jueves, junio 28, 2007

SAG lo admitió: hay trece mil hectáreas de transgénicos en Chile


Monsanto, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventroscience son los que hacen el negocio de exportación de semillas transgénicas desde Chile, y el SAG es el encargado de las autorizaciones para estos cultivos, cuya ubicación exacta al interior de cada región sigue siendo un secreto.
Sin embargo, la presión ciudadana ejercida por organizaciones ambientales y sociales pertenecientes a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y por algunos parlamentarios como Marco Enríquez, René Alinco y Ramón Farías, logró que el SAG actualizara la información sobre cultivos transgénicos en el país. El pedido de transparencia se fundamentó en el silencio oficial frente a la negativa de Canadá a autorizar el ingreso a su territorio de 200 toneladas de transgénicos procedentes de Chile. El SAG señaló ahora las regiones en que se encuentran las casi 13.000 hectáreas de semillas transgénicas de exportación de la temporada 2005-2006. http://www.sag.cl Esto representa un aumento de 4.328 hectáreas con respecto a la superficie cultivada de transgénicos en la temporada previa, sin que en Chile se haya avanzado respecto a prevenir los impactos en el medio ambiente y la salud humana que pueden derivarse de ello.

Del total, más de 12.000 hectáreas corresponden a maíz transgénico, seguida por 627,5 hectáreas de canola, 165,6 de soya y 11,4 hectáreas de cartamo o falso azafrán. Los cultivos restantes, con menores superficies sembradas son, en orden de importancia: arroz, zapallo, vid, Brassica juncea (mostaza negra), remolacha, tomate y lino. No se identifican en el cuadro las empresas exportadoras, pero estas son Monsanto, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventroscience, listadas como exportadoras de semillas transgénicas en el registro de la Asociación Nacional de Exportadores de Semillas.

Las regiones más afectadas

Las regiones donde hay más cultivos transgénicos son, de mayor a menor, la sexta, séptima y metropolitana. Sólo en la II y XII regiones no se informa de cultivos genéticamente modificados. En todos los casos, se trata de semillas destinadas a la exportación, único uso de acuerdo a la legalidad chilena. Una confusión frecuente es afirmar que en Chile se consume tomate transgénico, pero en realidad el tomate de larga vida del mercado local, corresponde a una variedad híbrida, es decir está trabajada genéticamente pero dentro de una misma especie vegetal. En las variedades transgénicas, en cambio, se traspasa la barrera de las especies, insertando en el gen original de la planta un gen de una especie animal (una secuencia que por ejemplo –en el caso del maíz BT1176- corresponde a una bacteria tóxica que es insecticida, Cry1AB de bacillus thuringiensis).
En el cuadro publicado por SAG se informa tan sólo de 11,4 hectáreas de cultivos de cártamo. En cambio, la información publicada en Canadá (de la cosecha siguiente, 2006-2007) se refiere a 130 hectáreas de cártamo que produjeron 200 toneladas de semilla, retenidas en un desconocido puerto chileno, probablemente San Antonio, ya que allí se encontraba el área de mayor superficie, aunque también podría ser un puerto de la Octava Región. Esa información sigue siendo retenida por la entidad estatal.


Vía rápida a las trasnacionales
El gobierno chileno también se sigue justificando en la protección del secreto comercial para ocultar la ubicación exacta de los predios, imposibilitando la fiscalización ciudadana respecto de la posible contaminación de cultivos orgánicos y tradicionales. Corresponde al SAG aplicar las normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación OVMs (decreto 1523, 6 de julio de 2001). Un departamento de esa repartición estatal, encabezado por Gonzalo Pardo evalúa las solicitudes de introducción, autoriza lugares de acopio y fija franjas de seguridad caso a caso. No se conocen las medidas de seguimiento y fiscalización que la institución implementa, ni la compensación por daños por contaminación. En la información publicada en la web del SAG se fija en diez días hábiles el plazo para autorizar el lugar de acopio, y en apenas 45 días hábiles el plazo posterior de evaluación para aceptar o rechazar cada solicitud de importación desde el momento en que este organismo recibe la información requerida. Asimismo limita el plazo a 20 días hábiles si hay una resolución previa.

Los proponentes cancelan una suma acorde con la inspección en terreno y análisis. El SAG confía en la buena fe de los datos científicos, planes de manejo, y métodos de destrucción de residuo y traslado de semillas a su destino final entregados por las trasnacionales, ya que es poco probable que las propuestas y medidas de resguardo puedan ser analizadas a fondo en un plazo tan breve.
En otros países sudamericanos, como Brasil y Paraguay, Monsanto ha desdeñado toda medida de seguridad y los cultivos se han extendido a tal punto que los respectivos gobiernos, enfrentados a una situación de hecho, se vieron obligados a legalizarlos. Es una táctica ya conocida. En marzo de 2007 el Ministro de Agricultura, Alvaro Rojas, anunció que los cultivos de soya transgénica se extenderán desde la V hasta la VII regiones. Monsanto cuenta con una resolución previa para estos y otros cultivos transgénicos cuyos impactos en el medio ambiente, medidas de resguardo por daños y fiscalización son también desconocidos.

El principio de precaución
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología derivado del Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por 140 países, no ha sido ratificado por Chile. La ratificación obligaría al país a respetar el principio de precaución al tomar decisiones relativas a los organismos vivos genéticamente modificados. Chile es centro de origen de varias especies (papa, tomate, frutilla, etc) y su flora y fauna cuentan con un gran endemismo. La isla de Chiloé, por ejemplo, ubicada mil 190 kilómetros al suroeste de Santiago, es reconocida como centro de origen de la papa (Solanum tuberosum) junto con Bolivia y Perú. Y allí existe desde 1987 un banco de especies que hoy mantiene más de 200 variedades de papa, por lo que diversas organizaciones ambientales impulsan la declaración de Chiloé como zona libre de transgénicos.

La coexistencia imposible
La coexistencia de los cultivos transgénicos con la agricultura orgánica ha sido considerada imposible por productores de España, donde un estudio de casos de Cataluña y Aragón, publicado por Assemblea Pagesa, Plataforma Fuera los Transgénicos y Greenpeace, probó que siete años de cultivos transgénicos contaminaron el maíz orgánico y el convencional. Otro tanto está ocurriendo en México, y en Chile. Información reservada narra experiencias similares en una localidad cercana a Santiago.

En países de la Unión Europea, así como en Cuba, para abordar estos temas existen leyes específicas sobre organismos vivos modificados y seguridad biológica, que contemplan severos sistemas de Evaluación de Riesgo. En el caso de Noruega, por ejemplo, ello se hace incorporando el principio de precaución, así como tomando en cuenta los niveles de incertidumbre reconocidos en el campo de la Ingeniería Genética, acerca de los efectos en el medio ambiente, en la salud del ser humano y los impactos socio económicos, culturales y éticos. La participación pública y la transparencia son también aspectos relevantes en estos análisis.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), activa promotora de los transgénicos, ha planteado el uso de barreras entre cultivos convencionales y transgénicos ante la posibilidad de que pueda haber contaminación. El representante regional para América Latina y Caribe, José Graziano Da Silva, en una entrevista reciente publicada por la agencia EFE, mostró preocupación por los efectos medioambientales que puedan causar este tipo de cultivos, especialmente en productos básicos.
Anuncios pendientes
El año 2003, el gobierno del entonces Presidente Lagos había anunciado su propósito de generar una política nacional “para promover y orientar el desarrollo biotecnológico del país” y se inició el estudio de dicha política con el apoyo del fondo GEF/UNEP. En 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet anunció como objetivo que Chile se convierta en una potencia mundial en el rubro de la alimentación. La mayor parte de las instituciones de gobierno no muestran preocupación por los aspectos relacionados con la producción limpia, lo que es particularmente notorio en el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cuyas políticas también dejan ver su apoyo a los transgénicos y al uso de plaguicidas. El gobierno ha propuesto que los proyectos de introducción de organismos genéticamente modificados deberían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con los precedentes ya conocidos acerca de las aprobaciones de proyecto debido a consideracioens políticas, y no técnicas (caso CELCO, Ralco y muchos otros), esa respuesta no ofrece ninguna garantía para quienes se preocupan del impacto de los transgénicos.

Superficie cultivada
Desde 1987, Chile multiplica y exporta semillas genéticamente modificadas, operando como estación de cultivo de productos biotecnológicos desarrollados en otros países. En la temporada previa al cuadro entregado este mes de junio por el SAG, según la información oficial citada en el Anexo 2 del Informe Final del Proyecto PNUMA-GEF-CONAMA sobre Bases para el Marco Nacional de Bioseguridad de Chile, la superficie sembrada con transgénicos alcanzó las 8600 hectáreas, lo que representa aproximadamente un 1% de la superficie nacional de cultivos anuales, y un 41% de la superficie semillera, y genera divisas del orden de los US$ 50 millones al año. La superficie nacional de semilleros transgénicos aumentó aproximadamente 20 veces entre los años 1999 y 2003. Los mercados de destino de estas semillas son principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, así como Canadá.

