jueves, septiembre 23, 2021


 


No más colonialismo europeo: a congelar el Tratado de Asociación con la UE

A los parlamentarios europeos que nos visitan en nombre de  los negocios del empresariado europeo,  les informamos que la nueva constitución fue la respuesta ofrecida por el sistema institucional, a la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019 demandando una asamblea constituyente. El pueblo constituyente a su vez observa y participa de este proceso.  Es un alarde de colonialismo puro y duro, pretender dejar amarrada la aprobación del nuevo TLC con la Unión Europea antes que ese proceso llegue a su término y establezca las nuevas reglas. Esto ocurre además a 2 meses de una elección presidencial.

La vergonzosa injerencia de estos convidados de piedra,  desmiente desde ya el contenido  del anexo vigente  sobre Derechos Humanos del tratado de asociación con la Unión Europea. Seguir negociando en secreto y a espaldas del pueblo con el gobierno negacionista de Sebastián PIñera que violó sistemáticamente los DDHH, es una práctica inaceptable. Reiteramos que los sectores más impactados por este tipo de acuerdos jamás han sido consultados (pueblos indígenas, y campesinos).

El hermetismo que rodeó esta visita es similar al de todas las negociaciones de tratados de libre comercio, conocidos en detalle sólo tras su firma. Los llamados Cuartos Adjuntos son espacios de información dosificada, no de participación. No queremos más de eso. Sabemos que para Chile hay poca o ninguna ventaja, y en cambio para la UE esto sigue siendo un negocio redondo para sus exportaciones de automóviles, maquinarias y medicamentos y asegurar una matriz energética diferente y con electromovilidad. Los europeos verán alimentos del sur en su mesa, pero no querrán ver, en cambio,   los impactos de la extracción masiva del litio desde los salares ubicados en comunidades de pueblos indígenas, o del avellano europeo cultivado con plaguicidas peligrosos que generan cáncer y contaminación, o la celulosa y los monocultivos de palta que han secado y contaminado territorios de los pueblos a lo largo del país.  

La UE ha puesto sobre la mesa 24 propuestas con capítulos cuyos nombres son similares a los  del Tratado Transpacíifico, TPP11, y tratan dela protección de las inversiones, la solución de diferencias (controversias), la propiedad intelectual, y los obstáculos técnicos al comercio entre otros temas. Chile sólo presentó 8 propuestas. La UE reconoce en sus análisis que los beneficios serán “modestos” para la economía chilena. Y que existirán impactos en las pymes, las mujeres, sector rural, minería, construcción y turismo.

¿Nos traen trabajo?

Nos hablan de trabajo y desarrollo. Pero la  Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los proyectos,  y la curva cae junto con el patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo el empleo.  El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las  actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es evidente: un 11,8% no tiene contrato de trabajo.

 ¿Cómo nos protegerán de los impactos?

En plena crisis ecológica planetaria, este tratado no incorpora ningún sistema de obligaciones para el inversor respecto de los impactos ambientales que genere y  de la consiguiente aceleración del calentamiento global y aumento de las emisiones. Sólo hay “paneles de expertos” si hay algún reclamo pero no contempla ningun mecanismo vinculante respecto de los derechos humanos ambientales y de la naturaleza. Hay un régimen global de impunidad corporativa del cual la UE se ha hecho parte.  Las y los Defensores del Territorio no son amparados por este tratado.

¿Cómo protegerán ellos sus inversiones?

De los  27 estados de la UE que son partes del Tratado, Chile ya tenía acuerdos bilaterales de inversión con 19 de ellos,  pero varios ya estaban vencidos. Este  acuerdo los renueva automáticamente.  Y los 27 estados podrán demandar a Chile en un sistema paralelo de Cortes de Inversiones, cuando se adopten normas o leyes que ellos consideren constituyen una expropiación directa o indirecta. Si se denuncia el tratado, la cláusula de salida permite a los inversores demandar por 20 años más a contar de ello.  

Teniendo presente que la Convención deberá discutir temas como la  desprivatización del agua (que puede afectar a la minería, el agronegocio y las forestales), la reforma de sistema de  pensiones, o la desprivatización de servicios públicos como la electricidad y el agua  y la estructura tributaria, entre muchos otros, queda al desnudo la intención de la visita de los legisladores europeos y la voluntad de Piñera de acelerar la firma de este y otros tratados.

El Sistema de Resolución de Controversias incorporado en el TPP, que era parte del tratado entre la UE y Estados Unidos, era altamente impopular, por lo cual la UE ideó un Sistema de Cortes de Inversión y lo vistió con un traje de seda. Pero es casi idéntico al sistema ya mencionado, que José Gabriel Palma llama “las Cortes Mickey Mouse”.  Está igualmente por encima de los tribunales nacionales e internacionales, y es un sistema paralelo que da más derechos a los inversores que los establecidos en las leyes europeas y de los países donde invierten.  Si  el inversor gana la demanda contra el Estado, deberá ser compensado por expropiación directa o indirecta al interferir con las legítimas expectativas de ganancia del inversor. Los  estados pueden legislar  como quieran, pero se tienen que atener a las consecuencias: podrán ser demandados.  

