martes, octubre 27, 2009

La justicia militar, Bachelet y los mapuche

Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.

Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”

Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.

Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”

Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.

lunes, octubre 19, 2009

José Galvarino Lepicheo entre la zanahoria y el garrote




El “diálogo” que lleva adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet con el pueblo mapuche incluye la práctica de la zanahoria y el garrote. José Galvarino Lepicheo (19 años), joven mapuche del sector Huentelolén ubicado en las cercanías del lago Lleu Lleu, logró obtener la beca estatal para dar la prueba de ingreso a la universidad (PSU) en diciembre. Pero no podrá presentarse a rendirla. Desde el 15 de agosto de 2009, el joven estudiante está preso en Lebu bajo acusaciones de la ley antiterrorista. El próximo viernes 23 de octubre, el Juzgado de Garantía de Cañete decidirá si José Galvarino Lepicheo permanecerá en prisión preventiva los ocho meses originalmente fijados como medida cautelar, o si el juez le permitirá retomar sus estudios en el Centro de Educación Integrada de Adultos “Quimahue” de esa ciudad, donde cursaba tercero y cuarto medio. Si no se presenta en noviembre, no podrá concluir esos estudios y perderá su única oportunidad de usar la beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, que sólo se otorga una vez. En la marcha del pasado 12 de octubre en Santiago, podía observarse un lienzo pidiendo su libertad y apoyando su derecho a estudiar. En diversos centros de estudio de la capital y regiones han aparecido afiches denunciando su caso.
Premio y castigo
José Lepicheo Machacan y Claudio Tranamil Ñanco - joven dirigente de la comunidad Nicolás Calbullanca - fueron detenidos al interior de una escuela ubicada en la Comunidad Pascual Coña, en el sector del Lago Lleu-Lleu, el 15 de agosto, en vísperas del funeral del comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por Carabineros en la comuna de Ercilla. Esta escuela fue abandonada por el Estado chileno, arguyendo el nivel de conflictividad del sector, y los propios mapuches están desarrollando un proyecto de autogestión educativa con sus propios programas y clases. Los jóvenes están acusados de asociación ilícita terrorista y la “prueba” de la fiscalía son imágenes de un corte de ruta en el camino de Cañete a Tirúa, en que fueron heridos unos policías al día siguiente del asesinato de Mendoza Collio, captadas por la cámara filmadora de Lepicheo. La cámara fue ganada por él en un concurso de cuentos organizado por FUCOA (Fundación de Comunicaciones del Agro). Lepicheo obtuvo el segundo lugar con el relato “La machi recuperando sus medicinas para la gente”.
Detención en 2007
José Lepicheo vive en el sector de Huentelolen, cercano al lago Lanalhue. El Estado chileno está a punto de de lograr que pierda por segunda vez su año escolar, producto de la prisión. Cuando fue detenido, cumplía en libertad vigilada una sentencia de tres años. Había sido arrestado en noviembre de 2007, a los 17 años, constituyéndose en el primer caso de preso político mapuche menor de edad. Se le condenó por el incendio de un vehículo durante una movilización desarrollada durante la huelga de hambre de Patricia Troncoso. Su padre, José Ignacio Lepicheo Machacán, y su mamá, Domitila del Carmen Macacan Huenul, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción denunciando que su hijo resultó herido en un ojo derecho y fue objeto de golpizas y maltratos en el centro de detención de menores de Coronel (CERECO), lo que generó un amplio movimiento de solidaridad que permitió su libertad condicional.
El bisnieto de Angelita Huenuman
En la audiencia del 23 de octubre también se verá la revisión de medidas cautelares de Carlos Muñoz Huenuman, bisnieto de Angelita Huenuman, quien inspirara la canción homónima de Victor Jara. El es un respetado líder de su comunidad Venancio Ñeguey, de la cual ha sido presidente. También se pedirá la libertad de otros presos del sector Puerto Choque: Juan Carlos Parra Leiva y Claudio Marcelo Tranamil Ñanco, todos ellos detenidos por la ley Antiterrorista en la cárcel de Lebu.
Carlos Muñoz y Juan Carlos Parra Leiva permanecen en prisión desde el 8 de abril de este año, acusados, entre otros montajes, del atentado al fiscal Elgueta. La acusación solo estaba respaldada por el secreto de las declaraciones de los testigos protegidos. Su abogado defensor, Nelson Miranda, logró finalmente acceso a estas declaraciones, llegando a la convicción que las pruebas no tienen el carácter que les atribuye la fiscalía.

