domingo, julio 27, 2008

Corte de Temuco rechazó pedido de nulidad de juicio a Llaitul y Painemil





Defensa Legal de los comuneros: Juan Enrique Prieto, (P.Humanista) ex juez Juan Guzmán y Pablo Ortega (ddhh, Concepción)

El 25 de julio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de nulidad a juicio realizado a comienzos de junio contra los comuneros mapuche. La sentencia de la corte impide las intenciones del Ministerio Público de efectuar un nuevo juicio para condenarlos, y mantiene la sentencia del juicio oral que decretó la libertad de Héctor Llaitul (Coordinadora Arauco Malleco) y las medidas cautelares de firma mensual a Roberto Painemil. En definitiva ambos gozarán de libertad.
Esto cierra el caso basado en un montaje armado por el gobierno a través de la fiscalía local de Nueva Imperial y en declaraciones obtenidas bajo tortura al comunero Painemil. Los acusados permanecieron más de un año y medio en prisión.
A los mapuche se les enjuició acusados de ser los autores del incendio ocurrido el 25 de diciembre del 2006 en Chol Chol, que tuvo como consecuencia la destrucción de un camión forestal, una torre de madereo y una máquina trineumática, sin poder comprobar de parte de los acusadores, el origen de este hecho. Ambos imputados fueron absueltos del cargo de incendio. Sin embargo el tribunal oral consideró que Painemil había portado armas ilegalmente y lo castigó por ello, aunque en rigor las municiones encontradas en casa de sus padres habían sido "sembradas" allí como parte del montaje en los violentos allanamientos que siguieron a la detención del comunero del sector Tres Cerros.
Los montajes y las detenciones preventivas forman parte de la estrategia del gobierno de la Concertación, que buscan así neutralizar a los dirigentes de las comunidades mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. Las detenciones se anuncian con gran cobertura mediática, se muestran "pruebas" incautadas y se cuenta de esta manera con una condena mediática al mejor estilo de la dictadura que imperó en el pasado.
La resolución de la Corte de Apelaciones es una buena señal de rechazo a este tipo de prácticas, aunque no está claro si existe la posibilidad de una apelación del Ministerio Público a la Corte Suprema insistiendo en la realización de un nuevo juicio. En otras oportunidades, así ocurrió.

La "mala" noticia para la fiscal Vania Arancibia de Nueva Imperial que formuló las acusaciones desestimadas por el tribunal oral y ahora por la corte de apelaciones de Temuco, provino de la primera sala presidida por el Ministro Archivaldo Loyola, e integrada por el Ministro Alvaro Mesa Latorre y la fiscal judicial Tatiana Román. Para la Corte no existían antecedentes para anular el juicio pues las pruebas presentadas por la Fiscalía ya habían sido analizadas debidamente por el tribunal oral.
Ver texto completo de la sentencia en http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/navTpl.php?id=20080725125927
Observatorio Ciudadano

jueves, julio 24, 2008

Los “pingüinos” de ayer

Muchos de los 119 caídos en la Operación Colombo, eran estudiantes o profesores o habían dejado su quehacer para dedicarse a las tareas de organización de la resistencia. Pero antes de su detención habían sido (o eran) profesores, como Arturo Barría, quien daba clases en el Liceo Darío Salas, donde ahora estudia Música Sepúlveda, la alumna que limpió con agua pura la cara de la ministra de Educación chilena, exigiendo que se escuche a los jóvenes. María Elena González había sido directora de una escuela rural. Sergio Reyes estudiaba Economía en la Universidad de Chile. Seis de los caídos en 1974 eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas –María Inés Alvarado, Martín Elgueta, Luis Fuentes, Jaime Robotham, Jaime Buzio y Edwin van Yurick- y había un alumno del Instituto Nacional (Mauricio Jorquera) y una ex alumna del Liceo 7 (Bárbara Uribe). Cuatro de los 119 fueron detenidos cuando eran todavía estudiantes secundarios, dos de ellos en el Instituto Comercial Nº 2 (Alejandro Espejo y Mario Carrasco) y Jorge Antonio Herrera en el Liceo 6 de San Miguel, que en el tiempo del presidente Salvador Allende se llamaba Liceo Che Guevara.


Cuarenta y tres de ellos fueron alumnos/docentes o titulados de la Universidad de Chile, entre ellos Francisco Aedo, destacado arquitecto socialista/mirista y académico de esa casa de estudios, que ya estaba jubilado. Diez eran egresados de la actual Universidad de Santiago, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, y nueve lo eran de Concepción. Sólo tres eran de la Universidad Católica, entre ellos la actriz Carmen Bueno (“A la Sombra del Sol” y “La Tierra Prometida”), que estudió en la escuela de Arte y Comunicación y era pareja de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de Chile, desaparecido como ella. Mario Calderón, periodista, era de Valparaíso. Sergio Reyes era economista. Violeta Löpez actuaba en el grupo de Teatro de Ferrocarriles y después del golpe trabajó en Cecinas Loewer como obrera. Jacqueline Drouilly estaba embarazada y nunca se supo qué ocurrió con su hijo.

Jacqueline era estudiante de Servicio Social, como lo eran también María Teresa Bustillos, Juan Ibarra, Alfredo García y Jacqueline Binfa. Varios eran santiaguinos, de barrios ubicados en Ñuñoa/Peñalolén, en la Villa Francia, en la población José María Caro. Pero otros habían llegado a la capital eludiendo la represión desde Temuco, Valdivia, o Concepción. Algunos eran nortinos como los hermanos Andrónicos Antequera, en cuyo hogar se hicieron las primeras experiencias de fabricación de una radioemisora clandestina.

Había dos sastres, Miguel Angel Sandoval y Pedro Merino, y dos concertistas: Patricia Peña (piano) y Luis Jaime Palominos (corno francés). Otros eran mecánicos, veterinarios, ingenieros, ingenieros, topógrafos, albañiles. Eugenia Martínez era obrera textil y vivía en La Legua. José Villagra había sido dirigente sindical, era obrero textil y luego municipal, y vivía en Villa Francia. Varios eran periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, empleados públicos, arquitectos, técnicos agrícolas, o jardineros. La lista incluía un ex detective, Teobaldo Tello, una empleada del Registro Civil, Mónica Llanca, y una de la Policía de Investigaciones, Sonia Bustos, que trabajaban en la red de resistencia proveyendo información y materiales para confeccionar cédulas de identidad en los talleres clandestinos.

En el grupo, 102 detenidos tenían ente 18 y 30 años, y 13 de ellos estaban entre los 30 y los 40. La mayoría militaba en el MIR pero también había socialistas, comunistas, mapucistas e independientes. Entre todos tenían 84 hijos al momento de su detención, y venían otros 13 niños en camino. Muchos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales o poblacionales antes de 1973.


Dos de los desaparecidos – Miguel Angel Pizarro Meniconi y Rodrigo Ugas - tuvieron hijos póstumos mellizos. Los hijos de Manuel Cortez Joo, Luis Guajardo y Washington Cid nacieron en prisión. Sus madres sobrevivieron.

Los procesamientos del Ministro Montiglio se refieren a los secuestros de Francisco Aedo Carrasco, los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Cecilia Castro Salvadores, Alejandro Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Mario Calderón Tapia, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Gilberto Urbina Chamorro, Miguel Ángel Acuña Castillo, María Angélica Andreoli Bravo, Rubén Arroyo Padilla, Arturo Barría Araneda, Francisco Bravo Núñez, Carmen Bueno Cifuentes, Juan Chacón Olivares, Darío Chávez Lobos, Washington Cid Urrutia,
Bernardo de Castro López, Luis Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, María Cristina López Stewart, Zacarías Machuca Muñoz, Jorge Olivares Graindorge, Vicente Palominos Benítez, Juan Carlos Perelman Ide, Carlos Pérez Vargas, Asrael Retamales Briceño, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Enrique Toro Romero, Rodrigo Ugas Morales, Eduardo Ziede Gómez, y Héctor Cayetano Zúñiga Tapia.

La voz de una hija

En abril de 2008, en un acto de homenaje realizado en la Facultad de Filosofía de la U de Chile, Natalia, hija de Alfonso Chanfreau expresaba (en párrafos editados de su intervención): “hasta el día de hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que funciona como si esto no hubiese pasado. Son contados con los dedos de una mano los lugares identificados como sitios de memoria. ¿Cuántas casas de tortura han sido oficialmente entregadas, tal vez simplemente con una plaquita que diga: aquí se torturó? donde se visibilice no sólo el horror sino también a sus víctimas, en todas sus dimensiones…. Uno logra moverse por el mundo con una cierta normalidad hasta que el peso real de la desaparición cae nuevamente sobre nuestros cuerpos y nos hace pedacitos, y nos volvemos a preguntar como manejar tanto dolor, como manejar tanta impunidad cotidiana. Pero finalmente logramos salir nuevamente a flote ... les puedo contar que mi papá era lindo…de una voz particular, alto, estudioso militante, hijo regalón, compañero… Chile entero ha sido y seguirá estando marcado por lo que fue la dictadura y estos años de impunidad, en la vida de mis hijos y en la de todos los que crecerán en este país. El juicio que esperamos en Francia es un tremendo llamado de atención respecto de lo que pasa aquí en Chile. No puede ser que las condenas sean tan bajas, que los juicios se alarguen por años y años sin avances significativos para la mayoría, no puede ser que este país se haga el sordo y ciego frente a lo ello. Esto es un llamado de atención a cada uno de nosotros a no bajar la guardia, a no olvidar. ¡Verdad y Justicia ahora, no a medias, no por partes, sino toda, nada más ni nada menos!”

