martes, diciembre 30, 2008

Por Palestina libre


Desde hace años, la Franja de Gaza padece, con el apoyo cómplice de EE.UU y la Unión Europea , un asedio criminal que viola deliberadamente todas las leyes internacionales. Un millón y medio de civiles son prisioneros del ejército israelí y están privados de todo: alimentos, combustible, electricidad, medicinas, material escolar…

Menos de una décima parte de los camiones necesarios para el abastecimiento de la población consiguen llegar. El aeropuerto y el puerto fueron destruidos incluso antes de que llegasen a funcionar. La pesca está prohibida. Sólo algunos barcos fletados por militantes del Movimiento Free Gaza han conseguido eludir el bloqueo. La población sufre un despiadado «castigo colectivo» por haber votado por Hamas.

La comunidad internacional mira para otro lado, e incluso alienta el bloqueo. En su soberbia, el ejército de ocupación incluso expulsó a Robert Falk, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

No hay ninguna justificación para la perpetuación de este asedio despiadado y criminal. Todo pueblo asediado tiene el derecho a resistir a la opresión.

No se puede admitir ninguna simetría con los cohetes que caen sobre las ciudades israelíes. No habrá seguridad para los israelíes sin seguridad para la población de Gaza. Los políticos europeos y estadounidenses, desde Anápolis, evitan enfrentarse a la realidad de la ocupación, lo que ha desembocado en un inevitable callejón sin salida que, como siempre, el pueblo palestino está pagando muy caro.

A fines de la semana pasada, el ejército israelí atacó Gaza con enormes medios militares. El primer balance fue de 150 muertos, hoy lunes ya van 345 civiles masacrados. Esta genocidio se había anunciado y debatido durante los días pasados en la prensa israelí al final de la tregua respetada por Hamás y violada sistemáticamente por el ejército israelí.

Este crimen es posible gracias a la impunidad absoluta concedida a Israel desde hace casi 9 años y al apoyo activo que le dispensa la Unión Europea. Es el resultado directo del «fortalecimiento de la cooperación con la UE » impuesto por la presidencia francesa contra el voto de aplazamiento del Parlamento Europeo.

La Comisión Etica Contra la Tortura de la Quinta Región , lo mismo que la Unión Judía Francesa por la Paz , exige el cese de la masacre israelí, el termino inmediato del bloqueo, sanción internacional contra el Estado agresor. En el ámbito nacional, exigimos el inmediato retiro del embajador chileno en Israel.

(Basado en declaración de la Unión Judía Francesa por la Paz ).

Israel: NO + MASACRES. ¡Palestina Libre!