Juan Carlos Parra Leiva trabajaba en Rancagua para paliar la grave situación económica que afecta a su familia. Claudio Tranamil Ñanco es un joven dirigente que ha viajado a exponer la situación de su pueblo a Europa. Su detención le impidió viajar a un encuentro en Australia. Los jóvenes comuneros representan una muestra de los nuevos liderazgos en la nación mapuche. El montaje policial que les afecta es considerado por sectores de derechos humanos y las organizaciones del pueblo mapuche como un intento de desarticulación de las luchas por la recuperación de su territorio ancestral.
Las comunidades de la zona de Lleu-Lleu han anunciado que asistirán a la audiencia a apoyar a los jóvenes comuneros.

Universidad Alberto Hurtado: debate sobre rol de la Justicia Militar


Un historiador, dos abogados, un periodista y un familiar de preso político mapuche analizarán el miércoles 21 de octubre el rol de la justicia militar en las causas mapuche, en un seminario que tendrá lugar en Santiago en el auditorio de Erasmo Escala Nª 1822, de la Universidad Alberto Hurtado, a las 19 horas.

Las exposiciones de Sergio Grez (director del museo Vicuña Mackenna), Alberto Espinoza y José Galiano (de FASIC y ARCIS), Nibaldo Mosciatti (director de Radio BioBio), más un miembro de la agrupación de familiares de los presos políticos mapuche - que organiza la actividad junto a la agrupación mapuche Kilapan - posibilitarán un debate con el público sobre el tema.

La voz del gobierno
Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y del subsecretario Patricio Rosende reafirmando la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por acciones relacionadas con el conflicto mapuche, serán la referencia obligada respecto de la posición del gobierno, fuertemente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El senador Alejandro Navarro, ex candidato presidencial, ha sostenido que los altos funcionarios pasaron a llevar el compromiso adoptado por la Presidenta Bachelet el año 2006, de no volver a aplicar esa legislación y recordó que la Presidenta, incluso presentó entonces un proyecto de ley para impedir la aplicación de esa normativa por delitos contra la propiedad. Para Navarro, ello implica un alarde innecesario de fuerza y constituye un montaje orientado a detener las movilizaciones por recuperación de tierras.

Cien veces aplicada
Desde hace 10 años, aproximadamente, con el inicio del mal llamado “conflicto mapuche” protagonizado por las forestales, el Estado Chileno y las comunidades que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales, el gobierno de la Concertación ha utilizado la Justicia Militar como una de sus herramientas de represión y control social. Por esa vía más de un centenar de mapuche han sido procesados. En el gobierno de Bachelet, la cifra se eleva a 34 casos, incluyendo en ellos a activistas que apoyan la lucha mapuche.

Actualmente, quince comuneros de Choque y otras comunidades, y varios activistas no mapuche están siendo procesados por la Ley Antiterrorista. Además cinco de estos
Presos Políticos Mapuche están siendo víctimas de un doble procesamiento gracias una colusión entre la Justicia Civil (Ley Antiterrorista) y la Justicia Militar (Fiscalía Militar de Concepción).

Para el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza (FASIC Fundación Social de Ayuda de las Iglesias Cristianas) “la aplicación de la Justicia Militar constituye una doble militarización pues se procesa a mapuche en comunidades militarizadas por el propio Estado chileno”. Para los familiares de los presos, la aplicación de la Justicia Militar impuesta por el Estado Chileno a mapuche “no sólo viola los derechos humanos si no que constituye, además, un acto de discriminación racial”.

A 20 años del fin de la dictadura militar, aún se aplica la Justicia Militar a civiles y Mapuche en Chile. Entre las interrogantes posibles de formularse está si a los Presos Políticos Mapuche se les considera sujetos de derecho, qué calidad tienen como imputados, si se les garantiza una real protección judicial, dado que en la mayor parte de los casos sólo cuentan con defensores públicos que cumplen deficientemente su rol. Y por otra parte, también se analizará si este accionar está acorde a los principios y garantías contenidos en la actual Reforma Procesal Penal, la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes. Para los observadores y organismos de derechos humanos, la respuesta sobre la independencia e imparcialidad necesarias para investigar las causas Mapuche resulta obvia al estudiar los resultados de las causas juzgadas en los tribunales militares y en especial la impunidad respecto de las muertes de comuneros por efectivos de carabineros.

martes, octubre 13, 2009

Nueva sentencia de 21 años para Antonio Guerrero, cubano antiterrorista



Rechazando el acuerdo negociado entre el gobierno EEUU y los abogados de defensa de Antonio Guerrero, que recomendó una sentencia de 20 años, la jueza Joan Lenard rehusó los términos del acuerdo. Después de una sesión de cuatro horas en la corte, la jueza impuso una sentencia de 21 años, 10 meses.

Reafirmamos nuestro ineludible compromiso de mantener e incrementar nuestros esfuerzos de exigir la libertad inmediata de nuestros Cinco hermanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, por ser ellos inocentes de los cargos que el gobierno de Estados Unidos les imputa.

