jueves, abril 22, 2010

Elena Varela venció


La documentalista y directora de orquestas infantiles Elena Varela fue declarada inocente por la unanimidad del tribunal oral, al concluir el jueves 22 de abril, el juicio iniciado el pasado martes 13 en Villarrica, presidido por el magistrado Oscar Viñuelas junto a las juezas Claudia Sánchez, y Alejandra Rosas. Las siete jornadas del juicio fueron filmadas por el equipo de producción de la documentalista y ahora constituirán la parte final del documental “Newen Mapu Che”, abortado con su detención,. El caso se había convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, ya que todos los materiales fílmicos y archivos de Elena Varela –ganadora del FONDART 1997 para la citada obra- fueron secuestrados sin devolución al momento de su detención, el 7 de mayo de 2008 en Licanray. Parte del material audiovisual del juicio podrá verse en las próximas horas en www.libertadaelenavarela.blogspot.com
La sentencia es una gran victoria para la libertad de expresión y una flagrante derrota para el Fiscal Servando Pérez y su equipo ligado a la Agencia Nacional de Inteligencia ANI que a lo largo del proceso cometieron enormes irregularidades no corregidas hasta ahora por la justicia chilena.
También fueron absueltos de los cargos de asociación ilícita y robo con violencia los co-imputados Kenny Sánchez, ex preso político mirista retornado de Suecia, y Sergio Reyes, técnico forestal y ex empleado de forestal Mininco. Sánchez y Reyes pasaron dos años en la cárcel de alta seguridad de Rancagua y luego en Santiago, en durísimas condiciones de reclusión. Elena Varela estuvo tres meses detenida y fue luego liberada con reclusión nocturna, gracias a una intensa campaña de apoyo nacional e internacional desarrollada por intelectuales y defensores de los derechos humanos. Un montaje mediático y policial calificó de terroristas a los tres imputados, involucrándolos en el asalto al BancoEstado de Loncoche el año 2004, y en el robo con homicidio en una plaza de pagos del INP en Machalí ocurrido el año 2005.
Los magistrados consideraron que la fiscalía no habían acreditado las pruebas y dejaron en libertad a los tres acusados, para quienes se habían pedido penas de 15 y 20 años de cárcel respectivamente. Según la Fiscalía, Varela había planificado el delito, mientras que Kenny Sánchez y Sergio Reyes habrían facilitado los medios de escape.
Kenny Sánchez fue condenado lateralmente a medidas cautelares (firma quincenal en su domicilio de la localidad de Ercilla) por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Se trata de armas antiguas, de colección, sin inscripción que se hallaban en su domicilio, donde él fue detenido.
El juicio tuvo lugar en Villarrica a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía, luego de haber sido aplazado en cinco oportunidades.
Al borde de las lágrimas
En el juicio, Elena Varela pudo comprobar que en los últimos seis años, cada detalle de su vida profesional y sentimental estuvo bajo la mira policial, ya que estuvo sometida a vigilancia permanente. Sufrió robos de equipos en su domicilio, que había atribuido a delincuencia pero tenían relación con esa vigilancia que había comenzado antes de la fecha de los asaltos, cuando ella ya se había trasladado a la zona sur del país, investigando temas relacionados con las recuperaciones de tierras por líderes sociales mapuche. El pasado miércoles, con la sala colmada de público formado por emocionados familiares, cineastas, periodistas y cercanos a los co-imputados, la documentalista ejerció su derecho a hacer una última intervención en el juicio, expresando con la voz desgarrada: “Tengo mucho dolor. Es terrible todo lo escuchado en este juicio. Yo hago películas. Esto es horrible para mí y para esta sociedad. Lo que se está exponiendo aquí no tiene nada que ver con eso. Estos dos años de proceso judicial han destrozado una parte muy importante de mí, de mi vida, de mi familia. No solamente eso. Esto ha un impactado dentro de toda la comunidad que me rodea, artistas, amigos de siempre. A tal grado ha llegado esto que en un momento determinado cuando quedé libre (condicional), tuve que viajar a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, para exponer este atropello grande que se hizo ante mí y por extensión a todos los documentalistas chilenos. Como ser humano y como mujer siento que he sido violentada en mis derechos. Se ha expuesto mi vida íntima como persona y sobre eso se ha construido una historia, una ficción. Con todo el dolor que tengo dentro lo único que espero es que se haga justicia como corresponde y se imponga la verdad en todo lo que ha pasado aquí.”
Como el fiscal no pudo probar que el documental “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, debió apelar a la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Elena Varela tuvo que relatar en el juicio todas las características de su relación con “Civitarese” que incluyó un doloroso testimonio relativo a la atención médica que tuvo cuando sufrió una pérdida. En esa circunstancia, “Civitarese” le presentó a Andrea Muñoz, la testigo protegida de la fiscalía, que trabajaba en un laboratorio médico.
Para la defensa es claro que el tribunal se sorprendió por la escasa calidad de las pruebas aportadas por la fiscalía representada por Servando Pérez, el perseguidor de Elena Varela, luego de seis años de investigación contra la artista y los otros dos coimputados. En contraparte, el documentalista Ignacio Agüero (“El Diario de Agustín”) fue uno de los testigos más destacados de la defensa de Elena Varela, así como un destacado músico de la Filarmónica que había sido también involucrado inicialmente en la causa y otros entrevistados por la documentalista, como Víctor Ancalaf y otras personalidades.
La testigo protegida
En cambio no se presentó a declarar ante el tribunal la testigo protegida Andrea Muñoz Gaete, viuda de uno de los verdaderos integrantes del grupo armado que cometió los asaltos imputados a estos tres acusados. El fiscal Servando Pérez le pidió al tribunal que la obligaran a comparecer, pero la petición fue denegada. Andrea Muñoz era pieza clave de la acusación pues fue ella quien inicialmente acusó a Elena y el resto de integrar la organización junto a su marido, que murió en el asalto. Su testimonio sólo consistía en decir que había escuchado a su marido comentarios acerca de los tres imputados pero ello constituyó la base del montaje y la justificación del operativo simultáneo de detención por fuerzas conjuntas de los tres acusados y otras personas dos años atrás, en mayo de 2008. La defensa sostuvo que ese testimonio calificado por el inspector de Investigaciones Juan Reyes como “de escuchas”, se hizo aun más indirecto ahora cuando esos dichos de oídas fueron narrados al tribunal.

