martes, diciembre 30, 2008

Por Palestina libre


Desde hace años, la Franja de Gaza padece, con el apoyo cómplice de EE.UU y la Unión Europea , un asedio criminal que viola deliberadamente todas las leyes internacionales. Un millón y medio de civiles son prisioneros del ejército israelí y están privados de todo: alimentos, combustible, electricidad, medicinas, material escolar…

Menos de una décima parte de los camiones necesarios para el abastecimiento de la población consiguen llegar. El aeropuerto y el puerto fueron destruidos incluso antes de que llegasen a funcionar. La pesca está prohibida. Sólo algunos barcos fletados por militantes del Movimiento Free Gaza han conseguido eludir el bloqueo. La población sufre un despiadado «castigo colectivo» por haber votado por Hamas.

La comunidad internacional mira para otro lado, e incluso alienta el bloqueo. En su soberbia, el ejército de ocupación incluso expulsó a Robert Falk, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

No hay ninguna justificación para la perpetuación de este asedio despiadado y criminal. Todo pueblo asediado tiene el derecho a resistir a la opresión.

No se puede admitir ninguna simetría con los cohetes que caen sobre las ciudades israelíes. No habrá seguridad para los israelíes sin seguridad para la población de Gaza. Los políticos europeos y estadounidenses, desde Anápolis, evitan enfrentarse a la realidad de la ocupación, lo que ha desembocado en un inevitable callejón sin salida que, como siempre, el pueblo palestino está pagando muy caro.

A fines de la semana pasada, el ejército israelí atacó Gaza con enormes medios militares. El primer balance fue de 150 muertos, hoy lunes ya van 345 civiles masacrados. Esta genocidio se había anunciado y debatido durante los días pasados en la prensa israelí al final de la tregua respetada por Hamás y violada sistemáticamente por el ejército israelí.

Este crimen es posible gracias a la impunidad absoluta concedida a Israel desde hace casi 9 años y al apoyo activo que le dispensa la Unión Europea. Es el resultado directo del «fortalecimiento de la cooperación con la UE » impuesto por la presidencia francesa contra el voto de aplazamiento del Parlamento Europeo.

La Comisión Etica Contra la Tortura de la Quinta Región , lo mismo que la Unión Judía Francesa por la Paz , exige el cese de la masacre israelí, el termino inmediato del bloqueo, sanción internacional contra el Estado agresor. En el ámbito nacional, exigimos el inmediato retiro del embajador chileno en Israel.

(Basado en declaración de la Unión Judía Francesa por la Paz ).

Israel: NO + MASACRES. ¡Palestina Libre!

martes, diciembre 16, 2008

El Estado promueve enfrentamiento entre comuneros

Incluyo aquí esta reflexión de Lautaro Loncón como elemento para entender la dolorosa muerte en Temucuicui del joven punk santiaguino Juan Cruz Makna, que solidarizaba con la causa mapuche. Esa muerte encaja perfectamente con la estrategia aquí descrita.
EL ESTADO PROMUEVE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNEROS EN TEMUCUI CUI (Por Lautaro Loncón)l
Desde hace tiempo a esta parte hemos sido testigo y muchas veces en silencio, de las enormes brutalidades que se comenten en contra de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Los hechos ya casi han anulado nuestra capacidad de asombro e indignación. Constantemente estamos viendo por los medios de información hechos al margen de la ley, maquinaciones, actos de persecución política en contra de sus miembros, hostigamientos de parte del particular René Urban, seguidilla de violentos allanamientos de la policía - la mayor parte sin orden previa de un tribunal- , hermanos en la clandestinidad por ser victima de esta persecución política, otros tantos encarcelados en distintas lugares y finalmente se suman otros hechos; la detención de Patricio Queipul Millanao, un niño de 13 años por la policía de investigaciones, sin que sus padres - por varios días - hayan tenido noticias de él ni del recinto policial en que se encontraba detenido, la posterior detención de otro de los werken de esa comunidad Victor Quiepul , sin un motivo jurídico válido y la de Jorge Huenchullan quien, mientras concurría a Temuco para saber por el paradero del niño Patricio Queipul Millanao Fue agredido por otro dos comuneros y, al pasar a denunciar éste hecho, fue dejado en calidad de detenido preventivamente por parte del Ministerio Público. Insólito. Pero anteriormente otro werken había sido detenido en idénticas circunstancias y hoy se encuentra en prisión en la cárcel de Angol. A todo lo anterior, se suman las ya reiteradas enfrentamientos y/ o agresiones entre personas del mismo sector y de la que alguna vez fue el mismo lof que hoy se encuentran separadas por comunidad de personería jurídica distintas, pero que no por ello no dejan de ser pertenecientes a un antiguo lof y consecuencialmente a un mismo tronco común.
La histórica comunidad de temucuicui fue “reducida” a 250 héctareas en el año 1884 a solo años de la brutal “pacificación de la Araucanía” cuyo titulo de merced figura con el n° 3B a nombre del longko de ese entonces Ignacio Queipul y Millanao. Desde entonces comenzó una larga lucha por reivindicar sus derechos sobre las tierras que no les fueron reconocidas, otras les fueron usurpadas y entregadas a manos de colonos. Desde el año 1973 en adelante, con la dictadura militar del General Pinochet, vivieron la represión, el hostigamiento y los allanamientos que pasaron a ser parte de su cotidianeidad, lo mismo que vive hoy en tiempos de democracia. Sin embargo, el elemento fundamental para soportar los envistes de la represión fue la unidad de sus miembros con que enfrentaron los hechos.
Con el devenir de la democracia, algo cambio para la comunidad de Temucuicui, si bien enfrentaron con relativa mancomunión la reivindicación del fundo Alaska y los actos de represión, esto no se mantuvo por tanto tiempo. Como en toda comunidad se produjo un recambio generacional que vio con mayor amplitud lo que significaba la lucha mapuche. El retazo de suelo que les tenía usurpado el particular comenzaron a percibirlo como la punta del iceberg respecto de todos los demás derechos que el Estado usurpaba al Pueblo Mapuche, importantísimos para la comunidad, pero solo una expresión de la negación de derechos que hacía el Estado de manera constante. Y así nace una dirigencia joven, bastante idealista que entra a diferir de los planteamientos de los antiguos dirigentes. Generándose las primeras diferencias un tanto, política. Situación que con el correr del tiempo se han agudizado y derivado en agresiones y supuestos atentados entre ex comuneros.
Personalmente conozco, he estado junto y encontrado junto a la comunidad de Temucuicui en tiempos que se reivindicaba el fundo Alaska y yo era un miembro más del Consejo de Todas la Tierras y la Comunidad de Temucuicui (Ignacio Queipul y de la cual derivó en la comunidad Autónoma de Temucuicui) era una comunidad más de las tantas que conformaban la organización. Es decir, creo tener un conocimiento de las partes que hoy se presentan en conflictos y por lo mismo me atrevo a afirmar que las diferencias de métodos y alcance de la lucha mapuche no debiera ser más que una diferencia normal que existe en cualquier comunidad de personas o entre dirigentes jóvenes, muchos más progresistas e idealistas frente a viejos dirigentes un tanto más conservadores o acaso mas culturalista.
Estas diferencias no debieran ser puntos de rupturas y menos de enfrentamientos, si en su desenvolvimientos no intervinieran o hayan intervenidos fuerzas externas destinadas a crear un verdadero conflicto entre ellos a partir de sus diferencias con el claro objeto de inmovilizarlas, desarticularlas y en definitiva, paralizar un movimiento emergente peligroso para el Estado, expresados en estos cuadros jóvenes de dirigentes curtidos desde la infancia (como lo esta experimentando muchos niños (as) de Temucuicui) , en el allanamientos y en los actos de represión del Estado.
La agudización de conflictividad entre personas mapuche de la zona y que últimamente a derivado en la detención de los Werken de la Comunidad autónoma de Temucui cui, en abrir procesos de investigación en contra de otras cuatro mujeres, entre ellas, la esposa de Jaime Huenchullan, preso político recluido en la cárcel de Angol, me atrevo a decir que es una acción orquestada desde el Estado, cuyos ejecutante es CONADI y el Ministerio Público, puesto que la detención de los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, y la desarticulación organizacional y política de su comunidad, le reporta beneficios a ambas instituciones. A CONADI, en tanto resuelve grotescamente el problema de a quién entregarle las tierras que actualmente ocupa el usurpador Urban en una inminente compra, y que, dicho sea de paso, actualmente es uno de los puntos de conflicto entre ambas comunidades porque en términos de derechos históricos a ambas les pertenecen. Recluidos en las distintas cárceles de la IX región la dirigencia de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se le presenta el momento propicio a CONADI para adquirir el fundo y proceder a entregárselas a la Comunidad Ignacio Quiepul. Procediendo de tal forma, deja conforme a los sectores conservadores y de derecha en el sentido que “no han cedido frente a los violentistas”. Con ello dan por resuelto el tema “Urban” sin que se aumente los niveles de conflictividad entre estás comunidades porque los “otros” (dirigentes de la comunidad autónoma) estarían presos y no habría capacidad de respuesta a tal situación por parte de los demás integrantes de dicha comunidad.
Una manera muy burda de resolver el conflicto que la propia conadi ha creado, pero es la estrategia que al parecer han elaborado. La gran preocupación de CONADI era como terminar el conflicto y a que comunidad entregarles las tierras, y tenían plena convicción que entregándoselas a la comunidad Ignacio Queipul, no lo resolvía, pues la Comunidad Autónoma de Temucui cui seguirá reivindicando esas mismas tierras aumentando el conflicto y de paso quedando en evidencia la nula capacidad de CONADI de resolverlos. En caso contrario, entregárselas a la Comunidad Autonóma de Temucui cui era ceder a las presiones de “radicalizados” y eso sería caldo de cultivo para las críticas de la derecha y los latifundistas. El dilema anterior se podría resolver en la medida que los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucui cui estuvieran detenidos y sin capacidad de respuesta.
En cuanto al Ministerio Público, su labor de investigar hechos de carácter delictual que ocurren en la IX región es materia de constantes críticas, tantos de los mapuche que señalan que su accionar es racista y antimapuche y también de los dueños de fundo o latifundistas quienes les cuestionan su poca capacidad para poner entre rejas a los dirigentes mapuche, especialmente a estos dirigentes jóvenes que comúnmente les llaman “violentistas o terroristas o responsables directos del quebrantamiento del Estado de Derecho en la IX región” y de la “inseguridad jurídica que existe en la zona”.
Percepción y opinión agria o acaso no amarga para los finos paladares de los fiscales del ministerio público pues lo último, es un abierto cuestionamiento de la clase poderosa de la región a su labor investigativa y en definitiva a su trabajo. Tener entre rejas a todo aquel que huela a dirigente mapuche debe ser un sueño para cualquier fiscal de la VIII, IX y X región, y sobre todo si se trata de estos dirigentes revoltosos de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Entonces, la división que hoy se presenta en este sector es un hecho al que hay que sacarle provecho para lograr la detención de aquellos. Todos los intentos anteriores por detener a los dirigentes mapuche fueron infructuosa, la detención de niños para interrogarlos, incluso bajo amenazas y en las propias escuelas. El ofrecimiento de pago a comuneros mapuches para que declaren en contra de otros mapuches habían sido infructuosos, la amenaza, la extorsión han resultado inútiles. Sin embargo, hoy sacarles provecho a la división es de máxima utilidad y con pocos recursos, solo basta azuzar a otros comuneros para que provoquen estas “agresiones” y esperar que las cosas decanten por si sola. Con este método se ha logrado lo que parecía impensado; hoy existen 6 werkene detenidos en la cárcel de Angol, la mayoría detenidos en circunstancias similares -confusas riñas entre comuneros- entre las cuales al parecer unos se sienten inmunes, otros que pasan por un recinto policial a denunciar estos hechos quedando en calidad de detenidos. Es decir, “caen como un zorzal”. ¿Quién gana con ello? Por cierto no la comunidad Ignacio Queipul, ni la Comunidad Autonóma de Temucui cui, que en último término son todos familiares, sino el Ministerio Público que logra detener y mantener tras las rejas a estos dirigentes, en definitiva, el Estado y su tentáculos de la dominación.
Ya lo decía anteriormente, los conflictos entre la Comunidad Autónoma de Temucui cui y la Comunidad Ignacio Queipul Millanao, no debiera ser distinta a cualquier conflicto o diferencia que puedan tener hoy otras comunidades principalmente por el problema de la tenencia de la tierra o los derechos históricos que pudieran tener ambas comunidades sobre un mismo espacio que alguna vez perteneció a un lof mapuche. Que hoy existan en lo que alguna vez fue un mismo lof o espacio territorial, dos o más comunidades reconocidas por CONADI, se lo debemos a la Ley indígenas y sus redactores. La ley indígena 19.253 permite que en un antiguo lof se cree todas las comunidades que sean posible, solo basta 10 personas y un ministro de fe y la correspondiente inscripción en el registro de CONADI para que haya otra comunidad y evidentemente que todas ellas tendrán derechos sobre las tierras entregadas por los títulos de merced y aún sobre las tierras ancestrales o tierras antiguas que no fueron reconocidas en los títulos de merced.
La ley promueve la división de la organización territorial y política ancestral del Pueblo Mapuche, a la ves, la creación de “comunidades” nuevas con personería jurídica propia, del mismo modo que des- incentiva la existencia de las autoridades tradicionales como el Longko, el Werken y toda la estructura tradicional indígena, levantando frente a ello la figura de Presidente, Secretario y Tesoreros y todos esos menesteres ajenos a la organización tradicional Mapuche.
Es decir, los conflictos que existen actualmente entre la Comunidad Autónoma de Temucui cui y la Comunidad Ignacio Queipul, son como cualquier conflicto que a levantado la CONADI y en definitiva, el Estado en las antiguas comunidades o LOF MAPU y que la opinión pública lo ha constatado en varias oportunidades. La diferencia radical que existe en el sector de temucuicui, es que este conflicto, como lo han denunciado el propio longko Catrillanca y el Werken de la Comunidad Autonoma de Temucui cui, Jorge Huenchullan, es que lo están promoviendo CONADI y el Ministerio Publico para una cobarde y vergonzosa persecución política en contra de los dirigentes de dicha comunidad. Nada más fácil a resultado para el ministerio público y para el Estado encarcelar a los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucui cui bajo cargos de “delitos comunes”, Robo, asalto, amenazas, etc. Y resulta más fácil aún, si la denuncia proviene de otros mapuche. Así, el encarcelamiento ya no es el resultado del accionar del Estado, con represión política de por medio, sino que es la denuncia de los “rivales” que el ministerio público esta llano y diligente a investigar y encarcelar, pero claramente esto contiene un sesgo político. ¿Por qué el ministerio público no investigó con la misma diligencia la denuncia hecha por Jorge Huenchullan a raíz del homicidio frustrado que fue victima a manos del hijo de René Urban cuando este le tiró la camioneta encima con el claro propósito de atropellarlo? ¿Por qué no ha investigado con la debida diligencia y celo las innumerables denuncias que los miembros de la comunidad de Temu cui cui ha realizado oportunamente por asaltos, tentativas y Homicidio frustrados denunciados oportunamente? Y sin embargo en el último caso mientras voluntariamente concurren a buscar protección judicial de sus derechos son detenidos en el acto. Derechamente el Ministerio público esta faltando a los principios fundamentales que les impone la propia ley orgánica constitucional. Investigar con objetividad los hechos denunciados, actuar bajo el principio de trasparencia. Demás esta decir que el principio constitucional de “igualdad ante la ley” no tiene cabida para investigar aquellos hechos que afecten a los mapuche y en especial a los miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
La conducta de CONADI y del Ministerio Público es deplorable. Demuestra una bajeza moral indescriptible. Este último, centrados en la criminalización del movimiento mapuche, les impide ver el enorme daño que están provocando en nuestra sociedad mapuche, puesto que promover este tipo de hechos - el pago de testigos de la propia comunidad para que declaren contra sus hermanos, o promover la división al interior de la comunidad- produce odiosidades y quebrantamiento de la familia, de la comunidad y en definitiva de la sociedad mapuche. Más que a actos de investigación realizado por profesionales, se asemejan más a la acción del Lumpen que va tras su objetivo.
No me cabe duda que estas acciones de agresión entre comuneros no son dirigidas ni aconsejadas ni por el lonko Catrillanca de la Comunidad Ignacio Queipul, ni por el Werken Jorge Huenchullan de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Ambas son personas mapuche de conocidos valores, principios y serenidad como para estar instigando a su gente a un conflicto sin sentido. No se trata de personas que promuevan la violencia, menos aún entre familiares, de hecho ambos partes han denunciado – sin ser oídos- que estos enfrentamientos lo esta promoviendo la CONADI y el Ministerio Público respectivamente.
No se trata de personas desadaptadas y con una maldad intrínseca que incluso “golpean a una mujer que concurría a un tratamiento sicológico por la perdida de su hijo” como se ha informado incluso por un periódico mapuche (azkintuwe) al contrario, son personas que tienen muchos más valores, principio y arraigo cultural, que quienes nos sentamos tras un escritorio, alejado de cualquier represión a escribir lo que otros hacen. No se trata de personas que eluden sus presuntas responsabilidades, prueba de ello es que recientemente, Rodrigo Huenchullan, pese a que sabe que jamás tendrá un justo y debido proceso, se ha entregado a los órganos jurisdiccionales del mismo Estado que lo persigue para ser juzgado por los presuntos delitos que se le imputan.
En el contexto de violencia entre comuneros de Temucui cui existen personas manipuladas o acaso pagadas por el ministerio público y la conadi para exacerbar estos conflictos. En efecto, vamos a seguir siendo testigos de hechos que vallan anulando nuestra capacidad de asombro e indignación, salvo que reaccionemos y denunciemos las maquinaciones y artimañas del que se vale el Estado para seguir perpetuando su dominación.

