jueves, julio 21, 2016

“La espera es un óxido terrible. ¡Sigan nuestra lucha!”



Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Performance : lectores de  La Segunda del 24 de julio de 1975


Dirigiéndose con voz desgarrada  a estudiantes de derecho de la U de  Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo,  les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años,  era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.  
El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por el Colectivo 119 Familiares y Amigos, junto a Actuar Colectivo  y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio,  los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales.  La  DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de  Lea O Dia, revistas  creadas para ese fin en Argentina y Brasil.
Presentes
Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras.  Los estudiantes de derecho  aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

 “Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política "eXcéntrico: Disidencias, soberanías, performance" que se desarrolla en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta  “Tejiendo memorias” en Londres 38  mientras que la performance del  Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.  
Los sobrevivientes vieron  por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o  Cuatro Alamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y  desmemoria oficial.

Se llamaban María
Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López.  Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a  ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.


Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total,  47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico,  o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica,  hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción.  Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran  originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,  socialistas, del MAPU o sin militancia.

 
Nilda Patricia Peña, "119", Cristian Kirby
Justicia en cámara lenta
A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas  44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor  desarrollada posteriormente por la DINA junto  a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.
 Además hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores,  en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros.  Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado. 

La primera sentencia de la Corte Suprema  por estos crímenes fue  dictada en 2004,  confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.
Juicios sin castigo
La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que  todo era insólito.Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno - trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores.  El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.
El truco de la “Media Prescripción”
Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR,  Jacqueline Binfa, aplicó  la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch,  entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros  del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el  interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.


Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel,  Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro,  Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni  del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza,   joven estudiante de la USACH.
La justicia ni se asoma por la Bandera,  en el caso del dirigente poblacional  Gary Olmos Guzmán,  ni investiga aun el caso del estudiante de sociología  Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración  y tortura de Cuatro Alamos.

Cartas bajo la manga
Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro  Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán),  Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentesAlejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.
Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Aguila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.


Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche. Justamente esa fue la tónica de la conmemoración que tuvo lugar en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta el pasado 6 de julio, organizada por el Colectivo 119, Familiares y Compañeros, que apuntó en ese sentido, uniendo la lucha por la memoria y justicia con las luchas de los movimientos sociales por la naturaleza, el medio ambiente y el buen vivir. Allí estuvieron lideresas de los movimientos sociales por la Recuperación del Agua y la Vida, de No Alto Maipo y de Chile Mejor sin TPP, acogiendo este llamado. El facebook "119 Memoria y Resistencia" en forma permanente incorpora las luchas sociales de los más diversos sectores, y los integrantes del colectivo a su vez participan en las respectivas movilizaciones. Ellos sostienen que la memoria no es "privatizable" por lo que desarrollan su trabajo en forma autónoma, con la colaboración desinteresada y militante de jóvenes compañeros. 




jueves, julio 14, 2016

Augusto Carmona y la justicia "sólo por hoy"


Por Lucía Sepúlveda Ruiz
En los mismos  días aciagos de junio en que con la venia de la Corte Suprema  volvían a las calles cinco  criminales de lesa humanidad, la Corte de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977. El padre de mi hija Eva María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue presentado en los medios como un enfrentamiento.    
Mi hija Eva María Carmona y yo, recibimos la sentencia  con sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff, Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata, aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI.  No nos sentimos con ánimo de celebrar nada, pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo judicial.
Habíamos esperado un año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por ningún crimen.  Y el más importante procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este asesinato, suicidándose. En la historia sin fin de espera por justicia, la Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la justicia.  Estas decisiones impresentables no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche;  por los escándalos de la corrupción, los  desastres ambientales y el clamor de territorios devastados por el extractivismo.
Cuando conozcamos el fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían acogerse a los llamados “beneficios carcelarios”. ¿Cómo celebrar ahora, cuando el poder corrompe  al extremo de generar alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría?   Es el nuevo truco con el que la Corte Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic),  y las fuerzas armadas están imponiendo con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos.
El 15 de junio, el abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el “terrorismo”.  Los genocidas no se arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el Hospital Militar, ni  cárcel especial ni  pensión millonaria y costosos abogados. Quienes aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema carcelario. Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el “perdón” como si este se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y condiciones similares.
 ¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante 39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas, Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia paterna y la indiferencia del Estado.  Hoy la impunidad se cuela mostrando la falsedad de la petición de perdón farfullada una vez por algún juez.  El movimiento de derechos humanos  atajó los más diversos proyectos de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia. Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a firmar a una comisaría.  A diciembre de 2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que cumplían prisión. 
 Es paradojal que en Estados Unidos un fallo responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados y desaparecidos.  