En los últimos años se están extendiendo además los farmocultivos, con empresas como Ventria Bioscience, que logró la autorización que no tuvo en Estados Unidos, para sembrar en el 2005 en predios de la VI región, 2 hectáreas de arroz transgénico con proteínas lactoferrina, lisozima y albúmina de suero humano, para la producción comercial de fármacos para combatir la diarrea.

Hasta ahora no se ha autorizado en Chile el cultivo comercial de transgénicos, pero sí hay consumo interno de alimentos derivados de OGM importados desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Ignoramos qué porcentaje de las importaciones alimentarias del país corresponde a transgénicos.

Cultivos experimentales
Hay además en Chile cultivos transgénicos cuyas pruebas de campo han sido autorizadas en el país, con proyectos como una papa resistente a la bacteria Erwinia carotovora; también se ha obtenido uva transgénica resistente al hongo Botritis cinerea. Otro proyecto relevante es el caso de los carozos, en que se busca un mejorar la presentación de estos frutos para la exportación.

En el ámbito de la silvicultura, existe la capacidad en el país para producir Pinus radiata transgénico resistente a ciertos insectos y se está avanzando en la producción de variedades de esta especie resistentes a herbicidas, y de eucaliptus resistente al frío.

Entre 1991 y 2001, se financiaron 408 proyectos en biotecnología por un monto total de US$ 73,4 millones, ejecutados mayoritariamente por institutos estatales y universidades públicas. El gasto total en investigación y desarrollo en el país es de un 0.7% del PIB. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), el Ministerio de Agricultura (a través de FIA) y el Ministerio de Economía (a través de CORFO), están desarrollando la iniciativa “Genoma Chile”, con dos programas: Genoma en Recursos Naturales Renovables y Biominería.

En el año 2002 existían en Chile 31 empresas biotecnológicas, en su mayoría pequeñas, fundadas en los últimos 10 años y con ventas totales de alrededor de US$ 8 a 9 millones anuales.
No existe legislación sobre etiquetado ni se realizan evaluaciones por el MINSAL a los alimentos.

Iniciativas legales

En noviembre de 2006 se presentó en el Senado, con la firma de legisladores de partidos de la oposición (Andrés Espina, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma) y también de la alianza de gobierno (Eduardo Frei, Fernando Flores (Concertación) la moción sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” que busca legalizar los cultivos transgénicos. La iniciativa presenta antecedentes equívocos, ignora los efectos ya conocidos y hace afirmaciones sin base científica sobre aumento de la productividad y sobre la posibilidad de asegurar resguardos adecuados para evitar la contaminación de otras semillas. También desconoce el principio de precaución y no contempla estudios de riesgos independientes. Las normas de etiquetado que contempla son las propuestas por las compañías productoras (“equivalencia sustancial”) las cuales no dan garantías al consumidor sobre su real contenido. El proyecto ha sido rechazado por organizaciones ambientales y sociales del país.
En junio de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, que debería seguir este año su trámite en el Senado, donde el proyecto quedó empantanado, trasladándose ahora esta discusión al proyecto descrito en el párrafo siguiente.
A fines de diciembre de 2007, el Senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley para prohibir la fabricación, internación e importación en Chile de semillas “terminador”, es decir aquellas modificadas genéticamente para no dar semillas, o para crecer, desarrollarse, madurar, dar frutos o destruirse sólo mediante la aplicación de productos químicos.
Percepción de la ciudadanía

En años pasados, Greenpeace realizó una campaña nacional de alerta e información sobre los transgénicos, distribuyendo una guía, y publicando en su página web una lista de alimentos contaminados con transgénicos que tuvo gran impacto entre los consumidores.

Desarrolló asimismo un muestreo y análisis de semillas de maíz y una encuesta de percepción pública, encargada a IPSOS, que reflejó un claro rechazo a los transgénicos (58,5%) y exigencia de etiquetado (95,9%) para los alimentos. Entre las amenazas que percibe Greenpeace en la actualidad, que pueden agravar la situación actual está el lobby de los productores de maíz que compiten en precios con maíz argentino, para que se autorice en el país la siembra para consumo animal de maíz transgénico, el que suponen más barato. En segundo término, están los proyectos de desarrollo de etanol (biocombustibles) a partir de maíz y raps transgénico.

La Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile www.rap-al.org), integrada por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas www.anamuri.cl la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) y el Observatorio de Conflictos Ambientales www.olca.cl también incorpora en su trabajo la denuncia de los efectos de los transgénicos y el prontuario ambiental de las multinacionales que promueven su uso en Chile y el mundo, y fundamentalmente, promueve el derecho de los campesinos a resguardar su semilla. Asimismo, existe una Red Chile Libre de Transgénicos que agrupa a organizaciones como Fundación Sociedades Sustentables e IEP y que desarrolla investigación, campañas informativas y lobby ante las autoridades.

Asesinos de Jecar Neghme en libertad



Los Ministros de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago son los responsables de haber determinado que los criminales no pasen ni un día en la cárcel:
Sonia Araneda Briones, Emilio Guillermo Pfeffer Urquiaga, y el abogado integrante Juan Cristobal Mera Muñoz. La nueva tesis es entregar una verdad parcial(casi veinte años después), pero sin justicia. El coronel Ledy seguirá disfrutando de la vida y no conocerá ni un día de prisión.
Para conocer a Jecar, visiten http://www.jecarneghme.cl/
un sitio que significa mucho para quienes conocimos, respetamos y admiramos a Jecar en el breve lapso de la historia que estuvo construyéndola con nosotros.
Esta es la carta que la familia de Jecar Neghme envió a estos jueces.
Señores Ministros:
Sonia Araneda Briones, Emilio Guillermo Pfeffer Urquiaga
Señor: Abogado Integrante Juan Cristobal Mera Muñoz
Corte de Apelaciones de Santiago.
REF: CAUSA 12.811-2006
POR HOMICIDIO CALIFICADO DE JECAR NEHGME CRISTI

Con fecha 21 de junio hemos podido leer con asombro el fallo que uds. han dictado en la causa de nuestro hermano Jecar Nehgme Cristi. En dicho fallo no sólo confirman las bajas condenas a los asesinos de Jecar, sino que rebajan la condena a Enrique Ledy, quien dio la orden de asesinar a nuestro hermano. En definitiva uds., han decidido que el grupo de criminales que acribilló cobardemente a Jecar la noche del 04 de septiembre de 1989, no cumpla condena alguna privativa de libertad, es decir, que sigan, como hasta hoy día, gozando de libertad, pese a haberse establecido en la causa su autoría indiscutible en el asesinato, hecho del que incluso se encuentran todos confesos.

1.- Nuestro hermano fue acribillado cuando apenas tenía 28 años, dejó huérfano a su pequeño hijo quien aún no cumplía los de 5 años de edad. Esto ocurrió el último año de la Dictadura. Jecar era dirigente nacional y vocero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, él ingresó a este partido en la Universidad de Chile, el año 1979, cuando estudiaba Historia y Geografía. Desde entonces fue perseguido detenido, relegado, incluso desaparecido por más de 12 días el año 1984. El sufrió la tortura, la expulsión de la Universidad, en manos de los aparatos de seguridad de la Dictadura Militar. ¿Por qué? Por ser un joven que jamás reparó en egoísmos personales y entregó cada uno de sus días a la lucha por terminar con el sufrimiento que imponía a las mayorías la Dictadura Militar. El luchó incansablemente para que en Chile hubiera democracia y también socialismo. El fue uno de los principales forjadores de la unidad por la democracia y el socialismo en nuestro país.

2.- La decisión de uds. que otorga impunidad a los asesinos de Jecar, constituye en sí mismo un acto arbitrario, que contraviene nuestro ordenamiento jurídico, y estando uds. en conocimiento cabal de dichos principios y normas, solo nos cabe pensar, que en este caso particular, no existe voluntad de condenar a miembros, activos o en retiro del Ejército de Chile, responsables de este crimen; o que quizás uds., sostienen una posición política que nubla su razón, justificando en su fuero interno este asesinato; o simplemente que han fallado esta causa, siendo víctimas de presiones que les ha infundado legítimo temor. Cuál sea la razón que hayan tenido para decidir la impunidad de estos criminales, ellas se apartan del recto camino de la justicia.

3.- Este fallo es de una gravedad histórica, pues todos aquellos que hemos estado por años expectantes de sus resoluciones, y que hemos decidido este camino para que haya verdad y justicia en nuestro país, tenemos el legítimo derecho a preguntarnos qué se ha logrado. La decisión que uds. han tomado es grave pues si los Tribunales de Justicia no cumplen su función, ¿qué camino es el que debemos seguir?