Fuente: www.mapuexpress.net

domingo, diciembre 14, 2008

Amedrentamiento a abogado defensor de causa mapuche




Lorenzo Morales Cortés, defensor de Avelino Meñaco, lonko de la comunidad Pascual Coña (sector LleuLleu, Región del Bío Bio) alegará en la Corte de Apelaciones este lunes 15 de diciembre, contra la petición de nulidad del fallo que absolvió a Meñaco del cargo de incendio. Sin embargo el profesional fue previamente despojado de toda su argumentación para el juicio, que fue fotografiada junto a otros documentos en el violento allanamiento que sufrió su hogar santiaguino el pasado 9 de diciembre, donde se llevaron su computador. La Corte de Apelaciones de San Miguel (en Santiago) fallará el amparo presentado por el propio abogado a favor de sí mismo y contra la fiscal adjunta del Ministerio Público Norte, Ximena Chong Campusano y la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Cecilia Pastene Pérez. Lorenzo Morales se desempeña profesionalmente en la División Jurídica de la Municipalidad de La Ligua, V Región, que tiene una de las cuatro alcaldías comunistas del país.

“Tengo que alegar el lunes en Concepción y esto posibilita a la fiscalía conocer ilegalmente mi estrategia de defensa antes del juicio. No hay razón alguna para este allanamiento, ni proceso alguno en contra mía, esto es un acto de intimidación y por ello he presentado un recurso de amparo. Debo agregar que también allanaron el domicilio de mis padres”, denunció a esta periodista el joven profesional durante el desarrollo de un seminario realizado en la Universidad Central sobre Criminalización de las Demandas del Pueblo Mapuche, el pasado 10 de diciembre. Tratando de explicarse la violencia del procedimiento policial, el abogado –que no estaba en su domicilio al momento de la incursión policial - recordó: “He recibido también amenazas telefónicas, me dicen que tenga presente lo que ya les ha ocurrido a los abogados Myriam Reyes, Pablo Ortega y Jaime Madariaga, que han defendido causas mapuche y cuya carrera profesional ha quedado afectada. Eso lo tengo grabado y puedo presentarlo como prueba”. Resultaba insólito o quizás no, resultaba lógico, que esto me lo estuviera contando minutos antes que empezara el seminario de la U Central sobre Criminalización de la Demanda Mapuche. Ese fue el inicio informal, desde antes de la primera ponencia ya nos estábamos enterando de un hecho más que agregar a la larga lista, pero me parece que es el primero de esta naturaleza en democracia. Por eso es importante saber qué va a pasar con el recurso de amparo.
Ayer, el profesional agregó que al acoger el recurso caratulado con el número 427, la Corte incluso lo extendió a la policía que efectuó el procedimiento, por la gravedad de los hechos. Numerosas organizaciones mapuche y de derechos humanos han solidarizado con Lorenzo Morales por la violación a sus derechos y el amedrentamiento de que ha sido objeto. Allí mismo en el seminario recibió el apoyo de muchos y muchas. Y muy especialmente de Andrea Calfunao, sobrina de la lonko Juana Calfunao que bien sabe de la importancia de su trabajo y que su primo Waikilaf está libre en gran medida gracias a la brillante defensa que hizo de su causa.

El juicio ganado
El lonko Avelino Meñaco fue absuelto por el tribunal oral de Cañete el 3 de noviembre, después de pasar ocho meses en prisión acusado de quemar una cabaña en el sector Antulafquén. Lorenzo Morales hizo comparecer a testigos que situaban al imputado en el sector Quilaco, a 5 km del lugar del incendio, lo que invalidó las acusaciones del ministerio público. Los fiscales exclusivos de la Novena y Octava regiones, Miguel Ángel Velásquez, y Mario Elgueta, respectivamente, habían pedido la pena de 10 años y un día de cárcel para el dirigente. Ellos no están acostumbrados a perder en los juicios. Recurrieron de inmediato, pidiendo la nulidad por supuestos vicios de forma.

Perfil del defensor
En 2007 y 2008 Lorenzo Morales ha asumido como defensor privado causas que afectan a miembros de la comunidad Juan Paillalef , como la lonko Juana Calfunao (presa en la Cárcel de Temuco) y su hijo Waikilaf Cadin (libre en la actualidad), entre otros. Su desempeño le ha valido el reconocimiento de esos luchadores sociales mapuche, quienes han destacado que el abogado ha prestado sus servicios profesionales en forma totalmente solidaria, lo cual les permitió por primera vez llegar a un juicio oral a exponer sus argumentos. Asimismo Morales ha interpuesto recursos de amparo por violencia policial en la comunidad Cacique José Guiñón, de Ercilla y representó al werken José Cariqueo en una demanda por injurias y calumnias contra Forestal Mininco.

La creciente pesencia de defensores privados especialistas en derechos humanos, y de profesionales tan destacados como el ex juez Juan Guzmán han sido clave para triunfos que hubieran sido imposibles de conseguir con los defensores públicos. El clima de amedrentamiento del que da cuenta el abogado Morales también forma parte de la criminalización de las demandas analizada en el seminario citado. Los profesionales del Observatorio Ciudadano que defienden causas que afectan a comuneros mapuche han sido cuestionados en varias oportunidades por el Fiscal Regional de Temuco Francisco Ljubetic.

En otros casos los amedrentamientos han afectado a profesionales comprometidos con la causa mapuche que trabajan para la Defensoría Pública Mapuche.

