sanos, parecía asegurado.
DICOM Y UN PADRE ARRUINADO
Con su  hija Florencia recién nacida, el año 2004, después de la fallida cosecha José Riquelme se vio de pronto en el  registro de DICOM, con cheques protestados, e incapacitado de continuar trabajando como productor agrícola. Por eso en la demanda solicita indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante y daño moral, por un total de $170 millones de pesos.
En años anteriores el agricultor  había exportado cebolla  y zapallo orgánicos. Se había comprometido a exportar 12 mil cajas de melones verdes Braco (piel de sapo) a Alroprim, una sociedad comercial de Perpignan, Francia. Pronto vio que la mayoría de los melones no eran Braco.
En marzo de 2005 Rubén Albornoz, gerente comercial regional de Seminis, y José Miguel González, genetista de esa empresa, visitaron la plantación ubicada en Las Coles, cerca de Chillán, a pedido de Riquelme, constatando lo ocurrido. El agricultor presentó como prueba al tribunal, el “acuerdo y finiquito” por 15 mil dólares presentado por Albornoz luego de la visita, que no fue firmado por el afectado por insuficiente. Seminis reconoció la oferta en un juicio criminal previo que se hizo en 2007 sólo para probar los hechos.
Además del gasto en las semillas, Riquelme había invertido en arriendo del predio y de un packing; en riego por goteo, mulch, guano rojo, control biológico de malezas y mano de obra. Un informe técnico cifra las pérdidas en 70 millones de pesos con 98% de falla de la variedad Braco. La empresa francesa le había notificado que la pérdida ocasionada por el no envío de los melones alcanzaba a 120 mil euros.
LECCIONES APRENDIDAS
“Chile debería ser orgánico 100%, y sacaría los mejores precios por su producción de alimentos. La agricultura tradicional no puede ser agricultura extensiva, no puede competir en ese terreno. Hay que producir alimentos de calidad, libres de químicos y transgénicos. Para salir de la pobreza, un pueblo debe dedicarse a resolver su alimentación. Si no lo tiene resuelto, no puede llegar a ser desarrollado”, sostiene Riquelme, que ha seguido autocapacitándose  en métodos de producción agroecológicos que no dañan al medio ambiente.
Su desastre fue con semillas híbridas, pero él también sabe que Monsanto produce además semillas transgénicas. Y destaca que el investigador francés Gilles Séralini ha hecho estudios que muestran lo que pasa con las semillas transgénicas que vende Monsanto: las ratas hembras alimentadas con maíz transgénico y Roundup  mueren un año antes que las alimentadas con maíz convencional. Afirma: “Si hay dudas en estos productos, deberían abstenerse de autorizarlos. El efecto tiene que ver tanto con la transgenia y los cambios de ADN que se producen en la planta, como con el herbicida Roundup. En los cultivos transgénicos los químicos siempre van de la mano con la semilla manipulada genéticamente, se vende el paquete completo”.
¿Cree que la justicia chilena puede actuar sin dejarse amedrentar por Monsanto?
- Tengo muchas dudas. En otros países es evidente el tremendo poder que tiene esta transnacional. Cuando se toman acciones en su contra, amenaza con retirar sus productos del mercado, como lo ha hecho en Argentina por el problema de los royalties, o en Brasil. En Estados Unidos logra hacer leyes que le favorecen directamente.

miércoles, mayo 15, 2013

Procesan a 8 ex miembros del Ejercito por asesinato de Augusto Carmona


Asesinato del periodista Augusto Carmona (1977): atisbos de justicia

A 35 años del asesinato de Augusto Carmona Acevedo, sus hijas Alejandra Carmona Cannobbio, y Eva María Carmona Sepúlveda, junto a la madre de Eva, la periodista Lucía Sepúlveda, y la abogada Alejandra Arriaza, dieron a conocer el auto de procesamiento de los oficiales y suboficiales de ejército y una mujer civil involucrados en el homicidio del periodista. Carmona fue acribillado por la espalda por esos agentes el 7 de diciembre de 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Barcelona 2524, San Miguel. El Colegio de Periodistas de Chile se hará parte del juicio, anunció su presidente Marcelo Castillo Sibila.


La CNI difundió el asesinato del periodista como “muerte en enfrentamiento”, versión ampliamente difundida por los medios de la época, argumentando que resistió la detención a balazos en la puerta de su casa, que había sido ocupada por los esbirros horas antes de la llegada del periodista, al igual que el personal a bordo de unos 20 vehículos estacionados en el sector aledaño a la vivienda, según consta en el proceso.