Exigimos justicia, por “el Pelao Carmona” y por todos los caídos, pero también  por las nuevas generaciones que luchan por un Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.

(columna publicada en Punto Final Nº 855 el 8 de julio con el título "Augusto Carmona demanda justicia")

martes, junio 07, 2016

La Ley Monsanto y el Acuerdo de las Transnacionales TPP

La Ley Monsanto renació, mal parida por el Acuerdo de las Trasnacionales TPP, que exige la ratificación del convenio UPOV91, de privatización de la semilla. El senado nunca llegó a votar ese proyecto de nombre críptico: “Ley de Derechos de Obtentores Vegetales”  (traducido como Ley Monsanto), que viabilizaba la adscripción al convenio internacional UPOV 91 dictado por las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas.


En marzo de 2014, se produjo  la retirada de la Ley Monsanto por el recién asumido gobierno de Bachelet “para su revisión por atentar contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria.” Esa fue la  primera medida de la presidenta, dada a conocer a través de la entonces secretaria de gobierno y ex senadora, Ximena Rincón.
El gobierno miente cuando argumenta que Chile ya ratificó el Convenio UPOV 91. Sin Ley de Obtentores, o sea sin una nueva Ley de Semillas, el gobierno no pudo implementar la ratificación del Convenio UPOV 91 ya votada por el Congreso, pues ello requiere una ley nacional sobre el tema. Por tanto hasta la fecha el país sigue rigiéndose por la versión 1978 de ese convenio, como se puede comprobar en la sección Members de   www.upov.org/portal/index.html
Se requirieron seis años de lucha para atajar la “Ley Monsanto”  firmada por Michelle Bachelet en 2008, su primer gobierno, e impulsada luego por Sebastián Piñera. El proyecto garantizaba más lucro para las transnacionales de la biotecnología a costa de la privatización de la semilla, y de la consiguiente destrucción de la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Bachelet fue interpelada duramente en actos de su campaña electoral en Limache y Temuco, tras lo cual prometió “revisar” el proyecto.

En 2008, pocos sabían que Monsanto controla el mercado global de semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. En 2016 Monsanto intenta fortalecer su presencia en Chile con un proyecto de expansión de su  planta de semillas trasngénicas de Paine, muy resistido por la comunidad. Años atrás, la gente tampoco asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas, con la agricultura intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos transgénicos. Fue clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie Monique Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.
Ahora con la Plataforma Chile Mejor sin TPP, que agrupa a más de cien organizaciones del país,  quienes luchamos hace poco contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, porque necesitamos semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar el libre flujo de la semilla campesina e indígena, mediante políticas públicas de apoyo a la agroecología y la agricultura familiar campesina.

El triple pack pro transgénicos
Monsanto, Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y  sus socios chileno, entre los cuales está el clan von Baer, buscan avanzar hacia la legalización de los cultivos transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas. Hoy están autorizados sólo para la exportación. El Acuerdo de las Transnacionales TPP ayudará a Monsanto, ya que considera “obstáculos al comercio” todas las medidas que atenten contra sus expectativas de ganancia, como una moratoria, o el etiquetado de alimentos transgénicos o las multas por contaminación.
Empresas y gobiernos idearon hace tiempo un “triple pack” cuya primera parte era lograr la aprobación del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre la semilla. La segunda era derogar la actual ley de semillas y remplazarla por la Ley Monsanto. La fase tercera incluía retomar la discusión de la Ley de Transgénicos (llamada de Bioseguridad). La movilización social de los últimos años desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en 2011 por el senado, sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.