La jueza y la Corte de San Miguel

La jueza Cecilia Pastene Pérez, una de las mencionadas como responsables de los allanamiento, no tiene buena fama en los medios. En octubre de este año el Colegio de Periodistas debió recurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que se revocara la medida impuesta por la jueza, que prohibía a la prensa informar el nombre del abogado Pedro Toledo, formalizado por estafa. El fallo marcó un precedente jurídico en materia de defensa de la libertad de expresión.

En su tribunal, el 7º de garantía, el 15 de abril de 2007 Lorenzo Morales interpuso una querella por tortura en nombre de Waikilaf Cadin – entonces recluido en la Cárcel de Alta Seguridad ubicada en esa comuna - contra los responsables de hechos de esa naturaleza ocurridos en la cárcel de Temuco que continuaron durante el traslado del demandante a la capital en un vehículo de Gendarmería. No hubo avances en la causa.

En cuanto a la fiscal Chong, como adjunta en la División de Delitos Económicos y Funcionarios, ha participado en las investigaciones por delitos en las municipalidades de Huechuraba y Recoleta. Se ignora la motivación de esa Fiscalía en este caso.

Historial de amedrentamientos

Organismos nacionales como el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano) y entidades internacionales de derechos humanos como la Organización Mundial Contra la Tortura han ido registrando diversos tipos de amedrentamientos a profesionales vinculados a la defensa de los mapuche. Una de ellas es la causa por desacato interpuesta contra la defensora pública Myriam Reyes García el 13 de noviembre de 2005 en Temuco. Se la responsabilizó arbitrariamente de filtrar información publicada en el diario electrónico “El Gong” de Temuco, sobre los 20 millones de pesos que gastó el Ministerio Público en los diez testigos de cargo presentados en el juicio por el incendio “terrorista” ocurrido en el predio Poluco Pidenco (caso Patricia Troncoso y otros).

El año 2002, por otra parte, el abogado Pablo Ortega se querelló en Temuco contra los Fiscales del Ministerio Público responsables del delito de "interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas". La magistrada Isabel Uribe decretó en esa oportunidad el cese de la ilegalidad que afectaba al profesional, defensor de los dirigentes mapuches Victor Ancalaf y José Huenchunao – en ese tiempo recluidos en Concepción- y de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco. Estos últimos se encontraban entonces recluidos en la Cárcel de Temuco por el supuesto delito de "asociación ilícita terrorista calificada".

Ese mismo año, en agosto, el abogado Jaime Madariaga, que defendía a la menor Daniela Ñancupil por un caso de violencia policial sufrió el ataque incendiario e intencional de su camioneta.

Los derechos vulnerados
El derecho a la defensa es un derecho absoluto, de acuerdo a la doctrina internacional de Derechos Humanos. Y también lo es de acuerdo al artículo 19 de la Constitución chilena, que establece en su artículo 19 que "todo persona tiene derecho a defensa jurídica", prohibiéndose expresamente a toda "autoridad o individuo" "impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado". La Convención Américana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, asimismo, establece (artículo 8) el derecho irrenunciable del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estas garantías judiciales, no pueden ser suspendidas ni siquiera en Estado de Guerra, de peligro público o de otra urgencia.
El desarrollo del juicio en Concepción y el resultado del recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción arrojarán luces sobre el grado en el cual el Estado chileno sigue “avanzando” en la criminalización de las demandas del pueblo mapuche. En términos de los cientistas sociales, hechos como los descritos se inscriben en el ejercicio del “derecho penal del enemigo” es decir de aquel que justifica la suspensión total de las garantías para quienes rompen el pacto social y se colocan fuera del sistema, por lo que no gozan tampoco de sus beneficios legales.
Esto es, por supuesto, lo que no queremos ver o seguir viendo en Chile, ni respecto de los mapuche ni de ningun luchador social.

miércoles, diciembre 10, 2008

Pueblo mapuche y Derechos Humanos en el día de los idem

En la foto, lonko Juana Calfunao, presa en la Cárcel de Temuco.
SEMINARIO: El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas
En el Aula Magna de la Universidad Central (Lord Cochrane 418) se realizará en el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, el seminario EL PUEBLO MAPUCHE Y LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS DEMANDAS, a partir de las 16 horas. La actividad fue organizada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de ese plantel universitario, presidido por el ex juez Juan Guzmán Tapia quien intervendrá al inicio del seminario. Entre los panelistas, que incluyen un abogado de Chiapas, estarán miembros de comunidades en conflicto, abogados de derechos humanos, y profesionales del área de las ciencias sociales y/o la comunicación.
Se abordarán los procesos judiciales y la violencia en las comunidades, con testimonios de quienes la han vivido, como Jorge Huenchullan (encarcelado y absuelto más de tres veces en distintos procesos judiciales), quien es dirigente de la asediada comunidad de Temucuicui y el menor Patricio Queipul, de 13 años recientemente secuestrado por efectivos de Investigaciones durante un allanamiento a esa comunidad ubicada en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Finalmente se conocerá la exposición de Miguel Ángel de los Santos Cruz, especialista en Derechos Humanos y pueblos indígenas que viajó desde México.

A continuación, la invitación y el programa.

Día Internacional de Los Derechos Humanos
Miércoles 10 de Diciembre, 16:00 a 20:00 horas
Aula Magna, Centro de Extensión Universidad Central, Lord Cochrane 418, Santiago.
Universidad Central de Chile

Invitan: Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile (CEDH), Universidad Central, Red Iberoamericana de Jueces, Comisión Ética Contra la Tortura (CECT),

Patrocinan: Asociación Americana de Juristas (AAJ), Federación de Estudiantes de al Universidad Central, Corporación de Egresados de la Universidad, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central, Amnistía Internacional-Chile, Colegio de Antropólogos de Chile, Observatorio Ciudadano.


16:00- 16:20 Bienvenida y contexto de la discusión.
Juan Guzmán Tapia, Director Centro de Estudios de Derechos Humanos.

16:20- 17:35 Primer panel: Criminalización y procesos judiciales.
Myrna Villegas, Abogada, investigadora UCEN y Universidad de Chile.
Lucía Sepúlveda, Periodista Comisión Etica Contra la Tortura
Jorge Huenchullán Werken comunidad de Temucuicui)

Preguntas y comentarios.

17:35- 17:50 Café

17:50- 19:20 Segundo panel: Violencia en las comunidades.
Angélica Pizarro, Psicóloga, investigadora en salud mental
Nancy Yañez Abogada Observatorio Ciudadano
Víctor Marilao Lonko Pitrelawe

Preguntas y comentarios

19:20- 20:00 Exposición y conversación con Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado de Chiapas, especialista en Derechos Humanos y pueblos indígenas.

20:00 Vino de honor.

miércoles, diciembre 03, 2008

DIA MUNDIAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS: hoy

INVITAMOS a juntarnos en

Avenida Bulnes, entre Alonso Ovalle y Vidaurre, 11 horas
FRENTE A LA SEDE DEL SAG

MANIFESTACIÓN POR UN CHILE LIBRE DE PLAGUICIDAS

La Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) invitamos a las organizaciones aliadas, amigos y personas conscientes a conmemorar el miércoles 3 de diciembre, DÍA MUNDIAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS, con una acción de protesta que realizaremos frente a las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a las 11 horas.

Exigimos:

• Que el parlamento prohíba el uso de los plaguicidas extremadamente tóxicos (1a y 1b), que se siguen usando en Chile con graves consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente.

• Que de una vez por todas se legisle para regular a nivel nacional las fumigaciones aéreas y terrestres que están causando múltiples daños a la población rural, a sus animales y cultivos, contaminando incluso el agua utilizada para beber.

• Que el SAG actúe con transparencia y deje de proteger a las transnacionales agroquímicas y a las grandes empresas agrícolas ocultando información sobre alimentos contaminados con residuos de plaguicidas.

• Que el SAG respete el derecho a saber de los consumidores y monitoree periódica y sistemáticamente los alimentos agrícolas de consumo interno, especialmente frutas y verduras. En caso de detectar residuos de plaguicidas, debe alertar de inmediato a la población y sancionar a los responsables.

En esta acción de protesta instalaremos paneles informativos, distribuiremos una declaración y folletos sobre plaguicidas.

Más informaciones: 3416742
info@rapal.cl / www.rap-al.org

Por un Chile libre de plaguicidas y transgénicos
ALIMENTOS SIN VENENOS
3 de diciembre de 2008

lunes, diciembre 01, 2008

Pasando lista a los profes caídos en la Resistencia: ¡Presentes!


Mañana martes 02 de diciembre , a las 19 horas, en la sala Alonso de Ercilla de la Biblioteca Nacional se realizará el lanzamiento de "Aulas que permanecerán vacías", libro que cuenta la historia de algunos de los profesores que cayeron enfrentando a la dictadura.
Presentarán esta obra la profesora Olimpia Riveros, el abogado y ex diputado Andrés Aylwin y el sociólogo Manuel Guerrero Antequera.
Participarán también, los artistas, Malucha Pinto, Gastón Quezada, Sebastián Hernández, y los grupos Calle Condell y Los Cherchencos.
Este libro fue publicado por Editorial Cuarto Propio, siendo su editor Martín Faunes Amigo y es el tercer volumen de la serie "Las Historias que podemos contar", una sustantiva contribución a la memoria y un antídoto de calidad contra la amnesia.
Entre los profes que dejaron tan alta vara que sólo es posible decir por ellos ¡Presente! están:
Lumi Videla, María Elena González, María Cristina López, Luis Justino Vásquez, Claudio Jimeno, Manuel Guerrero, Federico Zagal, José Manuel Guggiana, Óscar Sanhueza, Nilton Rosa Da Silva, Luis Fernández, Rubén Morales Jara, Federico Álvarez, Padre Gerardo Poblete, Humberto Lizardi, Rosetta Pallini, Gastón Vidaurrázaga, Cristián Cartagena, Frida Laschan, Héctor Maturana, Julio Brewe, Gladys Marín, Arturo Barría, Mario Ramírez, Marta Ugarte, Luis Mahuida, Einar Tenorio, Danilo González, Julia Retamal, César Ávila, Jaime Vásquez, Carlos Fajardo, Juan Heredia, Elsa Leuthner, Pedro Emilio Pérez, Jorge Peña Hen, Luiz Carlos de Almeida, María Arriagada, Bernarda Vera, Luis Maturana, Luis Lobos, Fernando Ramírez, Vicente Palominos, Luis Sanguinetti, Ramón Leiva, Patricio Sobarzo y Germán Cuello.

Las historias fueron escritas a varias manos, entre ellas las de Martín Faunes, Marisol Vera, Hilda Espinoza, Lucrecia Brito, Facundo Leylaf, Violeta Bagnara, Pablo Varas, Nieves Fuenzalida, Arturo Neira, Ana Marín Molina, Juan Carlos Díaz, Roberto Castro, Edgardo Carabantes, Pablo Artaza, Ignacio Vidaurrázaga, Óscar Aguilera, Manuel Guerrero, Alejandra Esparza, Orlando Jara, Gilda Waldman, Begoña Eguiluz, Lucía Sepúlveda, Alexandra Carmona, Walkyria Burgos, María Angélica Illanes.

miércoles, noviembre 26, 2008

Pelao Carmona, Eva María y yo...hace más de 30 años

 


Hoy estaré con Eva María, mi hija, mis nietos y Juan en el acto inaugural de la sala de edición "Augusto Carmona" del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (vecino de Periodismo) que dirige Faride Zerán. La cita es a las 12 en el auditorium de la Escuela de Cine que se llamará desde ahora Jorge Múller.