El ministro de fuero Leopoldo Llanos encargó reos como autores del delito de lesa humanidad, al ex general de ejército Odlanier Mena Salinas, director de la Central Nacional de Informaciones CNI, junto a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; Enrique Sandoval Arancibia, ex mayor de ejército, y Luis Torres Méndez, ex coronel de ejército. También están encausados como autores los ex suboficiales de ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata, junto a Teresa Osorio Navarro, empleada civil de la Armada. Otros agentes involucrados en el asesinato ya fallecieron.

El ministro Leopoldo Llanos calificó el asesinato como delito de lesa humanidad porque según el derecho penal internacional fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida a una parte de la población civil, con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado.” Tras la investigación, concluyó que hay presunciones fundadas para encargar reos a los imputados y ordenar su detención por constituir un peligro para la sociedad.

Gotas de justicia
El proceso original lo instruyó la fiscalía militar, que en 1993 sobreseyó la causa aplicando la amnistía. Una nueva querella contra “Augusto Pinochet y quienes resultaran responsables”, entablada por la familia en 2003, activó una investigación del ministro de fuero Alejandro Solís, recientemente jubilado.

La encargatoria de reo es apenas el primer paso hacia una sentencia que marque el fin de la impunidad, dijo Lucía Sepúlveda. Ante la demora en la adopción de resoluciones judiciales la familia exigió que al menos en esta fase la justicia no dé lugar a artilugios legales de los reos.

“Valoramos que la investigación califique el crimen como de lesa humanidad e incluya al máximo responsable de la CNI, Odlanier Mena como autor del delito, junto a los miembros de la Brigada Azul, encargada de la represión al MIR”, manifestó la abogada Alejandra Arriaza.

Los agentes que declararon en el proceso aseguraron que desde el reemplazo a mediados de 1977 de la DINA por la CNI, la nueva policía secreta de Pinochet, todos los operativos de exterminio debían tener la autorización previa de Odlanier Mena que asumió como director. Mena, quien permaneció en el cargo hasta 1980, constituyó equipos operativos de su plena confianza y reorganizó los antiguos grupos Halcón de represión al MIR. Una de estas nuevas pandillas, la Brigada Azul, llevó a cabo la ejecución de Augusto Carmona, supervisada por Krassnoff y bajo el probable mando operativo de Provis.

Mediante la detención y tortura de tres militantes del MIR, dos de ellos también periodistas, en Villa Grimaldi la CNI obtuvo información que les permitió ubicar el domicilio de Carmona. Este asesinato fue el macabro debut de Mena, ex embajador de la dictadura en Uruguay, y el último operativo contra el MIR del que fue responsable Krassnoff, antes de su destinación a la Academia de Guerra.

Los hechos
El crimen, que ocurrió bajo estado de sitio y fue presentado como “enfrentamiento” por los medios de comunicación de acuerdo a la versión oficial, fue acogido por el informe Rettig (Comisión de Verdad y Reconciliación, 1991) sobre la base de los testimonios presentados. Ese relato de los vecinos ahora se convirtió en “verdad jurídica”.

Los testigos del vecindario reiteraron al tribunal que una veintena de vehículos rodeó la manzana. Los agentes de la policía secreta allanaron el domicilio de Augusto Carmona en Barcelona 2425, San Miguel, y la casa contigua, aproximadamente a las 20.30 horas, disparando desde el interior. Luego ordenaron a los vecinos irse a sus casas y permanecieron esperando al interior del inmueble. Cerca de medianoche dispararon una ráfaga de metralleta en el preciso instante en que Carmona intentaba abrir la puerta de su casa.

Los agentes lo ingresaron al interior de la casa arrastrándolo desde la acera. Compareció en el lugar el fiscal militar de turno, que ordenó un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones presentes en la escena del crimen. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola portada por Carmona estaba con seguro, por lo tanto era evidente que no hubo un enfrentamiento. Al sitio llegó más tarde el propio director de la CNI, en su vehículo, un Volvo del año, según declaró Juan Arancibia López, uno de sus choferes.

Perfil de los criminales
Odlanier Mena Salinas fue condenado en 2008 a 6 años por los secuestros de Óscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caso Caravana de la Muerte, episodio Arica, 1973) y obtuvo salida de fin de semana de viernes a domingo.

Miguel Krassnoff cumple condenas efectivas de cárcel por 103 años, sin beneficios hasta ahora. Al igual que Mena, permanece en el penal Cordillera, denominado “siete estrellas” por las comodidades de que disponen. Encabezó la represión al MIR, utilizando tortura, desaparición forzada y técnicas de guerra sicológica.