martes, diciembre 16, 2008

El Estado promueve enfrentamiento entre comuneros

Incluyo aquí esta reflexión de Lautaro Loncón como elemento para entender la dolorosa muerte en Temucuicui del joven punk santiaguino Juan Cruz Makna, que solidarizaba con la causa mapuche. Esa muerte encaja perfectamente con la estrategia aquí descrita.
EL ESTADO PROMUEVE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE COMUNEROS EN TEMUCUI CUI (Por Lautaro Loncón)l
Desde hace tiempo a esta parte hemos sido testigo y muchas veces en silencio, de las enormes brutalidades que se comenten en contra de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Los hechos ya casi han anulado nuestra capacidad de asombro e indignación. Constantemente estamos viendo por los medios de información hechos al margen de la ley, maquinaciones, actos de persecución política en contra de sus miembros, hostigamientos de parte del particular René Urban, seguidilla de violentos allanamientos de la policía - la mayor parte sin orden previa de un tribunal- , hermanos en la clandestinidad por ser victima de esta persecución política, otros tantos encarcelados en distintas lugares y finalmente se suman otros hechos; la detención de Patricio Queipul Millanao, un niño de 13 años por la policía de investigaciones, sin que sus padres - por varios días - hayan tenido noticias de él ni del recinto policial en que se encontraba detenido, la posterior detención de otro de los werken de esa comunidad Victor Quiepul , sin un motivo jurídico válido y la de Jorge Huenchullan quien, mientras concurría a Temuco para saber por el paradero del niño Patricio Queipul Millanao Fue agredido por otro dos comuneros y, al pasar a denunciar éste hecho, fue dejado en calidad de detenido preventivamente por parte del Ministerio Público. Insólito. Pero anteriormente otro werken había sido detenido en idénticas circunstancias y hoy se encuentra en prisión en la cárcel de Angol. A todo lo anterior, se suman las ya reiteradas enfrentamientos y/ o agresiones entre personas del mismo sector y de la que alguna vez fue el mismo lof que hoy se encuentran separadas por comunidad de personería jurídica distintas, pero que no por ello no dejan de ser pertenecientes a un antiguo lof y consecuencialmente a un mismo tronco común.
La histórica comunidad de temucuicui fue “reducida” a 250 héctareas en el año 1884 a solo años de la brutal “pacificación de la Araucanía” cuyo titulo de merced figura con el n° 3B a nombre del longko de ese entonces Ignacio Queipul y Millanao. Desde entonces comenzó una larga lucha por reivindicar sus derechos sobre las tierras que no les fueron reconocidas, otras les fueron usurpadas y entregadas a manos de colonos. Desde el año 1973 en adelante, con la dictadura militar del General Pinochet, vivieron la represión, el hostigamiento y los allanamientos que pasaron a ser parte de su cotidianeidad, lo mismo que vive hoy en tiempos de democracia. Sin embargo, el elemento fundamental para soportar los envistes de la represión fue la unidad de sus miembros con que enfrentaron los hechos.
Con el devenir de la democracia, algo cambio para la comunidad de Temucuicui, si bien enfrentaron con relativa mancomunión la reivindicación del fundo Alaska y los actos de represión, esto no se mantuvo por tanto tiempo. Como en toda comunidad se produjo un recambio generacional que vio con mayor amplitud lo que significaba la lucha mapuche. El retazo de suelo que les tenía usurpado el particular comenzaron a percibirlo como la punta del iceberg respecto de todos los demás derechos que el Estado usurpaba al Pueblo Mapuche, importantísimos para la comunidad, pero solo una expresión de la negación de derechos que hacía el Estado de manera constante. Y así nace una dirigencia joven, bastante idealista que entra a diferir de los planteamientos de los antiguos dirigentes. Generándose las primeras diferencias un tanto, política. Situación que con el correr del tiempo se han agudizado y derivado en agresiones y supuestos atentados entre ex comuneros.
Personalmente conozco, he estado junto y encontrado junto a la comunidad de Temucuicui en tiempos que se reivindicaba el fundo Alaska y yo era un miembro más del Consejo de Todas la Tierras y la Comunidad de Temucuicui (Ignacio Queipul y de la cual derivó en la comunidad Autónoma de Temucuicui) era una comunidad más de las tantas que conformaban la organización. Es decir, creo tener un conocimiento de las partes que hoy se presentan en conflictos y por lo mismo me atrevo a afirmar que las diferencias de métodos y alcance de la lucha mapuche no debiera ser más que una diferencia normal que existe en cualquier comunidad de personas o entre dirigentes jóvenes, muchos más progresistas e idealistas frente a viejos dirigentes un tanto más conservadores o acaso mas culturalista.
Estas diferencias no debieran ser puntos de rupturas y menos de enfrentamientos, si en su desenvolvimientos no intervinieran o hayan intervenidos fuerzas externas destinadas a crear un verdadero conflicto entre ellos a partir de sus diferencias con el claro objeto de inmovilizarlas, desarticularlas y en definitiva, paralizar un movimiento emergente peligroso para el Estado, expresados en estos cuadros jóvenes de dirigentes curtidos desde la infancia (como lo esta experimentando muchos niños (as) de Temucuicui) , en el allanamientos y en los actos de represión del Estado.