Lista de carabineros procesados por Operación Colombo

Los siguientes son los oficiales y suboficiales de carabineros ® procesados por el ministro Víctor Montiglio por su participación en los secuestros y desapariciones que la DINA denominó Operación Colombo:

Gerardo Godoy García (coronel, jefe Grupo Tucán), Ciro Torré Sáez (coronel, jefe casa de Torturas Domingo Cañas 1367), Ricardo Lawrence Mires (coronel, “Cachete”, de Brigada Halcón; Londres 38, ya procesado por calle Conferencia), Luis Zúñiga Ovalle (coronel) ; el suboficial Alejandro Molina Cisternas ( "El Choco ya condenado en primera instancia por el secuestro de Mario Carrasco, uno de los 119, después fue miembro de la Brigada Verde de la CNI) y está involucrado en los asesinatos de Lisandro Sandoval Torres (1981) y de Patricio Sobarzo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia (en 1984)); José Aravena Ruiz (sargento, Brigada Caupolicán); Heriberto del Carmen Acevedo, Sergio Castro Andrade, José Fritz Esparza, Héctor Lira Aravena , Manuel Montré Méndez, Claudio Orellana de la Pinta, José Ojeda Obando, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardia Monge, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, Héctor Valdebenito Araya, (todos ellos de la Brigada Lautaro); Pedro Alfaro Fernández, Manuel Avendaño González, Armando Cofré Correa, Gustavo Caruman Soto, Juan Duarte Gallegos, Héctor Flores Vergara, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Julio Hoyos Zegarra (suboficiales), Guillermo Inostroza Lagos, Nelson Iturriaga Cortés, Eduardo Jaime Astorga, Arnoldo Jara Brevis, Gerardo Meza Acuña, José Mora Diocares, José Muñoz Lea y Jerónimo Neira Méndez (sargentos), Nelson Ortiz Vignolo, Sylvia Oyarce Pinto (suboficial), Claudio Pacheco Fernández (suboficial), Fernando Roa Montaña (sargento segundo), José Manuel Sarmiento Sotelo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Luis Villarroel Gutiérrez . Y el civil Luis Eduardo Ortiz Farías.


Los miembros de la Fuerza Aérea procesados son Delia Gajardo Cortés y Germán Avalos Muñoz (empleados civiles DINA). De la Armada, fue encausada la agente DINA Teresa Navarro Osorio (suboficial). Por Gendarmería, lo está el mayor ® Orlando Manzo Durán (ex jefe del campo de concentración de Cuatro Alamos).

Sin embargo ya están en libertad condicional (desde junio) todos los procesados –la mayoría- que no se encontraban en prisión por causas anteriores, lo que generó frustración en los familiares y en los defensores de los derechos humanos.

La cantidad de procesamientos del Ministro Montiglio rompió el cerco comunicacional que normalmente existe sobre los temas de derechos humanos. El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos en este montaje de la dictadura, valoró en la oportunidad este avance, pero la organización sostuvo: “Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles que planificaron el montaje comunicacional de las listas de los 119 o que coadyuvaron con su implementación. No puede castigarse al sicario y no a su asociado en el delito. Reivindicamos el compromiso y el proyecto encarnado por estos 119 compañeros, nuestros familiares, y por todos quienes fueron reprimidos por la Dictadura. Para refundar este país bajo los principios y el modelo neoliberal, la Dictadura Militar implementó estos brutales métodos represivos contra nuestros familiares y creó estructuras que hoy violan los DDHH de nuestro pueblo. Para restablecer la soberanía popular y reconstruir la esperanza de otro Chile seguiremos buscando más justicia en los tribunales y en las calles.”

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán el 2 de septiembre de 2004 había encargado reos a Contreras, los miembros de la DINA y los agentes Basclay Zapata y Osvaldo Romo (que murió en prisión) por el secuestro calificado de 16 caídos en la Operación Colombo. El procesó a Conrado Pacheco, a Manuel Carevic; a Francisco Ferrer Lima y los tenientes Ricardo Lawrence, y Gerardo Godoy, así como a Gerardo Urrich, al brigadier (r) Fernando Lauriani, y al general (R) Raúl Iturriaga.

Lista de miembros de Investigaciones y de la FACH procesados por Operación Colombo

El ministro Víctor Montiglio procesó a los siguientes miembros de la policía de Investigaciones, todos de la DINA:

Eugenio Fieldhouse Chávez (Subprefecto, Subjefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi), Daniel Cancino Varas (Subprefecto), Risiere del Prado Altez España y Hugo Hernández (inspectores, este último operó en el centro clandestino de detención y tortura Venda Sexy), Herman Alfaro Mundaca (Comisario), Juan Urbina Cáceres (prefecto), Manuel Rivas Díaz (subcomisario), y Osvaldo Castillo Arellano.
Los miembros de la Fuerza Aérea procesados son Delia Gajardo Cortés y Germán Avalos Muñoz (empleados civiles DINA). De la Armada, fue encausada la agente DINA Teresa Navarro Osorio (suboficial).

Por Gendarmería, está procesado el mayor ® Orlando Manzo Durán (ex jefe del campo de concentración de Cuatro Alamos).

Lista de miembros del Ejército procesados por ministro Montiglio por Operación Colombo

También este año, el ministro en visita Víctor Montiglio, que heredó casos investigados inicialmente por el ex Juez Juan Guzmán, encausó a Manuel Contreras junto a la plana mayor de la DINA y procesó a un total de 98 represores, la mayoría suboficiales en retiro, que participaban en los grupos operativos o en los centros clandestinos de detención y tortura.

Entre los oficiales de ejército ® procesados están Raúl Iturriaga Neumann (general, jefe del Departamento Exterior de la DINA, que en 2007 huyó durante 55 días al ser confirmada su condena por el secuestro de Dagoberto San Martín. El ministro Solís lo condenó recientemente a 15 años por el homicidio del General Prats y su esposa). También fueron procesados Miguel Krassnoff Martchenko (jefe de la Brigada Halcón), Fernando Lauriani Maturana, Marcelo Moren Brito ( coronel, jefe de Villa Grimaldi) Pedro Espinoza Bravo (coronel, ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (General, jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA y segundo hombre de Contreras), Manuel Carevic Cubillos (brigadier, subjefe de la Brigada Purén, implicado en otro proceso por muerte del cabo Rodolfo González); Maximiliano Ferrer Lima (coronel, Brigada Caupolicán), Gerardo Urrich González (mayor, jefe Brigada Purén, cumple condena por secuestro de Dagoberto San Martín) y el oficial Sergio Castillo González. Se revocó el procesamiento de Jorge Andrade Gómez (coronel, Grupo Aguila de Grimaldi y Brigada Azul de la CNI, condenado ya a cinco años y un día por el homicidio de Paulina Aguirre) porque su destinación a la DINA habría sido posterior a 1976. El grupo de de encausados incluye a Eduardo Guerra Guajardo y Raúl Toro Montes (conscriptos y empleados civiles DINA), y los suboficiales Carlos Bermúdez Méndez, José Fuentes Torres, Jaime Paris Ramos, Víctor San Martín Jiménez.

Además están encausados siete suboficiales integrantes de la Brigada Lautaro: Hiro Alvarez Vega, Víctor Manuel Alvarez Droguett; Alfonso “Elefante” Piña Garrido, Eduardo Reyes Lagos, Carlos Rinaldi Suazo, Orlando Torrejón Gatica, y Jorge Venegas Silva. Fueron encausados asimismo Gustavo Apablaza Meneses (Inteligencia Exterior de la DINA/CNI), Máximo Aliaga Soto, Pedro Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Concha Rodríguez; Hugo Clavería Leiva, Juan Escobar Valenzuela y Carlos Letelier Verdugo (los tres últimos, conscriptos y empleados civiles DINA/CNI); Carlos Miranda Meza, Víctor Manuel Molina Astete, Luis Mora Cerda, Nelson Paz Bustamante, Alfonso Quiroz Quintana (conscripto, empleado civil DINA), Raúl Soto Pérez, Juan Suárez Delgado (suboficiales todos), Rosa Ramos Hernández (agente DINA Villa Grimaldi); Luis Torres Méndez y Basclay Zapata.

El procesamiento del ex conscripto Samuel Fuenzalida Devia constituyó una señal preocupante para sectores del movimiento de derechos humanos, pues se trata de un ex guardia que desertó tempranamente, salió del país para salvar su vida y en Alemania entregó importante información sobre el funcionamiento de la DINA en el proceso contra Colonia Dignidad a organismos como Amnistía Internacional y en el juicio respectivo que se realizó allí. Posteriormente regresó a Chile y ha declarado en muchos procesos por desaparecidos. Fue denegado el recurso de amparo en su favor interpuesto por el pastor luterano Helmut Frenz.

Los procesados miembros de la policía de Investigaciones, todos de la DINA, son Eugenio Fieldhouse Chávez (Subprefecto, Subjefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi), Daniel Cancino Varas (Subprefecto), Risiere del Prado Altez España y Hugo Hernández (inspectores, este último operó en el centro clandestino de detención y tortura Venda Sexy), Herman Alfaro Mundaca (Comisario), Juan Urbina Cáceres (prefecto), Manuel Rivas Díaz (subcomisario), y Osvaldo Castillo Arellano.

Sentencias de ministro Solis por casos 119

El Ministro Alejandro Solis fue el autor del fallo que llevó por primera vez a la cárcel al ex Director de la DINA Manuel Contreras, el año 2005. La sentencia, que también incluyó a la plana mayor de la DINA fue por el secuestro de Miguel Angel Sandoval Rodríguez, un sastre mirista que formaba parte del sector militar de esa organización y había sido miembro del GAP, el grupo de amigos personales que protegía al ex Presidente Salvador Allende. Posteriormente también emitió sentencia por la desaparición de María Teresa Bustillos y por Manuel Cortez Joo.
La Corte Suprema deberá pronunciarse próximamente en el caso de Luis Guajardo Zamorano, en el que la defensa de los criminales ha presentado un recurso de casación. La sentencia definitiva se está redactando en estos días.

Este año, dos penas impuestas por el juez Alejandro Solís en procesos de la Operación Colombo fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones, pero aun resta el paso por la Suprema. Es el caso del nortino estudiante de ingeniería en minas Julio Flores Pérez, donde el fallo fue de 15 años para Manuel Contreras, y 10 años y un día para Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi) , Maximiliano Ferrer Lima (Brigada Caupolicán de la DINA), Miguel Krassnoff ( ex jefe del grupo Halcón) y Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi) . La otra sentencia confirmada para los criminales de la DINA fue por el secuestro de la asistente social Jacqueline Binfa Contreras. Según informó el poder judicial, se trata de la séptima condena a nivel de Cortes de Apelaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de un total de 58 sentencias a nivel de ese tribunal, desde junio de 2003 a la fecha.

También este año, el ministro Solis dictó dos nuevos fallos. Uno es por el egresado de ingeniería Osvaldo Radrigán, condenando a Contreras a 15 años de cárcel. Sus secuaces, los brigadieres ® Espinoza y Krassnoff, así como los coroneles ® Moren Brito y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor ®Basclay Zapata (del grupo Halcón) recibieron una pena de diez años y un día cada uno. Wenderoth ya cumplía condena por Manuel Cortez Joo. Los demás ex oficiales también cumplían condenas por otros casos en el Penal Cordillera, denominado “VIP” por los chilenos más informados, debido a que fue construido exclusivamente para oficiales y cuenta con comodidades y prebendas ausentes del resto de los recintos penales.