4.- En el caso de Jecar no se ha logrado ni la verdad, ni sancionar a los responsables. A 17 años de este horroroso crimen ¿qué se ha obtenido? saber los nombres de los asesinos, porque siempre supimos que eran miembros de la Central Nacional de Informaciones, y del Ejército, qué sacamos sabiendo sus nombres si ni siquiera conocemos sus rostros, y el día de mañana, si es que ya no ha ocurrido, hasta podríamos conversar con uno de ellos sin saber que sus manos están manchadas con nuestra propia sangre. ¿Qué se ha obtenido, si a estos criminales confesos, gozarán de libertad? Uds. han dictado este fallo pasando por sobre la decisión del Ministro Hugo Dolmesch y por sobre el informe del Fiscal, quien estudió detenidamente la causa, proponiendo que se elevaran las penas a estos asesinos.

Qué es la Justicia sino conocer la verdad y la sanción a los responsables. Pero en esta causa no hay sanción a los responsables y tampoco hay verdad, y uds. son los responsables, ya que junto con dejar a estos criminales libres, no dictan ninguna resolución que permita conocer la verdad de lo sucedido. En efecto, pues estando la causa en esta Corte, el condenado Enrique Ledy, declara que fue el General Abarzúa, quien le ordenó asesinar a Jecar, sin embargo, uds. no dictan ninguna resolución tendiente a aclarar este episodio, lo que hubiese significado a la familia y al país conocer porqué el General Abarzúa decidió planificar y ordenar el crimen de nuestro hermano.

4.- Finalmente les comunicamos que la decisión que han tomado en esta causa, la daremos a conocer en todos los rincones, organizaciones e instituciones a las que nuestra voz, y la de aquellas personas honestas que siempre nos han acompañado, pueda llegar con el objeto que se sepa en todas partes que los señores Ministros de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: Sonia Araneda Briones, Emilio Guillermo Pfeffer Urquiaga, y el abogado integrante Juan Cristobal Mera Muñoz dejan libres a los asesinos de Jecar Nehgme Cristi.

Esperando puedan otorgar una explicación a tan cruel e injusto fallo.

Familia Nehgme Cristi.

domingo, junio 24, 2007

Condenas y absoluciones para Lonko Juana Calfunao y familia




En lugar de estar preparando la celebración del año nuevo mapuche, el we tripantu o wiñol xipantu, la lonko Juana Calfunao, el werken Antonio Cadin y su hijo el weichafe Waikilaf debieron escuchar este jueves 22 de junio sus condenas y absoluciones, impartidas por el Tribunal de Garantía de Temuco como resultado de su lucha en defensa de la tierra de la comunidad Juan Paillalef.
No sé si alguien pudo llevarles muday, multren o alguna comida tradicional mapuche en estos días. Poco probable, porque salvo los niños pequeños y la abuela, toda la familia está en la cárcel de Temuco.
Las sentencias se conocerán el jueves 27, pero el Ministerio Público, o sea el Estado chileno, representado por el fiscal Cristián Paredes, no logró las penas ejemplarizadoras que perseguía por los hechos: cortes de camino y enfrentamientos con la fuerza pública cuando la comunidad impidió trabajos de Frontel (la empresa de electricidad de la zona) en sus tierras. El fiscal acusaba a la Lonko Juana y a Antonio de "lesiones menos graves y daños calificados" a los técnicos de la empresa, sin embargo el tribunal dictaminó que solo se les sentenciará por "daños simples", relacionados con un tractor. Eso quiere decir que la pena que se les dará, puede ir entre los 61 días hasta los 541. Si se hubiera aceptado lo que pedía el Estado a través de la fiscalía, habrían tenido penas que podrían haber llegado a los 3 años. El tribunal desestimó los cargos de secuestro del grupo de Frontel, hurto, desórdenes públicos y amenazas imputados a Waikilaf, y en cambio se le sentenciará por "Daños Simples", y "lesiones menos graves" a tres personas, un trabajador, un reo de la cárcel y un funcionario de gendarmería. La pena por estos delitos van entre los cuatro a los seis años. Si el tribunal hubiese aceptado la acusación del fiscal, Waikilaf arriesgaba penas de hasta doce años en total.
El juicio fue presidido por el juez de garantía Alejandro Vera Quilodrán, junto a los jueces Ester Valencia Durán, y Jorge González Salazar, que redactará el fallo. La defensa fue asumida por el abogado Lorenzo Morales Cortés, que en todo momento entregó los antecedentes relativos a la histórica reivindicación de las tierras de esta comunidad y su demanda pendiente ante el MOP por el uso de su propiedad como camino público.
La lonko Calfunao y su pareja están recluidos en la Cárcel de Temuco desde noviembre de 2006, en tanto que Waikilaf permanece castigado desde octubre del año pasado en la Cárcel de Alta Seguridad y lleva diez meses en prisión. Fue trasladado a Temuco para el juicio. La familia fue encausada por bloquear el camino Colico-Los Laureles, impidiendo el ingreso de funcionarios de la empresa eléctrica Frontel al trazado de ripio, que ellos consideran son de su propiedad y por el cual están en conflicto con Obras Públicas. Posteriormente, Waikilaf fue castigado y llevado a la Cárcel de Alta Seguridad, acusado de promover la rebelión al interior del penal de Temuco. Por su parte él denunció haber sido víctima de torturas y presentó una querella por esos hechos. El tribunal le condenó por lesiones respecto de Jorge Palavecino Sepúlveda, un funcionario de gendarmería que sostuvo haber sido golpeado con un trozo de madera por el joven mapuche.
Pese a que en otras ocasiones la prensa ha desplegado amplia información sobre la lonko Calfunao, en los cuatro días que duró el juicio, en el que comparecieron testigos de ambas partes, sólo apareció un breve párrafo en el Diario Austral, que sí dedicó espacio a la celebración del We Tripantu al interior de la cárcel de Nueva Imperial.
El abogado defensor explicó que en su alegato de clausura solicitó que a todos los enjuiciados se les aplicara la eximente de responsabilidad del artículo 10 Nº 9 del
Código Penal, aplicable a quien "obre violentado por una fuerza irresistible o
impulsado por un miedo insuperable", y también las atenuantes del artículo 11, Nº 5 referidos a quienes actúan "por estimulos tan poderosos que le hayan producido arrebato y obcecación". En los casos de Antonio y Waikilaf se pidió considerar también la irreprochable conducta anterior, puesto que no tienen condenas previas, situación que es diferente para la lonko, que ya ha sido condenada en ocasiones anteriores por desórdenes públicos.

Para ver excelentes fotos sobre el año nuevo mapuche en Malleco, recomiendo kalbuncomunicaciones.blogspot.com/ de Comunicaciones Mapuche Kalbun, Akui We Tripantu! De allí es el cultrun que ven más arriba, pero hay mucho más.

sábado, junio 16, 2007

No más tortura en Brasil para Mauricio Hernández




Una paradoja se abrió para Mauricio Hernández Norambuena (ver www.mauriciohernandeznorambuena.com,) Ayer era uno de los intrépidos tripulante del helicóptero en fuga desde la Cárcel de Alta Seguridad desde Santiago de Chile, en 1996 ( ver relato de Patricio Ortiz en /www.rie.cl/?a=831 (1996). Hoy está aislado, al borde del colapso físico y mental, en la prisión federal de Catandúa, Brasil. Y por ello, para él y su familia, su transferencia para cumplir condena en Chile es la única salida a los devastadores efectos de una incomunicación que se prolonga por cinco años.
En Brasil, en 2002 el chileno fue condenado a treinta años de cárcel por el secuestro del publicista Washington Olivetto. www.agenciatxt.com/Archivo/APazFPMR.htm - 51k - Marco Rodríguez y Alfredo Canales, miristas, también cumplen pena por ese hecho, pero no están en esa prisión ni afectos a igual régimen.
El director del penal de Catandúa, Ronaldo Urbano renunció a su cargo el pasado 2 de junio, en medio de acusaciones de prácticas de tortura en el recinto, formuladas por parlamentarios. Amnistía Internacional ya había denunciado casos de tortura en el recinto.

En Santiago, a Hernández Norambuena (otrora “Ramiro”) que tiene 48 años, lo esperan dos cadenas perpetuas por los casos Jaime Guzmán y Cristián Edwards. El convenio de transferencia de presos, requiere voluntad política de ambos gobiernos. Se aplicó por primera vez el año 1999 con presos políticos miristas, también condenados por un secuestro, y transferidos luego de una larga huelga de hambre.

Una respuesta equívoca
Mauricio Hernández, en cambio, sería expulsado a los 73 años y sólo en caso que en Chile conmuten sus penas de cadena perpetua. En esos términos respondió el 27 de marzo de 2007 la embajada brasileña la solicitud de aplicación del convenio de transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Afirmó que ello ocurrirá después de que el preso cumpla “la pena impuesta por la justicia brasileña”, y siempre que en Chile no deba cumplir una pena superior a los 30 años. Según la misiva, su gobierno lo hace para defender los derechos humanos. “En aplicación de la disposición constitucional cuyo objeto es la protección de los derechos humanos del sr. Hernández Norambuena, tal transferencia dependerá de la conmutación de las penas a las cuales está condenado por la Justicia chilena, de prisión perpetua, por pena privativa de libertad de un máximo de 30 años”, asegura textualmente el equívoco documento.