Enrique Sandoval Arancibia fue condenado a 10 años y 1 día como autor de la muerte de Luis Pantaleón Pincheira Llanos, Jaime Alfonso Cuevas Cuevas, Luis Nelson Araneda Loayza, todos ellos militantes del MIR, y Juan Ramón Soto Cerda, socialista en Las Vizcachas (1981), y hasta entonces cumplía en libertad la pena de 5 años por el crimen del niño Carlos Fariña Oyarce, de 13 años.

Manuel Provis Carrasco fue condenado a 5 años y un día por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay (1995) del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet. También tiene dos condenas a firme que suman 8 años por el asesinato del mayor Gerardo Huber (1992), sin embargo, hasta el mes pasado permanecía en libertad. Fue jefe del disuelto Batallón de Inteligencia del Ejército.

José Fuentes Torres, “El cara de santo” o “Marco Cruzat” cumplía en libertad condena a tres años como autor del secuestro de Mireya Pérez Vargas, y está procesado por su participación en la Operación Colombo (caso de Los 119 desaparecidos).

Luis René Torres Méndez alias “Negro Mario”, estaba en libertad condicional, procesado por su participación en secuestros en la Operación Colombo, Operación Cóndor y las detenciones de calle Conferencia.

Teresa Osorio Navarro, “Chica Tere”, está procesada por Operación Colombo y por calle Conferencia. Libre al momento del procesamiento.

Basclay Zapata Reyes, “El Troglo”, cumple condena en Punta Peuco por once secuestros y el homicidio de Lumi Videla. Procesado por Operación Colombo.

¿Quien fue Augusto Carmona?: un periodista de trinchera
El periodista Augusto Carmona Acevedo, “El Pelao”, para sus amigos y colegas, “Oslo” para sus compañeros del MIR,  fue acribillado por la espalda  por efectivos de la Central Nacional de Inteligencia en 1977, cuando tenía  38 años, y dos hijas, de entonces 3 y 12 años.  Pero sus seis nietos jamás pudieron conocerlo. La trampa mortal se activó cuando Carmona intentaba ingresar a su casa en el barrio santiaguino de San Miguel, en Santiago de Chile,  al atardecer del 7 de diciembre, con el país en dictadura y estado de sitio. Hoy tendría 74 años. 

Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, en 1973, Carmona había sido elegido jefe de prensa del entonces Canal 9 de TV de la Universidad de Chile, ocupado por sus trabajadores.  Fue  redactor político del noticiero “NueveDiario” durante diez años. Escribía  asimismo en la revista Punto Final y reporteó para ambos medios noticias como la muerte del Ché Guevara en Bolivia, y las luchas obreras y campesinas en Chile, además de cubrir las noticias del Congreso chileno. El año 1973 fue además jefe de prensa de la emisora del MIR, Radio Nacional.  Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con su pueblo, como Augusto Olivares y José Carrasco Tapia, con quienes tuvo gran cercanía.

Luego del golpe militar, dejó atrás el periodismo tradicional para abrazar los riesgos de la lucha de resistencia, pese a que había sido sometido a una compleja operación al corazón.  Era miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y de su dirección máxima en Chile. Por sus amplios contactos y su carácter amistoso, y no sectario, era el responsable de las conversaciones del MIR con dirigentes de la izquierda y la democracia cristiana orientadas a crear un frente de resistencia antidictatorial.

Periodismo en la clandestinidad
El profesional contribuyó decisivamente a la creación de una red de comunicaciones,  integrada por periodistas hombres y mujeres,  que recogían testimonios de familiares de presos,  torturados y desaparecidos cuando imperaba la censura absoluta. Los boletines se enviaban clandestinamente al “Correo de la Resistencia”, en México y las denuncias alimentaban igualmente a El Rebelde, el periódico del MIR. La mayoría de los periodistas de reconocida militancia de izquierda estaban en campos de concentración, habían sido asesinados, estaban cesantes o se habían exiliado. No existía prensa de oposición y todos los periódicos de izquierda habían sido clausurados.

La forzosa quietud de la clandestinidad había permitido al “Pelao” asumir junto a su pareja, la también periodista Lucía Sepúlveda, el cuidado y crianza de su hija Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención. Sus amigos lo describían como “cebollero”, amigo del tango, los boleros y la bohemia. Para el padre, la ausencia de su hija mayor, Alejandra, exiliada en Alemania con su madre, era muy dolorosa.