El otro fallo elaborado por Solís se refiere al caso del secuestro del técnico electrónico y miembro de la estructura de informaciones del MIR, Marcelo Salinas Eytel, sentenciando a otros 15 años y un día a Manuel Contreras, y al resto de los directivos DINA a diez años y un día. De igual manera, Solís procesó este año por el secuestro del estudiante de sociología Jaime Robotham a toda la plana mayor de la DINA, a Wenderoth, al coronel ® Eduardo Lauriani Maturana, a Krassnoff y por primera vez, al detective Valentin Cancino Varas como autores del crimen. También hay fallos de primera instancia por Jorge D’Orival, y Julio Flores Pérez. Por el secuestro del estudiante Claudio Silva, este juez que es quien más sentencias ha expedido contra los violadores de derechos humanos, procesó a Pedro Espinoza, Basclay Zapata y a la agente Palmira Almuna Guzmán. Al contrario de algunos de sus pares, este ministro respalda sus resoluciones no sólo en la legislación nacional sino en la doctrina de derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Nunca ha aplicado la prescripción ni la amnistía.

El Ministro Fuentes ha dictado sentencias de primera instancia en los casos de Félix de la Jara, Ofelia Lazo y Sergio Montecinos, en las que ha hecho valer la media prescripción. También es suyo el fallo por el secuestro de los hermanos Carlos y Elena González Inostroza.

Justicia en gotario para los 119 detenidos en la Operación Colombo


El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como "Operación Colombo", pero sólo en seis de los 119 casos de desapariciones los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema. En estos procesos, la justicia únicamente ha dictado sentencias definitivas en los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. En el caso de Espinosa el único sentenciado es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión; en los otros casos citados, los fallos implican además al ex director de la DINA, general ® Manuel Contreras y a su plana mayor.
Hay otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas ya han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Según fuentes de militares en retiro ("Cruzada por la Reconciliación Nacional") citadas en el diario El Mercurio del pasado 22 de junio para pedir el fin de los jucios, el total de las sentencias ejecutoriadas en casos de derechos humanos llega a veintidós. Según ellos, en las más de 300 causas que afectan a uniformados, se han dictado 1.165 procesamientos. Se encuentran en etapa de investigación 269 de estos; y en la fase de acusación y prueba, 6. Han apelado del fallo de primera instancia 14 imputados, y en casación (petición de nulidad de sentencia) se encontrarían 16 casos.
Amnistía y estrategias
La estrategia judicial de los criminales –que utilizan todos los recursos judiciales disponibles en el antiguo sistema penal, l- combinada con la nula voluntad de la Corte Suprema para volver a dar exclusividad en la tarea a los jueces que tramitan causas de derechos humanos, ha funcionado en varios casos como una garantía de impunidad. El sistema criminal antiguo está vigente para los delitos cometidos antes de la promulgación de la Reforma Procesal Penal. Durante el año 2007, según denunció en su balance anual la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, los seis tribunales del crimen operativos en Santiago se negaron a recibir nuevas causas, no aceptaron reaperturas de sumarios, ni concedieron desarchivo de causas, porque tenían fecha de vencimiento como tribunales (debido a la reforma) y no podían asumir nuevas tareas, constituyendo el hecho una denegación de justicia.
Es oportuno destacar que 17 de los secuestros de la llamada "Operación Colombo" no cuentan en estos momentos con procesos vigentes, lo que asegura absoluta impunidad a los responsables (casos de la estudiante María Inés Alvarado, del albañil Eduardo Alarcón, del vendedor de frutos Víctor Arévalo, del mecánico Bladimir Arias, la funcionaria de investigaciones Sonia Bustos, el estudiante de biología Luis Fuentes, el contador Néstor Gallardo, el estudiante Jorge Herrera, el activista campesino Ramón Labrador, el estudiante Sergio Lagos H, la secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales Violeta López, el comerciante Juan Maturana, el dirigente sindical Agustín Morales, el funcionario de la salud Germán Moreno, el estudiante de la Universidad Técnica Ramón Núñez, el comerciante de la población La Bandera Gary Olmos, y del estudiante Carlos Salcedo). Otro mecanismo que dilata la tramitación de las causas ha sido la aplicación por una minoría de jueces de la amnistía, la "cosa juzgada", la obediencia debida y/o la prescripción. Así por ejemplo, en los casos vinculados a la Operación Colombo, incluso los primeros procesamientos debieron ser confirmados por la Corte Suprema. En Chile no todos los ministros de Corte respetan y conocen el derecho internacional en derechos humanos, y ha habido contradictorias resoluciones del más alto tribunal que así lo comprueban.

Sólo después de la detención de Pinochet en Londres comenzaron los tribunales chilenos a investigar los casos de detenidos desaparecidos. La deuda de la justicia con la sociedad chilena aún está lejos de saldarse y la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, pese a la constante movilización de las organizaciones de derechos humanos.
El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos, conmemora este año el aniversario de la publicación de la lista que mintió sobre el destino final de 100 hombres y 19 mujeres chilenas, con "Video Encuentros" que se realizarán en la ex casa de tortura de calle Londres 38, entre las 18 y 21 horas, los días miércoles 23 de julio ("Evidencias: medios y periodistas al servicio de la represión"), jueves 24 ("Resistiendo con la verdad y el coraje de los que no callan") y viernes 25 ("La justicia se abre camino: condena ética y social a los cómplices y encubridores"). El Domingo 27 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Línea Fundadora realizará una romería en la localidad costera de Quintero, donde se cree fueron lanzados al mar desde helicópteros, algunos de los desaparecidos. Allí se levantará un memorial.
Ética y perdón
El Colegio de Periodistas de Chile pidió disculpas este año a los familiares de los caídos en dos montajes publicitarios de la dictadura, la Operación Colombo y Rinconada de Maipú. Por Colombo se había sancionado ya con censura pública y suspensión temporal de la colegiatura a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y a la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio por las graves faltas a la ética y a la verdad cometidas en 1975.
El Tribunal de Ética que realizó la investigación de estos hechos en 2006, consideró no imputables por fallecimiento a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro. Todos ellos colaboraron con los montajes ideados por la DINA para "informar" en grandes titulares que 100 chilenos y 19 chilenas habían muerto en el exterior, encubriendo así su desaparición y sembrando de paso un terror que aún deja huellas en el inconsciente colectivo de los chilenos que vivieron esa época de titulares escalofriantes: "Exterminados como ratas", era el encabezado del diario La Segunda del 24 de julio de 1975.Según declararon los periodistas, el montaje fue obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA. En La Segunda firmaba con el seudónimo "Alexis", pero no era periodista por lo que no fue incluido en las sanciones. Su nombre no ha figurado hasta ahora en ningún procesamiento de la causa.


Las dos listas de muertos reproducidas en la prensa chilena fueron tomadas de los periódicos de edición única "O Dia", de Curitiba, Brasil, y "Lea", de Argentina, que atribuían los decesos a choques con las fuerzas de seguridad argentina o a querellas internas. Era la marcha blanca de la Operación Cóndor, el pacto de ayuda mutua entre las policías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil ya iniciado. En septiembre de 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert habían sido asesinados en Buenos Aires por agentes de la DINA en complicidad con la policía argentina. El ministro Alejandro Solís –el magistrado que dictó la primera sentencia contra el ex director de la DINA Manuel Contreras por el secuestro calificado de uno de los 119, Miguel Angel Sandoval – pronunció recientemente el fallo que condena a cadena perpetua a Contreras por el alevoso crimen del militar constitucionalista.
En el acto en que el Colegio de Periodistas pidió perdón a los familiares, estos valoraron el hecho, criticando que los medios implicados no hayan ofrecido disculpas públicas. También deploraron que en democracia se haya retomado la práctica de presentar montajes policiales uniformes a través de la prensa y la televisión, para desacreditar las luchas de estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche, y condenar a través de los medios a quienes no tienen voz para presentar sus demandas y denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos.
Posteriormente, en el aniversario de la orden profesional, durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes 18 de julio, el orador invitado, el vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, fue increpado por jóvenes manifestantes que se levantaron de sus asientos para exigir la libertad de la documentalista Elena Varela, que ha sido objeto de un montaje de este tipo y permanece encarcelada en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, enjuiciada con normas de la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Vestidos con poleras alusivas, luego de escuchar discursos sobre la ética y la libertad de expresión, clamaron a viva voz: ¡Hasta cuándo arman montajes para castigar a los que luchan!

miércoles, julio 23, 2008

"Apaga y Vamonos" en Cine Arte Alameda el viernes 1º agosto

Nos complace invitarlos al estreno del documental Apaga y Vámonos, del catalán Manel Mayol. Un trabajo realizado en el alto Bío Bío en 2004, durante la negociación entre ENDESA, el Estado chileno y el pueblo pehuenche por la central hidroeléctrica Ralco.
Desde su estreno en el 2005, "Apaga y Vámonos" ha estado presente en más de 60 festivales internacionales, ganando 7 premios y, sin motivos aparentes, sólo una vez se ha mostrado en Chile, durante el Festival de Cine de Valdivia.
Como cerrando un ciclo después de haber dado la vuelta al mundo, Apaga y Vámonos se estrena en Chile el día Viernes 1 de Agosto en el Cine Arte Alameda a las 20:30 hrs.

"Apaga y Vamonos" en Cine Arte Alameda el viernes 1º agosto

Nos complace invitarlos al estreno del documental Apaga y Vámonos, del catalán Manel Mayol. Un trabajo realizado en el alto Bío Bío en 2004, durante la negociación entre ENDESA, el Estado chileno y el pueblo pehuenche por la central hidroeléctrica Ralco.
Desde su estreno en el 2005, "Apaga y Vámonos" ha estado presente en más de 60 festivales internacionales, ganando 7 premios y, sin motivos aparentes, sólo una vez se ha mostrado en Chile, durante el Festival de Cine de Valdivia.
Como cerrando un ciclo después de haber dado la vuelta al mundo, Apaga y Vámonos se estrena en Chile el día Viernes 1 de Agosto en el Cine Arte Alameda a las 20:30 hrs.

martes, julio 22, 2008

En el mar de Quinteros es donde están algunos de los 119


La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Línea Fundadora invita a una romería en Quinteros este domingo 27 de julio.

Actos conmemorativos a 33 años de publicación de Lista de los 119


MONTAJES DE LA REPRESIÓN
(un modelo para armar y desarmar)

Video-encuentros a 33 años del montaje comunicacional de los 119

Compañeros y amigos,

Se cumplen, este mes de julio, 33 años de las Listas de los 119, hecho que marcara fuertemente nuestras vidas y el camino de lucha de nuestro pueblo por un Chile socialista. 119 hermosos testimonios de amor, vida y compromiso.