La agudización de conflictividad entre personas mapuche de la zona y que últimamente a derivado en la detención de los Werken de la Comunidad autónoma de Temucui cui, en abrir procesos de investigación en contra de otras cuatro mujeres, entre ellas, la esposa de Jaime Huenchullan, preso político recluido en la cárcel de Angol, me atrevo a decir que es una acción orquestada desde el Estado, cuyos ejecutante es CONADI y el Ministerio Público, puesto que la detención de los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, y la desarticulación organizacional y política de su comunidad, le reporta beneficios a ambas instituciones. A CONADI, en tanto resuelve grotescamente el problema de a quién entregarle las tierras que actualmente ocupa el usurpador Urban en una inminente compra, y que, dicho sea de paso, actualmente es uno de los puntos de conflicto entre ambas comunidades porque en términos de derechos históricos a ambas les pertenecen. Recluidos en las distintas cárceles de la IX región la dirigencia de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se le presenta el momento propicio a CONADI para adquirir el fundo y proceder a entregárselas a la Comunidad Ignacio Quiepul. Procediendo de tal forma, deja conforme a los sectores conservadores y de derecha en el sentido que “no han cedido frente a los violentistas”. Con ello dan por resuelto el tema “Urban” sin que se aumente los niveles de conflictividad entre estás comunidades porque los “otros” (dirigentes de la comunidad autónoma) estarían presos y no habría capacidad de respuesta a tal situación por parte de los demás integrantes de dicha comunidad.
Una manera muy burda de resolver el conflicto que la propia conadi ha creado, pero es la estrategia que al parecer han elaborado. La gran preocupación de CONADI era como terminar el conflicto y a que comunidad entregarles las tierras, y tenían plena convicción que entregándoselas a la comunidad Ignacio Queipul, no lo resolvía, pues la Comunidad Autónoma de Temucui cui seguirá reivindicando esas mismas tierras aumentando el conflicto y de paso quedando en evidencia la nula capacidad de CONADI de resolverlos. En caso contrario, entregárselas a la Comunidad Autonóma de Temucui cui era ceder a las presiones de “radicalizados” y eso sería caldo de cultivo para las críticas de la derecha y los latifundistas. El dilema anterior se podría resolver en la medida que los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucui cui estuvieran detenidos y sin capacidad de respuesta.
En cuanto al Ministerio Público, su labor de investigar hechos de carácter delictual que ocurren en la IX región es materia de constantes críticas, tantos de los mapuche que señalan que su accionar es racista y antimapuche y también de los dueños de fundo o latifundistas quienes les cuestionan su poca capacidad para poner entre rejas a los dirigentes mapuche, especialmente a estos dirigentes jóvenes que comúnmente les llaman “violentistas o terroristas o responsables directos del quebrantamiento del Estado de Derecho en la IX región” y de la “inseguridad jurídica que existe en la zona”.
Percepción y opinión agria o acaso no amarga para los finos paladares de los fiscales del ministerio público pues lo último, es un abierto cuestionamiento de la clase poderosa de la región a su labor investigativa y en definitiva a su trabajo. Tener entre rejas a todo aquel que huela a dirigente mapuche debe ser un sueño para cualquier fiscal de la VIII, IX y X región, y sobre todo si se trata de estos dirigentes revoltosos de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Entonces, la división que hoy se presenta en este sector es un hecho al que hay que sacarle provecho para lograr la detención de aquellos. Todos los intentos anteriores por detener a los dirigentes mapuche fueron infructuosa, la detención de niños para interrogarlos, incluso bajo amenazas y en las propias escuelas. El ofrecimiento de pago a comuneros mapuches para que declaren en contra de otros mapuches habían sido infructuosos, la amenaza, la extorsión han resultado inútiles. Sin embargo, hoy sacarles provecho a la división es de máxima utilidad y con pocos recursos, solo basta azuzar a otros comuneros para que provoquen estas “agresiones” y esperar que las cosas decanten por si sola. Con este método se ha logrado lo que parecía impensado; hoy existen 6 werkene detenidos en la cárcel de Angol, la mayoría detenidos en circunstancias similares -confusas riñas entre comuneros- entre las cuales al parecer unos se sienten inmunes, otros que pasan por un recinto policial a denunciar estos hechos quedando en calidad de detenidos. Es decir, “caen como un zorzal”. ¿Quién gana con ello? Por cierto no la comunidad Ignacio Queipul, ni la Comunidad Autonóma de Temucui cui, que en último término son todos familiares, sino el Ministerio Público que logra detener y mantener tras las rejas a estos dirigentes, en definitiva, el Estado y su tentáculos de la dominación.
Ya lo decía anteriormente, los conflictos entre la Comunidad Autónoma de Temucui cui y la Comunidad Ignacio Queipul Millanao, no debiera ser distinta a cualquier conflicto o diferencia que puedan tener hoy otras comunidades principalmente por el problema de la tenencia de la tierra o los derechos históricos que pudieran tener ambas comunidades sobre un mismo espacio que alguna vez perteneció a un lof mapuche. Que hoy existan en lo que alguna vez fue un mismo lof o espacio territorial, dos o más comunidades reconocidas por CONADI, se lo debemos a la Ley indígenas y sus redactores. La ley indígena 19.253 permite que en un antiguo lof se cree todas las comunidades que sean posible, solo basta 10 personas y un ministro de fe y la correspondiente inscripción en el registro de CONADI para que haya otra comunidad y evidentemente que todas ellas tendrán derechos sobre las tierras entregadas por los títulos de merced y aún sobre las tierras ancestrales o tierras antiguas que no fueron reconocidas en los títulos de merced.