Como RAP-AL estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, junto a Agricultores orgánicos del Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos, CET y el obispo emérito de Chiloé Juan Luis Ysern.  Alertamos sobre el real significado del proyecto de ley de Obtentores Vegetales, que propinaría un golpe mortal a la agricultura familiar campesina, El entonces presidente de la comisión de agricultura, Marco Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a nuestros planteamientos, sin embargo su ingreso a la carrera presidencial dejó un vacío en la interlocución, y en marzo de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera el presidente Piñera y el nuevo parlamento. Pero aún faltaba el voto en el Senado.

Un año después, en 2011 el Senado puso en tabla sorpresivamente  el Convenio UPOV 91 y lo aprobó entre gallos y medianoche. “Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena” fue el titular de inicio de una serie de artículos que publicamos sobre el tema y que aun circulan en redes sociales. La petición formulada después al Tribunal Constitucional por 17 senadores apoyados por organizaciones campesinas, indígenas, y sociales de declarar ilegal ese convenio, fue denegada.

El gobierno de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el proyecto de BioSeguridad/Transgénicos, pero no pudo avanzar. La movilización estudiantil copó la agenda, dándonos tiempo para compartir con comunidades campesinas e indígenas y asambleas estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje, el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes relacionadas con el tema.
Nace la campaña YNQT

Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, en cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red SocioAmbiental de Valparaíso (que formó ahora “Yo NO Quiero TPP en la V Región”), la Asamblea Social del Limarí, la Red Ambiental del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la Cuchara, OLCA, Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y Permacultores de la BioRegión del Maipo, entre muchos otros colectivos. Se multiplicaron las actividades de difusión que incluyeron un video de la campaña (seguido por un documental de los “Transgeniales”) y más adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse adhiriendo a la causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos; desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos transgénicos en supermercados de Santiago y regiones.
En 2012, el testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada por el Consejo para la Transparencia, visibilizó por primera vez el daño causado por  Monsanto, Syngenta y otras semilleras: polen contaminado por el maíz transgénico. Los apicultores exigían saber quién los contaminó. El significativo fallo del Consejo, que puso fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos, fue la respuesta a una demanda presentada por RAP-AL en 2009, cuando se promulgó la Ley de Transparencia.
Poco después, la entonces senadora Ximena Rincón y el senador Juan Pablo Letelier, entre otros,  presentaron un proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado de los alimentos con ingredientes de ese tipo. Sin embargo la iniciativa  nunca fue discutida en comisión alguna del senado. Ese año, un estudio del científico francés Gilles Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en ratas alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos alimentos no son sanos ni seguros.
En 2013 el gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores Vegetales, y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor beneficiario. En ese marco nació también la Red de Semillas Libres que hoy juega un importante rol en la defensa de la semilla tradicional.

Argumentamos entonces en la Comisión de Agricultura del Senado, que la Ley Monsanto era –y sigue siendo- innecesaria. Las empresas registran todos los meses sus híbridos en  el Registro de Semillas (dependiente del SAG), nacido en 1996 al amparo de la actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del año 1978, y obtienen enormes ganancias por su venta. Dijimos que los países ricos en biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han hecho países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los principales registrantes de semillas en Chile. La novedad es que Canadá firmó el UPOV 91 este año. Nueva Zelanda no lo ha hecho y sus pueblos indígenas rechazan el Acuerdo de las Transnacionales TPP porque su gobierno no los consultó al respecto.
Alertamos en el senado y en la calle que el intercambio de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y los campesinos y campesinas ya no podrían disponer libremente de la semilla.
Explicamos que la ley generaría pérdida de biodiversidad por erosión genética y porque las semillas nativas, así como las locales campesinas e indígenas no tienen protección legal. Podrían ser registradas mediante cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a fin de ser “distintas” de otras variedades. Chile no tiene catastro de su patrimonio fitogenético ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones Unidas que protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados; y de Responsabilidad y Compensación por Daño). Con el Acuerdo de las Transnacionales TPP la situación es peor: puede ser patentado además todo el conocimiento ancestral que no esté registrado. Y en Chile no existe registro alguno de conocimiento ancestral.