En enero de 2007 el ministro de Justicia brasileño Marcio Thomaz había decretado la orden de expulsión del chileno, “dejando la efectividad de la medida condicionada al cumplimiento de la pena a que estaba sujeto en el país o a su liberación por el poder judicial”. En febrero, para la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Da Silva a Chile, su familia hizo llegar una carta solicitando el traslado del ex frentista y apelando a la conciencia humanitaria del gobernante.

Los hermanos del ex frentista encabezan desde Valparaíso la campaña por su transferencia. Laura y Cecilia, menores que Mauricio, eran niñas cuando junto a sus padres, militantes socialistas ya fallecidos, vivieron la persecución antidictatorial desatada en el porteño Cerro Esperanza y los allanamientos de la CNI. Sus otros dos hermanos sufrieron relegación. El ingreso del joven Mauricio al Frente Patriótico Manuel Rodríguez se produjo en 1983, poco después de egresar como profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, sede Valparaíso (actual Playa Ancha).

Ensañamiento
Brasil ha convertido al ex frentista en el único preso de ese país con cinco años de Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD), castigo que requiere un dictamen de un juez y sólo puede durar un año. “Hay ensañamiento y xenofobia con Mauricio”, sostiene su hermana Laura, médica en un consultorio de Viña del Mar. Relata que se le ha cambiado de prisión por cuarta vez. Desde febrero de este año Mauricio Norambuena se encuentra en el primer penal federal “modelo” de alta seguridad, recién construido, ubicado en el estado de Paraná. “Mauricio está 23 horas diarias en una celda de aislamiento, con solo una hora en un patio, impedido de ver a otros presos, escuchar radio, recibir revistas o periódicos y con mínimo derecho a visitas, que además no pueden ser frecuentes por razones obvias de distancia, y actividades laborales”, señala Laura.

El embajador de Frei
El régimen de castigo se le aplica por supuesta peligrosidad del reo, cuya buena conducta penal se reconoce. Pero el oficio SAP/GS Nº 325 del 2 de febrero de 2004, dirigido al juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, y firmado por Nagashi Furukawa, Secretario de Administración Penitenciaria de Sao Paulo, cita como razón para el castigo, una petición del embajador del entonces gobierno de Eduardo Frei, Carlos Eduardo Mena Keymer. El requirió mantener al condenado en una cárcel de alta seguridad porque podría ser liberado por sus compañeros de lucha “y su eventual fuga sería un desastre para Sao Paulo, para Brasil, para Chile y hasta para la humanidad”. Hay que agregar que Olivetto, el publicista cuyo secuestro abortó la policía brasileña, es una celebridad nacional cercana al PT, y fue el propio gobierno de Lula –recién asumido- el que apeló para elevar la pena inicial, que era de sólo 16 años. Ese mismo año 2002, el gobierno de Frei solicitó la extradición. “Ahora hay una contradicción en la política del gobierno: en Ginebra, recientemente la Presidenta Bachelet se lamentó porque Suiza no haya extraditado a Patricio Ortiz, también fugado de la cárcel, sin embargo su gobierno no ha dado ningún paso para que Mauricio sea extraditado a Chile”, afirma Laura.

En la cárcel “modelo”
Es largo el camino que desde Cerro Forestal, en Valparaíso, recorrió Laura Hernández en mayo pasado para llegar a Catandúa. Tuvo que volar a Sao Paulo y viajar 15 horas en bus hasta Cascabel, seguidas de una hora más en taxi a Catandúa, un caserío al que no llega locomoción colectiva.

Mauricio es el tercero de cinco hermanos “aclanados” según Laura, y decididos a impedir que el ex frentista sucumba. Agrega la doctora: “Me contó Mauricio que en Catandúa jamás ha escuchado un grito de otro preso desde alguna celda vecina, como ocurre en otros penales, el aislamiento es absoluto. A mí y a mi hermana Cecilia, que viajó en otra oportunidad, nos ficharon completamente y fuimos escoltadas por un pelotón de guardias encapuchados. Vi a mi hermano muy mal, con un cuadro agudo de depresión como consecuencia de este aislamiento total. Ni siquiera los jefes de bandas de delincuentes que han asesinado a jueces o a gendarmes, son sometidos a este sistema, que busca el aniquilamiento y produce daños mentales irreversibles.”

En Chile, la familia ha contado con la asesoría del abogado Alberto Espinoza, de FASIC. El miércoles 13 de junio Laura y Cecilia Hernández se entrevistaron por segunda vez con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que acordó promover un proyecto de acuerdo en que solicitará la transferencia. Se comprometieron a enviar un miembro de la Comisión a visitarlo a Brasil, y también solicitarán a la Presidenta Bachelet que instale el tema en su agenda.

Contra la Tortura
Con vehemencia, continúa la doctora Laura Hernández: “Pensamos que es urgente apelar a la solidaridad. Esta es una demanda humanitaria. El fue un luchador antidictatorial, hoy no constituye una amenaza para nadie y su vida y salud mental están en peligro porque está sometido a un trato inhumano, cruel y degradante, es decir, a tortura”

En Valparaíso la campaña de recolección de firmas, ver (www.mauriciohernandeznorambuena.com) y apoyo a la petición de transferencia se inició con éxito, junto al Comité Permanente Bolivariano de la V Región. Comités de apoyo en Suecia, Luxemburgo, Italia, Holanda, Alemania y Australia se manifestarán el 23 de junio, Día Internacional Contra la Tortura, en las embajadas de Brasil.

miércoles, junio 13, 2007

No sólo por Dagoberto se fugó Iturriaga


(Foto de www.memoriaviva.com/
Una ex detenida declaró en el proceso abierto por el secuestro de Luis, que lo recordaba porque su cara era muy hermosa. Estaban en la Venda Sexy, un antro de tortura de la DINA. El secuestro se pudo acreditar porque -al contrario de lo que dice Iturriaga- muchos sobrevivientes tuvieron el coraje de ir al tribunal y contar cómo vieron a Luis, qué le hicieron y qué vivieron ellos mismos. Beatriz Bataszew fue un testigo clave, porque era su polola y también estaba detenida.

Terrorista general
Raúl Iturriaga Neumann no se fugó porque le dieron cinco años y un día como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicación y miembro del MIR Dagoberto San Martín (21 años al momento de su detención por los hombres del terrorista con uniforme del ejército chileno). El ex general de la república es en realidad un criminal empedernido que está desafiando a todas las instituciones democráticas chilenas. La impunidad es su meta. Por su experiencia en inteligencia y como ex encargado de las empresas DINA, lo hace contando con alguna red de apoyo y recursos a través de la cual no sería extraño que ya haya salido del país. Hay dos países que no puede haber elegido para refugio: Argentina e Italia. En ambos se le busca como terrorista. En el país europeo fue condenado en ausencia a 18 años de presidio por el atentado a Bernardo Leighton.
Doble Asesinato en Palermo
Iturriaga Neumann, uno de los hombres claves de la DINA, no es responsable de un solo secuestro –que ya es gravísimo- sino de muchísimos otros crímenes de lesa humanidad. La sentencia de cinco años y un día la habría cumplido sin mayor pena en las cómodas cabañas del regimiento de Telecomunicaciones, una cárcel cinco estrellas. Pero tiene pendientes sentencias en causas cuyas condenas deberían ser muy superiores. El ministro en visita Alejandro Solís lo ha procesado “en calidad de autor como miembro de una asociación ilícita” por el asesinato (con una bomba) del General Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército y su esposa Sofía Cuthbert (1974) en Palermo, Buenos Aires. Las sentencias, luego de la larga investigación, no demorarán.
Y también lo esperan condenas por los casos de detenidos desaparecidos en la Operación Colombo, específicamente en los casos de los hermanos Jorge y Juan Andrónico Antequera, Francisco Bravo, Mario Carrasco, Félix de la Jara, Eduardo Durán, Juan Chacón, María Cristina López, Jorge Olivares, Vicente Palominos, Stalin Aguilera, Teobaldo Tello, Víctor Villarroel, Washington Cid, Zacarías Machuca, Héctor Zúñiga, Francisco Aedo, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Rodolfo Espejo, Albano Fiorazzo, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Héctor Garay, Rubén Arroyo, Eduardo Miranda, Arturo Barría, Asrael Retamales, Antonio Cabezas, Ariel Salinas y Bernardo de Castro. Estos procesos están en manos de diferentes jueces, pero la mayoría de las encargatorias de reo fueron hechas por el juez Juan Guzmán los años 2004 y 2005. La Operación Colombo fue una maniobra mediática de la DINA, apoyada por sus pares de Argentina y otras dictaduras del Cono Sur, que pretendía encubrir la desaparición de 119 chilenos y chilenas, la mayoría militantes del MIR, haciéndolos aparecer como muertos en Argentina por rencillas internas.
La investigación judicial de la jueza argentina María Servini de Cubría -a quien la Corte Suprema le negó el pedido de extradición del hoy fugado, argumentando que Iturriaga sería juzgado en Chile- permitió establecer que el entonces mayor Iturriaga Neumann viajó a Buenos Aires para preparar en terreno el crimen de Prats. El oficial fue el primer responsable del Departamento Exterior de la DINA, cuando la central de ese organismo estaba en calle Belgrado 1, en las actuales instalaciones de la FECH. En Buenos Aires se comprobó que contó con el apoyo del agente civil chileno Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado por la justicia de ese país a presidio perpetuo como "partícipe necesario" en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.
El año 74 fue de gran actividad para este sujeto. En ese período fue miembro de la plana mayor de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada Purén que se encargaba de la represión al Partido Socialista y al Partido Comunista. En el proceso que concluyó con la sentencia de la Corte –que rebajó de diez a cinco años y un día la sentencia original del Ministro Solís - eso quedó acreditado por decenas de testimonios no sólo de sobrevivientes a la tortura y prisión, sino también por declaraciones de sus ex subordinados. En otros procesos en curso, está encargado reo por la desaparición de Víctor Olea, uno de los desaparecidos en un intenso operativo desarrollado en septiembre de ese año contra el Partido Socialista de la “Décima comuna”, en el que también cayeron Bernardo de Castro y Mario Carrasco. También ha sido encargado reo por el secuestro y desaparición de los miristas Luis Mahuida Esquivel y Luis González Mella, hechos ocurridos en noviembre de 1974.
Iturriaga Neumann pasó a retiro en 1991 y como tal, tiene una generosa pensión con “perseguidora”, gracias a la previsión excepcional que rige en Chile para los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Se habrán embargado sus cuentas bancarias? En la carta que utiliza para convocar al resto de los criminales a la rebelión contra las decisiones de tribunales, uno de los sufrimientos que describe es el de enfrentar a lo que él llama “falsos testigos” en los careos. Se vio obligado a estar de pie frente a quienes sobrevivieron a la experiencia de la tortura y el horror y fueron capaces de sostener la mirada y relatar las violaciones y vejámenes vividos, así como el estado deplorable en que quedó Luis Dagoberto San Martín a su paso por el centro de torturas conocido como La Venda Sexy.
Los desaparecidos, los sobrevivientes y la democracia chilena necesitamos que el terrorista Iturriaga sea encontrado sin demora, buscándolo dentro del país y solicitando en los niveles internacionales que se adopten iguales medidas de resguardo.