Los celulares
La otra pieza esencial de la fiscalía estaba constituida por los peritajes hechos por las compañías a celulares de alguna manera ligados a los tres imputados, con los que se quería mostrar que los tres imputados se habían comunicado y apoyado los días en que había ocurrido el asalto. Compareció como testigo un perito en telecomunicaciones, de apellido Bustamante, que leyó una extensa acusación al respecto. Pero ante el asombro del juez y de la sala, al ser contrainterrogado y no poder responder sobre detalles técnicos, el testigo debió reconocer que el informe que estaba leyendo había sido redactado por un equipo de inteligencia y que él se limitaba a leerlo para el juicio.
El chantaje a Sergio Reyes
Uno de los momentos más intensos del juicio fue la declaración del ex empleado de forestal Mininco Sergio Reyes Matus, quien aseguró que en 2008 firmó bajo presión una confesión luego de su detención, que desconoció totalmente en el juicio. La policía y funcionarios de inteligencia lo amenazaron con detener a su mujer- recién salida de un hospital por depresión endógena - al igual como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención que lo forzaron a firmar la confesión redactada por sus aprehensores, pero sí puede probar, a través de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad, que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009 junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia libertad. En el libro de ingreso de Gendarmería está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico forestal y ex empleado de Mininco, consistía en quedar libre tan sólo con firma semanal por cinco años a cambio de inculpar a Varela y Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y desde entonces su defensa la asumió el abogado de derechos humanos Nelson Miranda.
Las armas del montaje y el secuestro de materiales
Elena Varela fue interrogada por el juez acerca de si las armas de juguete y las banderas del MIR con que la policía la presentó en los medios después de la detención eran las mismas que aparecen en su documental. La artista respondió afirmativamente, y en el mismo juicio los magistrados pudieron ver los trailers de los dos documentales en que trabajaba ella cuando fue detenida: “Sueños del comandante” y Newen Mapu Che. El presidente del tribunal también se interesó en indagar si los materiales fílmicos habían sido devueltos, respondiendo la documentalista que sólo una ínfima parte había sido restituida y que con ello había perdido cinco valiosos años de investigación sobre temas vinculados a la historia de la guerrilla de Neltume (1980), el paso de la Caravana de la Muerte por el sur (1973) y el acoso policial a los mapuche que luchan por la recuperación de tierras ancestrales (1990 en adelante).
Irregularidades de la policía
Uno de los testigos de la fiscalía era el inspector Juan Reyes Gutiérrez, quien junto a su colega Luis Albornoz Urrutia, (ambos de Rancagua) dirigió oficialmente la investigación. Para sorpresa de los jueces, Reyes reconoció haber interrogado a Elena Varela a las dos de la madrugada siguiente a su detención sin la presencia del Fiscal Pérez, que se encontraba en el recinto. Sostuvo que no consideraba trascendental llamar al fiscal para que se hiciera presente en el interrogatorio, lo que llamó poderosamente la atención de los presentes, dada la gravedad de los delitos de terrorismo por los que se estaba imputando a la documentalista. La policía de Investigaciones sostuvo siempre que estuvo a cargo de la detención. En cambio para los tres imputados y su defensa, la detención se hizo por parte de personal no identificado de inteligencia, al viejo estilo de la Central Nacional de Inteligencia CNI de tiempos de dictadura. Esto quedó en evidencia cuando el abogado Jaime Madariaga, defensor de Elena Varela contrainterrogó al inspector Reyes solicitándole que dijera quién firmó el acta de materiales requisados en el domicilio de Elena Varela, domicilio que era a la vez la sede de su productora fílmica. Reyes sostuvo que lo hizo la hija de Elena Varela, lo que era falso pues la niña estaba en clases cuando ocurrieron los hechos y no estaba presente en el domicilio.
El abogado Jaime Madariaga, que encabezó la defensa de la documentalista, sostuvo ante el tribunal: “No cuestionamos que el Ministerio público haga la investigación penal. Lo que cuestionamos es que la investigación se haga sin apego a la ley, faltando a la verdad, ocultando la verdad, sabiendo que se está persiguiendo a una persona inocente.” El tribunal tuvo en esta oportunidad oído receptivo a esos argumentos.