Sin consulta indígenaDenunciamos entonces que los pueblos indígenas no habían sido consultados según dispone el Convenio 169. Y tampoco serán consultados ahora con el TPP respecto de este y otros asuntos relevantes para sus derechos y sus territorios, ya que las inversiones que el Acuerdo de las Transnacionales defiende y asegura, estarán sin duda ubicadas en territorios indígenas. Señalamos que los consumidores dependeríamos de los supermercados y de la agroindustria porque los pequeños campesinos al no poder pagar todos los años semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus territorios, los monocultivos transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios. Las tierras que hoy ocupan los pequeños agricultores serán copadas por las forestales y los semilleros transgénicos de raps (canola). Lo dijimos en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas, velatones, intercambios de semilla y ferias.
Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” en Internet  sobre su postura frente a esta ley. Y nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, logró que 21 senadores comprometieran públicamente (antes de las elecciones y cuando el proyecto estaba en tabla de votación en el Senado) su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto”. También lo hicieran los candidatos presidenciales alternativos al sistema binominal. El entonces presidente Piñera retiró la urgencia al proyecto.

 Ahora, la historia se repite, TPP mediante, con una Ley de Obtentores “revisada” pero que en lo esencial garantiza lo que ya rechazamos como ciudadanos: la privatización de la semilla, por la vía de la ratificación del Convenio UPOV 91.  Con la Plataforma Chile Mejor sin TPP que agrupa a más de  cien organizaciones del país, las organizaciones ambientales, sociales y campesinas que luchamos entonces contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, para disponer de  semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la protección de la semilla mediante políticas públicas diferentes, de apoyo a la agroecología, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad.

lunes, abril 11, 2016

En Paine Monsanto ataca de nuevo


Desde la radio La Voz de Paine, sus habitantes preparan la defensa

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de Santiago,  en el  Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La industria no entregó un estudio de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por técnicos más que por cualquier interesado.

Con una reputación cada vez peor en Europa,  la transnacional no logró imponer allí los cultivos transgénicos  y ve cuestionado en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato. Por eso, esta  industria productora de agrotóxicos y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado, Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró,  su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia, según informó recientemente Europa Press.  En Chile, los cultivos  de semillas transgénica de exportación des bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016    a ocupar tan sólo  9.582 hectáreas, lo que podría de estar relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con ciudadanía activa,  vienen de vuelta del boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.
Participación ciudadana
Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto ubicada en su territorio.  En sus estudios, la radio La Voz de Paine está inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria.  En el proceso buscarán establecer los daños a la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con agrotóxicos.
La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Monsanto contrató una firma consultora para implementar la
participación ciudadana  y convencer a los habitantes de las “bondades” del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras noticias sobre un proyecto que  para los más informados, no presagia nada bueno.  En Paine Monsanto tiene más de 40 hectáreas, desde luego ubicadas lejos de  la plaza del pueblo, la cual pertenece  a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA Chile.  Pero en Paine funcionan también una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal  no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que se han establecidos desde que  en el año 2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.
Las debilidades de la participación ciudadana a nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.
Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter del proyecto de expansión de Monsanto. En  Argentina esta  industria, ya conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella,   no logró construir  una planta anunciada como "la más grande de América Latina" en el barrio Malvinas Argentinas, de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores del lugar, que establecieron un “acampe”  y demandas judiciales que impidieron su avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine  no se descarta. Monsanto calla.