El Pelao Carmona y el Flaco Müller se sentirán a gusto entre las cámaras y el ambiente de la Facultad de Sociales a pasos de Grecia, Macul y del ex Pedagógico.
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viernes, noviembre 21, 2008

Plaguicidas y trabajo infantil: niño de 12 años hospitalizado en Talca


Organizaciones sociales y ambientales -entre ellas la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL Chile), donde trabajo -denunciaron hoy las graves lesiones que sufrió un niño de doce años en la comuna de San Clemente, cuando trabajaba cosechando habas en el fundo "Cunquillar". La Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) sostuvo que el caso es una muestra más de la inexistencia en Chile de las denominadas "buenas prácticas agrícolas" en cuanto al uso de plaguicidas y respecto de la persistencia del trabajo infantil en Chile. Queda de manifiesto, una vez más, la inexistente fiscalización de las infracciones a la legislación que prohíbe el trabajo de menores. Cuando los niños trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas, la infracción, el riesgo y los daños son doblemente graves.
El Hospital de Talca notificó de este hecho tardíamente a la Red de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP, dependiente del Ministerio de Salud) como "reacción alérgica severa a plaguicidas", aunque inicialmente sólo había diagnosticado una dermatitis. Ariel Meza Mondaca, de 12 años,es el niño afectado por estas lesiones de aspecto idéntico a las quemaduras, atribuidas a agroquímicos no determinados. El menor permanece hospitalizado desde el sábado 15 de noviembre en Cirugía Infantil de ese establecimiento. Su madre, Angélica Mondaca, lo llevó al hospital en busca de atención adecuada luego de dos días de procurar sanarlo en su casa. Otro menor, Agustín Jara Alfán, de 14 años, y una trabajadora temporera adulta, Luisa Cáceres González, fueron atendidos por problemas similares en la posta del sector Mercedes (comuna de San Clemente, séptima región) lo que llevó a Salud Ocupacional de esa región a calificar el caso como brote.

Estos incidentes ilustran el daño a la salud de los sectores más vulnerables de la población -familias campesinas de bajos ingresos y con escaso nivel de organización-, provocado por el uso indiscriminado y muchas veces negado de plaguicidas en zonas agroexportadoras. El slogan "Chile, potencia alimentaria" acuñado por el gobierno ignora los costos ocultos de esta opción, según recuerdan en su comunicado las organizaciones citadas.

El menor presentó graves lesiones en la piel el jueves 13 de noviembre, luego de cuatro días de trabajo junto a un centenar de temporeros y temporeras en la cosecha de habas de ese predio de San Clemente, perteneciente a Luis Parot Smith (de la Sociedad Agrícola San Pedro Limitada) y administrado por Fernando Acuña. El pequeño esperaba recibir mil pesos por cada saco de 30 kilos de habas y, según la prensa local, quiso trabajar -sin autorización materna- para comprarse zapatillas.

Salud Ocupacional de la Región del Maule calificó el caso como brote y lo notificó a la Red de Vigilancia Epidemiológica el 18 de noviembre, tres días después de la hospitalización. El hospital se alertó luego de la llamada de ese servicio, y comprobó la existencia de más afectados cuyos diagnósticos habían sido consignados como dermatitis.

La subnotificación
Pamela Mejías, ingeniera en prevención de riesgo que trabaja en equipo con el doctor Carlos Concha, de Salud Ocupacional- Región del Maule, informó a RAP-Chile que la subnotificación es un grave problema en la zona. El hecho que no se considere como sospechoso de intoxicación por plaguicidas un caso de problema dérmico agudo es parte de ello. El error de diagnóstico puede atribuirse a la alta rotación en los equipos de salud, lo que invalida la formación de capacidades especializadas que permitan diagnosticar correctamente y notificar en forma oportuna las intoxicaciones por plaguicidas. La epidemióloga del Hospital de Talca sólo consideró el caso como sospechoso de intoxicación por plaguicidas después de ser alertada por Salud Ocupacional. En esta oportunidad tampoco se tomaron muestras en el lugar, y al menor no se le hizo el examen de niveles de colinesterasa.

Encubrimiento del uso de plaguicidas
El dueño del fundo Cunquillar y su administrador niegan haber aplicado plaguicidas, y afirman que las quemaduras corresponden a ¡un efecto alérgico provocado por el manzanillón!
Este argumento había sido utilizado anteriormente por la parte patronal, cuando el 22 de octubre de 2004 temporeras de San Clemente que cosechaban habas resultaron con graves quemaduras. Las imágenes de las trabajadoras agrícolas con lesiones y llagas en distintas partes del cuerpo impactaron fuertemente a la opinión pública. Recién 11 días después de ocurrida esa intoxicación llegaron al lugar funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para tomar muestras del cultivo y someterlas a análisis. Debido al tiempo transcurrido, no se encontraron rastros de plaguicidas. Las trabajadoras solamente volvieron a sus casas 15 días después. Pero quedaron imposibilitadas de volver a trabajar en faenas agrícolas, única oportunidad laboral en su comuna.
En 2006, la Corte Suprema de Justicia apoyó la sanción impuesta por la autoridad sanitaria de la VII Región que determinaba que las trabajadoras no contaban con los equipos necesarios para protegerse y el empleador, Antonio Navarrete Rojas, fue multado por más de seis millones de pesos. Sin embargo, las temporeras quemadas jamás fueron indemnizadas.

Historial de este año

Hasta la fecha ha habido 22 casos individuales de intoxicaciones en la Región del Maule, además del brote registrado a comienzos de año en Pelarco durante la cosecha de maíz. Según informó Pamela Mejías, se han estado haciendo talleres de capacitación a personal de atención primaria de salud en Cauquenes y Curicó. Al mismo tiempo, Salud Ocupacional está haciendo sumarios y auditorías en Molina, Lontué y Linares para cruzar los diagnósticos médicos de postas y hospitales y determinar la subnotificación de casos de intoxicación por plaguicidas.
Por otra parte, la Dirección del Trabajo de la Región del Maule inició un sumario, ya que en Chile es ilegal que trabajen en predios niños en edad escolar.

jueves, noviembre 20, 2008

El Pelao Carmona y el Flaco Müller vuelven a lo suyo

(Augusto Carmona, foto del año 1971)

El próximo jueves 27 de noviembre, a las 12 del día, en la sede del Instituto de la Comunicación e Imagen (Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa, Santiago , dos compañeros del área de las comunicaciones se incorporarán a "trabajar" allí, siguiendo el ejemplo de los compas dd y ejecutados de la U de Conce que fueron a recibir sus títulos hace unos días.
Jorge Müller lo hará en el auditorio que llevará su nombre en la Escuela de Cine.
Y Augusto Carmona estará virtualmente presente en la sala de edición de la misma escuela, que será bautizada asimismo con su nombre.
Augusto, el Pelao, fue un profesional de la prensa y la televisión (Punto Final, Canal 9) y un militante revolucionario. Fue ejecutado el 7 de dic de 1977 a las puertas de su casa en la comuna de San Miguel.
Jorge trabajó como camarógrafo en La Batalla de Chile y en muchas otras producciones de la época. Fue detenido y desaparecido junto a su pareja, Carmen Bueno, el 29 de noviembre de 1974.
La iniciativa es del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U de Chile que dirige la periodista Faride Zerán, y de Orlando Lubbert, director de la Carrera de Cine y Televisión, y apunta a llevar la memoria histórica más cerca de las nuevas generaciones.
En la Escuela de Periodismo, por otra parte, ya hay un auditorio que lleva el nombre de Pepe Carrasco. Alumnos de esa escuela han formado parte del equipo que realizó la investigación para "El Diario de Agustín" el documental que destapa la historia de El Mercurio, también desconocida para la mayoría de los estudiantes.
A contrapelo de la amnesia imperante, el Instituto abre sus puertas a la memoria en un ejercicio ligado a la práctica de los nuevos profesionales.
El flaco Müller y el Pelao Carmona estarán sin duda encantados.
Yo estoy expectante. Se remueven cosas en estos días,por eso, y con la proximidad del aniversario. Ya hace 31 años que el Pelao no está. Tengo que contarle todavía de los mellizos que va a tener Eva María, nuestra hija, cuando estalle el verano junto con su ancha panza. ¡Las hormonas de Eva siempre la llevan a tener guagua en enero!
Seguramente Eva, Víctor y Daniela (mis nietos de 6 y un año) y Juan (mi pareja) también estarán allí conociendo la sala de edición, y viendo equipos que en el Canal 9 de entonces por supuesto ni se soñaban: las películas se pegaban manualmente y tenían que revelarse primero, desde luego.
Es curioso como funciona la sincronicidad, en estos mismos días me he estado carteando con Mariano Zarowsky, un tesista argentino que me interrogaba sobre la historia de la toma del Canal 9 de televisión (años 72-73)y eso me hizo buscar frenéticamente en los archivos históricos de Punto Final para poder dar con los antecedentes que él necesita. Encontré artículos muy valiosos de ese tema y otros como el poder popular en esa época.
También va a haber un homenaje en el Instituto Nacional, el 4 de diciembre: el Pelao estudió allí y se les recordará a todos, entre ellos al mismísimo compañero Presidente, que fue alumno del Instituto Nacional.

lunes, noviembre 17, 2008

Huelga de ANEF por sus derechos




(foto del blog de mi amigo Kallejero http://kallejero.wordpress.com/
Los funcionarios públicos chilenos se cansaron de ser tratados por el gobierno de la Presidenta Bachelet como trabajadores de segunda clase y en forma masiva, están ejerciendo con absoluta claridad su derecho a huelga. Impedidos de negociar colectivamente en fo rma efectiva debido a las leyes vigentes en Chile, se apoyan en su fuerza social y en la importancia de sus servicios en el aparato del Estado, para reivindicar su derecho a rechazar que se les cobre los platos rotos por la recesión y crisis internacional. La información mediática sobre su movilización en demanda de un 14.5% de reajuste – muy inferior a un aumento real de ese monto, pues implica la recuperación de un 9% ya perdido por la inflación del año pasado – destaca la molestia de algunos usuarios y las pérdidas económicas, sin explicar que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no tiene objetivamente otra forma de negociar, puesto que continúa vigente una legislación oprobiosa que lo impide.

El informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), dado a conocer en septiembre pasado, había abordado críticamente las restricciones al derecho a huelga que la Concertación ha mantenido vigentes hasta ahora. Conversamos en esa oportunidad con Nicolás Espejo Yaksic, abogado y master en derecho Internacional de los DDHH por la Universidad de Oxford, y director del Centro de Derechos Humanos de la UDP hasta comienzos de noviembre de este año, cuando fue reemplazado en el Centro por el profesor Jorge Contesse Singh. La Universidad de Oxford nombró al Profesor Nicolás Espejo Yaksic – quien confesó haber trabajado muchas veces a contrapelo de tendencias dentro de la UDP - como profesor visitante para el período 2009. Se propone crear más adelante una corporación que cuente con un equipo jurídico para la defensa de casos de derechos humanos.



¿Cuál es la visión que entrega el informe 2007 de la UDP sobre los derechos laborales?
"Nosotros constatamos que el derecho a huelga continúa reducido en la legislación chilena a la negociación del convenio colectivo; y persisten numerosas restricciones sobre su ejercicio, como por ejemplo el hecho de que se permite el remplazo de los trabajadores. Según la OIT y la mayoría de la legislación comparada, también es legal una huelga que se hace para manifestar opiniones políticas o ir a huelga para referirse a demandas de justicia de otros gremios o sectores sociales. Este año, el principal derecho fundamental, el más potente para poder avanzar no sólo su causa individual sino la causa de todos, que es el derecho a la huelga, tiene restricciones altamente preocupantes desde el derecho internacional de ddhh. Hay una fuerte restricción normativa a la definición del derecho a huelga. En Chile sólo está definido por razones "egoístas", pero la huelga, en el derecho internacional en la OIT no se define exclusivamente sólo como eso, la mayoría de legislación comparada permite la huelga por otras razones y no las castiga. No sólo es restrictiva sobre cómo ejercerlo sino conceptualmente lo es en Chile.