Hoy martes, 13 de octubre de 2009, se celebró en esta ciudad de Miami, en el Tribunal Federal de Distrito del Sur de la Florida, la audiencia de reducción de condena de uno de nuestros Cinco hermanos, Antonio Guerrero, una de las tres ordenadas en septiembre de 2008 por el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito. El Tribunal Federal de Distrito aún no ha fijado la fecha o fechas en que se celebrarán las otras dos audiencias de reducción de condenas: las de nuestros hermanos Ramón Labañino y Fernando González.

En septiembre de 2008 el Pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito anuló las condenas a cadena perpetua a Antonio y a Ramón por el cargo de Conspiración para Cometer Espionaje como también anuló la condena a 19 años de prisión a Fernando por otros delitos impuestas a ellos en diciembre de 2001.

Hoy el Tribunal Federal de Distrito le impuso a Antonio una condena de 21 años y 10 meses de prisión por el falso delito de Conspiración para Cometer Espionaje

Independientemente del proceso judicial y de las decisiones que de él emanen en el que se ven envueltos nuestros Cinco hermanos, nuestro compromiso de exigir la inmediata libertad de los Cinco se mantiene y se mantendrá inalterable hasta lograr su libertad.

El caso judicial seguido en contra de nuestros Cinco hermanos es uno que nada tiene que ver con la justicia. Este es, y siempre ha sido, un caso político.

Los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 han mantenido contra el pueblo de Cuba una política de agresión permanente. Parte fundamental de esa política de agresión permanente ha sido el uso de la violencia en contra del pueblo cubano. Los gobiernos de Estados Unidos han estado durante estas décadas involucrados directamente, o indirectamente a través de organizaciones terroristas de la extrema derecha cubano americana en Estados Unidos, en innumerables acciones terroristas en contra del pueblo cubano que han causado la muerte a más de 3,478 cubanas y cubanos como también han resultado en más de 2,099 cubanas y cubanos incapacitados trágicamente afectando la paz, la seguridad y el bienestar de ese pueblo.

En un acto de autodefensa de su pueblo el gobierno de Cuba, como haría cualquier otro gobierno responsable, asignó a estos Cinco la tarea de infiltrar a las organizaciones terroristas de la extrema derecha cubano americana que en Miami durante décadas han impunemente llevado a cabo campañas de muerte y terror en contra del pueblo de Cuba. Esa y no otra era la tarea de estos Cinco.

En vez de arrestar a los terroristas y llevarlos ante los tribunales por sus crímenes, el gobierno de Estados Unidos, partícipe de esas nefastas campañas de muerte y terror, arrestó a los Cinco, hizo 11 años el pasado mes de septiembre, y desde entonces los ha mantenido arbitrariamente encarcelados.

Es por estas razones que hoy en Miami reafirmamos y dejamos saber a nuestros Cinco hermanos, a sus familiares, a todas nuestras compañeras y compañeros del movimiento por la libertad de los Cinco en el resto de Estados Unidos y el mundo, así como al pueblo cubano, nuestra inalterable decisión de continuar e incrementar nuestros esfuerzos por lograr su inmediata libertad.

- Comité Nacional de Estados Unidos por la Libertad de los Cinco,
-el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, y las
- Organizaciones de la emigración cubana que en Miami integramos la Alianza Martiana: la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana (como organización individual), la Alianza de Trabajadores de la Comunidad Cubana (ATC), la Asociación José Martí y el Círculo Bolivariano de Miami.

En Miami, 13 de octubre de 2009

lunes, octubre 12, 2009

Observadores Internacionales en juicio a Elena Varela





En la marcha del 12 de octubre en la Alameda, tras un enorme lienzo azul con la frase “Newen Mapuche –Libertad a los presos políticos mapuche” encontramos a la documentalista Elena Varela. Está acompañada del equipo de producción OjoFilms de “Newen Mapuche” y filma la última escena de su documental sobre la represión a la lucha de las comunidades por la recuperación de su tierra ancestral. Esa lucha es el eje de la movilización que reunió en Santiago a cerca de siete mil personas, y registrar esa lucha en Arauco y Malleco, trajo a la cineasta tortura y cárcel, luego de su detención en mayo de 2008. La audiencia en que se fijará la fecha del juicio oral de Elena Varela tendrá lugar en Loncoche - localidad ubicada en el límite sur de la región de la Araucanía, a 85 km de Temuco - en diez días más, el 22 de octubre.