sábado, abril 17, 2010

Colegio de Periodistas denuncia represión a comunicador mapuche


El Colegio de Periodistas y organismos de Derechos Humanos reclaman la devolución de las herramientas de trabajo del comunicador social mapuche Richard Curinao requisadas por Investigaciones, luego de difundir información sobre la Coordinadora Arauco Malleco, y denuncian violaciones a la libertad de expresión en otros medios.

Por orden del fiscal Sergio Moya de Temuco, personal de Investigaciones requisó el 10 de febrero discos duros, implementos electrónicos para almacenar información y documentos del comunicador mapuche Richard Curinao, sin que se le haya informado concretamente los motivos del procedimiento.

El propio Curinao comentó que los hechos se produjeron luego que difundiera información acerca de la Coordinadora Arauco Malleco en un programa de radio y en un blog sobre el pueblo mapuche y sus demandas.

“El fiscal Sergio Moya de Temuco, emanó una orden de incautación en mi contra por difundir información de la Coordinadora Arauco Malleco. No me encuentro formalizado, no hay nada claro, no se me ha entregado información del caso. Por la información que tengo creo que se enmarca dentro de las investigaciones de la ley antiterrorista”, agregó Curinao.

Sin embargo, estos comunicados son recibidos también por otros periodistas y medios de comunicación, como en el caso de radio Bío Bío, donde también llegan funcionarios de la PDI a pedir copias de los discos duros de los computadores de la emisora, pero nunca se llevan los implementos, lo que resulta una discriminación odiosa.

A juicio del Colegio de Periodista y el representante de su Consejo Metropolitano, Manuel Holzapfel, estos hechos son una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informados veraz y oportunamente en una sociedad.

“Solicitamos a las autoridades nacionales que pongan fin a las situaciones de hostigamientos a los periodistas y comunicadores sociales, quienes en el ejercicio de su trabajo investigan y difunden situaciones que afectan al pueblo mapuche y reivindicaciones asociadas a sus derechos como pueblo originario”, señaló Holzapfel.