Asimismo nos preocupan las sentencias hostiles al derecho a la huelga emanadas de la Corte Suprema y la Contraloría, y que los medios de comunicación presenten un escenario agudizado de la conflictividad laboral aunque estadísticamente el promedio de huelgas legales e ilegales en 2007 (295 en total) fue similar al de los últimos años."

En el capítulo del informe referido al derecho a huelga, elaborado por el profesor José Luis Ugarte, se critica la disposición incluida en la ley sobre Seguridad Interior del Estado y aplicada en tiempos de Pinochet, que establece como delito la huelga de los servicios públicos cuando "produzca alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública". El documento sostiene que actualmente esta norma legal busca criminalizar la disidencia política laboral. Recuerda asimismo que la Organización Internacional del Trabajo OIT y el Comité de Derechos Económicos y Sociales dependiente de Naciones Unidas han demandado del gobierno chileno la reforma legal del artículo 384 del Código del Trabajo que incluye actualmente el listado de "servicios esenciales de utilidad pública" a los cuales está impedido el derecho a huelga. La jurisprudencia de la OIT respecto de la posibilidad de restringir excepcionalmente el derecho a huelga, ha acuñado la expresión "servicios esenciales en sentido estricto del término", abandonando la idea inicial de "identificar servicios esenciales con sector público, y también la del mero perjuicio público por su vaguedad". La OIT ha sentenciado que por servicios esenciales debe entenderse "servicios cuya interrupción poría poner en peligro la vida, la seguridad, o la salud de la persona en parte o toda la población".

¿Concuerda usted con la afirmación de que vivimos una criminalización de la protesta social?

"Sí. Hay una tendencia por parte del Estado de Chile de reducir la protesta de los trabajadores, los secundarios, u otros, a actos de delincuencia o hechos irracionales. Esto se aprecia en la retórica de los funcionarios de gobierno o en la autorización general dada a carabineros para acercarse al tema desde una perspectiva policial. También observamos una aquiescencia a mantener un altamente criticado e ilegal sistema de justicia militar que determina las sanciones contra policías denunciados y personas que participan en la protesta."



¿Coincide con el Informe evacuado por el Relator de la Comisión Interamericana de DDHH Florentín Meléndez sobre personas en prisión luego de su visita a Chile en septiembre?

"Totalmente. Junto con celebrar el avance en la construcción de nuevas cárceles y la dictación de la ley penal adolescente, ese informe es bastante drástico en señalar que observa patrones sistemáticos de violencia, tortura y uso excesivo de la fuerza. El informe da cuenta de condiciones de hacinamiento "no vistas en ningún otro país de Latinoamérica". Nosotros concordamos que estos problemas son estructurales dado el constante crecimiento de la población penitenciaria, que de 22000 aumentó a más de 45.000 personas privadas de libertad entre 1995 y 2007, con un promedio anual de 6,5%. Observamos una contradicción entre la política criminal (la llamada agenda corta contra la delincuencia) que puede estimular la privación de libertad de muchas personas, relacionada sólo con el tema de la seguridad, y el sistema penitenciario, que va por el carril de las concesiones."

Un artículo publicado en La Nación el pasado 4 de agosto, denuncia prácticas de torturas como parte de la formación de los gendarmes. ¿Conoce el caso?
"No tengo los datos para referime a eso, pero es efectivo que hay prácticas sistemáticas de violencia, tortura y castigo al interior de gendarmería y SENAME. Se requiere una reforma en cuanto a la capacitación, el tipo de personal, y los sistemas de control administrativo y judiciales que permitan responder rápidamente a este tipo de denuncias. Nos llama la atención la negación del Estado y del Ministerio de justicia frente a estas prácticas. Permanecen en un silencio impresentable. El informe del Relator debe ser visto como una oportunidad para reconocerlo y pasar a una reforma integral de gendarmería y Sename, cuyo personal debe tener formación en ddhh para ser garante de los derechos."

¿Cuáles aspectos deberían ser abordados por una política penitenciaria?

"El Estado de Chile tiene una muy mala política penitenciaria porque cuando la tiene no suele tener por objeto central la prevención, el respeto a los privados de libertad, su reinserción, su rehabilitación. Llega tarde y mal. El relator llama la atención sobre la inexistencia de jueces de ejecución de penas. El momento más brutal es cuando el individuo ya fue detenido. El sistema penal debe preocuparse de cómo se cumpla su pena, tarea que están cumpliendo en forma notable algunos jueces de garantía (a veces amonestados por ello) y también la fiscal de la Corte Suprema, Mönica Maldonado."

¿Cuál es la situación de los adolescentes presos?

"Su situación es particularmente crítica porque en general los centros dependientes del Sename tienen deficiencias estructurales enormes en calidad y en los regímenes a que los adolescentes están expuestos. No existen instituciones especiales ni hay personal, capacitación y medios que aseguren el impulso de la rehabilitación que la ley penal adolescente establece."

¿Y su visión de cómo enfrenta el Estado las demandas mapuche?

"El Estado está exhibiendo serios problemas de coordinación entre las distintas políticas aplicables al pueblo mapuche que hará menos probable el logro de una solución política de largo plazo por parte del asesor presidencial. Si el problema mapuche es complejo, la respuesta también debería serlo. Por una parte hay ciertos avances como es la política 'Reconocer' para avanzar en la inclusión y participación política efectiva, la compra de tierras, etc, pero surgen dudas serias sobre la coherencia entre estas políticas y la persecución policial.

En las declaraciones de personeros de gobierno como Pérez Yoma, Vidal, o Harboe, uno advierte que su prioridad es cumplir con otorgar orden y seguridad a la zona, más que dar una respuesta más amplia, sin perjuicio de que todos tengan la protección de la ley. No se escucha la voz del asesor presidencial y se olvida la
deuda histórica con el pueblo mapuche, reconocida en el informe del "Nuevo Trato" elaborado durante el gobierno de Lagos. No se puede caer en el juego de aplicar la ley antiterrorista,ni hacer un cheque en blanco a policías o fiscalías para reprimir.

En el caso de Elena Varela, que nosotros llevamos ante la Comisión Interamericana de DDHH se la investiga por actos que están vinculados con la causa indígena aunque se diga inicialmente otra cosa.. Nosotros hemos denunciado las irregularidades ante la Comisión Interamericana de DDHH, que ahora le solicitó información al gobierno de Chile sobre las razones que tuvo para incautar su material audiovisual."

¿Qué plantea sobre el AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) en salud de acuerdo a la ley vigente?

"Lo central es que las garantía universales explícitas que se prometieron, los mínimos sanitarios que el Estado se comprometió a cubrir, no son verdaderamente universales porque discriminan por edad, sexo o región. Es efectivo que los Estados tienen problemas de recursos, pero si se hacen restricciones deben aplicarse por sobre los mínimos y afectar a todos por igual.

Hay falta de claridad de porqué algunos pueden acceder a un tratamiento y otros no. Por ejemplo, hay patologías explicadas en el informe que afectan a la mujer y no tienen cobertura completa en todo Chile."
¿Qué señalamientos hace el informe respecto de otros temas de DDHH?
"Criticamos la inexistencia de un Defensor del Pueblo, que defienda efectivamente los derechos humanos. Consideramos además impresentable la vigencia de la justicia militar pese a la sentencia dictada en el caso Palamara por la Corte Interamericana, caso en que el proyecto de ley de gobierno incumple con la sentencia. Requerimos una reforma legal y explícita al tema de la amnistía, porque hay jueces que pueden recurrir a ella en casos que son imprescriptibles de acuerdo al derecho internacional."
¿Y sobre la libertad de expresión?

"Nos preocupa la altísima concentración de la propiedad de los medios, agudizada en el caso de las radios. En general de parte de los reguladores del mercado no hay sensibilidad en cuanto al pluralismo de la información. Se ve como una prestación más entre privados y no hay interés de garantizarlo. Con respecto al avisaje público echamos de menos reglas más fuertes y sofisticadas para minimizar el impacto que puedan tener en esa concentración. Hay estudios que muestran la existencia de un subsidio público a los que menos lo necesitan."
¿Qué sostiene el informe sobre las denuncias ambientales en el sector de Rinconada de Maipú?
"Vimos en ese caso un ejemplo claro de la concentración de efectos adversos de costos ambientales en una comunidad modesta: extracción de áridos, basurales, desechos, falta de pavimentación y descarga de residuos. Siempre se habla de los impactos en la naturaleza pero se oculta lo que ocurre con las comunidades, por ejemplo en Arica (los niños afectados de contaminación por plomo) o lo que viven los niños de Pudahuel, que no respiran el mismo aire que en La Dehesa. Eso debería tomarse en cuenta para ver la idoneidad de un proyecto, o recibir protección por parte de un tribunal. Queriamos visibilizar este punto de la injusticia ambiental."

¿Cómo evalúa el informe la posición de los políticos en temas de derechos humanos?

"Nos preocupa el uso discrecional del discurso de los ddhh. Si bien la UDI sigue justificando con la amnistía la impunidad de quienes han cometido los delitos más graves, la Concertación no parece considerar un problema la tortura cuando tiene que verificar casos de tortura de adolescentes privados de libertad o cuando ejerce la represión por la protesta social. Por eso creemos importante que se legisle sobre el Defensor Público. * Preocupa el rol del Consejo de Defensa del Estado que pide la prescripción penal y civil de ciertos casos, y los fallos en que las cortes han declarado la prescripción, una tendencia que debe revertirse. Las convenciones obligan a los Estados no sólo a no violar los derechos sino también a adecuar todo su aparato a esa obligación. Creo que la Concertación perdió la oportunidad de liderar ese proceso de transformación en que las instituciones del Estado de Chile tengan como mérito central la protección de los derechos de las personas."

¿Saben los jueces chilenos de derecho internacional de ddhh?

"Hay una ignorancia estructural en Chile. En las facultades de derecho en general, somos pocos los que trabajamos el tema. La mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional evidencian una cierta hostilidad y/o desconocimiento de ello, y la clase política tampoco es versada. Los abogados y jueces conocen poco de doctrina de derecho internacional.** Sin embargo los jueces de garantía - los más criticados - incorporan los estándares de ddhh y en general conservan los derechos de las personas que están puestas frente a la violencia del Estado. Si a uno no le gusta eso, entonces no le gusta la democracia, que en un estado de derecho y no un circo romano."

¿Por qué se hace este informe?

"Hemos trabajado esto incluso en contra de tendencias dentro de la Universidad.
Lo hacemos para decir lo que el Estado aprende a callar, en un país con una gran ausencia de instituciones que hagan crítica frontal en materia de derechos humanos. En otros países la sociedad civil tiene muchos recursos y estructura para ello, pero aquí no es así."