En septiembre de este año, su caso, denunciado por sus pares y organizaciones de ddhh como un montaje policial y un atentado contra la libertad de expresión, fue conocido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A Ginebra viajaron Elena Varela y su abogado Jaime Madariaga, miembro del equipo defensor encabezado por el ex juez Juan Guzmán. La documentalista concurrió flanqueada por Danielle Miterrand, ex primera dama francesa y directora de la Fundación France Liberté. Posteriormente Varela visitó la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. Había comenzado su viaje mostrando el trailer de su película en Oviedo, España, invitada por el Principado de Asturias, una de las 17 comunidades autónomas del país europeo, y por la ONG Pachakuti-Sol de Paz, de solidaridad con los pueblos del sur del mundo y los indígenas.

El juez de la causa había permitido levantar temporalmente la orden de arraigo, ya que el Ministerio Público pide 15 años de prisión para la documentalista (43 años, una hija de 16, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, Magíster en Artes mención Musicología.) acusándola de planificar el robo a la Sucursal del Banco de Estado de Loncoche (2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (2005). Todo el material filmado para el documental –financiado con fondos públicos- y otras grabaciones originales fueron requisadas en el allanamiento realizado en forma simultánea con otras detenciones en localidades del sur del país.

¿Cómo evalúa su viaje a Europa?
Recibí un apoyo internacional muy grande. Se comprometió la presencia en el juicio de veedores internacionales de derechos humanos, entre ellos un juez de la Corte Penal Internacional y miembros del parlamento europeo que han solidarizado con la causa. Estos últimos realizarán además una misión de observación en territorio mapuche. Hoy me siento muy contenta de compartir en esta marcha la lucha y el esfuerzo de los hermanos mapuche y los compañeros solidarios chilenos presentes. Se nota que hay fuerza y que tiene que haber entendimiento en algun momento.
¿Qué comentarios le merece la demora en fijar el juicio oral?
A lo largo de todo el proceso, el ministerio público se ha comportado en forma negligente, no ha sabido llevar bien la causa, no ha sido respetuoso de los procedimientos. La acusación que me hacen no tiene fuerza pero ellos siguen sosteniéndola, con testigos falsos y pruebas falsas.
¿En el juicio insistirán en que se trata de un montaje?
La fiscalía y el ministerio público comenzaron los montajes judiciales con el tema mapuche y en el caso mío esto es una práctica dual, ya que se junta el tema de castigar la solidaridad con los mapuche con la persecución política hacia la izquierda.
¿Logró concluir su documental?
Ya hicimos una primera edición que se presentará al FONDART, el organismo del estado al que concursé ganando este proyecto. Así demuestro que el trabajo está hecho, pese a los tres meses de prisión en la cárcel de alta seguridad de Rancagua, y con lo difícil que me fue después trabajar, debido a la reclusión nocturna con firma en Santiago y en el sur. En la audiencia del 6 de octubre ganamos una batalla. Aunque el fiscal se oponía, la jueza María Angélica Baeza accedió a cambiar la medida cautelar, ahora sólo tengo arraigo y firma semanal en Loncoche, pero ya la mayor parte del trabajo está hecho. Esperamos estar estrenando la película en el verano del 2010.
¿Y los materiales secuestrados?
Eso nunca lo recuperé . Muchas escenas las tuve que rehacer, y otras las cambié. Está pendiente el montaje y el trabajo de post producción.

Hitos de la gira
Recapitulando sobre su gira europea, Elena destaca la acogida de Danielle Miterrand, y el apoyo de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de derechos humanos en París, junto a quienes dio una conferencia de prensa. Valoró especialmente el respaldo recibido del destacado cineasta chileno Patricio Guzmán (“La Batalla de Chile”) quien probablemente se hará presente también en el juicio. Hasta Francia, viajaron desde Suecia, Italia, Bélgica y Canadá miembros de la Red internacional de apoyo a Elena, que renovaron su compromiso con la campaña por su libertad. En Bruselas, el europarlamentario irlandés Joe Higgins, la acogió en la sede del Parlamento europeo.

Españoles en la marcha
En Santiago, una misión de derechos humanos de la organización anfitriona de Elena en Asturias, Pachakutik Sol de Paz, de visita en Chile, se hizo presente en la marcha del 12 de octubre convocada por la organización urbana MeliWixan Mapu bajo la consigna Bicentenario: Nada que celebrar. Eran las últimas horas de su estadía, iniciada una semana atrás. Dos de los integrantes de Pachakutik, Ana García Vallejas y Clara Zamorano, comprobaron en el sur las denuncias relacionadas con el trato que reciben los familiares de los presos políticos mapuche y quienes solidarizan con ellos. La misión visitó a los presos de las cárceles de Valdivia, Angol y Victoria y también algunas comunidades.
Mientras sus compañeros hacían tomas de la marcha, Ana García expresó: “Gendarmería nos obligó a desvestirnos completamente cuando ingresámos a visitar a los presos políticos mapuche en el recinto penitenciario de Victoria. Es un trato vejatorio. Nos han dicho que esa medida se aplica a todas las mujeres. En España la gente común no conoce lo que pasa en Chile, no sabe de este tipo de prácticas.La gran prensa no publica noticias sobre la represión a los mapuche, sólo es posible encontrarlas cuando se conocen los sitios de internet que dan espacio a estos temas. Hemos sabido que la agencia EFE informó lo que nos pasó, y eso es positivo porque nos permitirá explayarnos sobre esta experiencia. ”
Los miembros de la ONG española solicitarán al gobierno regional de Asturias que pida explicaciones al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sobre el trato dado a las mujeres que visitan el recinto penitenciario. Por otra parte, se mantendrán atentos al desarrollo del juicio a Elena Varela y reiteraron la solidaridad de su organización con las luchas del pueblo mapuche en demanda de su territorio ancestral.