Egresado del  Instituto Nacional, junto a amigos  de la promoción 1957 como Antonio Skármeta, Grinor Rojo,  Douglas Hübner, Manuel Silva, y  Raúl Sotomayor, entre otros, el Pelao Carmona egresó de periodismo y bibliotecología en la Universidad de Chile. Luego de ser elegido jefe de la toma de Canal 9, escribió en la revista  Punto Final: “La derecha odia a Canal 9 porque damos preferencia a las noticias y posiciones de los diversos sectores del pueblo, atacamos sin clemencia al imperialismo y usamos un lenguaje duro contra la reacción...”

Sus padres, del barrio Las Rejas de la capital, fallecieron tempranamente, destrozados por el asesinato del hijo a quien la prensa de la dictadura llamó “terrorista”.

Lucía Sepúlveda Ruiz



Augusto Carmona, periodista, mirista asesinado el 7 de diciembre de 1977 por la CNI


El periodista Augusto Carmona Acevedo, “El Pelao”, para sus amigos y colegas, “Oslo” para sus compañeros del MIR,  fue acribillado por la espalda  por efectivos de la Central Nacional de Inteligencia en 1977 dirigidos por Odlanier Mena, cuando tenía  38 años, y dos hijas, de entonces 3 y 12 años.  Pero sus seis nietos jamás pudieron conocerlo. La trampa mortal se activó cuando Carmona intentaba ingresar a su casa en el barrio santiaguino de San Miguel, en Santiago de Chile,  al atardecer del 7 de diciembre, con el país en dictadura y estado de sitio. Hoy tendría 74 años. Odlanier Mena, responsable del crimen desde la CNI , eludió la justicia suicidándose cuando la justicia lo encargó reo este año por el crimen.

Durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, en 1973, Carmona había sido elegido jefe de prensa del entonces Canal 9 de TV de la Universidad de Chile, ocupado por sus trabajadores.  Fue  redactor político del noticiero “NueveDiario” durante diez años. Escribía  asimismo en la revista Punto Final y reporteó para ambos medios noticias como la muerte del Ché Guevara en Bolivia, y las luchas obreras y campesinas en Chile, además de cubrir las noticias del Congreso chileno. El año 1973 fue además jefe de prensa de la emisora del MIR, Radio Nacional.  Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con su pueblo, como Augusto Olivares y José Carrasco Tapia, con quienes tuvo gran cercanía.

Luego del golpe militar, dejó atrás el periodismo tradicional para abrazar los riesgos de la lucha de resistencia, pese a que había sido sometido a una compleja operación al corazón.  Era miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, y de su dirección máxima en Chile. Por sus amplios contactos y su carácter amistoso, y no sectario, era el responsable de las conversaciones del MIR con dirigentes de la izquierda y la democracia cristiana orientadas a crear un frente de resistencia antidictatorial.


Periodismo en la clandestinidad
El profesional contribuyó decisivamente a la creación de una red de comunicaciones,  integrada por periodistas hombres y mujeres,  que recogían testimonios de familiares de presos,  torturados y desaparecidos cuando imperaba la censura absoluta. Los boletines se enviaban clandestinamente al “Correo de la Resistencia”, en México y las denuncias alimentaban igualmente a El Rebelde, el periódico del MIR. La mayoría de los periodistas de reconocida militancia de izquierda estaban en campos de concentración, habían sido asesinados, estaban cesantes o se habían exiliado. No existía prensa de oposición y todos los periódicos de izquierda habían sido clausurados.

La forzosa quietud de la clandestinidad había permitido al “Pelao” asumir junto a su pareja, la también periodista Lucía Sepúlveda, el cuidado y crianza de su hija Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención. Sus amigos lo describían como “cebollero”, amigo del tango, los boleros y la bohemia. Para el padre, la ausencia de su hija mayor, Alejandra, exiliada en Alemania con su madre, era muy dolorosa.

Egresado del  Instituto Nacional, junto a amigos  de la promoción 1957 como Antonio Skármeta, Grinor Rojo,  Douglas Hübner, Manuel Silva, y  Raúl Sotomayor, entre otros, el Pelao Carmona egresó de periodismo y bibliotecología en la Universidad de Chile. Luego de ser elegido jefe de la toma de Canal 9, escribió en la revista  Punto Final: “La derecha odia a Canal 9 porque damos preferencia a las noticias y posiciones de los diversos sectores del pueblo, atacamos sin clemencia al imperialismo y usamos un lenguaje duro contra la reacción...”

Sus padres, del barrio Las Rejas de la capital, fallecieron tempranamente, destrozados por el asesinato del hijo a quien la prensa de la dictadura llamó “terrorista”.

Lucía Sepúlveda Ruiz