Notas mías
* * El proyecto de creación del Defensor Público (Ombudsman)(al que se refiere Espejo) pendiente desde 2003, fue rechazado el 12 de noviembre en la Cámara. Los votos en contra de la UDI impidieron el quorum necesario.
* ** A propósito de los jueces y su "ignorancia" o lenidad. El ministro en visita Víctor Montiglio acaba de absolver al ex general de Ejército Arellano Stark por los crímenes de los que él mismo lo responsabilizó en el caso Caravana de la Muerte, fundamentando su decisión en el actual estado de salud (Alzheimer) que le impediría cumplir la sentencia.

jueves, noviembre 13, 2008

Amplia solidaridad con estudiantes juzgados por ley antiterrorista



foto de www.paismapuche.cl

La Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica y el Colegio de Antropólogos, junto a diversas organizaciones de derechos humanos de Temuco y del país, solidarizaron el jueves 6 de noviembre con Fénix Delgado Ahumada y Jonathan Vega Fajardo, alumnos de la Universidad Católica de Temuco a quienes se ha aplicado la ley antiterrorista para mantenerlos en prisión preventiva por ocho meses. Los jóvenes, detenidos el jueves 30 de octubre, fueron acusados de lanzar una bomba incendiaria contra carabineros.

El comunicado reafirma que los jóvenes son estudiantes, y denuncia la aplicación de torturas físicas y sicológicas a ellos, lo que constituye "un grave retroceso en la política de derechos humanos de la Presidenta Bachelet, retomando una política criminal y discriminatoria" que la mandataria había asegurado no aplicar nuevamente.
Asimismo denuncia que se trata de un montaje más, en el cual "frente a la opinión pública, Fénix y Jonathan aparecen como culpables, cuando el proceso investigativo recién comienza, yendo en contra de la presunción de inocencia".

En el juicio oral, por otra parte, según el sitio www.paismapuche.cl, se decretó que el menor identificado como R.H.I, también detenido, deberá regresar a la cárcel de menores de Chol Chol por un plazo máximo de 15 días. Luego se revisará la medida cautelar impuesta consistente en arresto domiciliario total por seis meses, que podría ser cambiada por arraigo nacional. El joven es alumno del Liceo Industrial, con promedio de notas sobre 6. Los universitarios fueron derivados a la cárcel de Temuco a cumplir ocho meses de prisión preventiva, con restricción de visitas y con la "petición especial" de la fiscalía de solicitar a gendarmería de Temuco si cuenta con condiciones de seguridad para mantenerlos en el penal de la ciudad. De lo contrario se evaluaría trasladarlos a una cárcel de mayor seguridad como la de Santiago. Como precedente a esta situación está el caso de Waikilaf Cadin que pasó cerca de un año en la CAS de la capital.

"País mapuche" informó que a la audiencia oral solo dejaron entrar a los padres. Los otros familiares, amigos y grupos de apoyo debieron esperar afuera del edificio de tribunales, con una fuerte custodia policial. Las penas que arriesgan Fénix y Jonathan van de los cinco años y un día a los 20 años y un día de presidio. En el caso del menor de 16 años, procedería la ley de responsabilidad penal juvenil, posterior a la antiterrorista, con lo que podría ser condenado desde tres años y un día a los cinco años y un día con el "beneficio" de libertad asistida.

A continuación el texto completo de la declaración citada anteriormente, que está firmada por Familiares y Amigos de los Estudiantes Procesados - Asamblea de Estudiantes de Antropología de la Universidad Católica - Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica - Observatorio Ciudadano - Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH) - Comisión Ética contra la Tortura (CECT) - Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (AFDD-EP)- Polo Izquierda de la Memoria - Agrupación de Ex Presos Políticos - Asamblea de Estudiantes Secundarios Populares - Centro de Estudios Simón Bolívar - Corporación de Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU) - Colegio de Antropólogos A.G.

"1.- Queremos reafirmar que los mencionados jóvenes son estudiantes del tercer año de la Carrera de Licenciatura en Antropología de la Universidad Católica de Temuco, y no corresponde afirmar, como lo han señalado directivos de la Universidad, que son ajenos a ella. Producto de la situación económica – como es la tónica habitual de los estudiantes en Chile-, no han podido matricularse, lo que es un tema sólo de orden administrativo ya que ellos asisten a diversos cursos según su desarrollo curricular actual, cumpliendo con las exigencias formales de éstos (asistencias, trabajos, pruebas, etc.)

2.- Condenamos enérgicamente la aplicación de la ley antiterrorista que ha permitido incomunicar y que ha derivado en la aplicación de torturas físicas y psicológicas. Además de los cinco días de prisión preventiva que debieron soportar, han restringido las garantías y los derechos fundamentales de las personas mencionadas.

Lo anterior constituye un grave retroceso en la política de los derechos humanos de la Presidenta Bachelet, retomando una política criminal y discriminatoria. El uso de la violencia policial del estado, no es el camino que permitirá construir una sociedad más justa, basada en la confianza.

Llamamos al Estado chileno a considerar las recomendaciones que hiciera en marzo del año pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que señaló que la ley antiterrorista chilena debe ser modificada pues tiene un marco de aplicación demasiado amplio. La aplicación de la Ley Antiterrorista no es congruente con las palabras de la propia presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, quien manifestara su intención de no aplicarla durante su mandato.

3.- Exigimos el respeto a los principios del debido proceso. Que no se violen los derechos de las personas, se sancione los procedimientos policiales contrarios a estos derechos, que se observen las actuaciones del Ministerio Público que vulneran el debido proceso. Fénix y Jonathan han sido torturados, maltratados física y sicológicamente.

4.- Finalmente, queremos llamar a los medios de comunicación a ser imparciales en la información, a considerar el punto de vista de las verdaderas víctimas que hablan a través de sus abogados y familias. Aquí los acusadores, fiscales y policías han hecho un verdadero montaje y creado un cerco mediático, haciendo creer que los jóvenes son terroristas. Han tergiversado y magnificado. Han forzado la idea de hacer creer y vincular a los chicos con otras situaciones ocurridas en el año, enmarcadas con la digna lucha del pueblo mapuche, que reclama justicia. Frente a la opinión pública, Fénix y Jonathan aparecen como culpables, cuando el proceso investigativo recién comienza, yendo en contra de la presunción de inocencia y eso es simplemente, INJUSTO."
Temuco, jueves 06 de noviembre de 2008.

jueves, noviembre 06, 2008

Guru Dev me certifica como sanadora en SAT NAM Rasayan



Tengo demasiados temas de los cuales escribir, pero lo primero es lo primero. Por algo este blog se llama periodismo sanador. El fin de semana pasado estuve en un taller de Sat Nam Rasayan impartido por Guru Dev en Batuco, en el ashram de la Escuela de Kundalini Yoga de Chile que dirige Hari Nam Kaur. Guru Dev es el maestro de esta técnica de sanación yóguica ancestral, que le fue transmitida por Yogui Bhajan para que pudiera ser hecha por gente común y silvestre como yo (sobre todo silvestre)y como miles en el mundo que ya la han aprendido. Organizó el taller Amrit Kaur, que trabaja junto a Hari Nam.
El primer taller con Guru Dev lo hice en 1998. Y ahora recibí mi diploma de entonces, junto a otros sanadores que también se iniciaron en esos años! No tenía noción del paso del tiempo. Fue emocionante e importante para mí recibir el papel simbólico de manos del maestro. Guru Dev les dijo a todos que no serían los mismos después de esa experiencia del taller, y es así, tal cual. Mi mundo se amplió en 1995, cuando asistí al taller inicial que dio Hari Kirn. Yo ya hacía shiatzu, una técnica japonesa que también sigo practicando. Escribí sobre SNR en "Uno Mismo" y lo voy a postear aquí en estos días, para explicar lo inexplicable, o sea cómo sana uno con sat nam rasayan. Pero en realidad hay que vivirlo.
Mis manos sirven para dos cosas, fundamentalmente: sanar y escribir. El orden de los factores va cambiando de tanto en tanto, pero no altera el producto. Creo.

lunes, octubre 20, 2008

"Blancas abandonan" : Pablo Varas en Valpo

“Blancas abandonan y otras historias de resistencia”, de editorial Quimantú (2007) está siendo presentado en en el “Valparaiso Mi Amor”, de calle Papudo, Cerro Concepción (Valparaíso) el miercoles 22 de octubre, a las 20:00 hrs, por su autor, que viajó desde Bélgica. Pero los cuentos de Pablo Varas Pérez en realidad no lo son. Son poemas contados. No, perdón, son recuerdos hilados. Más bien son sueños de un sobreviviente del horror, revelaciones de un insomne, conversaciones con los ausentes. Que estos personajes, los protagonistas de las historias de Pablo Varas lleguen al ‘puerto principal’ de la canción, resulta lógico porque echaron a andar, como anuncian ellos mismos y quienes como Pablo los han hallado deambulando por las calles del sur y del norte y de Santiago.

La historia “Blancas Abandonan” que da su nombre al libro, ganó el premio Rodolfo Walsh 2003 de cuentos documentales otorgado por la Sociedad de escritores/Círirculo de periodistas de Argentina . El ajedrez y el retorno a la infancia ponen sordina a los fusilamientos, al fin del gobierno popular, al vuelco total en la vida de los mineros de Lota. El contraste entre el tono casi lúdico de la historia y la realidad le entrega mayor fuerza al relato.

Ese permanente contrapunto entre la cotidianeidad y la violencia marcan la escritura urgente de Pablo Varas que de alguna manera se mete en el pellejo de los combatientes, de los que resistieron y fueron abatidos por la dictadura, para entonar ahora su victoria final contra el olvido. Están –entre otros - los enamorados como Carmen y Jorge, o los hijos amantes como Pablo, combatiente en Neltume; Víctor ejecutando su salto mortal a la libertad desde el techo de la cárcel; Lucho, el pianista/miliciano de Pudahuel abatido cuando estaba armado sólo con sus partituras; Pato, el profe de historia y poeta, hijo de ferroviario, que creía que había que ayudar a los pájaros a cuidar el fuego y que tenía “sus propias locomotoras y sin duda sus propias estaciones” cuyo viaje terminó con la crueldad de la vida de ese tiempo.

Pablo Varas es ex preso poítico mirista, y forma parte del colectivo de "las historias que podemos contar" . El explica su escritura como “una profunda expresión de afecto por los camaradas, que contribuya a asustar al olvido y que permita que los hijos de los hijos puedan soñar también con ese jirón de piel y de historia que esperamos construir. “

Su escritura por encargo de la memoria nos devuelve a los caídos en la lucha antidicatorial, nos acerca a sus breves e intensas vidas para poblarnos de interrogantes sobre el ayer, sobre el hoy, sobre el mañana. Son relatos hasta hoy marginales, fuera de la historia oficial que los hip-hoperos rebeldes de hoy podrían también cantar.

jueves, octubre 16, 2008

Antonio Guerrero cumple 50 años y ve pasar el colapso del neoliberalismo

María Eugenia, hermana de Antonio Guerrero, junto a miembros de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, en Santiago.

En su cumpleaños número 50, que fue recién el 16 de octubre, el cubano antiterrorista Antonio Guerrero, ingeniero y poeta, escucha quizás en sordina en la cárcel de alta seguridad del estado de Colorado, Estados Unidos, los ecos del desplome de la economía norteamericana y los anuncios esperpénticos del gobierno de Bush buscando frenar el colapso del neoliberalismo y asegurar el bienestar de los poderosos. Tras las rejas penitenciarias de Florence, no es posible ver las noticias sobre Wall Street, las quiebras de bancos, las familias que pierden su hogar y los padres que quedan sin empleo. La tv está prohibida. No es raro tampoco que Antonio ni siquiera pueda escribir, como cuenta en su libro “Desde la altura”, publicado en La Habana en 2001.
“Hace tres días que no puedo escribirte,
Y tú intranquilo volando, de rincón en rincón
Alegre en la mañana, nostálgico en la tarde,
Soñador en la noche.