La ley promueve la división de la organización territorial y política ancestral del Pueblo Mapuche, a la ves, la creación de “comunidades” nuevas con personería jurídica propia, del mismo modo que des- incentiva la existencia de las autoridades tradicionales como el Longko, el Werken y toda la estructura tradicional indígena, levantando frente a ello la figura de Presidente, Secretario y Tesoreros y todos esos menesteres ajenos a la organización tradicional Mapuche.
Es decir, los conflictos que existen actualmente entre la Comunidad Autónoma de Temucui cui y la Comunidad Ignacio Queipul, son como cualquier conflicto que a levantado la CONADI y en definitiva, el Estado en las antiguas comunidades o LOF MAPU y que la opinión pública lo ha constatado en varias oportunidades. La diferencia radical que existe en el sector de temucuicui, es que este conflicto, como lo han denunciado el propio longko Catrillanca y el Werken de la Comunidad Autonoma de Temucui cui, Jorge Huenchullan, es que lo están promoviendo CONADI y el Ministerio Publico para una cobarde y vergonzosa persecución política en contra de los dirigentes de dicha comunidad. Nada más fácil a resultado para el ministerio público y para el Estado encarcelar a los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Temucui cui bajo cargos de “delitos comunes”, Robo, asalto, amenazas, etc. Y resulta más fácil aún, si la denuncia proviene de otros mapuche. Así, el encarcelamiento ya no es el resultado del accionar del Estado, con represión política de por medio, sino que es la denuncia de los “rivales” que el ministerio público esta llano y diligente a investigar y encarcelar, pero claramente esto contiene un sesgo político. ¿Por qué el ministerio público no investigó con la misma diligencia la denuncia hecha por Jorge Huenchullan a raíz del homicidio frustrado que fue victima a manos del hijo de René Urban cuando este le tiró la camioneta encima con el claro propósito de atropellarlo? ¿Por qué no ha investigado con la debida diligencia y celo las innumerables denuncias que los miembros de la comunidad de Temu cui cui ha realizado oportunamente por asaltos, tentativas y Homicidio frustrados denunciados oportunamente? Y sin embargo en el último caso mientras voluntariamente concurren a buscar protección judicial de sus derechos son detenidos en el acto. Derechamente el Ministerio público esta faltando a los principios fundamentales que les impone la propia ley orgánica constitucional. Investigar con objetividad los hechos denunciados, actuar bajo el principio de trasparencia. Demás esta decir que el principio constitucional de “igualdad ante la ley” no tiene cabida para investigar aquellos hechos que afecten a los mapuche y en especial a los miembros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.
La conducta de CONADI y del Ministerio Público es deplorable. Demuestra una bajeza moral indescriptible. Este último, centrados en la criminalización del movimiento mapuche, les impide ver el enorme daño que están provocando en nuestra sociedad mapuche, puesto que promover este tipo de hechos - el pago de testigos de la propia comunidad para que declaren contra sus hermanos, o promover la división al interior de la comunidad- produce odiosidades y quebrantamiento de la familia, de la comunidad y en definitiva de la sociedad mapuche. Más que a actos de investigación realizado por profesionales, se asemejan más a la acción del Lumpen que va tras su objetivo.
No me cabe duda que estas acciones de agresión entre comuneros no son dirigidas ni aconsejadas ni por el lonko Catrillanca de la Comunidad Ignacio Queipul, ni por el Werken Jorge Huenchullan de la Comunidad Autónoma de Temucui cui. Ambas son personas mapuche de conocidos valores, principios y serenidad como para estar instigando a su gente a un conflicto sin sentido. No se trata de personas que promuevan la violencia, menos aún entre familiares, de hecho ambos partes han denunciado – sin ser oídos- que estos enfrentamientos lo esta promoviendo la CONADI y el Ministerio Público respectivamente.
No se trata de personas desadaptadas y con una maldad intrínseca que incluso “golpean a una mujer que concurría a un tratamiento sicológico por la perdida de su hijo” como se ha informado incluso por un periódico mapuche (azkintuwe) al contrario, son personas que tienen muchos más valores, principio y arraigo cultural, que quienes nos sentamos tras un escritorio, alejado de cualquier represión a escribir lo que otros hacen. No se trata de personas que eluden sus presuntas responsabilidades, prueba de ello es que recientemente, Rodrigo Huenchullan, pese a que sabe que jamás tendrá un justo y debido proceso, se ha entregado a los órganos jurisdiccionales del mismo Estado que lo persigue para ser juzgado por los presuntos delitos que se le imputan.
En el contexto de violencia entre comuneros de Temucui cui existen personas manipuladas o acaso pagadas por el ministerio público y la conadi para exacerbar estos conflictos. En efecto, vamos a seguir siendo testigos de hechos que vallan anulando nuestra capacidad de asombro e indignación, salvo que reaccionemos y denunciemos las maquinaciones y artimañas del que se vale el Estado para seguir perpetuando su dominación.