Por su parte, Paulina Acevedo del Observatorio Ciudadano, indicó que a la situación de Richard Curinao, se suma a otros casos como el de documentalista Elena Varela, a quien se le sigue un juicio por los asaltos a plazas de pago del INP, pero que al momento de ser detenida se le requisó todo su material filmográfico para un documental acerca del conflicto mapuche y que tampoco se le ha devuelto. Esto configura un cuadro preocupante, precisó Acevedo, por lo que hizo un directo emplazamiento al gobierno frente a los derechos que se están vulnerando.

“Que se defina cuál va a ser su postura respecto a investigar estos casos de detenciones y deportaciones de comunicadores nacionales y extranjeros. Y que también respondan qué van a hacer con la ley antiterrorista”, señaló Acevedo.

Chile tiene que dar cuenta de estas observaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia de la cual es vicepresidente, por aplicar la ley antiterrorista a integrantes de una etnia, lo que contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por nuestro país.

Respecto al caso de Richard Curinao, las organizaciones no descartaron presentar los antecedentes ante instancias internacionales de derechos humanos, mientras reclaman la inmediata restitución de todos los implementos requisados.

Fuente: Raúl Martínez, radio U. de Chile, sábado 17 de abril de 2010http://radio.uchile.cl/noticias/64443/

lunes, abril 12, 2010

Elena Varela en la hora sexta


Flor Domínguez, esposa de Kenny Sánchez y sus hijos Francisca, Pablo y Diego




La tortura de esperar la libertad


¿Cómo se siente un acusado que cinco veces esperó ser declarado inocente en un juicio oral, para sólo regresar a casa a cumplir la reclusión nocturna (Elena Varela) o a la Cárcel de Alta Seguridad (Kenny Sánchez y Sergio Reyes), sin saber si pasará 15 o 20 años en prisión? Esto trae a la memoria los simulacros de fusilamientos de la época de dictadura. Los fallos no se dictan sobre la base de sentimientos, pero quizás el nuevo tribunal podrá considerar que las vidas de la documentalista Elena Varela, del retornado y artesano Kenny Sánchez y el ex chofer de Mininco, Sergio Reyes quedaron suspendidas en el tiempo en la madrugada del 7 de mayo de 2008, cuando en un violento operativo simultáneo realizado en las sureñas localidades de Licán Ray y Ercilla, fuerzas conjuntas de seguridad los detuvieron violentamente al estilo de la policía secreta de Pinochet, requisando todo el material fílmico de la realizadora de “Newen Mapu”, Elena Varela y –en Ercilla- las pertenencias de Sánchez y Reyes. “Fui torturada”, acusará Elena al declarar sobre lo que ha vivido.
Por quinta vez se postergó su juicio oral el lunes 12 de abril en Villarrica. “No lo podíamos creer, nos mirábamos y era insólito” exclama la documentalista Elena Varela al relatar lo vivido en la sala. Errores jurídicos y de procedimiento no atribuibles a la defensa encabezada por el ex juez Guzmán, fueron la razón de tres de las suspensiones. Cada postergación significa para la defensa recontactar a los testigos, y reordenar el caso. Para la fiscalía, todo es más fácil pues tienen garantizado el traslado de sus peritos y testigos con costo para el erario público. La cuarta razón para la suspensión fue telúrica: el terremoto.
La furia de la tierra y el mar
Villarrica está ubicada a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), La fecha fijada era el 2 de marzo, cuando la tierra todavía mostraba temblorosa su enojo y en la zona, corazón del pueblo mapuche, comenzaban especialmente en la zona costera (lafkenche) pero no sólo allí, los nguillatun (rogativas) para aplacar la furia del mar que según sus creencias se levanta cuando los seres humanos no lo han respetado. Ahora, el presidente del tribunal, magistrado Jorge González, no pudo acudir a cumplir su misión debido al fallecimiento de su madre, y se determinó su reemplazo por la jueza de Angol, Claudia Sánchez, que cumplirá su tarea junto a otra magistrada, Alejandra Rosas (de Villarrica) y Oscar Viñuela de Temuco. Elena, confiada en su inocencia, apuesta a que la nueva composición del tribunal con mayoría de jueces mujeres, sea un signo de un juicio justo en el que se escuche a sus testigos y se valoren las pruebas que permitan deconstruir el montaje armado por el fiscal Servando Pérez y la policía para inculparla de diversos delitos. La investigación, desarrollada durante largos años con seguimientos, intervenciones telefónicas y al menos un testigo protegido, ha significado para el Estado chileno un enorme gasto de dinero y recursos humanos de personal policial, por lo que están empeñados en lograr la condena de los tres imputados.