Hace tres días, perdóname poema
Me dejaron sin lápiz. “

Sin diarios, y sin revistas están Antonio y sus compañeros, los otros cuatro patriotas cubanos, que sin embargo reciben cartas de solidaridad de todo el mundo. En Chile, Sandra Rojas, activa impulsora de la Coordinadora de Solidaridad les escribe a los cinco una vez al mes, y lleva ya más de 600 cartas… Y así, de alguna manera se filtrarán sin duda hechos que puedan hacer sonreír en su cumpleaños a este ingeniero, que en Cuba estuvo a cargo de la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba. El tenía 40 años cuando fue arrestado. Trabajaba en un taller de metales en la Base Naval estadounidense de Boca Chica, Florida. Fue detenido junto a otros cuatro patriotas cubanos dispersos ahora en cárceles de Kentucky, Tejas, California, Wisconsin y Florida. Todos formaban parte de la red Avispa Roja que alertaba a la isla sobre los planes de las organizaciones terroristas del exilio cubano de Miami.

María Eugenia Guerrero, hermana de Antonio, acaba de partir a Australia luego de visitar Chile, donde este sábado 11 presidió en el instituto Alejandro Lipschutz un acto realizado por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, revelando las difíciles condiciones de la vida de Antonio en una cárcel con un reconocido historial de violencia, maltrato y racismo. En abril de este año, durante la última visita de María Eugenia y su madre, Mirta, a la cárcel de Florence, Colorado, vivieron aterradas los disturbios que en el patio de la prisión cobraron la vida de dos prisioneros y les significaron a ellas la interrupción de su derecho a visita.

Tony, el hijo de Antonio, es abogado y trabaja activamente desde Cuba en su defensa, que en Estados Unidos está a cargo del abogado norteamericano Leonard Weinglass (75 años, Universidad de Yale). Weinglass visitó Chile a comienzos de septiembre, donde enfrentó con serenidad la noticia del rechazo del último recurso legal de apelación por los cinco cubanos antiterroristas encarcelados en Estados Unidos.

El fallo
La corte ratifica las penas de cadena perpetua para Gerardo Hernández, y de 15 años para René González. Ellos deberán recibir nuevas sentencias en Miami, que deberían ser dictadas por la misma jueza que en 2001 condenó a prisión perpetua a Antonio Guerrero y a Ramón Labañino y a Fernando González, le dió 19 años.

En la marcha por la libertad de los Cinco, realizada frente a la Casa Blanca al cumplirse los 10 años de prisión, en septiembre de este año, se leyó una carta en que Gerardo Hernández expresaba: “Alguien mencionaba recientemente que ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema. Yo diría que es, en todo caso, la penúltima. La última palabra en el caso de los Cinco la tienen ustedes, nuestras hermanas y hermanos de Cuba, de los Estados Unidos y de todo el mundo, que a lo largo de estos años han sido nuestra principal fuente de aliento. Nuestras esperanzas no están depositadas en ninguna corte. Diez años son más que suficientes para habernos curado de cualquier ingenuidad. Sabemos que la razón está de nuestra parte, pero para que se haga verdadera justicia necesitamos un jurado de millones de personas en todo el mundo, y los necesitamos a ustedes, defensores de las causas justas, para dar a conocer nuestra verdad.”

El abogado Weinglass -a quien entrevisté para Punto Final Nº 672 luego de acompañarlo como traductora en sus actividades - se enteró del rechazo de su apelación en Santiago de Chile, al finalizar el intenso programa preparado por el Centro de DDHH de la Universidad Central - presidido por el ex juez Juan Guzmán - y por la Coordinadora de Solidaridad con Cuba. Anunció entonces que el 1º de diciembre solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos la revisión del caso. La respuesta se conocería entre febrero y junio de 2009. El jurista sostiene que la libertad de los cinco cubanos depende ahora en gran medida de la presión de movimientos sociales, juristas, y luchadores por los derechos humanos. El ex juez Guzmán solidarizó con su causa, ya que él mismo asistió a una de las etapas del juicio –en Atlanta- comprobando las irregularidades. El presentó a Weinglass ante colegas chilenos de organizaciones de derechos humanos, y ante la Asociación Americana de Juristas, bautizando a Weinglass como “Gladiador”, por su lucha contra el imperio y en pro de los derechos humanos.

Vasta trayectoria
Weinglass logró en 1972 la absolución de la afroamericana Angela Davis, acusada de asesinar a un policía. También defendió a Jane Fonda en su demanda contra Nixon y a “los 8 de Chicago” que en 1971 revelaron los documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. En 1987, demostró la inocencia de Amy Carter, hija del ex mandatario Jimmy Carter, por la toma del edificio de la Universidad de Massachussetts. Enarbolando la doctrina jurídica de la “necesidad”, argumentó que ella cometió un delito menor para evitar un mal mayor: el ingreso al campus de agentes que buscaban reclutar estudiantes para la CIA, responsable de crímenes y asesinatos. En 2003, Glasswein logró la libertad condicional para Kathy Boudin, del movimiento radical de los Weather Underground, luego de 23 años de prisión.

¿Qué hechos hacen de Los Cinco de Cuba un caso sin precedentes en la justicia norteamericana?
“A ellos no se les condenó por violar nuestras leyes, sino por dejar en evidencia a quiénes sí lo hacían. Al infiltrar la red terrorista en Florida ellos demostraron la hipocresía de Bush, que protege a los terroristas en Estados Unidos.
Es primera vez en nuestra historia que se ha sentenciado a personas por un cargo de conspiración para cometer espionaje, sin que hubiera ni una sola página de documentos clasificados obtenidos por ellos.
También es primera vez que se condena por “conspiración para cometer asesinato” a alguien que estaba en Estados Unidos cuando las víctimas mueren. Gerardo Hernández estaba en Miami el día en que la Fuerza Aérea de Cuba derribó a dos aviones tripulados por miembros de “Hermanos al Rescate”que amenazaban su espacio aéreo. Murieron cuatro miembros de esa organización para-militar. La aeronáutica civil de Florida alertó a Cuba de este vuelo. El jurado oyó grabaciones de las autoridades cubanas solicitando al piloto salir de su territorio. Pero la sentencia afirma que él se concertó con los pilotos de los Mig para derribar ese avión.
Tampoco había sucedido nunca que una sala de la Corte de Apelaciones del Circuito de Atlanta, revocara un fallo federal. Joan Lenard, la jueza del distrito de Miami dependiente del citado circuito, había rechazado la petición de la defensa de trasladar el juicio a una ciudad a 40 km de Miami. En agosto de 2005, los tres jueces de apelaciones revocaron las condenas perpetuas dictadas en 2001 por cargos derivados de su pertenencia a la red de espionaje Avispa Roja, sosteniendo que los acusados no tuvieron un debido proceso, a causa del predominante prejuicio anticubano. Era un fallo histórico. La administración Bush adoptó otra decisión inédita:apelar sometiendo el caso al plenario de doce jueces del Decimoprimer Circuito de Atlanta. Así se revocó, en 2006, ese fallo. El juicio en Miami duró siete meses, es el más largo que se conozca en estos tiempos, con 119 volúmenes de transcripciones.
Pese a las dramáticas acusaciones y declaraciones de los testigos, sólo la prensa de Miami habló del caso. ¡En Chile hablé con más periodistas y jueces de los que he podido contactar en Estados Unidos durante los cinco años que he trabajado en el caso!”

¿Quiénes fueron esos testigos?
“Declararon aseverando que su misión en Estados Unidos no representó peligro alguno para la seguridad de Estados Unidos, Richard Nuccio, el ex consejero presidencial sobre Cuba del ex Presidente Clinton; el almirante ® Eugene Carroll, miembro del Centro de Información para la Defensa de EE.UU y los generales ® de ejército James R. Clapper, Charles Elliot Wilhelm y Edward Breed Atkeson. Además, los fiscales y abogados defensores grabaron en Cuba la declaración del ex jefe de la contrainteligencia General Fabián Escalante, sobre el historial de agresión por los grupos paramilitares de cubanos exiliados, acerca de lo cual también declaró el teniente Roberto Hernández Caballero, el único oficial cubano que lo hizo en Miami.”

“Los cinco” y su historia

¿Cómo describiría usted a los cinco?
“Son valientes. Tienen sólidos principios y están decididos a defender a su país, por eso emprendieron una misión tan peligrosa. En Angola hay un activo Comité de Solidaridad con los 5 porque en 1988, René González, Fernando González y Gerardo Hernández combatieron en la batalla de Cuito Cuanavale, que selló la suerte del colonialismo en Africa.

En Estados Unidos ellos estaban desarmados y no cometieron ningún daño contra bienes norteamericanos ni hicieron acto alguno de sabotaje.
Desde que ellos alertaron al gobierno cubano sobre los planes terroristas de Hermanos al Rescate, Alfa 66 y otros, nunca más hubo que lamentar muertes o sabotaje en la isla.
Mi cliente, Antonio Guerrero, a diferencia de los otros cuatro, que infiltraron organizaciones mercenarias, trabajaba en un taller de metales en la Base Naval estadounidense de Boca Chica, ubicada en Key West a una distancia de apenas 4 minutos de vuelo con Cuba. Su tarea era reportar las actividades abiertas de esa base de entrenamiento de pilotos, que no tenía guardias ni vallas de acceso. El comandante de la base explicó en el juicio que ellos querían que viniera la gente a conocer el lugar y tomaran fotos de los aviones, para que así supieran en qué se gastaban sus dineros como contribuyentes.”

¿Fue grande el impacto de su detención?
“Enorme. De inmediato el Pentágono y el Ministerio de Justicia sacaron una declaración asegurando que él no había tenido acceso a documentos secretos en Boca Chica, y eso mismo le dijeron al jurado. Lo condenaron porque ‘tenía la intención de espiar algún día’ según ellos. Antonio postuló al empleo con su identidad real como cubano americano, graduado de ingeniero en la Unión Soviética. Uno de los cargos que le hicieron fue no haber cumplido con la ley que obliga a los agentes extranjeros a advertir al Ministerio de Justicia. No hacerlo acarrea una sentencia de diez años de prisión.”

¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa?
“Se intentó usar la doctrina de necesidad que esgrimí al defender a Amy Carter. Este era un caso de autodefensa, en que ellos actuaban como agentes infiltrados en las organizaciones cubano-americnas y reportaban su información al gobierno cubano para detener el terrorismo que había significado en total más de 3.600 muertes, atentados y múltiples actos de sabotaje orientados, en los 90, a impedir que Cuba pudiera desarrollar la industria del turismo y se derrumbara, como efecto de la crisis declarada por el colapso de la Unión Soviética.
Cuando se inició el juicio en Miami la defensa le informó a la corte que iba a usar esta doctrina, presentando35 documentos que mostraban la muerte en 1997 del turista italiano Fabio Di Celmo, bombas en buses de turistas, etc. La defensa llamó a declarar a los terroristas responsables de esos actos, ya identificados por Los Cinco. Sin embargo la jueza, luego de escucharlos sostuvo que la defensa no había logrado acreditar la defensa por necesidad. Ordenó retirar las pruebas y no tomar en cuenta esas declaraciones.
En la apelación rechazada ahora, incluí un texto escrito por un jurista brillante de la Facultad de Leyes del estado de Utah. Afirma que es un error no aceptar esa doctrina ya que estos hombres estaban haciendo una obra de bien al tratar de detener la violencia.”

¿Qué pueden esperar los 5 cubanos si Obama gana la elección presidencial?