El TPP y la semilla

Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP, en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social y está asociada al Convenio UPOV91.  Pero la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las transnacionales. Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros relacionados con el comercio agrícola.  La expansión de la planta  permitirá que Monsanto se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.

Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba su suministro de agua .  La declaración de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental,  y lograron detener el proyecto de esa empresa del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva zona de sacrificio,  sin duda recogerán las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores de la semilla campesina y del buen vivir.



sábado, enero 23, 2016

Video de marcha en Santiago contra el TPP


Protestan en Chile por tratado que firmará Bachelet con EEUU.ALERTA CHILEEn distintas ciudades de Chile, organizaciones sociales y la plataforma Chile Mejor Sin TPP, manifestaron un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet, al polémico e inconsulto acuerdo de asociación de libre comercio, promovido por Estados Unidos y que incluye a México y Perú. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto.Fuertemente promovido por Estados Unidos, el tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas de espalda a la comunidad de los países afectados. Hoy, todo lo que sabemos al respecto, es gracias a filtraciones de los textos oficiales, como las realizadas por Wikileaks entre noviembre de 2013
Posted by Prensa opal chile on sábado, 23 de enero de 2016

lunes, enero 04, 2016

Por twitter diputado Fuad Chahin anuncia que votará contra el TPP

Diputado Fuad Chahin votará contra el TPPi

El anuncio es la respuesta a una interpelación hecha por organizaciones sociales, ambientales e indígenas de la Araucanía en carta fechada el pasado 31 de diciembre, en la que dieron un plazo de 10 días a todos los parlamentarios de su regiónpara definirse en este tema.

Nos alegra la decisión del diputado, a quien saludamos con entusiasmo y felicitamos a quienes siguieron el camino de hacer ver a diputados y senadores que su deber es representar al pueblo y no a las transnacionales.

domingo, diciembre 20, 2015

El Acuerdo Transpacífico TPP o Cómo privatizar la semilla y sumar biopiratería

       

 ¡De repente nos encontramos ad portas del gobierno directo de las transnacionales! Corporaciones como Monsanto, las farmacéuticas, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboraron en secreto junto a una elite de negociadores de la casta empresarial/estatal de doce países,  una ley para todos sus habitantes. Denominaron el resultado como “Acuerdo Transpacífico” (TPP), y la Presidenta Bachelet lo firmará en febrero – cuando Chile está en “receso” vacacional - para recién entonces enviársela al parlamento. A partir de marzo senadores y diputados deberán decir sí o no. Hasta ayer no más, ellos tampoco tenían idea de qué iban a contener los 30 capítulos, sus anexos y demases porque sólo a fines de octubre se hicieron públicos los contenidos y aún no son definitivos los textos ni sus traducciones. A partir de marzo podrán reivindicar o no su rol como representantes electos por los y las ciudadanas, o elegirán ser comparsa nacional de las transnacionales y sus socios chilenos. Están en la mira de sus electores.

Son muchos los impactos negativos del Tratado, presentado como el acuerdo comercial más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables y de lo que menos habla es de comercio. Aquí  sólo nos referiremos a qué pasará con la semilla campesina e indígena y con la biodiversidad,  si se aprueba este tratado.

Resucitan la “Ley Monsanto”

Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto.  Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas.  El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo.7.2., letra d) obliga a Chile ratificar el Convenio UPOV 91 (de propiedad intelectual de las semillas).Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores,  que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91.