viernes, octubre 02, 2009

General Llévenes acusado por lonko en un testimonio de tortura


¿Cuál es la política institucional de Carabineros de Chile en relación al alto mando? El general Cristián Llévenes Rebolledo ha sido trasladado como Jefe de Zona desde la Novena Región a la misma función en la Región de Magallanes, por decisión del director, General Eduardo Gordon. Sin embargo en la investigación que se sigue por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío, la defensa lo acusa de obstrucción de la justicia por presentar pruebas consideradas un montaje para encubrir la ejecución extrajudicial del joven luchador social mapuche. El abogado Jaime Madariaga solicitó al fiscal militar de Angol someter a proceso al entonces jefe de la IX zona de carabineros general Llévenes - diplomado en Sociología, con mención en Manejo de Crisis - y al prefecto de Malleco Iván Bezmalinovic, luego de conocerse el informe del Instituto Médico Legal. La pericia revela que los impactos de perdigones en el chaleco antibalas del carabinero asesino, fueron posteriores al incidente investigado.
El lonko Víctor Marileo (autoridad tradicional de la comunidad precordillerana “Juan Quintrileo”, sector Pitrelawe) sindica al alto oficial Llévenes como responsable de la tortura sufrida por él en febrero de 2003 en la Segunda Comisaría de Temuco. El alto oficial llegó a la Región de la Araucanía el año 2000, luego de haber sido comisario en Magallanes, desempeñándose en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial y luego en la Segunda Comisaría de Temuco, hasta llegar a la jefatura de zona, según su curriculum institucional. En conversación telefónica sostenida con esta periodista, el lonko Marileo ratificó su testimonio, entregado el 10 de diciembre de 2008 en el Seminario “El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas”, convocado por el Centro de DDHH de la Universidad Central, la Red Iberoamericana de Jueces y la Comisión Etica Contra la Tortura, en Santiago de Chile. Estas fueron las palabras de Víctor Marileo en el Día Internacional de los Derechos Humanos:
“He sido molestado y golpeado por carabineros. A mí me torturaron en la segunda comisaría de Temuco, me esposaron y no hicieron caso de mi calidad de lonko. Me torcieron el brazo, el (entonces) mayor Cristian Llévenes lo ordenó y al carabinero le pasaron un lazo y me lo pusieron en el cuello, así se me cayeron los brazos. Me golpearon con un palo y me quebraron tres costillas. El mayor Llévenes ahora es general de la zona de la Araucanía, y está a cargo de todos.
Yo creo que no se respetan los ddhh de los mapuche. Los parlamentarios en el Senado están sacando una ley para proteger de los insultos a carabineros por el problema mapuche. Quiero contar aquí que está militarizada la comunidad en que yo vivo. Y estoy condenado a una medida cautelar, yo tengo prohibición de ingresar al predio que reivindicamos en el fundo Roble Huacho de la Forestal Masisa, y no puedo salir del país. Siempre estoy controlado por carabineros, ellos están instalados a 100 metros de mi casa. Hay un zorrillo, y dotación policial, ellos filman todo lo que hago. Para la forestal soy un peligro. Pero son ellos los que sacan los recursos de mi familia y dejan un desierto en la comunidad. Ahora sé que piensan quemar con líquido (plaguicida) en las plantaciones, con eso matan todos los remedios, ya no hay plantas medicinales, ahora sólo hay pino y eucalipto. Ya contaminaron el agua, secaron las napas. Nosotros estábamos preparándonos para impedir que ellos vuelvan a plantar y entonces fue cuando me acusaron de robo de madera, pero eso fue un montaje. Siempre la forestal y la policía buscan la forma de encarcelarme, han hecho operativos contra mi vida. Es satánico. Sobornaron a otro peñi para que declarara contra mí, siendo que soy un lonko, y un lonko en una comunidad es un guía a quien se respeta, es un hombre que da confianza, que tiene una visión, no puede atormentar a su comunidad. Me detuvieron de nuevo el 30 de octubre de 2007, cuando una camioneta de la forestal pasaba por el camino vecinal donde estábamos en la protesta. Carabineros tiró bombas y balines. Yo me acerqué a los carabineros a mediar, pero al llegar me atropellaron con sus dos carros, y me gritaban: ‘Mereces la muerte, a los indios como tú hay que matarlos’. Me vio después un médico muy racista. Me torturaron en la comisaría para desorientarme, quedé con rotura de cabeza y rostro. Fue entonces que dijeron ‘Vamos a tener que matar un mapuche’ y lo hicieron poco después, el 3 de enero de 2008, cuando asesinaron a Matías Catrileo. “
Caseta en lugar del rewe
Víctor Marileo es lonko de la comunidad autónoma Juan Quintremil, del sector Pitrelawe ubicado en la comuna de Padre Las Casas, a pocos km de Temuco, en la zona precordillerana. Con indignación revela: “La forestal ordenó que carabineros nos quemara el rewe ceremonial que nosotros teníamos instalado a la entrada del fundo y ahora instalaron allí una caseta de vigilancia. Nosotros el 26 de agosto estuvimos bloqueando la entrada por unas horas e hicimos una carta a la intendenta Nora Barrientos y a la gerencia de la Forestal Masisa pero no tenemos respuesta. Nadie nos quiere escuchar. Denunciamos que los acuerdos alcanzados en 8 años de conversaciones no se cumplen y las tierras siguen usurpadas.”
¿Qué consecuencias tiene eso para la comunidad?
La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.
¿Cuál es su situación procesal actual?
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.