José Cariqueo ganó juicio a Forestal Mininco


José Cariqueo, la foto es de Jorge Zúñiga y fue publicada en www.azkintuwe.org/


Increíble pero cierto. Ocurrió hoy en el Juzgado de Garantía de Collipulli, Novena Región de Chile, una zona donde se desarrolla la lucha por la recuperación de tierras en disputa con las forestales, que acorralan a quienes vivieron ancestralmente allí y hoy están "reducidos" a minúsculas comunidades de subsistencia.

Por primera vez, una empresa forestal –Mininco S.A.- representada por su gerente máximo, Hernán Rodríguez perdió un juicio interpuesto por un comunero mapuche, José Cariqueo, el mismo “werken” (mensajero) al que Mininco denigró por más de cinco años acusándolo de terrorista e incendiario, y logrando que sufriera prisión y persecución. El afectado es nada menos que Hernán Rodríguez, Gerente General de Forestal Mininco (dependiente de CMPC, del poderoso Grupo Matte), con sede en la comuna penquista de San Pedro de La Paz, (Octava Región). Rodríguez integra además el directorio de la CORMA (Corporación de la Madera), que agrupa a la patronal forestal. El juicio tuvo lugar en Collipulli (Novena Región), en el corazón del llamado “conflicto indígena”. La noticia me la acaba de confirmar Lorenzo Morales Cortés el abogado demandante y aún no conozco los detalles. Pero es tan extraordinario lo que ocurrió, que me apuro a escribir y más adelante, mañana tal vez, entregaré los detalles.

Ahora voy a dar antecedentes investigados con anterioridad y que publiqué en algunos medios electrónicos al presentarse la demanda,. Me cuentan que la defensa de la Forestal Mininco tuvo la desfachatez de alegar que había una “campaña comunicacional” contra la empresa. ¡Se referían a mi artículo, publicado únicamente por publicaciones de la prensa electrónica www.rebelion.org, www.piensachile.com , www.mapuche.info, www.elclarin.cl www.sociedadcivil.cl/nuevodiario/default.asp) que están entre los medios que informan verdaderamente! Qué patudez, hablar de campaña para referirse a un artículo, cuando ellos han utilizado todos los medios posibles para difundir sus mentiras y para que gente desinformada crea que los mapuche son vándalos que se dedican a quemar casas. Claro, ellos están acostumbrados al silencio comunicacional, a que sólo se escuche su voz y no la de las comunidades en lucha.

El Juzgado de Garantía de Collipulli estimó configurados los delitos de injurias y calumnias graves (ser llamado “terrorista”) inferidos por la Forestal Mininco al comunero José Cariqueo Saravia, de la comunidad Cacique José Guiñon, sector San Ramón, ubicada en la comuna de Ercilla, Novena Región. La sentencia se conoció hoy 13 de junio y sorprendió a los demandados. Mininco recurrirá a la Corte de Apelaciones de Temuco. El juicio se había iniciado el pasado 16 de mayo.

La primera victoria de Cariqueo
Con fecha 7 de abril de 2006, el dungumachife (ayudante de machi) José Cariqueo fue absuelto por los tribunales de justicia en la causa interpuesta en 2001 por la empresa forestal Mininco y secundada por el Estado chileno, que lo juzgó aplicando la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Se le había atribuido al werken la calidad de autor del incendio “terrorista” ocurrido en los predios Poluco y Podenco, de propiedad de esa empresa, cuyas plantaciones cubren 690.000 hectáreas en la zona sur. El comunero mapuche fue encarcelado, eludió la represión durante un período y al ser reenviado a prisión sufrió el maltrato carcelario y se vio impedido de apoyar a su familia en las labores que habitualmente desempeña.

En su presentación, el afectado relata que no pudo continuar con su rol en la comunidad: “en la recolección de hierbas medicinales y como dungumachife, es decir ayudante en las ceremonias de sanación”, y debido a su forzosa ausencia, su esposa estuvo imposibilitada de desempeñarse como machi.

Persecución permanente
En la demanda, José Cariqueo, patrocinado por su abogado, sostiene que las actuaciones de Forestal Mininco han generado su “difamación, descrédito y menosprecio ante las autoridades, esto me implica ser buscado siempre”. Alude Cariqueo a los frecuentes allanamientos y agresiones perpetradas contra su comunidad, Cacique José Guiñon, una persecución que empezó el año 2001, y que no ha terminado pues últimamente se le ha formulado una nueva acusación de porte de arma, por la cual se ha abierto una nueva causa con medidas cautelares de arraigo en la zona.

Entre los documentos que se acompañan para fundamentar la demanda por injurias y calumnias, está el certificado de absolución expedido por el tribunal en las causas caratuladas URC 0100086954-2 y RIT 23-2003. Anexa asimismo el Informe Diagnóstico de Intervención Comunidad Cacique José Guiñon emitido en septiembre de 2004 por el Servicio de Psiquiatría del Programa de Salud Mapuche del Servicio de Salud Araucanía Norte, dependiente del Hospital de Angol. (ver informe completo en http://meli.mapuches.org/breve.php3?id_breve=69 ) Este documento desnuda las consecuencias de la represión sufrida por la comunidad. También se incluye un proyecto de acuerdo de la cámara de diputados, presentado por el senador Alejandro Navarro dando cuenta de la vulneración de los derechos de once niños mapuches de esa comunidad, debido a los constantes allanamientos llevados a cabo por efectivos de Fuerzas Especiales y agentes de Investigaciones.

La invasión forestal
En una entrevista concedida a “La Voz Rodriguista” y publicada en Rebelión en mayo de 2006, Cariqueo explicó que la prisión sufrida por él y los otros prisioneros mapuche de la comuna de Ercilla, se debía a que sus comunidades luchaban por la recuperación de sus tierras usurpadas por las empresas forestales. Afirmó que progresivamente las comunidades de la zona habían quedado encerradas en medio de esos monocultivos de pinos y eucaliptos. Denunciaba entonces: “A nosotros nos contaminaron el aire, habían sustancia químicas tóxicas con las que fumigaban desde un avión, para matar la cuncunilla que afectaba a sus plantas de pino y eucaliptos.¡Cuántas personas y cuántos animales murieron producto de ese químico! Para qué decir lo que ocurrió con las abejas, no quedó nada. Nadie se daba cuenta de por qué los animales se morían, seis, siete animales de cada familia se estaban muriendo, por lo mismo, contaminaron el aire, y el agua, contaminaron el pasto. Ahí nosotros nos pudimos dar cuenta que la empresa nos estaba haciendo un tremendo daño. Nos enfermábamos, y ahí dijimos ‘Esto va a llegar hasta aquí’. Si la empresa hubiera sido más poderosa y nosotros más débiles, supongo que nos habríamos ido a la cordillera o al pueblo, porque lo que querían los empresarios era sacarnos del campo y hacer que nosotros nos fuéramos a vivir al pueblo pagando impuestos, pero allá estaríamos olvidando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra comida, nuestras ideas, nuestra religión, todo se terminaría. Como no lo consiguieron, tuvieron que meter presos a los mapuche”.