Los inversores europeos que están en Chile ya acumulan un historial de demandas en otros países: en las AFP está Plan Vital, del fondo Generali  de Italia que ya ha demandado a Panamá.  En el negocio del Agua está Secyr, empresa española que ya demandó a Panamá; en los servicios de electricidad ENEL es del grupo italiano Fortuna, que ya demandó en 2019 a Panamá por 11 millones de euros. Por su parte, Sodexo (servicios alimentarios), demandó a Hungría por expropiación indirecta, al perder la concesión de establecimientos penitenciarios. El Estado debió pagarle 73 millones de euros. Telecom (del cual es filial Movistar)  tiene historial de demandas con Argentina, México, y Colombia esta última por 394 millones de dólares por no renovarle la concesión.

Otras ventajas para la UE

Entre el 2003, fecha de inicio del Acuerdo, y el 2019,   el valor de las exportaciones de maquinarias de la gran empresa europea, subió de US$ 3.287 millones a US $10.856 millones, con un aumento anual del 7,7%. En medicamentos y agrotóxicos,  las exportaciones aumentaron en un 135%; en vehículos un 145%, y en maquinaria un 56%.

 

¿Habrá progreso con este nuevo TLC?

Chile en estos 20 años siguió exportando lo mismo a Europa: materia prima sin mayor valor agregado, de los sectores minero, frutícola, vitivinícola y forestal que representan el 90% de las exportaciones. Este tratado incorpora nuevas normas de propiedad intelectual que harán más difícil la producción oportuna de medicamentos genéricos y para enfermedades raras. El UPOV 91, convenio sobre la protección de los obtentores y privatizadores de la semilla, también contemplado en este tratado, amenaza la recuperación y protección de la semilla campesina porque facilita aun más el registro  (un tipo especial de patente) a los obtentores de las semilleras, y criminaliza el libre intercambio de semillas. Las normas del tratado favorecen el agronegocio de exportación, con uso intensivo de plaguicidas peligrosos y de semilla industrial y perjudican la agricultura familiar campesina e indígena y los cultivos agroecológicos, obstaculizando el camino para la soberanía alimentaria, tan necesaria en tiempos de crisis.  No incorpora normas de protección al ambiente y la salud que impidan a empresas como Bayer/Monsanto o Syngenta exportar a Chile agrotóxicos que están prohibidos en Europa. Contraloría ya ha hecho evidente que esto ocurre, y el tratado no lo impedirá, dañando entre otros seres vivos a las abejas, cuya población ha disminuido considerablemente por los monocultivos y efecto de los plaguicidas neonicotinoides producidos por Bayer entre otros.

¿Qué buscan? 

 Ya tienen arancel cero para el litio. Pero su punto es cambiar su matriz energética,  modificando el status de material estratégico del litio en Chile, que impide concesionarlo a extranjeros. Lograrían así una UE con electromovilidad en tanto que en Chile, visibilizado en la práctica como colonia proveedora,  las comunidades atacameñas serían expulsadas de su territorio por el  despojo del agua, en tanto que los salares y los ecosistemas serán destruidos.

¿Nos traen trabajo?

Nos hablan de trabajo y desarrollo. Pero la  Fundación Sol estableció que el trabajo sólo existe al inicio de los proyectos,  y la curva cae junto con el patrimonio ecológico. A ello se sumará cada vez más la robotización, disminuyendo el empleo. El 49,6% de la fuerza de trabajo en Chile ya se desempeña en zonas de sacrificio. La minería es el sector con más subcontratación y en las  actividades agrícolas, ganadería, silvicultura y pesca propiciadas por este tratado, la precarización es evidente:  un 11,8% no tiene contrato de trabajo.

¿Y el capítulo sobre las mujeres?

El Tratado se dirige a las mujeres en tanto empresarias, es sobre” Mujeres y Comercio” y no es vinculante.  Las trabajadoras no están. Las temporeras que trabajan en los packing del agronegocio  y cuyas comunidades están afectadas por cáncer, saqueo de sus aguas y contaminación, no son mencionadas acá. Las mujeres campesinas e indígenas tampoco.

Los empleos de los sectores abarcados en el tratado tienen una participación de mujeres no mayor del  24% (en el sector de agricultura),  y bajan hasta llegar a un 7%  en otros sectores.  Para las mujeres, los tratados de libre comercio sólo han traído mayor precarización y subcontratación, además de aumentar las tareas de cuidado, por los impactos en la salud de los plaguicidas peligrosos y el despojo de las aguas por diversos tipos de proyectos extractivistas.