La acusación
Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). Entre las pruebas que debió desechar la fiscalía estaban el “material de guerra” utilizado para la producción de “Sueños del Comandante”, documental que relata entre otros temas, la frustrada experiencia guerrillera de Neltume (1980). Botas militares, armas de juguete y vestimentas para la nieve eran descritas entre las especies requisadas, que incluyeron las entrevistas de Varela a dirigentes mapuche encarcelados y a “clandestinos” que en realidad eran actores. El secuestro del material fílmico y la condena mediática a Varela como terrorista sobre la base de ese tipo de “pruebas”, convirtieron el caso en un emblema de la lucha por la libertad de expresión. El documental sobre las recuperaciones de tierras ancestrales de los mapuche quedó inconcluso.
El fiscal no pudo probar que “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, y debió apelar a lo único con que cuenta: la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión. Sergio Reyes ha denunciado que el fiscal Pérez lo visitó para ofrecerle inculpar a Kenny Sánchez y a Elena Varela a cambio de lograr para él cinco años de pena remitida. No existen tampoco pruebas concluyentes contra estos imputados.
Con más de 150 testigos, el juicio – heredado del gobierno de la Presidenta Bachelet a la nueva administración que ya ha mostrado predilección por la represión contra los conflictos sociales y escaso respeto por los derechos humanos - se extenderá por semanas y será seguido con atención por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos y por otras que apoyan la causa mapuche en Chile y el mundo, entre ellas Enlace Mapuche Internacional. Elena explicó personalmente su caso en Naciones Unidas en la sesión en que se analizaba el desempeño de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas, y denunció la persecución y represión de que ha sido objeto en España, Francia –acompañada por el documentalista Patricio Guzmán (La Batalla de Chile)- Bélgica y Argentina, lo que ha fortalecido la campaña por su libertad iniciada desde su reclusión en Rancagua en la Cárcel de Alta Seguridad.
La solidaridad global
La televisión de Vancouver entrevistó recientemente a Elena y anunció que difundirá el reportaje mientras se realiza el juicio oral. Entre tanto en Buenos Aires en un ciclo de cine latinoamericano realizado en la sala “Somos Viento” se lanzó el 11 de abril un documental sobre Elena Varela de la realizadora Malena Bystrowicz, como un gesto especial de contribución a la campaña por su libertad, que ha tenido continuidad y un gran impulso en Argentina, de la mano de la DOCA, que nuclea a los documentalistas de esa nación.
“Yo no habría logrado mi libertad condicional sin la solidaridad de mis colegas documentalistas en Chile y de las organizaciones a nivel internacional”, comentaba Elena. Entre las personalidades que han manifestado públicamente su apoyo están personeros de Amnistía Internacional de Francia, Reino Unido, y Chile; la Fundación France Libertés que preside Danielle Miterrand; SoldePaz Pachakuti (Asturias) y Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación; la diputada Celine Delforge (Bélgica), Benoit Hellings (senador, Bélgica), el eurodiputado Joe Higgins (Irlanda), y músicos como Max Berrou, Francisco “Pancho”Sazo, y Manuel Sánchez.
En Chile, cuenta con el apoyo, entre otros de la Fundación Víctor Jara, la fundación Liberar; la Comisión Etica Contra la Tortura, el Taller Sol, la Compañía Gran Circo Teatro, Generación G80, la Asociación de Documentalistas ADOC, la Radio 1º de Mayo y la Señal 3, ambas de La Victoria; Canal 3 de Pichilemu, Mapuexpress, el Centro de Comunicaciones Mapuche Jvken Mapu, entre otros. A ello se agrega la Asociación de Medios Comunitarios Libres de Venezuela; y en Francia, la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos (Francia), Kakiñé, IntiFrance, Pueblo, Colectivo por los Derechos Humanos, Reporteros sin fronteras, Comité de Solidaridad con los indígenas de América, Code, Fedach, France Amérique Latina, Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los pueblos, Información y apoyo al pueblo mapuche, Survival internacional, Asociación Tierra de Fuego. En Bélgica han suscrito el apoyo el Colectivo Mapuche, al que se agrega el Colectivo para la Autonomía del pueblo mapuche de Montreal, y Six Nations Iroquois de Quebec, en Canadá; y también están apoyando la Comisión de Apoyo a los Pueblos originarios, la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos, y el Movimiento por la Cooperación internacional, de Suiza; el Comité de Trabajadores Chilenos Exiliados y Wenuykan, de Italia; el Grupo de apoyo al Pueblo Mapuche, y la Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Noruega, así como la Radio Región 14, de Suecia,
A los documentalistas Fernando Birri, Humberto Rios, Liliana Mazure, Alejandro Fernández , Ana Pollak, Carmen Castillo, Angel Palacios se agregan decenas de colegas del medioaudiovisual latinoamericano, junto a centenares de trabajadores de la comunicación y las artes y estudiantes de Chile y países como Italia, Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Panamá, Japón, Noruega, Canadá, Suiza. Varios de ellos estarán filmando el juicio e incorporarán el desenlace al balance de los primeros meses del gobierno del Presidente Piñera, dueño del Canal de TV ChileVisión.