¿Qué pasa con sus tierras?
Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”
No más “responsabilidad social”
Masisa se especializa en tableros (placas), madera aserrada, puertas y molduras. Según su sitio web, cuenta con la certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) integra al holding "Nueva" ligado anteriormente al magnate suizo Stephan Schmidheiny. El año 2005 la Fundación Prohumana (Chile) consideró a Masisa como una de las 10 empresas destacadas por su Responsabilidad Social, junto a Gerdau Aza, Asociación Chilena de Seguridad, Mc Donald´s, y Nestlé, entre otras. Las tierras en conflicto con la comunidad autónoma Juan Quintremil estaban en comodato hasta el año 2007, en un acuerdo adoptado anteriormente a la espera del subsidio fiscal para la compra de tierras. Pero ese año, la trasnacional impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció ese año Aucán Wilkaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, según se registra en una entrevista realizada por Alberto Dufey del periódico digital SwissLatin www.swisslatin.ch .
El acuerdo de 1999
Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con 'Terranova' que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la nota de Swiss Latin, Huilkaman da su interpretación sobre el cambio de postura de los suizos, afirmando: “Pensamos que se trata de intereses nacionales, de personas ajenas a los suizos, porque vecino a la forestal se encuentran los predios de Hernán Büchi, otro empresario de origen suizo y ex ministro de Pinochet, el predio de Angel Délano, otro ex ministro de Pinochet, y el predio de Luisa Durán, la esposa del ex presidente Ricardo Lagos. Pensamos que por ese lado vienen las presiones, pues son familias poderosas en el país. Si Masisa transfiere tierra a las comunidades, sus tierras pueden también hacer parte del mismo proceso de recuperación después”.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces:
“Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha...”, advirtió hace dos años.

jueves, octubre 01, 2009

Exigen a diputados rechazar proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales


Por vulnerar convenios internacionales y derechos de agricultores


Las organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores abajo firmantes rechazamos el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que fortalece los derechos de las transnacionales agroquímicas/semilleras y vulnera los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores orgánicos. Ante la Comisión de Agricultura, hemos sostenido que este proyecto de ley de privatización de la semilla, desconocido por la mayoría de los agricultores y ciudadanos, debe ser rechazado por sus impactos negativos en la biodiversidad -patrimonio de todos los chilenos- y por sus nefastas consecuencias para el desarrollo de la agricultura en general, y en especial para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura orgánica. El 30 de septiembre, el proyecto será analizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Previo paso por Hacienda, será votado luego por la sala en pleno, cumpliendo el segundo trámite constitucional, como paso previo a la firma por Chile del Convenio UPOV 91 (nombre en francés del Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).
El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, y algunos diputados de la Alianza y la Concertación han sostenido que este proyecto de ley no tiene nada que ver con los transgénicos ni con patentar las plantas, y que aumentará la inversión extranjera. Frente a esto, las organizaciones abajo firmantes hemos señalado que por el contrario, el proyecto sí está estrechamente ligado a la expansión de la transgenia desarrollada por las grandes corporaciones agroquímicas/semilleras en Chile; y se enfoca en la protección de los llamados “derechos de obtentores" que son justamente un tipo de propiedad intelectual sui generis sobre las plantas. La propiedad intelectual es por definición un privilegio, y se está legislando exclusiva y precisamente para garantizarles mayores ganancias a estas transnacionales monopólicas en desmedro del desarrollo de otros importantes sectores agrícolas nacionales.
1.- Los transgénicos y el proyecto
El propio Ministerio de Agricultura asume la vinculación entre transgenia e industria semillera en un documento de agosto 2009 publicado por la Oficina de Planificación Agraria (ODEPA), donde sostiene refiriéndose a la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS): “La industria semillera nacional, en sus cincuenta años de historia institucionalizada, se perfila como uno de los actores relevantes en el desafío de desarrollo de la agricultura nacional, mostrando un crecimiento no sólo en volúmenes, sino también en términos de valor agregado y de servicios, lo que la sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial de exportaciones y primera en el hemisferio sur. Los elementos de competitividad del país han sido relevantes para el desarrollo de esta industria en la última década, lo que hoy permite que las empresas multinacionales instalen centros de alta tecnología en el norte de Chile. Se debe señalar que la expansión del sector está muy asociada a la multiplicación de semillas transgénicas, en especial de maíz, soya y canola.
Al respecto es importante destacar que una mayor expansión del sector transgénico, derivada de los incentivos dados por este proyecto de ley, afectará a la agricultura convencional y especialmente al desarrollo de la agricultura orgánica chilena, un negocio floreciente y con enormes perspectivas de expansión y crecimiento nacional e internacional. Ya está comprobada en otros países la imposibilidad de la coexistencia entre ambos cultivos, debido a la contaminación genética que provocan los transgénicos. Aprobar este proyecto no nos hará más competitivos, por el contrario puede significar el cierre de mercados que exigen productos no transgénicos y libres de residuos de plaguicidas, es decir alimentos sanos e inocuos, dignos de un país que pretende convertirse en una potencia agroalimentaria y donde los consumidores también son cada vez más conscientes de sus derechos.

Mientras las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología aún no dan respuestas sobre la inocuidad de los transgénicos, estudios independientes realizados en diversas partes del mundo señalan que estos tienen efectos negativos y son una amenaza para el ambiente y la salud humana.


2.- Derechos de obtentores versus patrimonio común
Los “obtentores" son las grandes empresas transnacionales y sus socios locales. Este proyecto aumenta sus actuales derechos, pues los actuales 18 años de vigencia del registro se elevarían a 25 años para árboles y vides, y 20 para otras especies. Aunque formalmente esto no es una patente sino un derecho de obtentor, en la práctica una variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas le confiere a su dueño el derecho exclusivo para multiplicarla. Cualquiera que desee producir, ofrecer, importar o exportar material de reproducción debe contar con la autorización del titular del derecho. Esto afecta los derechos que siempre han tenido los agricultores. Además, el proyecto no es transparente y genera una serie de incertidumbres, al establecer una serie de excepciones que no figuran en la ley y que serán objeto de un reglamento cuyo contenido será decidido nuevamente al margen de los afectados. Hasta ahora el gobierno sólo escucha y dialoga con los beneficiados por la ley, es decir con las transnacionales de la semilla y con ANPROS, entidad sobre la cual el documento ya citado informa que “entre muchas acciones, se pueden destacar su condición de activo miembro de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, con presencia en las cuatro comisiones de trabajo, a través de las cuales contribuyó a la propuesta de la nueva ley de protección a los obtentores vegetales”. Lo mismo ocurrirá previsiblemente cuando se redacte el reglamento, ya que en esa Mesa no hay participación de otros sectores afectados.
Los derechos ancestrales y comunitarios se vulneran porque el único requisito para registrar derechos sobre una variedad es que sea “nueva, estable y homogénea”, considerándose nueva aquella variedad no registrada anteriormente. Es nueva para el obtentor, pero el registro de una variedad vegetal constituye una apropiación de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas que han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones, siendo especialmente las mujeres sus guardadoras.
La ley establece que la fiscalización del cumplimiento de los derechos de los obtentores, antes a cargo del SAG, será vigilado por las propias empresas, lo que implica la inédita creación de una policía privada dependiente de las corporaciones, que asegurará sus ganancias.
3.- Legislación comparada

Chile pretende adscribirse al Convenio UPOV 91, sin haber dado pasos previos mínimos, como es contar con una Ley sobre Protección de la Biodiversidad y ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad. Nuestro país es firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyas disposiciones entran en conflicto con los términos de este proyecto relativos a impactos sobre el conocimiento y prácticas tradicionales de comunidades locales e indígenas; impactos sobre la transferencia o el acceso a la información científica y tecnológica, debido a la restricción de la investigación por los derechos de obtentores; pérdida de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y afectación de la seguridad alimentaria, pues las variedades de alimentos pasan a ser propiedad de las compañías que además controlan la venta de semillas.