Como en dictadura
En la citada entrevista, Cariqueo recuerda los allanamientos:
“Llegaban 300 carabineros en micros, un servicio de inteligencia, ¡pero grande! Uno se daba cuanto cuando estaba todo encerrado y no había nada que hacer. Pero a este ‘terrorista’, el que habla, José Osvaldo Cariqueo Saravia, jamás nunca le encontraron las armas que ellos decían que iban a encontrar y por eso yo seguí luchando y no me puedo quedar callao’, voy a seguir gritando. Nosotros mismos sufrimos el golpe militar y hoy día estamos sufriendo la misma cosa. Siempre estamos viendo un zorrillo, o un retén móvil, y siempre vamos a estar viendo micros de carabineros. En mi comunidad, yo tengo permanentemente vigilancia, ahí están todos lo carabineros del Servicio de inteligencia, entonces ahí yo quedo al medio, y ellos me miran con un aparato. En cada comunidad están viviendo 35 familias, así que si estamos hablando de la comuna de Ercilla, son como 1800 familias más o menos, hay entre 350 y 300 niños. O sea si usted mira un eucalipto, hay un ‘paco’ (un carabinero), mira otro eucalipto, hay otro, estamos hablando de un ‘paco’ por mata.”
La mala imagen
Al salir en libertad el año pasado, Cariqueo estuvo en Santiago participando en la campaña por la liberación de los presos políticos mapuche, entonces en huelga de hambre. Al respecto sostenía: “Cuando uno viaja a otro pueblo, como Santiago, lo miran como bicho raro y dicen: ‘¡qué anda haciendo este mapuche aquí!, ¡aquí no hay nada que quemar!’. Eso me ocurrió a mí. Eso pasa porque se ha dado mala imagen ante el pueblo chileno, a nosotros en los juicios nos dicen que somos terroristas. Pero este terrorista tiene familia, casa, tierra; lo metieron preso y después salió sin mancha ni pecado, libre de polvo y paja. Y después de seis años, ¿qué terrorista sale de esa manera? Los tribunales te identifican como inocente y ahora yo me pregunto, ¿quién paga todo ese daño de cada ser humano que está ahí, de mi familia, y el daño psicológico de los niños y de todos los niños de otras comunidades?”.
Por los delitos imputados a José Cariqueo, actualmente cumplen prisión de diez años y un día Juan Huenulao, (39 años) Patricia Troncoso Robles, "Chepa" (36 años), los hermanos Juan Patricio Marileo Saravia (31 años) y Florencio Marileo Saravia (27 años), condenados como autores de “incendio terrorista” del fundo Poduco-Pidenco. A esta sentencia, pronunciada en 2004 se suma el pago de la suma de 425 millones de pesos a la forestal. El proceso adoleció de las mismas inconsistencias y falta de pruebas por las cuales debió ser absuelto José Cariqueo, y pese a la larga huelga de hambre que desarrollaron estos prisioneros políticos mapuche el año 2006, ellos siguen en prisión, incumpliéndose todas las promesas formuladas en su momento por distintas autoridades.

Tierras ancestrales y reforma agraria
Las tierras del fundo Poduco Pidenco pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron "reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y chacras, apropiándose de los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección, fuentes de agua y bosques. Sin embargo durante la reforma agraria, en el gobierno del Presidente Allende, esas tierras fueron expropiadas y recuperadas por la comunidad. En 1977, en dictadura, los comuneros de Tricauco, del fundo Podenco fueron desalojados y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol. Hoy los mapuche de comunidades ubicadas en Ercilla las reclaman como propias. Forestal Mininco las compró entre los años 1982 y 1986.

La comuna de Ercilla es una de las comunas de mayor pobreza en el país, y sus niños viven situación de máximo riesgo. En el Informe Indice de Infancia 2002 UNICEF, MIDEPLAN 2002) www.unicef.org/spanish/sowc02/ , Ercilla figura entre las 10 comunas con menores resultados en el índice de condiciones para el desarrollo de la Infancia.
De esta misma comuna sale una importante porción de las ganancias de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC. Según un reciente informe bursátil del BCI http://www.bci.cl/medios/filiales/pdf/informacion_diaria/flash_bursatil/FlashBursatil_CMPCentregaresultados1Q07.pdf los ingresos operacionales de este monopolio aumentaron en 23,3% ($360.590 millones) para el primer trimestre de 2007. Ello se explica por el aumento en ventas de la celulosa, que llegó a un 75% por la entrada en operación de la planta Santa Fe II, inaugurada en Nacimiento en marzo de este año, y también por el alza en el precio de la celulosa.
Así que en realidad no tienen de qué preocuparse: ni se tendrían que arrugar para pagar por los daños y perjuicios a la honra de José Cariqueo y por los traumas a las mujeres y niños de la comunidad José Guiñon, asolada por la represión en estos años.

domingo, junio 10, 2007

Waikilaf ("Flecha Veloz") en la Cárcel de Alta Seguridad

 

El 8 de mayo entrevisté a Waikilaf, en el locutorio de la Cárcel. La foto es de Luis Arnez, de la revista Punto Final.
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¡Y sin embargo existen, Presidenta Bachelet!


El lunes 18 de junio, en Temuco, capital de la Novena Región, el juez Alejandro Vera Quilodrán dará inicio al juicio oral contra Waikilaf Cadin, su madre, la lonko Juana Calfunao, y su padre Antonio Cadín, tres de las decenas de presos politicos mapuche “negados” por la Presidenta Bachelet en Ginebra. Son miembros de la comunidad Juan Paillalef, juzgados por acusaciones relacionadas con la defensa de su territorio, ubicado en un enclave turístico de la comuna de Cunco, frente al lago Colico. En Cunco existen varios exclusivos resorts para turismo, por ejemplo www.trailanqui.com con precios de $136.500 la suite doble, y un museo de cultura mapuche. A fines de mayo de este año, en Pucón, muy cerca de la comunidad Juan Paillalef, se realizó la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado. La reunión concluyó aprobando el Consenso de Pucón el cual señala que “teniendo en consideración que el objetivo de toda política pública es el bienestar de las personas, se requiere fortalecer las capacidades institucionales públicas para dar satisfacción a los requerimientos ciudadanos de integración y pertenencia”. Diversas organizaciones mapuche hicieron llegar cartas de denuncia a la reunión que daban cuenta precisamente de sus sentimientos respecto del trato recibido por parte de las instituciones públicas del Estado chileno, disenso del cual podían dar fe las comunidades aledañas a Pucón.

No se formula aún acusación oral contra otros presos políticos como José Huenchunao, Héctor Llaitul y José Llanquileo, encarcelados recientemente, en tanto continúan recluidos Jaime Marileo, Patricia Troncoso, Pedro Queipul, Rafael Pichún, Juan Carlos Huenulao y Victor Ancalaf, juzgados con las leyes antiterroristas heredadas de Pinochet. La organización urbana “Meli Wixan Mapu” define como preso político a quienes están “privado de libertad y/o en proceso, por su participación en acciones que apunten a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, entendiendo por tal los procesos de recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, así como en las movilizaciones que apunten a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo mapuche”. Al acusar a los mapuche de estar presos por cometer delitos contra la propiedad, la Presidenta ha desconocido totalmente los contenidos de las críticas formuladas a su gobierno en el tema por Amnistía Internacional en su informe 2007 y anteriormente por Rodolfo Stavenhagen, relator internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como también por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al 5º informe sobre derechos humanos en Chile; la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. También se han expresado al respecto la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU; y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina.

Hasta ahora, en democracia los mapuche fueron condenados por acciones vinculadas a procesos de recuperación de tierras en poder de empresas forestales. El juicio contra los comuneros de Juan Paillalef, por el contrario, es por realizar acciones contra el orden público en su propia comunidad (versión mapuche) o en un camino público (versión del fiscal). No es primera vez que la nueva justicia oral encausa a autoridades tradicionales de ese pueblo. Los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún (de las comunidades de Didaico y Temulemu, respectivamente) salieron en libertad recientemente luego de cumplir más alrededor de cinco años de prisión. Ahora, las autoridades juzgadas son la lonko Juana Calfunao, el werken (mensajero) Antonio Cadin, y un “weichafe” (guerrero o consejero en tiempos de paz), el joven Waikilaf. Este último se querelló por torturas denunciando los tratos recibidos por parte de oficiales y funcionarios de Gendarmería de Temuco. Por ello buscamos más antecedentes sobre el tema, realizando una entrevista a comienzos de mayo, un extracto de la cual se publicó en la revista Punto Final Nº 639. Aquí la versión completa.