“El pueblo chileno sabe muy bien que la salida de escena de alguien que ha tenido el poder a nivel nacional no es sinónimo del fin de todo el mal, porque permanece su herencia de continuidad. En Chile, me ha parecido alentador constatar que la izquierda está viva, luchando contra la herencia de Pinochet sobre la base del legado del Presidente Allende, que no se ha olvidado.
En Estados Unidos la herencia de Bush es el poder imperialista, acompañado ahora de un fuerte control de la población. El desmantelamiento del aparato construido para ello no se logra de la noche a la mañana. Es probable que se reconsideren los excesos de la política de Bush. Tal vez ya no habrá tortura, se cierre Guantánamo, se reduzcan las fuerzas en Irak, y disminuyan algunos excesos derivados de la Ley Patriótica contra el terrorismo. Pero no habrá cambios estructurales. La administración de Obama continuará con los objetivos fijados en Afganistán y eso nos podría conducir incluso a un nuevo Vietnam.
En cuanto a los Cinco Cubanos, es posible que ya no sean objeto de tanto maltrato y a las esposas se les permita visitarlos, porque ahora dos de ellos no han visto a sus esposas en estos diez años.
Ciertamente, el presidente tiene la facultad de conmutar una pena una vez concluido el juicio. En 1999, al finalizar la presidencia de Clinton, logré el indulto para el líder independentista portorriqueño Juan Segarra Palmer, miembro de “Los Macheteros” que llevaba 19 años en prisión. Es más difícil saber si Obama liberaría a los cinco, especialmente en el caso de Gerardo Hernández, porque las familias de las cuatro víctimas del derribamiento de los aviones que sobrevolaron La Habana viven en Miami. Su defensor es el presidente del Colegio de Abogados de Florida, y futuro Presidente de la Asociación Nacional de Abogados. Miami decidió la última elección presidencial.Allí viven 650.000 cubano- americanos, y su Alcalde, los concejales, el Presidente de la Cámara de Comercio y el dueño del diario Miami Herald también lo son. Por eso en 1997, cuando el gobierno cubano advirtió al gobierno norteamericano a través del almirante ® Eugene Carroll que debía impedir que los aviones de Hermanos al Rescate continuaran sobrevolando Cuba, y que a partir de esa fecha defendería militarmente su espacio aéreo, Washington no hizo nada. Miami es la única ciudad de Estados Unidos que tiene una política de relaciones exteriores propia, orientada a derribar el gobierno de Raúl Castro.”

¿Cómo puede ser optimista con este panorama?

“En mis 50 años de abogado he visto mucha injusticia, pero también la reparación de mucha injusticia. Por eso no soy pesimista. En los casos políticos el proceso está vinculado con la fortaleza de los movimientos políticos. He visto éxitos notables cuanto esos movimientos son fuertes, como el caso de Angela Davis. Además, cuando visito a los cinco, y veo su fuerza y convicción, eso me da la inspiración necesaria para seguir trabajando con más fuerza. Para mí también son héroes.”

¿Había estado antes en Chile?
“Sí. Sólo días después del golpe, el estudio en que yo trabajaba en Nueva York recibió una petición desde Cuba, de indagar qué había sucedido al economista Jaime Barrios, asesor del Presidente Allende, cuya esposa era cubana. Viajé a Chile la semana después del golpe militar. Pero nada pude hacer, él había sido hecho prisionero, se negó toda la información sobre el caso, y entiendo que hasta ahora permanece desaparecido.”

¿Esa estadía en Chile lo marcó a usted?
“Totalmente. Por eso en mis charlas aquí yo partí pidiendo perdón por el papel de Estados Unidos en el golpe militar, por su rol aquí y en tantos otros lugares…Milan Kundera dijo que la lucha por la justicia es una batalla entre la memoria y el olvido. La mayor parte de la gente está tratando de olvidar, y por eso es que no hay continuidad de las luchas. Pero cuando uno recuerda, entonces tiene la base para continuar la batalla. De manera que yo recuerdo. Recuerdo a Chile con los tanques en las calles vacías”.

miércoles, octubre 15, 2008

"Jaime Huenchullan sin cadenas": acogido recurso de protección



Dos hechos del ámbito judicial ocurridos en Temuco y Cañete invierten la tendencia de violación sostenida de las normas del debido proceso para luchadores mapuche, de cara a una persistente campaña de denuncia internacional de estas prácticas y frente al ensordecedor silencio gubernamental. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el 15 de octubre un recurso de protección interpuesto a favor de un preso político mapuche, y en Cañete, el juez de garantía determinó que de acuerdo a la reforma procesal penal, la figura del “testigo sin rostro” no procede para robos, incendios o amenazas, delitos de los que se acusa a comuneros mapuche. Estas resoluciones se dan en el marco de la reciente promulgación del Convenio 169 - sin agregados - logro que fue producto de la activa movilización de las organizaciones de los pueblos originarios. También tienen como antecedente la decisión de la Presidenta Bachelet de no aplicar la cuestionada ley antiterrorista a los luchadores sociales de ese pueblo.
Esposado a una cama
El citado recurso de protección fue interpuesto en favor de Jaime Huenchullán, werken (mensajero) de la Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui, y preso político/paciente en el Hospital Regional de Temuco. El recurso, firmado por Jorge Huenchullan, fue patrocinado por el ex Juez Guzmán Tapia, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central. Por primera vez, el poder judicial adopta una resolución de este tipo, calificada como "histórica" en sectores mapuche cuyas demandas por violaciones a los derechos humanos casi nunca prosperan. Huenchullan permanecía engrillado a una cama en el establecimiento hospitalario donde está siendo tratado de una pancreatitis aguda. Gendarmería deberá acatar la resolución de retirar las esposas con las que se le mantiene encadenado por los pies a una camilla. Cuando se recupere, se haría efectivo su traslado a la Cárcel de Angol, como ha solicitado su comunidad, ya que en el recinto de Victoria en el que fue encarcelado no existen condiciones hospitalarias adecuadas.

Huenchullan se entregó a la justicia semanas atrás, forzado por su crítica condición de salud. Formalizado anteriormente por incendio –hecho del cual se declara inocente – no compareció ante tribunales en Collipulli aduciendo que no contaba con garantias de obtener un juicio no discriminatorio, ya que la práctica habitual es negar la libertad condicional a los imputados mapuche. La Corte de Apelaciones ha ordenado prisión preventiva en los pocos casos en que inicialmente el juez no se había decretado esa medida. La llamada “Agenda Corta”, una modificación legal recientemente aprobada, permite actualmente celeridad máxima para que los fiscales logren la revocación de las libertades condicionales.

Trato inhumano y denigrante
El recurso sostenía que se conculcaba el derecho a la vida, ya que el detenido, que se encuentra en riesgo vital, era sometido a sufrimientos adicionales; se vulneraba también el derecho a su integridad psíquica, al estar sometido a una situación humillante, incómoda y denigrante, y el derecho a la honra. Se recordaba que estos derechos están reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados que el país debe respetar.
Huenchullan es uno de muchos casos de “trato inhumano, cruel y degradante” tipificado en la Convención Contra la Tortura de la que Chile también es signatario. Por ejemplo, la presa política Luisa Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, también permaneció por meses engrillada a su cama de paciente siquiátrica en el mismo Hospital de Temuco, aunque en ese caso (2007) no se interpuso ese tipo de recurso y la protesta sólo llegó a organismos internacionales de derechos humanos que registraron el caso y se dirigieron a las autoridades chilenas para representarles su inquietud.

Tradiciones ancestrales
Miembros de la comunidad del amparado Huenchullan expresaron también su preocupación por la posibilidad cercana de que gendarmería corte arbitrariamente su cabello. Expresan los comuneros en su comunicado público difundido hoy por la red Pulchetun: "El es un mapuche nacido y formado en una comunidad con fuerte apego a nuestras tradiciones ancestrales y siente que su pelo largo representa el Newen o la fuerza que le ayuda a mantenerse firme en la lucha de nuestro Pueblo. Recordemos que la mayoría de nuestros antiguos konas y weichafes (guerreros) mantenían su larga cabellera amarrada con nuestros trarilonko".
La comunidad agradece la movilización que se desarrolló para preservar la vida de Jaime Huenchullán y considera que el amparo "sienta un buen y primer precedente de que a veces la Justicia puede ser imparcial.".

Fuera los “Testigos sin Rostro”

En estos mismos días, el juez de garantía Juan Lagos, en una resolución inédita, el 11 de octubre en Cañete – provincia de Arauco, región del Bio Bio- excluyó de la causa que investiga, a los testigos sin rostro presentados por Mario Elgueta, el fiscal exclusivo para las causas indígenas de esa provincia. Esos testigos protegidos por la fiscalía se aprestaban a inculpar por “robo” a los comuneros del sector de Huentelolen, Juan Mariñán Fernández (19 años), Pedro Lepicheo Machacán (18), Mauricio Donoso Galindo (33), y al menor de edad, José Galvarino Lepicheo Machacán (17) . El juez había ordenado previamente a la fiscalía levantar el secreto de identidad, acogiendo los argumentos de la defensa acerca de que sólo en los procesos por droga se acepta la comparecencia de testigos con identidad protegida.

Es posible que la fiscalía recurra a la Corte de Apelaciones de Concepción, sin embargo la decisión del magistrado podría sentar un precedente para numerosos juicios en los cuales se está construyendo el caso sobre la base de testigos sin rostro, con procedimientos calificados como “montaje” por las organizaciones mapuche. Este proceso se remonta a hechos ocurridos en noviembre de 2007 cuando cerca de 200 comuneros mapuche de diferentes comunidades de Arauco bloquearon un camino en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. En medio de la represión policial y la resistencia de los comuneros, resultó quemado el vehículo del corresponsal de radio Bío Bío en Cañete, Daniel Roa. El werken de la comunidad Pascual Koña, Luis Meñaco Santi –que se encontraba en Santiago el día de los hechos - fue imputado como autor del incendio.
Normas sobre testigos
Noticias de Lanalhue, un diario electrónico ciudadano de la zona de Arauco, http://www.lanalhuenoticias.cl/ dedicó un artículo editorial al tema, informando el 9 de octubre de la presentación hecha por la defensa, encabezada por el abogado Egon Matus junto a sus colegas Pablo Ortega y Marcos Ortega, reputados abogados de derechos humanos de Concepción. La publicación digital cita a Matus afirmando: “El artículo 259 del Código Procesal Penal es claro y enfático al señalar que si el fiscal ofreciera rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con SU NOMBRE, APELLIDOS, PROFESIÓN Y DOMICILIO. Por otro lado el artículo 307 establece la prohibición de informar, cuando así lo pide el testigo, solamente en lo relativo al domicilio de éste”.
La existencia de testigos sin identidad constituye por tanto un vicio formal que debía resolverse en la audiencia de preparación de juicio oral. Como ello no ocurrió, Matus demandó al tribunal aplicar el Artículo 270 inciso tercero que estipula que si el Ministerio Público no corrige los vicios, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, a menos que existiera querellante particular. “El otro querellante, el Gobernador Provincial, increiblemente no presentó prueba alguna para seguir el juicio”, informa Lanalhue Noticias. En este caso, según la ley el Ministerio Público no podría volver a intervenir en el mismo, o sea, la fiscalía queda fuera del juicio.

Reestructuración policial
Sin embargo estas señales positivas coexisten con el anuncio de la reorganización de la inteligencia policial ampliamente informado por El Mercurio en su edición del pasado domingo. Se anuncia allí que el coronel de carabineros Hernando Hevia Hinojosa, colaborador del fallecido general Bernales, y experto en contrainsurgencia, reactivará el equipo que dirigió la represión contra la Coordinadora Arauco Malleco en 2002. Precisamente en ese período se intensificaron las violaciones a los derechos humanos contra comunidades y líderes del pueblo mapuche, bajo el manto de la aplicación de la ley antiterrorista y la legitimación plena de los testigos sin rostro, que recibieron dinero del Estado para declarar contra los imputados, entre otros en el caso Poluco-Pidenco por el cual aún permanecen encarcelados luchadores mapuche como Patricia Troncoso.