No obstante el terror dictatorial y el paso del tiempo, nuestros corazones laten fuerte y vertiginosamente al rescatar esta memoria, nutriendo de ideas y pasión nuestra tarea.

Te invitamos a participar de este homenaje, por nuestras compañeras y compañeros, y a contribuir activa y creativamente en la lucha por imponer la verdad y hacer justicia.
PROGRAMACIÓN

23 DE JULIO
Evidencias:
Medios y periodistas al servicio de la represión

Demostraremos la trayectoria y la constante histórica en la utilización de los medios de comunicación como herramienta para violación de los derechos humanos, y en el caso de los 119 los vínculos con la coordinación del Plan Cóndor, destacando el rol de las empresas periodísticas COPESA y El Mercurio.

24 DE JULIO
Resistiendo con la verdad:
La dignidad y el coraje de los que no callan

Mostraremos la trayectoria de medios de comunicación independientes, de periodistas y de comunicadores populares y su apuesta por la libertad de expresión, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y la generación de conciencia crítica en la sociedad.
25 DE JULIO
La justicia se abre camino:
Condena ética y social a los cómplices y encubridores

Mostraremos caminos alternativos complementarios al de la Justicia como por ejemplo el tribunal ético del Colegio de Periodista; cuyas investigaciones y resoluciones dan pie para buscar responsabilidades como cómplices y encubridores en los casos de montaje. Este día tendrá un carácter más político y expondrán abogados que sigan casos de este tipo como Hiram Villagra y Hugo Gutierrez.
HORARIO:
18 a 21 horas

LUGAR:
Londres 38
Metro U. de Chile


Convocan: Colectivo de familiares y compañeros de los 119, Videotecas de la Memoria, Polo Izquierdo de la Memoria.
Gracias a la colaboración de: Señal 3 de la Victoria, Hijos Chile, ARI (asociación de reporteros independientes).

sábado, julio 19, 2008

Elena Varela presente en el aniversario del Colegio de Periodistas.

El viernes, que era el aniversario del Colegio de Periodistas participé en una manifestación ad hoc organizada por la Plataforma por la Libertad de Expresión y Creación. Mientras en el escenario se hablaba de ética y del compromiso de los periodistas con la verdad, me pareció totalmente coherente que cuando se puso a hablar el Ministro Vidal nos pusiéramos de pie en medio del auditorio vestidos con las poleras por la libertad de Elena Varela. El montaje judicial que la mantiene en una cárcel de alta seguridad es inaudito y no puede ser ignorado por este tipo de personajes públicos. Por eso fue que muchos de los manifestantes lo increparon públicamente exigiéndole que respondiera cuándo llegará la hora del fin de los montajes, de la justicia y de la libertad de expresión.

Esta fue la versión de Las Ultimas Noticias, el único medio que publicó algo...va con una foto en que aparezco entre otros manifestantes. Yo era la única periodista del grupo y como tal tuve la paciencia de quedarme hasta el final del acto. Además, por algo estoy apoyando en la elección que se realiza esta semana, la lista de Izquierda Independiente que entre otros temas levanta el del fin de los montajes, el apoyo a la diversidad y se pronuncia por la libertad de Elena Varela. A la presidencia va como candidata de nuestra lista Gladys Díaz, y entre los consejeros están Ernesto Carmona, Carlos Zarricueta, Mónica Silva y otros. Más información del tema en la semana...

http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/07/19/LUCPRPO12LU1907.htm?idnoticia=C29V38HB20080719&tipoPantalla=1260

Pueblo mapuche: los nuevos condenados de la tierra

Esta es la familia de Roberto Painemil Parra, en el Juzgado de Garantía de Temuco, a la espera de la sentencia del tribunal en junio pasado. El llevaba un año y medio preso sin juicio, y
había sido torturado para que "confesara". El desconsuelo de los suyos, es el de centenares de familias de los presos políticos mapuche que viven dolores y angustias similares a las que vivieron nuestras familias en los tiempos de la dictadura militar. Por eso, entre otras muchas razones es que escribo y machaco tanto sobre este tema. Nos costó muchas vidas recuperar la democracia. Nada puede justificar que para algunos, para los que luchan por la tierra, nada haya cambiado y sigan viviendo como en dictadura.