Fuente: www.mapuexpress.net

domingo, diciembre 14, 2008

Amedrentamiento a abogado defensor de causa mapuche




Lorenzo Morales Cortés, defensor de Avelino Meñaco, lonko de la comunidad Pascual Coña (sector LleuLleu, Región del Bío Bio) alegará en la Corte de Apelaciones este lunes 15 de diciembre, contra la petición de nulidad del fallo que absolvió a Meñaco del cargo de incendio. Sin embargo el profesional fue previamente despojado de toda su argumentación para el juicio, que fue fotografiada junto a otros documentos en el violento allanamiento que sufrió su hogar santiaguino el pasado 9 de diciembre, donde se llevaron su computador. La Corte de Apelaciones de San Miguel (en Santiago) fallará el amparo presentado por el propio abogado a favor de sí mismo y contra la fiscal adjunta del Ministerio Público Norte, Ximena Chong Campusano y la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Cecilia Pastene Pérez. Lorenzo Morales se desempeña profesionalmente en la División Jurídica de la Municipalidad de La Ligua, V Región, que tiene una de las cuatro alcaldías comunistas del país.

“Tengo que alegar el lunes en Concepción y esto posibilita a la fiscalía conocer ilegalmente mi estrategia de defensa antes del juicio. No hay razón alguna para este allanamiento, ni proceso alguno en contra mía, esto es un acto de intimidación y por ello he presentado un recurso de amparo. Debo agregar que también allanaron el domicilio de mis padres”, denunció a esta periodista el joven profesional durante el desarrollo de un seminario realizado en la Universidad Central sobre Criminalización de las Demandas del Pueblo Mapuche, el pasado 10 de diciembre. Tratando de explicarse la violencia del procedimiento policial, el abogado –que no estaba en su domicilio al momento de la incursión policial - recordó: “He recibido también amenazas telefónicas, me dicen que tenga presente lo que ya les ha ocurrido a los abogados Myriam Reyes, Pablo Ortega y Jaime Madariaga, que han defendido causas mapuche y cuya carrera profesional ha quedado afectada. Eso lo tengo grabado y puedo presentarlo como prueba”. Resultaba insólito o quizás no, resultaba lógico, que esto me lo estuviera contando minutos antes que empezara el seminario de la U Central sobre Criminalización de la Demanda Mapuche. Ese fue el inicio informal, desde antes de la primera ponencia ya nos estábamos enterando de un hecho más que agregar a la larga lista, pero me parece que es el primero de esta naturaleza en democracia. Por eso es importante saber qué va a pasar con el recurso de amparo.
Ayer, el profesional agregó que al acoger el recurso caratulado con el número 427, la Corte incluso lo extendió a la policía que efectuó el procedimiento, por la gravedad de los hechos. Numerosas organizaciones mapuche y de derechos humanos han solidarizado con Lorenzo Morales por la violación a sus derechos y el amedrentamiento de que ha sido objeto. Allí mismo en el seminario recibió el apoyo de muchos y muchas. Y muy especialmente de Andrea Calfunao, sobrina de la lonko Juana Calfunao que bien sabe de la importancia de su trabajo y que su primo Waikilaf está libre en gran medida gracias a la brillante defensa que hizo de su causa.

El juicio ganado
El lonko Avelino Meñaco fue absuelto por el tribunal oral de Cañete el 3 de noviembre, después de pasar ocho meses en prisión acusado de quemar una cabaña en el sector Antulafquén. Lorenzo Morales hizo comparecer a testigos que situaban al imputado en el sector Quilaco, a 5 km del lugar del incendio, lo que invalidó las acusaciones del ministerio público. Los fiscales exclusivos de la Novena y Octava regiones, Miguel Ángel Velásquez, y Mario Elgueta, respectivamente, habían pedido la pena de 10 años y un día de cárcel para el dirigente. Ellos no están acostumbrados a perder en los juicios. Recurrieron de inmediato, pidiendo la nulidad por supuestos vicios de forma.