viernes, abril 09, 2010

Todos con Elena Varela y la libertad de expresión el lunes 12


El lunes 12 de abril se iniciará en Villarrica el juicio oral contra la documentalista Elena Varela, en un clima enrarecido por el endurecimiento de la represión a los mapuche en los inicios del gobierno del Presidente Piñera. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos que consideran el caso un símbolo de la defensa de la libertad de expresión asistirán al juicio, que presidirá el magistrado Jorge González Salazar, junto a los jueces Oscar Viñuela Aller y Alejandra Rosas. Sólo la jueza es de Villarrica; los dos magistrados vendrán desde Temuco, la capital regional. El juez González se ganó una reputación antimapuche cuando 2003 juzgó por segunda vez a los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, absueltos en un primer juicio, y los condenó a cinco años por “amenazas terroristas” al latifundista y político Juan Agustín Figueroa. Redactó asimismo en 2007 una de las sentencias condenatorias a la lonko Juana Calfunao –que aun permanece en prisión- pero la absolvió de algunas de otras acusaciones. El fiscal pide 15 años de prisión para la realizadora.
Además de Elena Varela, serán juzgados por este tribunal el artesano Kenny Sánchez –comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista- y el ex supervisor forestal Sergio Reyes. Ellos llevan más de dos años resistiendo en prisión efectiva, bajo continuo acoso de gendarmería en la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Reyes ha denunciado la oferta de “tratos” de parte de fiscalía, para que inculpen falsamente a Elena Varela a cambio de garantías procesales. Ambos enfrentan posibles condenas a veinte años de cárcel y han tenido serias dificultades para contar con defensa legal efectiva. Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Conversamos con Elena mientras ella revisa las cartas de apoyo dirigidas a la realizadora de “Newen Mapu, la fuerza del Pueblo Mapuche” (FONDART 2007) en respuesta a una amplia campaña que exige su libertad y un juicio justo.
-¿Cómo te sientes a las puertas del juicio en Villarrica, en el Chile post terremoto y post Concertación?

Me siento extraña, llena de incertidumbre, es como caminar sin poder respirar nunca. Para mí este cambio político, si bien es cierto da cierta continuidad a los caminos anteriores, favorece la persecución de las ideas revolucionarias y de la lucha social.

- ¿Consideras que los continuos aplazamientos de tu juicio han sido beneficiosos o dañinos para tu sueño de libertad?

Creo que nadie merece estar en la situación por la que he vivido, más aun después de una inmensa acusación donde en su campaña y montaje me hacían aparecer como parte de una guerrilla y de varios asaltos, así han querido silenciarme. Es por eso que se ha extendido tanto, sin tener verdades a la vista, sólo a base de prejuicios y falsas pruebas. Para mí esto ha sido una gran tortura de vida, ha dañado lo único que tengo, mis seres amados, pero no ha logrado bajar las esperanzas de mis amigos y compañeros que creen en la verdad y tampoco ha mutilado mis propias esperanzas. Pues yo quiero vivir en Chile y seguir creando. Espero que la verdad y la justicia se impongan.