Waikilaf desde la Cárcel de Alta Seguridad
Luego de dos meses de trámites, ingresamos a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Denegado el permiso para tomar fotos del trayecto al locutorio subterráneo, y despojados de toda pertenencia excepto grabadora, cámara y papel, esperamos la llegada de Waikilaf Cadin Calfunao (26 años, mapuche, estudiante universitario) que en total lleva once meses recluido. De más de 1.70 m de estatura, contextura delgada, tez clara, nariz aguileña, barba, pelo largo y ondulado, ojos castaños, podría pasar por dirigente estudiantil urbano. Cursaba segundo año de derecho en la Universidad Autónoma de Temuco. Pero Waikilaf (Flecha Veloz) ha crecido en la defensa de la tierra de su comunidad, “Juan Paillalef”, ubicada en el sector Curaco, comuna de Cunco, Novena Región, donde viven treinta miembros de su familia.

Cuando el 17 de octubre de 2006 fue trasladado en castigo desde la cárcel de la Novena Región, estuvo 70 días en huelga de hambre. Formalizado por el fiscal Cristián Paredes por cinco cargos, entre ellos secuestro y lesiones leves, él arriesga penas que suman 11 años. En el juicio oral los comuneros serán defendidos por el abogado Lorenzo Morales. También están presos su tía Luisa Calfunao, su hermano Jorge Landero y Ernesto Lincopan. La comunidad ha denunciado que Rocío, Relmutray, Camilo, y Cristóbal, de quince, ocho, trece y tres años respectivamente, hijos de los presos políticos mapuche, están dañados sicológicamente por estos hechos, y los mayores han dejado la escuela. La abuela Mercedes, de 75 años, con heridas en el cráneo luego del enfrentamiento con carabineros, y Carolina, hija de de la lonko, están impedidas de visitar a sus familiares debido a medidas cautelares.

Waikilaf, montado en la yegua Llifken (Relámpago) y los comuneros bloquearon el 31 de julio de 2006 el camino de ripio que une Los Laureles con el lago Colico, enfrentándose en defensa de su territorio con técnicos de postación eléctrica y fuerzas policiales. El Ministerio de Obras Públicas y Frontel (de Saesa, propiedad de la norteamericana PSEG Global la empresa de electricidad de la zona Frontel ) operan como dueños de las tierras de esta comunidad reconocida por Conadi (Nº 1139, 1999). Frontel ha instalado postes y talado peumos y laureles en “Juan Paillalef” sin solicitar servidumbres de paso.

¿Waikilaf, qué te motiva a esa lucha?
Hay gente que ve la tierra como un bien material, en cambio para mí es parte de mi tuwun, mi lugar de origen donde siempre han estado mi abuelos, mis padres y ahora nosotros. Y es también mi kupalme, el tronco familiar, la estirpe de los Paillalef. Mi comunidad se encuentra en la precordillera, entre Villarrica y Pucón. Son 120 hectáreas según el título de merced, pero estamos ocupando no más de 40 hectáreas en total. Criamos animales. Hay vertientes y un río, es la única comunidad que está en este lado. Aquí todos vendieron después. Nosotros somos de los que no aceptaron subdividir la tierra en tiempos de Pinochet. Y para colmo de todos los ricos latifundistas de la zona, estamos a la entrada de la boca del lago Colico, un centro turístico. En esta zona la gente gana 3.000 pesos diarios trabajando doce horas en los fundos, y siempre mandó el rico. Con los grupos paramilitares que ellos tienen, han incendiado tres veces nuestra casa, nos han baleado, nos han torturado y han destruido nuestros bienes y por eso nos organizamos, porque no estamos dispuestos a morir quemados. En el último nguillatun que tuvimos, junto a autoridades tradicionales de otras seis comunidades mapuche de Cunco, Traiguén y Temuco, en febrero de 2006, decidimos poner en práctica nuestro derecho a la autodeterminación. Hemos dicho basta, no más, porque no pillamos justicia por ningún lado. Ahora, cuando nosotros cerramos el camino, los de Frontel y los camiones del MOP, tienen que darse una vuelta grandota.

¿Qué piensas del asesinato de Rodrigo Cisternas en Lebu?
Yo creo que él es una persona valiente, no me admira esa represión de carabineros porque en la Novena Región también se vive una represión así. Eso es lo que está pasando en hartos sectores del pueblo mapuche, que están llegando a instancias nunca antes vistas con tal de que no se sigan abusos como lo que hacen en la comunidad de Temucuicui. En nuestro caso, contra ocho mapuches (cinco mujeres y tres hombres), para despejar el corte de camino van 200 carabineros, helicópteros, tanquetas, dos zorrillos, tres micros, dos carros de gases…. El Estado chileno no conoce bien al pueblo mapuche y está haciendo oídos sordos. Tarde o temprano puede venir una desestabilización económica y el pueblo mapuche, más organizado de lo que ellos creen, se va a levantar. Me llama la atención cómo el gobierno miente en sus informes a la ONU. Nuestra lucha no sólo es por la tierra sino también por el respeto y la humillación que estamos sufriendo, surge del sentimiento de estar en tu tierra y que te peguen ahí mismo en tu casa….

Pero tú no naciste en el campo.
Yo nací en Santiago. Después del golpe militar, mi abuela, Mercedes Paillalef fue torturada y encarcelada en Temuco (Caso 17.969, Informe Valech de Prisión Política y tortura. Nota de esta periodista) y mi familia se disgregó. Mi mamá y sus cinco hermanos, niños chicos, cruzaron el río Curaco, se arrancaron en una yegua colorada. Después algunos se subieron al tren y llegaron a Santiago. Mi mamá se quedó un tiempo acá. Uno de mis hermanos murió. Otros se fueron del país. Pero con el tiempo se fueron de nuevo a su tierra. Yo recuerdo que tenía trece años o doce cuando nos vinimos al sur. Cuando mi abuela salió de prisión, en dictadura, fue a La Moneda con mi mamá a alegar para que le devolvieran la tierra, ella siempre estuvo en el campo.

¿Ahí empezó el alegato por las tierras?
Mucho antes, - en tiempos del presidente Gabriel González Videla - mi abuelo, Ambrosio Calfunao, vino a Santiago a exigirle al gobierno que devolvieran sus tierras que estaban siendo robadas. Ese fue el primer encontrón y salió publicado en la revista Vea. Pero en estos tiempos, el año 99 iniciamos un proceso ante los tribunales pidiendo demarcación, luego vinieron diferentes juicios por los incendios, y por el aborto que tuvo mi mamá cuando nos detuvieron arbitrariamente en el Terminal de buses de Temuco y la golpearon y patearon, en mayo de 2000.

En los años 90 ¿Juana era del Consejo de todas las Tierras?
Ëramos 23 comunidades liderando el conflicto mapuche en la novena región. Cada comunidad prestaba ayuda a otros, de repente nos juntábamos con el Consejo, de repente cada cual seguía su propio camino.

¿Ahora pertenecen a alguna agrupación?
No, nosotros hemos enfocado la lucha directamente desde la comunidad, teniendo en cuenta que la represión y el hostigamiento se viven directamente ahí y entonces nos hemos tratado de organizar siguiendo el ordenamiento consuetudinario mapuche, tenemos nuestra lonko, werken, kollones, machi….


¿Cómo llegó a ser Lonko tu madre?
Mi abuelo tenía cuatro mujeres, una de ellas mi abuelita Mercedes, hija del lonko Juan Paillalef. Mi madre es su hija. El segundo Lonko fue Ambrosio Calfunao. El mayor de mis tíos murió, y ella quedó como la mayor, y le correspondió asumir como lonko o jefe político de la comunidad, por origen y por el tronco familiar. Eso se hizo en una ceremonia especial.

¿Crees que tu familia es muy diferente a otras familias mapuche?
Quizás sí, pero mucho descontento mapuche es similar al nuestro, solo que nosotros hemos dado la cara, yo no he tenido porqué taparme la cara si lucho por mi tierra. Nosotros comenzamos a actuar en forma desafiante después de la segunda quema de mi casa, el 26 de junio de 2004, donde murió calcinado mi tío de 70 años, el lonko Basilio Coñoenao, que era de la comunidad vecina Juan Pichunlaf (sector Calquinco) y alojó en nuestra casa. A Pascual Namuncura, un peñi mayor, que vive con nosotros, que es como un tío abuelo, en su sueño, el espíritu le dijo: “Arráncate Chacha”, y él arrancó por la ruta de escape que habíamos hecho. Pusimos la denuncia en el Ministerio público y nombraron al fiscal Cristián Crisosto Riffo con dedicación preferente. Pero cuando se muere un mapuche no pasa nada. Nosotros fuimos a declarar y dijimos de quién desconfiábamos, pero no se investigó. Como acusábamos a ricos de la zona que mantienen poder y dan trabajo, ni siquiera los llamaron.