Perfil del defensor
En 2007 y 2008 Lorenzo Morales ha asumido como defensor privado causas que afectan a miembros de la comunidad Juan Paillalef , como la lonko Juana Calfunao (presa en la Cárcel de Temuco) y su hijo Waikilaf Cadin (libre en la actualidad), entre otros. Su desempeño le ha valido el reconocimiento de esos luchadores sociales mapuche, quienes han destacado que el abogado ha prestado sus servicios profesionales en forma totalmente solidaria, lo cual les permitió por primera vez llegar a un juicio oral a exponer sus argumentos. Asimismo Morales ha interpuesto recursos de amparo por violencia policial en la comunidad Cacique José Guiñón, de Ercilla y representó al werken José Cariqueo en una demanda por injurias y calumnias contra Forestal Mininco.

La creciente pesencia de defensores privados especialistas en derechos humanos, y de profesionales tan destacados como el ex juez Juan Guzmán han sido clave para triunfos que hubieran sido imposibles de conseguir con los defensores públicos. El clima de amedrentamiento del que da cuenta el abogado Morales también forma parte de la criminalización de las demandas analizada en el seminario citado. Los profesionales del Observatorio Ciudadano que defienden causas que afectan a comuneros mapuche han sido cuestionados en varias oportunidades por el Fiscal Regional de Temuco Francisco Ljubetic.

En otros casos los amedrentamientos han afectado a profesionales comprometidos con la causa mapuche que trabajan para la Defensoría Pública Mapuche.

La jueza y la Corte de San Miguel

La jueza Cecilia Pastene Pérez, una de las mencionadas como responsables de los allanamiento, no tiene buena fama en los medios. En octubre de este año el Colegio de Periodistas debió recurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que se revocara la medida impuesta por la jueza, que prohibía a la prensa informar el nombre del abogado Pedro Toledo, formalizado por estafa. El fallo marcó un precedente jurídico en materia de defensa de la libertad de expresión.

En su tribunal, el 7º de garantía, el 15 de abril de 2007 Lorenzo Morales interpuso una querella por tortura en nombre de Waikilaf Cadin – entonces recluido en la Cárcel de Alta Seguridad ubicada en esa comuna - contra los responsables de hechos de esa naturaleza ocurridos en la cárcel de Temuco que continuaron durante el traslado del demandante a la capital en un vehículo de Gendarmería. No hubo avances en la causa.

En cuanto a la fiscal Chong, como adjunta en la División de Delitos Económicos y Funcionarios, ha participado en las investigaciones por delitos en las municipalidades de Huechuraba y Recoleta. Se ignora la motivación de esa Fiscalía en este caso.

Historial de amedrentamientos

Organismos nacionales como el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano) y entidades internacionales de derechos humanos como la Organización Mundial Contra la Tortura han ido registrando diversos tipos de amedrentamientos a profesionales vinculados a la defensa de los mapuche. Una de ellas es la causa por desacato interpuesta contra la defensora pública Myriam Reyes García el 13 de noviembre de 2005 en Temuco. Se la responsabilizó arbitrariamente de filtrar información publicada en el diario electrónico “El Gong” de Temuco, sobre los 20 millones de pesos que gastó el Ministerio Público en los diez testigos de cargo presentados en el juicio por el incendio “terrorista” ocurrido en el predio Poluco Pidenco (caso Patricia Troncoso y otros).

El año 2002, por otra parte, el abogado Pablo Ortega se querelló en Temuco contra los Fiscales del Ministerio Público responsables del delito de "interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas". La magistrada Isabel Uribe decretó en esa oportunidad el cese de la ilegalidad que afectaba al profesional, defensor de los dirigentes mapuches Victor Ancalaf y José Huenchunao – en ese tiempo recluidos en Concepción- y de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco. Estos últimos se encontraban entonces recluidos en la Cárcel de Temuco por el supuesto delito de "asociación ilícita terrorista calificada".

Ese mismo año, en agosto, el abogado Jaime Madariaga, que defendía a la menor Daniela Ñancupil por un caso de violencia policial sufrió el ataque incendiario e intencional de su camioneta.