La Comisión Ëtica Contra la Tortura, organismo chileno en el que participo y que está integrado por personalidades de destacada trayectoria en la lucha antidictatorial y por organizaciones cristianas y de derechos humanos (entre ellos el cura José Aldunate, Helmut Frenz, y miembros de la CONFERRE, la entidad que agrupa a los religiosos de Chile), se encuentra a la espera de la respuesta del gobierno a un informe entregado a la Presidenta Michelle Bachelet sobre la tortura en Chile durante su período presidencial. Desde el año 2001 en que se fundó, esta organización ha entregado cada 29 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un documento al Presidente de la República con un estado de situación del tema en el país. Este 29 de junio de 2008 representantes de la Comisión Etica, entre ellos Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión y ex Presa Política; Beatriz Brinkman, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS; Alicia Lorca, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y el académico cristiano Hervi Lara, dialogaron con María Luisa Sepúlveda, la asesora de la Presidenta en derechos humanos, quien mostró interés en el informe, que en su primera parte aborda temas como la impunidad en delitos cometidos en tiempos de dictadura, y asuntos pendientes en materia de justicia, verdad y reparación. La segunda parte del informe revisado con la asesora presidencial, se refiere a casos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes llevados a cabo por fuerzas policiales en el marco de la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras.
En las semanas siguientes a la elaboración del documento, la situación continúa agravándose en lo referido al tema mapuche. La petición del Ministerio Público - la entidad que formula en Chile los cargos - solicitando la nulidad del juicio que a comienzos de junio, absolvió a Héctor Llaitul y Roberto Painemil, fue acogida por la Corte de Apelaciones de Temuco. Acusados como autores de incendio de maquinaria de Forestal Mininco, ellos habían permanecido más de un año y medio en prisión. La Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el próximo 25 de julio si vuelven a la cárcel y se les hace un nuevo juicio. Por otra parte, Pedro Vivanco Rebolledo, dirigente pehuenche de la comunidad TrapaTrapa-Butalelbum (comuna del alto Bio Bío, Octava Región) pidió asilo político en Argentina. El líder pehuenche fue sentenciado junto al lonko Roberto Manquepi Vita (que permanece en prisión) por “usurpación de tierras y robo con fuerza” en la recuperación del fundo Cochico en 2003. Es el segundo caso de asilo. El primero lo protagonizó Pascual Pichún Collonao, hecho recogido en el informe de la Comisión Etica que da cuenta de las diversas formas en que se expresa la llamada “judicialización” de las movilizaciones de las comunidades que han iniciado procesos de reivindicación de tierras ancestrales.
El estudio presentado a la Presidenta Bachelet y a organizaciones internacionales de derechos humanos, denuncia la impunidad frente a dos casos de violencia innecesaria con resultado de muerte: el asesinato por carabineros de dos jóvenes mapuche, ambos de 23 años de edad. El 3 de enero de 2008 el estudiante Matías Catrileo Quezada fue baleado por la espalda cuando participaba en una acción de recuperación de tierras en el fundo Santa Margarita, sector Vilcún, Región de la Araucanía. La familia de Matías Catrileo, a través de un escrito de su madre, Mónica Quezada, presenta directamente los hechos en el informe. La investigación del asesinato de Matías Catrileo está en manos del fiscal militar José Pinto Aparicio y el procesado, cabo segundo Walter Jonathan Ramírez Inostroza se encuentra en libertad provisional, sin que hasta ahora se haya formulado acusación contra otros involucrados.
En la Región Metropolitana, donde viven asimismo miles de familias mapuche, Johnny Cariqueo Yáñez, joven hiphopero, recibió una feroz golpiza luego de ser detenido el 29 de marzo de 2008 en Pudahuel, en la Plaza Víctor Jara. Fue trasladado a la 26º Comisaría de Pudahuel, a un consultorio, y luego a la 1º comisaría de Santiago en estado lamentable. Falleció debido a un infarto el 31 de marzo, horas después de ser liberado. El caso de Cariqueo no está siendo investigado en tribunales.
El informe da cuenta de más de cincuenta y cinco casos de hombres y mujeres mapuche que han vivido o viven la prisión política. En mayo todavía permanecían en prisión 24 presos políticos mapuche (ver listado en otra entrada del blog). Entre 2007 y 2008, cuatro presos fueron liberados por cumplimiento de condena. Hay 4 casos de penas remitidas, es decir que se cumplen en libertad condicional. Se describen asimismo 24 aplicaciones de medidas cautelares de restricción de libertad aplicadas por los jueces. Los afectados deben, por ejemplo, presentarse ante una repartición policial diariamente, desplazándose desde sus comunidades a la ciudad, invirtiendo su escaso dinero en viajes y descuidando sus labores en el campo. No existen estadísticas oficiales, pero las estimaciones de afectados por medidas cautelares que se hacen a nivel de las organizaciones mapuche, son superiores a las listadas en este registro.
Las absoluciones objetadas
Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, fue absuelto del cargo de incendio de maquinaria de la forestal Mininco en el fundo Las Praderas de Chonchol (diciembre de 2006) y de porte de armas y receptación, en un juicio oral realizado en Temuco (junio de 2008). A Roberto Painemil, comunero del sector Tres Cerros, de Yeupeco, (comuna de Vilcún) se le sentenció en el mismo juicio, por porte de armas, pero fue absuelto del delito de incendio. Habían sido condenados previamente a través de los medios de comunicación. El vuelco judicial fue posible porque la defensa la asumió un equipo de profesionales de derechos humanos encabezado por el ex juez Juan Guzmán, y organizado por los abogados del Partido Humanista Enrique Prieto y Fernando Lira (vicepresidente del PH), junto a Pablo Ortega, abogado de Concepción. Juan Guzmán ha manifestado que el Ministerio Público no tendrá éxito en su intento de anular el juicio pues debió probar la culpabilidad de los imputados durante el año y medio que los tuvo en prisión y no corresponde pedir ahora nueva rendición de pruebas.
El juicio oral se extendió a lo largo de una semana en Temuco, con declaraciones contradictorias de un testigo sin rostro y de carabineros contra Painemil, y sólidos testimonios presentados por la defensa cuyos testigos –de la localidad de Labranza, que atestiguaron haber estado con Llaitul cuando ocurrían los hechos denunciados - fueron amedrentados por Investigaciones luego de declarar en el tribunal. El tribunal escuchó la estremecedora denuncia de tortura hecha por Painemil y traducida del mapudungun por intérpretes puestos por el tribunal y CONADI. Esta periodista pudo escuchar su explicación, acerca de que el miedo provocado por las torturas y las amenazas contra su familia lo forzaron a autoinculparse e implicar a Llaitul en los hechos. El síndrome del torturado se evidenció al narrar el imputado los hechos vividos en la comisaría de Cholchol. En varias oportunidades Painemil se vio doblegado por la emoción y el dolor producidos al reconstruir su penosa experiencia que apenas podía relatar.
Cuando Héctor Llaitul salió de prisión, se dirigió con su esposa e hijos y amigos más cercanos "a ver el lugar de reposo de Matías Catrileo. El fue mi hermano, mi amigo que me acompañó en los días de prisión. Fui a rendirle homenaje".
¿A qué atribuye su libertad?
"La absolución fue un triunfo que me sorprendió. Se conjugaron varias cosas. Esta fue una defensa organizada desde los nuestros y desde los que respetan a los nuestros, y a nuestra propuesta. La defensoría pública está comprometida con los intereses del estado y del gobierno. Es parte del andamiaje del poder. No sólo la forestal estaba actuando aquí. Es el gobierno en sí y sus instituciones. Sin embargo pude constatar que hay gente en la sociedad chilena que tiene respeto a nuestros planteamientos. Teníamos que armar una defensa más independiente, como la que tuvimos. Antes no teníamos la capacidad de emplazarlos, pero ahora logramos ganar en el terreno que el gobierno acostumbraba, porque cometieron muchos errores e ilegalidades, realizaron un montaje burdo. "
¿Cómo ve su actividad a futuro?
No dejaré de ser lo que soy ni de tener las ideas por lo que me persiguieron. Mantengo mi postura política y compromiso. Algunos pensaban que en la CAM había puras cabezas calientes, que era un aparato o un proyecto ideologizado, pero eso no ha sido nunca nuestra idea. Somos expresión de mucho más. Y sin embargo ahora se vió que hay pueblo, y eso es lo que yo represento. Y eso convence a la gente.
¿Demandará una indemnización a la forestal o el Estado por el año y medio pasado en prisión?
No. Yo puedo sostenerme, eso no me interesa. Voy a trabajar como siempre, y también disfrutar a mi familia y los niños. Conté con el respaldo integral de mi compañera y eso fue muy importante. También tuve el apoyo de medios independientes, lo que valoro.
El allanamiento en Tres Cerros
Antes de enterarse de la petición de nulidad del juicio, la familia del comunero Roberto Painemil Parra, quien cumple en libertad una pena menor impuesta en el juicio oral, expresó también su alegría por la sentencia. Don Alfredo Painemil, su padre, consideró que la presencia como abogado defensor del ex juez Juan Guzmán y de Juan Enrique Prieto, director de la Fundación Laura Rodríguez, era una verdadera "bendición de Dios". El estima que el defensor público, Jaime López, no hizo nada por su hijo. Painemil padre lamentó no haber denunciado ante el tribunal que luego del allanamiento a su domicilio, su esposa que estaba sola, fue obligada por carabineros a estampar su pulgar en un papel en que ella aseguraba haber recibido buen trato. Pero la señora Lucía Parra Sandoval no sabe leer ni escribir. Agregó que López sostuvo que la familia debía abstenerse de denunciar el robo de dinero y especies por carabineros "porque yo no tenía factura para comprobar que los $180.000 que se robaron eran míos".
Sergio Painemil, hermano del imputado, denunció el constante amedrentamiento que viven, con baleos en el camino todas las noches que les impiden salir de sus casas por temor.
A la salida del tribunal, mientras aguardaba la sentencia, la madre, que prefiere expresarse en mapudungun, dijo a esta periodista: "Yo siento mucho sufrimiento. Estos años que el hijo está preso son un dolor muy grande. La comida no la puedo aprovechar. La como entre lágrimas. A raíz de este problema de los que llevan la justicia me he enfermado, tuvieron que llevarme al hospital. Espero que dejen en libertad a mi hijo y me lo entreguen en buenas condiciones, como estaba él al ser detenido."
Revivió luego el allanamiento el día de la detención de su hijo: "Me decían. 'vieja mentirosa', me dieron un trato muy duro. Buscaban armas, pero en mi casa ni una cosa de armas hay, lo que mostraron en la televisión son mentiras. Me he quedado con un trauma de cómo fueron tan violentos. Pero mi nieto chico que apenas camina, me dijo 'no tenga pena, yo te voy a proteger cuando sea grande'.
Las medidas cautelares
De los 24 casos de comuneros que deben cumplir medidas cautelares luego de haber pasado varios meses en prisión, doce afectados viven en la comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Uno de ellos es su werken o mensajero, Jorge Huenchullan, periódicamente detenido y procesado simultáneamente en varias causas. Otros afectados son jóvenes de la zona del lago LleuLleu y de los alrededores de Concepción o San Pedro, que se movilizaron a comienzos de 2008 en apoyo a la huelga de hambre que Patricia Troncoso Robles mantuvo por más de 100 días, demandando la libertad de los presos políticos mapuche y el fin de la militarización de las comunidades.
Prisión preventiva
La aplicación de meses y años de prisión preventiva a la espera del juicio, una medida que habitualmente aplican los jueces de garantía, es interpretada por los mapuche como un intento de neutralizar a sus dirigentes. Ello se ha denunciado dentro y fuera del país. En 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, de la comunidad Cacique José Guiñón de las acusaciones de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco. Asimismo, en junio de 2008, el werken Jorge Huenchullan, de la sitiada comunidad Temucuicui –que está rodeada por un retén policial instalado en un fundo vecino para proteger esa propiedad privada - fue una vez más declarado inocente de los cargos imputados. También fue exculpada la anciana Mercedes Paillalef – madre de la encarcelada lonko Juana Calfunao y de su hermana Luisa - quien sufrió medidas cautelares vigentes durante el año 2007, pero al momento del juicio, no fue acusada. Por su parte, la dirigente Mireya Figueroa de la comunidad Tricauco (caso Poluco Pidenco) se mantiene en la clandestinidad desde 2004.
Sentencias 2008
Cumpliendo penas en libertad condicional se encuentran hasta ahora Roberto Painemil Parra (Tres Cerros, en Yeupeko, comuna de Vilcún), Carolina Cadin Calfunao y Roknelia Neculman Calfunao (en la Comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco) quienes cumplen dos años y 1 día; Luis Amable Catrimil Huenupi (comunidad Tricauco, comuna de Ercilla), sentenciado por incendio simple en Poluco Podenco, a pena de 4 años y un día. Ernesto Arturo Lincopán Villagrán (comunidad Newen Kiñe Mapu, comuna de Villarrica) tiene arraigo nacional por un año.
El informe destaca además que en 2007 cumplieron su condena de 5 años y un día el lonko Pascual Pichun Paillalao (comunidad Antonio Ñirivil, comuna de Traiguén) y su hijo Rafael Pichun Collonao, así como los comuneros José Nain Curamil (Temucuicui, comuna de Ercilla), libre luego de 5 años de condena en Angol, y Waikilaf Cadin Calfunao (comunidad Juan Paillalef, comuna de Cunco), liberado tras permanecer en la Cárcel de Alta Seguridad cumpliendo su pena de 500 días de cárcel y el pago de costas del juicio, descontado de sus días de prisión. Waikilaf es hostigado permanentemente por la policía de Temuco.
Huelgas de hambre
Durante el mandato de la Presidenta Bachelet se han realizado dos huelgas de hambre de presos políticos denunciando la ley antiterrorista que los condenó. La huelga más prolongada, de la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso Robles, logró su objetivo de romper el cerco comunicacional que invisibiliza la situación de represión de las comunidades en conflicto, y permitió a varios presos acceder a beneficios carcelarios. Este fue también el contexto en que se produjo el acercamiento entre los abogados del Partido Humanista y familiares de Héctor Llaitul y Patricia Troncoso.
Recursos judiciales
Asimismo el informe detalla que en diez casos se ha presentado recursos judiciales contra carabineros por allanamientos con violencia innecesaria en las comunidades de Temucuicui (comuna de Ercilla), Yeupeko (comuna de Vilcún), Cacique José Guiñón (Ercilla); por tortura y detención arbitraria (a Waikilaf Cadin, en la cárcel de Temuco y luego en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago); y por violencia y maltrato a menores (en las comunas de Collipulli y Coronel). Igualmente se incorporan declaraciones públicas de las comunidades sobre torturas y maltratos (sobre Luisa Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, sector Curaco, comuna de Cunco y otros casos). La comunidad de Temucuicui registra un historial de 10 violentos allanamientos masivos en los últimos dos años.
Las organizaciones de las comunidades en conflicto caracterizan como "montajes políticos" los operativos con armamento de guerra –como el que tuvo lugar para detener a Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Cacique Juana Millahual (comuna de Contulmo) en septiembre de 2007 en la zona del lago Lleulleu (en la Región del BioBio), – realizados por fuerzas de la policía civil e investigaciones. Desde entonces Llanquileo permanece en prisión preventiva. El montaje policial contra la documentalista Elena Varela, directora de "Newen Mapu" (La Fuerza de la Tierra) constituye la más reciente muestra de esta metodología que el Ministerio del Interior chileno ha denominado "Operación Paciencia". En ese marco se entiende la expulsión de videístas extranjeros que han registrado episodios de ocupaciones de fundos o de represión policial. El objetivo del gobierno es golpear y neutralizar tanto a las organizaciones y comunidades que están haciendo experiencias de recuperación productiva de tierras usurpadas, como a quienes simpatizan con la lucha mapuche.

En territorio mapuche allanan igual que antes a las poblaciones . Y sus montajes son tan burdos como aquellos, con la diferencia que ahora usufructúan de la credibilidad de la gente y del dominio total de los medios de comunicación por parte de los poderosos de este país. ¿Dónde asestarán el próximo golpe y qué nuevo montaje se estará preparando en la Agencia Nacional de Inteligencia ANI que tan bien está copiando los métodos de su predecesora, la CNI?

Los 20 presos políticos mapuche (hombres) del total de 24 en tiempos de Bachelet

 
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*José Benicio Huenchunao Mariñán (comunidad El Malo, comuna de Tirúa, Región del BioBio), por el caso Poluco Pidenco (10 años y un día). Cárcel de Angol.
*Florencio Jaime Marileo Saravia (comunidad mapuche Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla) por el caso Poluco Pidenco (10 años y un día). Cárcel de Angol, Región de la Araucanía.
*Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Permaneció en prisión un año y cuatro meses sin ser llevado ante el tribunal por la acusación de incendio, en la cárcel de Angol. Absuelto en junio en el juicio oral, liberado. Un pedido de anulación del juicio mantiene su caso en suspenso hasta el 25 de julio en que lo decidirá la Corte de Apelaciones de Temuco.