-¿Qué esperas de la solidaridad nacional e internacional, cuánto crees que eso puede pesar en el juicio?
- Tengo la esperanza que me transmiten aquellos que ven con enorme asombro las injusticias que ocurren en Chile y que han marcado este proceso. Sé que todos quienes han solidarizado conmigo, desde la persona más sencilla a las organizaciones gubernamentales internacionales saben de qué se trata esta persecución y el porqué de las acusaciones. Y saben que a pesar que Chile ha avanzado en DDHH aún falta que esto se transforme en una conducta social que comience en los tribunales de justicia. Me sostengo en esta solidaridad que ha sido tan importante, para tener fuerza y esperar que se realice un juicio justo que no dé la espalda de la comunidad nacional e internacional, que estará observando atentamente lo que ocurra en este “nuevo” Chile.


-¿Cómo va tu película? ¿Se ha comunicado contigo Paulina Urrutia, la ex ministra de Cultura responsable del FONDART que ganaste, o alguien de la antigua administración en relación a tu documental o a tu juicio?

La película se sigue desarrollando, con mucho esfuerzo, también con manos solidarias, con profesionales que están dispuestos a terminar esta obra, esperando mi libertad. El personal de la administración del antiguo gobierno siempre está presente en todas las gestiones y creo que por sobre las ideas personales, entienden que aquí se ha atacado la libertad de expresión y los DDHH.


- ¿Porqué piensas que este juicio es emblemático para la libertad de expresión, hay hechos recientes que muestren que hay una política de censura avanzando a paso raudo?


- Creo que sí, también es un juicio político. Se busca transformar la imagen de una mujer creadora que tiene una mirada crítica ante las injusticias y que denuncia las violaciones a los DDHH, y mostrarla como una delincuente, que pertenece a un grupo criminal. Esto es inaceptable para quienes laboramos en las distintas expresiones artísticas e intelectuales o para quienes luchan por una sociedad más justa. Porque este gobierno de Piñera habla de la libertad de expresión refiriéndose a otros países e interviniendo incluso para pedir la libertad de supuestos luchadores y presos políticos, desconociendo que hoy día en Chile se ha violado una y mil veces la libertad de expresión, sometiendo a juicios donde quienes pensamos distinto y luchamos por demandas o acompañamos luchas del pueblo, somos tratados como cualquier delincuente.

La causa
El proceso contra Elena Varela se inició en mayo de 2008 bajo el gobierno de Michelle Bachelet. La documentalista que aboga por los derechos del pueblo mapuche sufrió tortura, fue sentenciada por los medios como terrorista y enviada a prisión en una cárcel de alta seguridad, seguida por reclusión nocturna. Su material fílmico fue secuestrado junto a su libertad de desplazamiento, y nunca le fue restituido.
El juicio en Villarrica (a unos 780 km al sur de Santiago y distante alrededor de una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), el primero que concitará interés internacional luego de la llegada de la derecha empresarial a La Moneda, muestra una de las cara más negras de la Concertación, que por una parte premió a la artista con el FONDART 2007 - el más importante concurso de fondos públicos para el cine, para el documental“Newen Mapu, mapuche, la Fuerza de la Tierra” - y por otra, la encarceló y requisó sus entrevistas a líderes de las luchas recientes por recuperación de esa tierra ancestral.
La acusación
Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). El fiscal se basa en la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión.
Con más de 150 testigos, el juicio podría extenderse por casi una semana. El renombrado documentalista argentino Fernando Birri se ha hecho presente junto a dirigentes de la DOCA y la ADOC, entidades que agrupan a los documentalistas argentinos y chilenos, respectivamente y que filmarán el juicio.
Entre los 30 testigos a favor de la documentalista están los directores Ignacio Agüero (“El Diario de Agustin”), Dauno Tótoro (“El Despojo”), Francisco Gedda (“Sur del Mundo”, “Frutos del País”), e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El juicio iba a realizarse el pasado 2 de marzo, y fue postergado debido al terremoto.