Los derechos vulnerados
El derecho a la defensa es un derecho absoluto, de acuerdo a la doctrina internacional de Derechos Humanos. Y también lo es de acuerdo al artículo 19 de la Constitución chilena, que establece en su artículo 19 que "todo persona tiene derecho a defensa jurídica", prohibiéndose expresamente a toda "autoridad o individuo" "impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado". La Convención Américana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, asimismo, establece (artículo 8) el derecho irrenunciable del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estas garantías judiciales, no pueden ser suspendidas ni siquiera en Estado de Guerra, de peligro público o de otra urgencia.
El desarrollo del juicio en Concepción y el resultado del recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción arrojarán luces sobre el grado en el cual el Estado chileno sigue “avanzando” en la criminalización de las demandas del pueblo mapuche. En términos de los cientistas sociales, hechos como los descritos se inscriben en el ejercicio del “derecho penal del enemigo” es decir de aquel que justifica la suspensión total de las garantías para quienes rompen el pacto social y se colocan fuera del sistema, por lo que no gozan tampoco de sus beneficios legales.
Esto es, por supuesto, lo que no queremos ver o seguir viendo en Chile, ni respecto de los mapuche ni de ningun luchador social.

miércoles, diciembre 10, 2008

Pueblo mapuche y Derechos Humanos en el día de los idem

En la foto, lonko Juana Calfunao, presa en la Cárcel de Temuco.
SEMINARIO: El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas
En el Aula Magna de la Universidad Central (Lord Cochrane 418) se realizará en el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, el seminario EL PUEBLO MAPUCHE Y LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS DEMANDAS, a partir de las 16 horas. La actividad fue organizada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de ese plantel universitario, presidido por el ex juez Juan Guzmán Tapia quien intervendrá al inicio del seminario. Entre los panelistas, que incluyen un abogado de Chiapas, estarán miembros de comunidades en conflicto, abogados de derechos humanos, y profesionales del área de las ciencias sociales y/o la comunicación.
Se abordarán los procesos judiciales y la violencia en las comunidades, con testimonios de quienes la han vivido, como Jorge Huenchullan (encarcelado y absuelto más de tres veces en distintos procesos judiciales), quien es dirigente de la asediada comunidad de Temucuicui y el menor Patricio Queipul, de 13 años recientemente secuestrado por efectivos de Investigaciones durante un allanamiento a esa comunidad ubicada en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Finalmente se conocerá la exposición de Miguel Ángel de los Santos Cruz, especialista en Derechos Humanos y pueblos indígenas que viajó desde México.

A continuación, la invitación y el programa.

Día Internacional de Los Derechos Humanos
Miércoles 10 de Diciembre, 16:00 a 20:00 horas
Aula Magna, Centro de Extensión Universidad Central, Lord Cochrane 418, Santiago.
Universidad Central de Chile

Invitan: Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile (CEDH), Universidad Central, Red Iberoamericana de Jueces, Comisión Ética Contra la Tortura (CECT),

Patrocinan: Asociación Americana de Juristas (AAJ), Federación de Estudiantes de al Universidad Central, Corporación de Egresados de la Universidad, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central, Amnistía Internacional-Chile, Colegio de Antropólogos de Chile, Observatorio Ciudadano.


16:00- 16:20 Bienvenida y contexto de la discusión.
Juan Guzmán Tapia, Director Centro de Estudios de Derechos Humanos.

16:20- 17:35 Primer panel: Criminalización y procesos judiciales.
Myrna Villegas, Abogada, investigadora UCEN y Universidad de Chile.
Lucía Sepúlveda, Periodista Comisión Etica Contra la Tortura
Jorge Huenchullán Werken comunidad de Temucuicui)

Preguntas y comentarios.

17:35- 17:50 Café

17:50- 19:20 Segundo panel: Violencia en las comunidades.
Angélica Pizarro, Psicóloga, investigadora en salud mental
Nancy Yañez Abogada Observatorio Ciudadano
Víctor Marilao Lonko Pitrelawe

Preguntas y comentarios

19:20- 20:00 Exposición y conversación con Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado de Chiapas, especialista en Derechos Humanos y pueblos indígenas.