*Juan Bautista Millalen Milla (comunidad Catrio Ñancul). Encarcelado desde 2007. CET de Angol.
*Juan Patricio Marileo Saravia (comunidad San Ramón, comuna de Ercilla), caso Poluco Pidenco, diez años y un día. En el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol.
*Juan Carlos Huenulao Lienmil (comunidad Manuel Catrimil, sector Tricauco, comuna de Ercilla) Caso Poluco Pidenco, diez años y un día. En la cárcel de Victoria.
*José Belisario Llanquileo Antileo (comunidad Juana Millahual, comuna de Contulmo), caso Poluco Pidenco, condena 5 años y 1 día por incendio simple. Cárcel de Traiguén.
*Roberto Carlos Painemil Parra (sector Tres Cerros, Yeupeko, comuna de Vilcún) cumplió prisión preventiva durante un año y medio en la cárcel de Lautaro. Hoy en libertad condicional con pena remitida. Enfrenta posible nulidad del juicio oral que lo absolvió del delito de incendio.
- En la cárcel de Temuco permanecen siete miembros de la comunidad Newen Mapuche(comuna de Villarrica), acusados de incendio de un camión, en prisión preventiva desde mayo 2008:
*José Millacheo Ñanco (Corte de Temuco revocó en julio su libertad provisional)
*Luis Millacheo Ñanco.
*José Millacheo Marín (Corte revocó en julio su libertad provisional)
*José Millacheo Lican
*Leonardo Likan Ñanco
*Andrés Likan Ñanco,
*Juan Martín Toro Ñanco junto a
*Antonio Onofre Cadin Huentelao (werken/mensajero de la comunidad Juan Paillalef), ya condenado a 5 años y un día.
* Roberto Carlos Manquepi Vita (lonko/jefe de la comunidad TrapaTrapa-Butalelbum), condenado a 5 años y un día, Cárcel de Los Angeles.
* Iván Llanquileo (lonko de la comunidad Juana Millahual), en prisión preventiva desde septiembre de 2007 (con un período en libertad condicional revocada por la Corte de Apelaciones). Formalizado en julio por la fiscalía militar de Concepción, que lo acusa de tenencia de arma de guerra (fusil M16). En la Cárcel El Manzano de Concepción.
* Avelino Meñaco Lincopi (lonko de la comunidad Pascual Coña, comuna de Cañete) Recapturado luego que se le revocara la libertad bajo fianza. En prisión preventiva en la Cárcel de Lebu.
* Luis Avelino Meñaco Santi (hijo de Avelino) comunidad Pascual Coña, comuna de Cañete) en la Cárcel de Arauco, Región del Biobio, en prisión preventiva desde abril 2008.
* Juan Mariñan Fernández (de una comunidad del sector Huentelolén, comuna de Cañete) en prisión preventiva desde noviembre de 2007, en el marco de movilizaciones en apoyo a huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles. En la cárcel de Lebu, Región del Biobio, junto a
*Pedro Lepicheo Machacán (comunidad Juan Ignacio Catrileo, sector Huentelolén, comuna de Cañete) en prisión preventiva desde noviembre de 2007, formalizado por delitos de robo e incendio en el marco de movilizaciones en apoyo a huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles.

Fuente: Versión actualizada a julio de “Primer Informe de la Comisión Etica Contra la Tortura a la Presidenta de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria”, mayo de 2008, Santiago de Chile. En el informe se detallan más de 55 casos de prisión mapuche ocurridos en el período de la Presidenta, a los que se agregan los de medidas cautelares, casos de tortura con resultado de muerte y otros tratos inhumanos crueles y degradantes denunciados por las comunidades. Se acompañan las denuncias presentadas ante tribunales sin resultado positivo.

Las presas políticas mapuche de tiempos de la Presidenta Bachelet





Juana Calfunao



Las cuatro presas políticas Mapuche
(a mayo 2008):
*Patricia Troncoso Robles (caso Poluco Pidenco), condenada a diez años y un día, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol. Obtuvo beneficios carcelarios sólo después de permanecer más de cien días en huelga de hambre.
*Juana Calfunao Paillalef (comunidad Juan Paillalef, sector Curaco, comuna de Cunco), cuatro años, en el Centro Penitenciario de Mujeres de Temuco, junto a su hermana
* Luisa Calfunao Paillalef (comunidad Juan Paillalef) condenada a tres años. Luisa ha pasado parte de su prisión encadenada a una cama de hospital, padeciendo problemas siquiátricos.
* Elena Marisol Varela López, en prisión preventiva desde mayo de 2008. La Comisión Etica incluye este último caso en la lista de presos políticos mapuche por tratarse de una documentalista simpatizante de la causa mapuche que registró la lucha de las comunidades en conflicto y entrevistó a sus dirigentes, situación que la hizo objeto de seguimientos durante los tres años que filmó en territorio mapuche. Acusada por testigos sin rostro, pemanecen en la Cárcel de Alta seguridad de Rancagua. Todas las peticiones de libertad o revisión de medidas le han sido negadas tanto por tribunales locales como por la Corte Suprema.

Fuente: “Primer Informe de la Comisión Etica Contra la Tortura a la Presidenta de Chile, señora Michelle Bachelet Jeria”, mayo de 2008, Santiago de Chile.

martes, julio 15, 2008

Música del agua ¡qué bella eres!


Total respaldo de sus pares recibió la estudiante María Música Sepúlveda Caviares quien lanzó un jarro de agua a la Ministra de Educación. “El jarrazo” en la cara a la ministra es el reflejo no sólo del sentir de nuestra compañera, sino el de un paísentero que está descontento frente a las demandas estudiantiles y sociales no consideradas por la clase política”, manifestó la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios, ACEUS.

Por su parte, María Sepúlveda, señaló : “ la Ministra no me quiso escuchar. Y cuando nosotros queremos dialogar nos golpean y nos mojan. Entonces lo primero que vi fue el jarro con agua y como ella no escucha lo menos es agua”.
(texto de Galy Chávez en www.elclarin.cl)

Declaración pública de Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios ACEUS
Respecto a lo acontecido el día 14 de Julio del año 2008, nosotros como estudiantes de ACEUS declaramos nuestro profundo respaldo al accionar de nuestros compañeros y compañeras, que se manifestaron asistiendo a la ficticia mesa de diálogo convocada por el gobierno.
En base al carácter y las intenciones de los organismos del gobierno que convocaron, consideramos ilegitima una discusión que pretende fortalecer una educación pública que no existe en la realidad del país y que ya está sepultada por la LGE.

Mientras existan leyes que avalen la mercantilización de la educación, leyes que no son más que el legado de la dictadura, seguiremos creyendo firmemente en la necesidad de que estas políticas neoliberales sean derogadas para poder hablar de una educación pública real y al servicio del pueblo.

En la jornada de hoy tanto profesores como estudiantes enfrentamos y desenmascaramos las intenciones del gobierno y la derecha. Es por esto que les golpeamos la mesa y los increpamos en su cara, denunciando la represión y agresiones que hemos sufrido en las calles.

Las instituciones represivas y medios de comunicación al servicio de los ricos, durante los últimos meses se han dedicado a coartar al movimiento estudiantil y social imponiendo la verdad que nuestra gente tiene que aceptar como única e incuestionable, es por eso que comprendemos que “el jarrazo” en la cara a la ministra es el reflejo no solo del sentir de nuestra compañera, si no el de un país entero que está descontento frente a las demandas estudiantiles y sociales no consideradas por la clase política.

El movimiento estudiantil exige una transformación profunda en el sistema educativo en donde tengamos verdadera participación en la construcción de el, ya nos cansamos de que nuestras vidas sean diseñadas por tecnócratas y de que nuestros derechos sean arrebatados para privilegiar al santo mercado. Los estudiantes no lo permitiremos. Ya no más.

Valoramos el apoyo que nos han demostrado los profesores el día de hoy encarando a los que sólo querían confundirnos y usarnos. Estas actitudes son demostraciones de confianza y unidad para el movimiento y las demandas que compartimos, las cuales nos dan la fuerza para seguir gritando contra la educación de la dictadura, contra la arrogancia de quienes gobiernan.

Una gota con otra hacen aguacero, gracias música por tan bella melodía.

¡POR QUE NO QUEREMOS BOTAR UNA LEY POR OTRA, SINO QUE A UN SISTEMA COMPLETO!

A.C.E.U.S (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios)

viernes, julio 11, 2008

Barrick se apropió de Condorito para su propaganda



A la transnacional Minera Barrick Gold, ya no es suficiente con apropiarse de la cordillera de los Andes para el Proyecto bi-nacional Pascua Lama.
Ya Exiliaron el Cóndor en los territorios andinos, aprovechándose del Tratado Minero Chile-Argentina
LNo fue suficiente con saquear los recursos mineros de Chile y Argentina.
A recuperar Condorito, Patrimonio Nacional (http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=condoritopepo)

Movimiento por la Recuperación de Condorito.
Fuera las Transnacionales de América Latina.
Lucio Cuenca Berger

Coordinador OLCA www.olca.cl

Esta es la noticia que origina la denuncia y campaña pro Condorito chileno y no de BArrick:
Condorito y Barrick enseñarán inglés a niños del valle del Huasco
El lanzamiento de la iniciativa tuvo lugar en la escuela básica F-83 Pedro Cuadra Alquinta de la localidad de Domeyko, comuna de Vallenar.
La iniciativa beneficiará a más de 3.500 alumnos y 40 profesores de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco.
Vallenar.– Un nuevo paso en los esfuerzos por ayudar a mejorar la calidad de la educación de la Provincia del Huasco dio Barrick junto a colegios de enseñanza básica de la zona. Se trata del programa de enseñanza de inglés Condorito, que fue lanzado hoy en la localidad de Domeyko y que comprenderá las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco.