¿A quien responsabilizan ustedes de esos hechos?
A los latifundistas del sector, que formaron un grupo paramilitar, financiado por Alejandro Seco del fundo Santa Adela, que proveía las armas; por Leonardo García Sabugal, empresario forestal (esposo de la concejala UDI de Los Laureles Patricia Vargas), ambos son usurpadores de tierras de comunidades de la región; y por los hermanos Alvaro y Aliro Taladriz, dueños del Hotel Resort Trailanqui cerca del lago Colico. A la gente le daban $17.000 semanales para que fueran dos o tres veces a la semana a dispararnos como a conejos, nos tenían toda la casa rota. En ese tiempo nosotros no conocíamos las filmadoras. Ahora hemos registrado los ocho allanamientos y cortes de camino, se pueden ver en You Tube, en www.mapundial.org. Vienen doscientos carabineros, un helicóptero, una tanqueta, dos zorrillos, tres micros de pacos. Y nos buscan y nos rompen todo, es impresionante como hacen un abuso completo como si fuera su casa, y no dejan nada.

¿Por qué ustedes dicen que ese no es un camino público y el MOP sí?
El trazado, que pasa justo al frente de nuestra casa, tiene actualmente 10.200 metros cuadrados, con sólo 300 metros cuadrados mal expropiados, porque mi abuelo firmó bajo presión, pero la tierra pertenece a mi abuela Mercedes Paillalef, ellos no eran casados. Se va a entablar un recurso de inaplicabilidad de esa expropiación. El Seremi de Obras Públicas, Marco Antonio Vásquez, el 3 de julio de 2006, se comprometió por escrito con la lonko, a dar solución y gestionar una entrevista con el Ministro. Sin embargo, a fines de abril, como estamos todos presos, nuevamente entraron las máquinas de vialidad.

¿Quiénes usan el camino?
Hasta el 2005 sólo vehículos particulares, pero entonces comenzaron los camiones de doble rampa y más de 50 toneladas de peso, en caravana desde Santa Adela. Tenemos videos donde se ve que en una hora pasan 40 camiones. En tres semanas cortaron una montaña completa de un fundo.

¿Cómo es la vida en prisión y en la CAS?
Es muy difícil. Esta es la primera vez que he estado detenido. Al principio el juez desestimó la acusación de secuestro, no así la Corte de Apelaciones, por lo que me fui a entregar voluntariamente. Se me lleva a un mundo completamente distinto, donde estoy rodeado de narcotraficantes, ladrones, y se trata de cambiar mi mentalidad. Ahora no tengo contacto con la naturaleza. He tenido problemas por la posición de la cama. Siempre mi cabeza tiene que estar en el tripawantu, por donde sale el sol, por los sueños…Al alejarme de mi tierra, se me ha alejado de los sueños, los pewma y los witran que son como un aviso. Paso por lo general completamente encerrado. Hay una hora de salida a un cuadrado donde llega el sol. Pero yo muchas veces no salgo, me siento mejor encerrado en los cinco metros cuadrados que tengo para caminar…Estoy preso, pero en cierta forma (sonríe) me siento libre, la cárcel no me ha vencido, porque mi lucha y mi condición no tienen rehabilitación. Yo lucho por ideales, por una forma de vida, por todo lo que he visto y he aprendido desde chico… estoy dispuesto a llegar bien lejos con tal que se nos escuche, se nos respete o se nos devuelva la tierra que nos están quitando. Podemos estar presos ahora un año, cinco años, pero estoy seguro que no vamos a dar nuestro brazo a torcer, yo estoy dispuesto a dar una lucha muy fuerte. He estado desde los trece años luchando en Ercilla, Temucuicui, Pantano, Didaico, Temulemu, Alto Biobio…

¿Por qué no has pedido judicialmente el traslado?
En la cárcel de Temuco se me torturó. Aquí se tiene seis meses a un reo en régimen de castigo. Yo llevo más de ocho meses. Pero no me siento atacado, hay un trato distinto. Allá no me quieren recibir, porque en cinco semanas fui capaz de organizar toda una cárcel. Si no hubo motín fue porque yo no quise. En Temuco estuve dos meses y me califican de “malo”. Nadie sabe quién decidió el traslado. Acá en cambio llevo ya diez meses con irreprochable conducta…

Se te acusa de lesionar a reos
Alrededor del 60% de los presos que están en la cárcel de Temuco son mapuche. Yo en ningún momento los obligué a sumarse a mis denuncias de violaciones a los derechos humanos, como tener a presos más de 15 días en celdas de castigo, con apremios ilegítimos por parte de Gendarmería, pero me apoyaban 700 de un total de unos 900 presos.

¿Hubo riñas internas?
Gendarmería mandó a Víctor Venegas, un preso, a golpearme. Después él me pidió disculpas. Hay presos que en el juicio oral contra mí, van a decir qué pasó. Una vez mi mamá, en la visita, escuchó a un capitán: “Waikilaf, antes de que te vayas, te voy a matar, indio tal por cual” y ella exigió que todo eso quedara registrado en un informe. Y de ahí en Gendarmería se asustaron. Eso lo entregué en la querella.

¿Cómo te explicas la agresión de los gendarmes mapuche?
Un mapuche con uniforme tiene que ser “mejor” y si tiene que pegarle a otro mapuche lo va a hacer…En el traslado a Santiago, yo venía engrillado de pies y manos, enfermo y extremadamente golpeado, me pegaban en la boca, uno –mapuche- me sacó un diente y me decía: ‘¡Habla ahora indio tal por cual!’.



¿Qué opinas del fiscal Paredes, que te acusa de secuestro y lesiones a la autoridad? Existe una persecución política, un racismo institucionalizado de los fiscales dentro de los tribunales de justicia de la novena región. Yo creo que para los mapuche no hay igualdad ante la ley. Gendarmería me trató de ajusticiar dentro de la cárcel y me han apretado los genitales y golpeado dentro del tribunal, en presencia de la jueza. Hay una grabación de Canal 13.

¿Existen dos comunidades Juan Paillalef?
Conadi hace eso para dividir a las comunidades que luchan. Nuestra personería está plenamente vigente, y la presidenta es Juana Calfunao. Pero Conadi reconoció otra comunidad con el mismo nombre presidida por Hortensia Calfunao, quien era algo así como allegada, no tiene parentesco de sangre con nosotros, ni título de tierra, pero su hijo, Nelson Lasalle, es funcionario de Conadi. Ella tiene un proyecto del programa Orígenes. Nosotros nunca hemos postulado a nada del gobierno. Sólo a las becas indígenas para educación.

¿Por qué la lonko Juana patentó la bandera mapuche?
Mi mamá y Antonio Cadin la patentaron como bandera del pueblo mapuche el año 97, resguardando que no la patentara un winka (Efectivamente, cualquier persona puede inscribirlegalmente un símbolo. Longueira patentó la sigla FECH cuando era dirigente, Nota de esta periodista). Mi mamá participó de su creación en los años 90, en una reunión de tres días con otros lonkos, machis, gnenpin y kollones en la Biblioteca Galo Sepúlveda de Temuco; yo era niño, estuve ayudando. Se conformó la bandera con retazos antiguos y la ideología nueva que venía saliendo. El Consejo de Todas las Tierras lo tomó como símbolo de lucha, y surgieron contradicciones porque algunos pensaban que era sólo la bandera del Consejo. Nosotros desde siempre salimos con la bandera y hacíamos diccionarios, y los vendíamos, explicando el significado de los colores de la bandera. Pero muchos de los que participaron entonces ya no luchan, no salen a las calles.

¿Quiénes son los amigos del pueblo mapuche?
Aquellos que ven vulnerados sus derechos, los más débiles, y también los movimientos sociales. Nuestra lucha debe hacerse integrando a los movimientos sociales y culturales, por ejemplo aquí yo estoy trabajando con gente de La Victoria (la radio 1º de mayo), y con otros diferentes grupos. Santiago me ha servido para mostrar mi lucha y los universitarios están dando una ayuda importante. Ellos pueden transmitir conocimientos que los mapuche no manejan y así derribar un poco ese racismo entre mapuche y no mapuche. Aquí en Santiago nosotros no conocíamos a nadie y ahora hay harto apoyo.



Cronología de la denegación de justicia a comunidad Juan Paillalef
1999: Demanda por demarcación y cierre de tierras: Primer Juzgado Civil de Temuco. Sin resultados.
1999: Primer incendio casa familiar: 2º Juzgado del Crimen, rol 105-333. Cerrada sin resultados.
2000: Demanda contra Frontel, 2º juzgado civil de Temuco, por postación ilegal. Sin resultados.
2000: Querella criminal contra grupo paramilitar. Cerrada sin resultados.
2001: Fiscalía Militar. Querella contra carabineros por apremios ilegítimos a Lonko Juana con resultado de aborto. Carabineros no son condenados, Juana sí.
2004 (junio): Incendio y muerte de Lonko: Ministerio Público nombra Fiscal preferente, investigación cerrada sin resultados.
2005 (julio) Denuncia ante Ministerio Público por nuevo incendio casa. Cerrada sin resultados.
2006 (enero): Fiscalía Militar, demanda contra Carabineros por tortura, violencia, secuestro y allanamiento ilegal (sin avances).
2007: (junio) Querella por Apremios ilegítimos a Waikilaf Cadín. 7º Juzgado de Garantía de Santiago. (tramitación iniciada).