20:00 Vino de honor.

miércoles, diciembre 03, 2008

DIA MUNDIAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS: hoy

INVITAMOS a juntarnos en

Avenida Bulnes, entre Alonso Ovalle y Vidaurre, 11 horas
FRENTE A LA SEDE DEL SAG

MANIFESTACIÓN POR UN CHILE LIBRE DE PLAGUICIDAS

La Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) invitamos a las organizaciones aliadas, amigos y personas conscientes a conmemorar el miércoles 3 de diciembre, DÍA MUNDIAL POR EL NO USO DE PLAGUICIDAS, con una acción de protesta que realizaremos frente a las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a las 11 horas.

Exigimos:

• Que el parlamento prohíba el uso de los plaguicidas extremadamente tóxicos (1a y 1b), que se siguen usando en Chile con graves consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente.

• Que de una vez por todas se legisle para regular a nivel nacional las fumigaciones aéreas y terrestres que están causando múltiples daños a la población rural, a sus animales y cultivos, contaminando incluso el agua utilizada para beber.

• Que el SAG actúe con transparencia y deje de proteger a las transnacionales agroquímicas y a las grandes empresas agrícolas ocultando información sobre alimentos contaminados con residuos de plaguicidas.

• Que el SAG respete el derecho a saber de los consumidores y monitoree periódica y sistemáticamente los alimentos agrícolas de consumo interno, especialmente frutas y verduras. En caso de detectar residuos de plaguicidas, debe alertar de inmediato a la población y sancionar a los responsables.

En esta acción de protesta instalaremos paneles informativos, distribuiremos una declaración y folletos sobre plaguicidas.

Más informaciones: 3416742
info@rapal.cl / www.rap-al.org

Por un Chile libre de plaguicidas y transgénicos
ALIMENTOS SIN VENENOS
3 de diciembre de 2008

lunes, diciembre 01, 2008

Pasando lista a los profes caídos en la Resistencia: ¡Presentes!


Mañana martes 02 de diciembre , a las 19 horas, en la sala Alonso de Ercilla de la Biblioteca Nacional se realizará el lanzamiento de "Aulas que permanecerán vacías", libro que cuenta la historia de algunos de los profesores que cayeron enfrentando a la dictadura.
Presentarán esta obra la profesora Olimpia Riveros, el abogado y ex diputado Andrés Aylwin y el sociólogo Manuel Guerrero Antequera.
Participarán también, los artistas, Malucha Pinto, Gastón Quezada, Sebastián Hernández, y los grupos Calle Condell y Los Cherchencos.
Este libro fue publicado por Editorial Cuarto Propio, siendo su editor Martín Faunes Amigo y es el tercer volumen de la serie "Las Historias que podemos contar", una sustantiva contribución a la memoria y un antídoto de calidad contra la amnesia.
Entre los profes que dejaron tan alta vara que sólo es posible decir por ellos ¡Presente! están:
Lumi Videla, María Elena González, María Cristina López, Luis Justino Vásquez, Claudio Jimeno, Manuel Guerrero, Federico Zagal, José Manuel Guggiana, Óscar Sanhueza, Nilton Rosa Da Silva, Luis Fernández, Rubén Morales Jara, Federico Álvarez, Padre Gerardo Poblete, Humberto Lizardi, Rosetta Pallini, Gastón Vidaurrázaga, Cristián Cartagena, Frida Laschan, Héctor Maturana, Julio Brewe, Gladys Marín, Arturo Barría, Mario Ramírez, Marta Ugarte, Luis Mahuida, Einar Tenorio, Danilo González, Julia Retamal, César Ávila, Jaime Vásquez, Carlos Fajardo, Juan Heredia, Elsa Leuthner, Pedro Emilio Pérez, Jorge Peña Hen, Luiz Carlos de Almeida, María Arriagada, Bernarda Vera, Luis Maturana, Luis Lobos, Fernando Ramírez, Vicente Palominos, Luis Sanguinetti, Ramón Leiva, Patricio Sobarzo y Germán Cuello.

Las historias fueron escritas a varias manos, entre ellas las de Martín Faunes, Marisol Vera, Hilda Espinoza, Lucrecia Brito, Facundo Leylaf, Violeta Bagnara, Pablo Varas, Nieves Fuenzalida, Arturo Neira, Ana Marín Molina, Juan Carlos Díaz, Roberto Castro, Edgardo Carabantes, Pablo Artaza, Ignacio Vidaurrázaga, Óscar Aguilera, Manuel Guerrero, Alejandra Esparza, Orlando Jara, Gilda Waldman, Begoña Eguiluz, Lucía Sepúlveda, Alexandra Carmona, Walkyria Burgos, María Angélica Illanes.