Seguir leyendo en: http://www.barrick.cl/noticias/detalle_comunicados.php?id=129&info=Noticias

miércoles, julio 09, 2008

Pretenden anular el juicio que absolvió a Héctor Llaitul y Painemil


El próximo 25 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunciará acerca de la nulidad del juicio que absolvió a comienzos de junio al comunero mapuche Roberto Painemil del cargo de incendio y a Héctor Llaitul de los delitos de incendio y porte de armas. De esta manera la primera sala del alto tribunal acogió – por tres votos a uno - la petición presentada por el Ministerio Público contra los comuneros mapuche acusados como autores del incendio de maquinaria de la Forestal Minico y porte de armas. Uno de los ministros sostuvo sin embargo, que no debía ser acogido a tramitación el recurso de nulidad de lo obrado por el Tribunal de Garantía. El tribunal oral absolvió totalmente en su oportunidad a Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto. Painemil resultó absuelto de la primera acusación y condenado a pena remitida –en libertad condicional- de tres años y un día por el porte de armas.

Lo que está en juego ahora es la valoración de las pruebas aportadas por la Fiscalía. El tribunal oral sostuvo en su sentencia que de acuerdo a lo presentado por los perseguidores –testigos que se contradecían y eran inconsistentes, como pude escuchar en el juicio - no contaba con elementos que le permitieran razonablemente sostener la culpabilidad de los imputados. La Fiscalía presentó sólo testigos uniformados y sin rostro en el citado juicio, con la excepción de un solo civil que atestiguó contra el imputado.

Juan Enrique Prieto y Pablo Ortega - que junto al ex juez Juan Guzmán integraron el equipo de abogados de derechos humanos que asumió en junio la defensa de Painemil y de Héctor Llaitul, acusado por los mismos delitos (y absuelto de ambos) - se mostraron confiados en que la Corte no dará lugar a la nulidad del juicio. Prieto, director de la Fundación Laura Rodríguez del Partido Humanista, explicó que los argumentos con que el Ministerio Público fundamentó la presentación son errados, ya que el tribunal oral valoró adecuadamente las pruebas presentadas ante la Fiscalía. En cambio, el recurso pide valorar una prueba que sólo se presentó en la comisaría. Se trata de la confesión de Painemil obtenida en tortura a horas de su detención por carabineros de la comisaría de CholChol, hecho que fue denunciado en detalle por el comunero ante el Tribunal Oral. Nunca antes Painemil pudo relatar en el largo período de reclusión que enfrentó, de más de un año y medio sin comparecer ante un juez hasta febrero, cuando se cerró la investigación. Pablo Ortega declaró a la prensa local que está claro que el Ministerio Público no está de acuerdo con la valoración de la prueba hecha por el tribunal oral, pero aseguró que la Corte de Apelaciones no tiene competencia para acceder a diligencias solicitadas ahora por el Ministerio Público y que debieron haber sido hechas por la fiscalía durante el año y medio que duró la investigación.

Sentencias anteriores
Hay precedentes anteriores de juicios contra líderes mapuche anulados por tribunales de Apelaciones e incluso por la Corte Suprema (caso de los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichón, y de Patricia Troncoso), que sin embargo insertan estas decisiones en un marco que va mucho más allá de lo jurídico y que incluso han llevado a la destitución de una jueza que se negó a aplicar la legislación antiterrorista contra comuneros. Ello se explica por las presiones desatadas de parte de quienes llevan las acusaciones: las poderosas empresas forestales y el ministerio público, la mayor parte de las veces con mandato de gobernadores o intendentes. En este caso, ello no ocurre pues aunque inicialmente el gobierno regional se querelló, no perseveró y aquí sólo la forestal Mininco y el ministerio público sostienen la demanda.
También hay sin embargo casos de absolución respetados por los tribunales. En 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, la justicia exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, de la comunidad Cacique José Guiñón de los cargos de incendio terrorista. En junio de 2008, el werken (mensajero) Jorge Huenchullan, de la sitiada comunidad Temucuicui, fue una vez más declarado inocente de los cargos imputados (supuesta amenaza contra su vecino latifundista, René Urban).

La llamada judicialización de la lucha de comunidades mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales ha sido criticada fuertemente por organismos internacionales de derechos unidos tales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Comisión Contra la Tortura, entre otros. Un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encontraría en el país para investigar in situ las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos denunciadas ante estos organismos.

Más información sobre la decisión de la Corte y comentarios de los abogados Prieto y Ortega en www.caravanaporlavida2008.blogspot.com/

CORTE APELACIONES JUAN ENRIQUE PRIETO DECLARA A PRENSA

domingo, julio 06, 2008

Elena Varela acusa: me detuvieron los ex CNI


La documentalista Elena Varela cuestionó el actuar de la justicia y la policía chilena en una carta fechada el 29 de junio, antes que la Corta Suprema rechazara su Recurso de Amparo, ordenando mantener encarcelada por seis meses para investigar su supuesta participación en delitos por los que ya fue condenada en los medios de comunicación. En su carta sostiene:
“Los policías de inteligencia ¿persiguen a miristas o ex miristas? Tengo dudas de su perseguidor, creo que el perseguidor no ha dormido en paz desde que le quitaron la dictadura. Tengo la impresión que el principal opresor de esta situación es el monstruo creado en dictadura: El fascismo que no ha muerto, ni se ha acabado, que se ha amparado de las leyes opresoras y de un sistema de seguridad que lo alimenta y lo mantiene vivo. Ellos hablaron del ex mirismo y yo creo que ellos son los ex CNI. Los que no quedaron conformes con todas las muertes, con toda la sangre derramada, con todos los presos, con todo lo que le quitaron a la comunidad para hacer crecer sus bolsillos.”
A continuación, el texto completo de su mensaje desde la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua donde permanece sin que la prensa tenga libre acceso a ella, e impedida de leer diarios, o escuchar radio. Hasta ahora, como colaboradora de la revista Punto Final continúo esperando autorización del Juzgado de Garantía –condición exigida por Gendarmería- para grabar una entrevista con la imputada. El lunes 7 de julio, los diputados Marco Enriquez (socialista) y Alvaro Escobar (independiente) visitarán a la cineasta en prisión.

Carta a la Comunidad Internacional y Nacional
Estimados Amigos y hermanos:
Tengo la fe de que habrá justicia a pesar de todo. La Justicia no existe para quienes debieran proclamarla, sino en nuestros actos.
Nosotros hemos tenido responsabilidad en validar cuanta ley es utilizada. Han utilizado todo tipo de ilícitos y leyes contra quienes reclaman dignidad y opresión. Así aun en democracia han usado la Ley de Pinochet: La ley Antiterrorista para aplacar una inmensa cultura, La cultura mapuche.
Silenciaron, militarizaron, judicializaron y luego que estamos contando esto, hemos caído quienes pretenden contar esta historia.
Siento que no existe paz en Chile, que no se respetan los mínimos derechos. El miedo lo inculcaban durante la dictadura matando, encarcelando por pensar distinto, por defender causas importantes. Hoy es casi lo mismo, solo que se apoyan de leyes e ilícitos.
La tortura es sicológica, la opresión, es el silenciamiento, la ultimación como persona.
Yo soy por esencia una mujer libre y no sólo libre sino libertaria, creo que todos tenemos derecho a vivir en Paz y gozar la tierra y las aguas del planeta. Todos podemos pensar y soñar.
No es fácil este momento. Ya no era para mi fácil aceptar la violencia del Estado en las tierras mapuche y las aguas del sur. Yo vivía cada día sorprendiéndome, corriendo de un lugar a otro con mi cámara, luego encender la tele y ver a presidentes democráticos prometiendo maravillas al pueblo.
¿qué puedo sentir en esos momentos?
Yo creo que no soy la única que ha sufrido esta sorpresa, eso cuando incluso aún no te ha tocado la violencia. Es un poco más fácil si tienes una cámara y luego te vas a tu casa con grandes comodidades y no sientes el olor a las lacrimógenas dentro de tu casa. Cuando puedes salir de tu casa sin ver tu lugar rodeado de policía. Cuando nadie te sigue.
Pero hace dos años mi historia cambió, fui perseguida y mi corazón se abría hacia los oprimidos. Sé con mi cuerpo y alma en que consiste la opresión y el atropello a los derechos mapuche.
No sólo eso, pude vivenciar y percibir en carne y hueso los efectos de la represión de la dictadura y sus seguidores en Panguipulli y en Neltume.
Levanté una orquesta sinfónica intercultural de niños en Panguipulli. Pero los grandes empresarios financiaban esta orquesta siempre y cuando esta orquesta dejara de llamarse “Intercultural” y tuviera niños mapuche.
Mucha gente a lo largo de mi recorrido me ha preguntado por qué hago estos actos, por qué hago esta películas, por ejemplo, y la verdad es que mi respuesta es por amor a Dios, pues no me resulta indiferente la injusticia social y humana. Creo en un mundo sano de respeto y amor…
La solución es difícil, así como es difícil para muchos compartir tu plato de comida con el que no tiene para comer; compartir tu techo con el que no tiene. El problema no sólo es económico, sino que pasa por el alma del ser humano. El hombre se va formando en la sociedad que le toca vivir. Si la presidenta Bachelet fuera mapuche, tengo la seguridad que jamás hubiera sido presidenta. Seguramente sería una mujer pobre y despojada de todo lo que hoy tiene.
Si yo no pensara ni viera como veo hoy en día, no estaría presa. Si me hubiera dedicado a criar a mi hija y a trabajar en la máquina de la mañana a la tarde o realizara programas de TV de farándula, sería una mujer con mucho dinero y ganadora.
El cemento de las ciudades ha encerrado el espíritu libertario que todos traemos dentro. Hoy no tenemos nada de lo que teníamos: no somos una comunidad solidaria y abierta a construir un mundo más justo. En la cima, están los opresores, debajo los oprimidos y muy lejos los libertarios, que son los que luchan día a día, los imprescindibles, los que hacen ver notoriamente esta tremenda injusticia. Yo estoy encarcelada injustamente ¿porqué? ¿para qué?
El montaje que han realizado por los opresores de este mundo inhumano ha querido callarme y detener mi vuelo. Han inventado una trampa ilícita e ilógica a los ojos del mundo. Me han humillado, me han tratado de manera vergonzosa, y por pensar y por crear bajo este pensamiento, me callan, me encierran.
Se supone que en etapas de consolidación de la democracia existe el derecho de pensar distinto, de expresarse y de obrar de acuerdo a tu pensamiento. Quiero decirles a todos los hermanos del planeta que estar encarcelada dado esto, es para mí una tortura.
Yo no he tenido como camino la violencia, sino la paz de este mundo para eso creo, para eso estoy poniendo mi cuerpo y mi alma.
¿por eso he de pagar? ¿tal vez causas de otros?.
El mirismo aun existe para la justicia chilena. Los policías de inteligencia ¿persiguen a miristas o ex miristas? Tengo dudas de su perseguidor, creo que el perseguidor no ha dormido en paz desde que le quitaron la dictadura. Tengo la impresión que el principal opresor de esta situación es el monstruo creado en dictadura: El fascismo que no ha muerto, ni se ha acabado, que se ha amparado de las leyes opresoras y de un sistema de seguridad que lo alimenta y lo mantiene vivo. Ellos hablaron del ex mirismo y yo creo que ellos son los ex CNI. Los que no quedaron conformes con todas las muertes, con toda la sangre derramada, con todos los presos, con todo lo que le quitaron a la comunidad para hacer crecer sus bolsillos.
Es muy doloroso pensar, pero es más doloroso sufrirlo y yo soy cuerpo en esto. ¿Quien es el terrorista?¿Donde está la justicia?
La justicia chilena toma detenida a los narcotraficantes que se ha amparado de todas las políticas. ¿Acaso no fue Pinochet quien metió las drogas a las poblaciones populares para apagar el activismo político? Porque los medios no construyen bien la historia profunda de la droga y la delincuencia.
Yo soy Testigo de la injusticia. Durante los años 80 esas poblaciones era un espacio de lucha contra la dictadura, los jóvenes crecieron pensando en tener un Chile Justo.
La principal estrategia de la dictadura fue reprimir y dividir hasta aniquilar al joven que piensa. Fui muy amiga de los Hermanos Vergara. Fui amiga de Jecar Neghme y de muchos otros que están muertos y de otros que resisten la mentira construida. Muchos se fueron para sus casas conformándose con lo que hoy llamamos justo o democracia.
Nuestros hijos hoy reaccionan y son reprimidos por lo que nosotros mismos hemos construido.
Las preguntas son:
¿Es posible retomar la historia y darle forma a esta democracia respetando a todos los que son oprimidos?
¿podrán retomar las deuda social de nuestros gobernantes con el pueblo mapuche y con quienes de verdad luchamos para tener esta democracia?
¡Libertad a todos los presos y pueblos oprimidos!
¡Dignidad a los creadores y artistas que denuncian injusticias!