Llama la atención que en Chile -donde las regulaciones son siempre las más laxas y bajas para no afectar al libre comercio y a los grandes empresarios y capitales extranjeros- este proyecto de ley sea más generoso aún en las atribuciones, privilegios y concesiones que hace a los “Obtentores” que el propio Convenio UPOV 1991. Chile va a adherir a ese convenio para cumplir con los compromisos derivados del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, país que lidera la investigación en biotecnología en el mundo. El proyecto deja al descubierto la enorme capacidad de manipulación del gobierno chileno por parte del sector agroquímico/semillero transnacional, en función de sus intereses y ganancias y en detrimento de los pequeños y medianos campesinos y comunidades indígenas.

En la legislación norteamericana, por el contrario, el artículo 113 de la ley denominada “El Derecho a Guardar la Semilla” reafirma este derecho de los agricultores respecto de su cosecha. Asimismo, en Costa Rica la legislación contempló resguardos mínimos para la biodiversidad al adherirse al Convenio UPOV 91. El artículo 2 de la ley homóloga costarricense sostiene que la protección no se otorgará a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que no hayan sido mejoradas por las personas; y durante los primeros diez años de vigencia de la ley, la “protección” sólo se extenderá a quince géneros y especies vegetales. En su artículo 4 establece que se considerará variedad notoriamente conocida (y por tanto no registrable) aquella que se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui generis, hayan sido estos derechos registrados o no.

4.- Inversión extranjera


La inversión extranjera relacionada con este proyecto está ligada a las transnacionales que actualmente lideran la investigación en biotecnología y manejarán de forma monopólica las variedades nacionales que registren.
Cabe señalar que estas variedades se generan teniendo como punto de partida el conocimiento ancestral obtenido por las corporaciones de forma gratuita. Por eso es que, en la práctica, esta ley posibilita la privatización de la semilla, lo que tendrá como consecuencia obstaculizar la investigación a nivel local y encarecer el precio de los alimentos, al incentivarse el uso de semilla registrada. Más relevante que la inversión es el hecho que estamos ante un intento de expropiación del patrimonio de todos los chilenos. La urgencia impuesta al proyecto en función de la implementación de los tratados de libre comercio, no debe impedir a nuestros representantes en el Parlamento olvidar la grave ausencia de análisis y debate social y ciudadano de la que han adolecido los procesos de aprobación de estos tratados. De lo contrario, sólo estaremos una vez más frente a una Ley que se aprueba aceleradamente sin un real debate democrático, que no aportará medidas ni herramientas necesarias para enfrentar el desafío que nos plantea la preservación y el desarrollo de la producción y variedad de alimentos. Al revés, esta ley no obedece a intereses nacionales sino beneficia exclusivamente a las multinacionales monopólicas del negocio de las semillas, agroquímicos y transgénicos.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los diputados a votar en conciencia, rechazando este proyecto de ley.
Nuestra propuesta es que, junto con las organizaciones, pidan al gobierno que dé los pasos necesarios para poner urgencia a la ratificación del Protocolo de Cartagena. Al mismo tiempo, nos parece fundamental abocarnos a la elaboración de un proyecto de Ley sobre Biodiversidad que siente las bases para la protección de nuestro patrimonio natural, como paso previo a la aprobación del convenio UPOV 91 y del proyecto sobre Derechos de Obtentores.

Santiago, septiembre de 2009.

Firman (a septiembre de 2009):

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile)
- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
-Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)
-Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio
Asociación Gremial de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Chiloé
Asociación Gremial de Agricultura Biológica- Biodinámica
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Coquimbo
Asociación Gremial de agricultores Orgánicos Tierra Viva
Centro de Educación en Tecnología CETSUR
Fundación con Todos, Chiloé
Consejo por la Soberanía Alimentaria
Plataforma Rural por la Tierra
Confederación Campesina Ranquil
Red Orgánica de BioBio
Red Orgánica de Angol
Red Orgánica de Renaico
Red Orgánica de Los Lagos
Red Orgánica de Los Ríos
Asociación de Consumidores Conscientes (Linares)
Asociación de Protección al Consumidor (APAC Antofagasta)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Salud contra el Cheque de Garantía y otros Abusos (AUSECH)
Consejo Ecológico Comunal de San Antonio
Consejo Ecológico Comunal de Linares
Red de Consumidores del sur (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé)
Red de Acción por la Justicia Ambiental (RAJAS)
Ecocéanos
Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL)
Pesticide Action Network (PAN INTERNATIONAL)


Contacto: RAP-Chile, fono 341 67 42
secretaria@rapal.cl,