Ante la presión social, al inicio de su mandato,  la Presidenta Bachelet había suspendido la tramitación final por el Senado de la “Ley Monsanto” (proyecto de Ley de Obtentores Vegetales) por sus implicancias en la soberanía alimentaria y la biodiversidad. Por eso  no  pudo promulgar el Convenio UPOV 91,  aprobado el año 2011 por el Senado.  Reponer la Ley Monsanto a través del TPP, significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al  libre intercambio de semillas, y extender  el registro de semillas a todas las variedades vegetales, encareciendo aún más el costo de la semilla. El resultado será aumentar más la  emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, generando así el espacio físico requerido para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras,  los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados, más caros. La  agroindustria además, orientada a la exportación dejará en el país sólo lo no exportable y las “cadenas cortas” consumidor – productor que se presentan como alternativas nuevas y saludables,  abortarán por disminución de la oferta de productores rurales.  

Biopiratería legal

En este mismo capítulo 18, en el párrafo 16.d hablando de “cooperación” el TPP impulsa además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento (ancestral) indígena sobre plantas. Obviamente eso indica que los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente por las organizaciones de los pueblos originarios que habitan Chile y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales ya han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería y nada dice respecto de nuevos protocolos internacionales referidos a estos asuntos.

 Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. En cambio Chile ni siquiera prevé la Consulta Indígena según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169.
Tratados anteriores con USA y la Unión Europea ya exigían a Chile ratificar el Convenio UPOV 91. La diferencia es que ahora, si el Estado no cumple, cualquiera de las empresas inversoras de los 11 países miembros del tratado  puede llevar a Chile a tribunales internacionales (CIADI) cuyas sentencias – inapelables-  en forma  mayoritaria son en contra de los países en desarrollo,  y  de altísimo costo.

Tutela sobre leyes

Las disposiciones del TPP afectan la soberanía nacional,  ya que su maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo  2  sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10  establece un  Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que  analizará   las  leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Cualquier regulación que pretenda proteger nuestra salud y el ambiente, por ejemplo a través de la moratoria a los cultivos transgénicos y el etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas que regulen la existencia de  compras públicas de alimentos agroecológicos/orgánicos para comedores escolares u hospitales podrían ser consideradas como un obstáculo al comercio y quedarían “congeladas”. Porque existe el capítulo 15 sobre Compras del Sector Público y un Capítulo 8 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.   Estas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria, definidas sólo por la empresa. El Estado no se arriesgará a posibles demandas  porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados); y el Capítulo 9 sobre inversiones que regula estos temas. El tratado opera como un candado a normas rigurosas que permitan mayor protección de nuestra salud y de la biodiversidad.

Contaminación sin castigo

 En el ya citado capítulo 2,  su párrafo 29 se cuida  de asegurar la exportación ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad o las del Codex Alimentario.  Desoyendo las demandas ambientalistas Chile, alineado con Estados Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la exportación de transgénicos.  Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del Protocolo de Cartagena, impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares internacionales frente a la contaminación de embarques con niveles bajos de transgénicos, y no cuantificar el nivel de contaminación a permitirse

En los últimos años, las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades fueron devueltas a Chile desde Alemania, que las rechazó. La falta de control de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos (Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también podrían ser demandados por las transnacionales.



Por Lucía Sepúlveda R. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, vocera para la RM de la campaña nacional Yo NO Quiero Transgénicos en Chile.

Fuentes a consultar para saber más:
Sobre la Obligación de ratificar el Convenio UPOV 91 y consecuencias
Declaración del Diálogo Sur sobre Leyes de Semillas, 25 de noviembre de 2015 http://reddesemillaslibresdecolombia.ning.com/
Cóm                              Cómo atajamos la Ley Monsanto por Lucía Sepúlveda
Sobre el  Candado impuesto a nuevas legislaciones frente a amenaza de demandas por inversores
Informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas   sobre los efectos adversos  Por Alfred de Zayas (Estados Unidos), en español.
htt
Sobre  punto 3  de normas frente a Niveles Bajos de Contaminación por Transgénicos
El TPP asegura la contaminación ilegal de nuestros alimentos  (Lim Li Lin y  Lim Li Ching, Red del Tercer Mundo, en inglés), diciembre de 2015


Santiago de Chile, 20 de diciembre de 2015