Elena Varela López
Documentalista y Cineasta

Rancagua, VI región de Chile, Cárcel de Alta Seguridad, 29 de junio de 2008.

jueves, julio 03, 2008

Elena Varela: desamparada por la Corte Suprema


El jueves 3 de julio la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa de la cineasta Elena Varela, en una actuación que recordó su record de tiempos de dictadura. Ahora sólo queda esperar una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cual se dirigieron pidiendo medidas cautelares el 2 de julio destacadas personalidades del país. Sin embargo las medidas solicitadas se refieren al resguardo de la libertad de expresión y creación exigiendo la devolución de los materiales fílmicos incautados a la documentalista de "Newen Mapuche" al momento de su detención.

Uno de los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Suprema es el ministro Rubén Ballesteros, integrante de los Consejos de Guerra realizados en Osorno contra presos políticos después del 11 de septiembre de 1973. Cuando el ex Presidente Lagos nominó a Ballesteros para la Suprema, la bancada parlamentaria del Partido Socialista hizo notar que él era conocido por utilizar resquicios legales a favor de ex militares torturadores y asesinos, y por votar en contra de los desafueros da Pinochet, desde el caso Caravana de la Muerte hasta el caso Riggs. "Su nominación es otra ofrenda a la derecha, pagadera a futuro con mayores injusticias, a costa de las víctimas y sus familiares," agregaron sin que a Lagos se le moviera un dedo.
Esa historia explica el voto de Ballesteros, claro está. Pero ¿y el de los demás?
No se ha informado aun de la composición de la sala, pero debieron estar allí Hugo Dolmetsch, con una trayectoria respetable, Nibaldo Segura (que vota igual que Ballesteros), Jaime Rodríguez y algun abogado integrante que reemplace a Alberto Chaigneau, jubilado. ¿Qué presiones recibieron los jueces? ¿Qué está pasando en Chile con la justicia?

En el Tribunal se hizo presente el diputado y cineasta Marco Enríquez quien se mostró sorprendido e indignado por la resolución de la Corte Suprema. Enríquez irá a visitar a su colega encarcelada el próximo lunes 7 de julio, a la cárcel de alta seguridad de Rancagua, donde merced a la decisión del máximo tribunal del país, Elena Varela deberá seguir en prisión por 6 meses mientras dura la investigación de la causa.

Integrantes de la Plataforma Por los Derechos Humanos mostraron de inmediato su indignación. A continuación parte de su declaración:

"Quedó claro que a la Corte no les interesó la prisión arbitraria de la documentalista. Hasta el presente no se conocen los hechos, que se le imputan a Elena, ni las fechas o los lugares en que éstos ocurrieron. Tampoco las leyes que infringió.La Corte Suprema avaló acusaciones del Ministerio Público fundadas en testigos anónimos con declaraciones sujetas a reserva. La sentencia es pobre. No se refiere a ninguna de las impugnaciones efectuadas tanto en las apelaciones como en los alegatos. Omitió atender los apremios denunciados.
La Sociedad debiera sentirse seriamente amenazada si una juez y un fiscal, sin mostrar pruebas, se conciertan para acusar, a cualquiera, de los peores crímenes. El verdadero peligro serían ellos y no sus imputados.
En un país digno, tales funcionarios serían destituidos y penalmente sancionados. En Chile, en cambio, se les protege.
Así como en el pasado, el máximo tribunal, legitimaba los abusos de la justicia militar hoy respalda las ignominias, de un fiscal y una juez, que decretaron, ilícitamente, la privación de la libertad de una artista visual.
No se puede esperar más de una Corte Suprema, integrada, entre otros, por Rubén Ballesteros Cárcamo, uno de los sentenciadores. Dolorosos recuerdos están muy presentes, en 16 jóvenes socialistas, de la época, respecto del hombre que presidió el tribunal castrense de Osorno y que fundado en declaraciones extraídas bajo tortura, les imputó graves delitos e impuso condenas excesivas por hechos que no estaban acreditados. Así da cuenta la causa, rol 54-75, tramitada en Osorno hasta el once de mayo de mil novecientos setenta y seis. No es de extrañar, entonces, el proceder de la Corte Suprema."

El recurso ante la CIDH
Considerando que la detención de la documentalista Elena Varela, así como la incautación de su material fílmico, pueden provocar un “daño grave e irreparable” a su persona, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El académico Nicolás Espejo, Director de la entidad universitaria, Francisco Gedda, en representación de la Asociación de Documentalistas de Chile, Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y Paulina Acevedo,informó del recurso. Entre los firmantes está Faride Zerán, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, junto a Orlando Lübbert, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, y destacados documentalistas como Ignacio Aguero y Pedro Chaskel.

Respaldaron también esta gestión Angela Ramírez, de la Asociación de Artistas Contemporáneos y el cineasta y director de la película “Machuca”, Andrés Wood, quien se refirió a la situación que afecta a la documentalista: “Acá se está operando con un exceso propio de otra época, de otro país, de otro gobierno, de otras personas, entonces no lo entiendo realmente. Finalmente el derecho mínimo a cautelar los trabajos de periodistas, documentalistas, cineastas, de cualquier persona a mi parecer, el derecho a tener un pensamiento distinto, está en jugo. Solidarizo absolutamente con Elena por todo lo que está pasando, independientemente de si hay una responsabilidad penal o no”.

Actualmente, y luego de ser objeto de torturas, trato vejatorio y amenazas, Elena Varela se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua. Su detención ocurrió en Licanray, Región de la Araucanía el pasado 7 de mayo. La jueza Andrea Urbina la formalizó por delitos que no fueron detallados. Las acusaciones iban en una carpeta reservada a la que la defensa no tuvo acceso.

A la fecha de su detención, la artista realizaba el documental “Newen Mapuche”, que registraba el conflicto mapuche por la recuperación de tierras usurpadas por empresas forestales trasnacionales en la región. El proyecto se había adjudicado $52.929.710 en el Fondart 2007, pero tanto el material de esa película como el de otro documental en el que se encontraba trabajando, “Los Sueños del Comandante” (situada en Neltume) cuya etapa de investigación y guión era respaldada y financiada con un Fondo de la CORFO, fueron requisados en su totalidad.

La gravedad de la situación, alega el Centro de DDHH UDP ante la CIDH, radica en tres aspectos: el operativo mismo de la detención, en el cual participaron 450 efectivos policiales, quienes “trataron con evidente desdén a Elena, afectando su dignidad y con el único objetivo de reunir material que para ellos podría resultar indiciario de una supuesta asociación ilícita, lo que en definitiva demuestra que el real objetivo fue amedrentarla a ella y a su equipo, y dar la señal para todo quien decida realizar un documental sobre el pueblo mapuche, que será sospechoso de participar en actividades ilícitas”.

Además, agregan: “Dicho material está en posesión de la Policía de Investigaciones y la Ministra de Cultura habría encargado su copia. Ello sin embargo, es una medida parcial que no asegura la integridad de la información incautada y menos la protección de las fuentes. Asimismo se desconoce el tiempo en que dicha información estará en manos de las autoridades, negando a su autora cualquier conocimiento y acercamiento a la misma”.
Finalmente sostienen: “la gravedad existe toda vez que la sociedad toda ha quedado impedida de conocer los detalles del documental Newen Mapuche. Más aún, se le está negando informarse sobre lo que ocurre en relación con el conflicto mapuche, al censurar tanto este documental en elaboración, como Los Sueños del Comandante, obra no exhibida hasta la fecha”. En este mismo sentido, se recalca, “la incautación del material fílmico y detención de Elena Varela produce un efecto inhibidor en los demás artistas, los que por temor a ser objeto de las mismas represalias se abstendrán de dar cuenta de cualquier información que pueda relacionarlos con el conflicto mapuche”.

Hablan los Documentalistas

La asociación de documentalista de Chile (ADOC), la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, el abogado de la defensa de Elena Varela, Rubén Jeréz, convocaron a una conferencia de prensa a realizarse el viernes 4 de julio, a las 11:00 horas, en la sede de Amnistía Internacional Chile, ubicada en calle Huelén 164, Piso 2, Providencia, Santiago.
Allí expondrán la posición de ADOC ante el rechazo del recurso de amparo. Francisco Gedda reprsentará a los cineastas que firmaron el mencionado recurso. El abogado, Rubén Jerez, explicará el curso de acción futuro. Y la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, representada por Mauricio Durán, miembro del equipo de producción del documental Newen Mapuche, se referirá a los nefastos efectos de una sentencia que lesiona la libertad de expresión de Elena y de todos quienes no pueden conocer hoy el contenido de su trabajo.