viernes, mayo 30, 2008

Ha llegado carta para...Francisco Vidal


De la compañera Luisa Toledo a
Francisco Vidal
Ministro Secretario General
Del Gobierno de la Sra. Bachelet
PRESENTE

Vocero Sr. Vidal:
Soy la madre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Me dirijo a usted después de casi dos meses del 29 de marzo, día en que nosotros como familia y el pueblo pobre al que pertenecemos, conmemoramos los 23 años del asesinato de nuestros amados hijos por parte de los matones a sueldo pertenecientes a la Institución de Carabineros de Chile.
Yo le habría escrito inmediatamente después de escucharlo amenazarnos de que nos “iba a dar con todo”, pero fue bueno esperar un poco, porque primero dejé salir toda mi ira y mi profunda pena por lo que usted nos hizo ese día y en el intertanto salió el fallo dictado por el juez de fuero Don Carlos Gajardo, donde queda confirmada la actitud cobarde y alevosa de carabineros, que desde siempre ha sido así. Durante toda mi vida los he visto actuar con absoluta falta de respeto por los derechos de los trabajadores, estudiantes, mujeres, niños y, en especial, una falta de respeto por su derecho a la vida, para ellos nuestra vida no vale nada. Siempre, durante todos los gobiernos que he conocido (excepto el gobierno de Salvador Allende donde no se asesinó a nadie) se ha asesinado a miles de nosotros y todo ha quedado tapado, negado. Es más, para demostrar su absoluta complacencia con los hechos represivos de estos sicarios, los gobiernos se han dado el lujo de ponerle el nombre de los presidentes de turno a calles importantes de distintas ciudades de nuestro país. Y, por otro lado, esta Institución que le pertenece a ustedes los ricos, la burguesía, los poderosos, son serviles, arrastrados y hacen vista gorda de los crímenes y los grandes robos que han perpetrado a lo largo de nuestra historia y de la droga, el alcoholismo y la violencia de la que ustedes y sus hijos abusan. Nunca he visto un allanamiento para el barrio alto como lo hacen en las precarias casas de nosotros, nunca he visto que hostiguen a sus hijos con la ley de “agenda corta” que usted bautizó y que fue hecha para atacarnos a nosotros. El caso más reciente y escandaloso es el del mil veces maldito asesino dictador y ladrón Ramón Pinochet y de su familia y sus hijitos y nietitos ladrones y cómplices de sus fechorías, a quienes jamás han osado, por parte de ningún gobierno de la concertación, de tratar como tal y con la fiereza con que se trata a los jóvenes que se atreven a recuperar un poco del dinero que por años nos han robado. Para ellos “que se sequen en la cárcel, pero el viejo al que tanto miedo le tenían murió de viejo, tranquilo y sin ser humillado aquí en el país donde tanto mal hizo a los pobres.

Bueno, debo reconocer que este 29 de marzo “nos dio con todo”, Sr. Vocero Vidal, miles de personas fueron golpeadas sin misericordia y a mansalva, personas que no tenían mucho que ver con la actividad del 29, muchos fueron sacados de sus casas y golpeados delante de sus hijos, costillas rotas, cabezas partidas a palos, casas allanadas, niños aterrorizados y ancianos maltratados, ahogados con los gases, miles de vehículos blindados rodeándonos, sólo alrededor de mi casa había más de cien y eran más de mil sus matones amenazándonos, con sus armas largas, con gases, con su agua sucia, hiriéndonos con sus risotadas y sus palabrotas, hiriéndonos con su sola presencia oscura y siniestra.
Hubo cientos de detenidos al azar, sin discriminación, cientos de sicarios descargando sus fusiles en las calles… y lo más grave… el asesinato frío y cobarde de dos jóvenes. Uno de ellos asesinado por sus matones con un disparo en el pecho a menos de un metro de distancia, en una de las calles de Villa Francia, un joven desarmado, aterrorizado ante la presencia agresiva de estos matones que le dispararon porque tenían la orden de matar. El nombre de este joven, René Palma Mancilla y tenía 24 años.

El otro joven asesinado también por sus matones a sueldo se llamaba Jhoni Cariqueo, quien fue golpeado violentamente entre varios, como siempre lo hacen con la gente desarmada, a pesar de las advertencias del joven de que era enfermo del corazón, después lo soltaron, porque no tenían de qué acusarlo y llegando a su casa murió en los brazos de su madre. ¿No le parece que el panorama descrito se parece mucho al que sufrimos hace algunos años atrás? La violencia se quedó pegada en los muros de esa casa que llaman la Moneda y todos los gobiernos de la concertación, pero especialmente este del que usted es vocero, se han contagiado de esa violencia. El miedo y la ignorancia están detrás de todo este actuar de su gobierno. Es más fácil gobernar con el garrote ¿verdad?

El motivo de esta carta, Sr. Vocero, es decirle cuánto lo desprecio a usted y a su gobierno, cuánto desprecio a sus instituciones armadas, matones a sueldo, sicarios al servicio de la burguesía, cuánto desprecio a su “Justicia”, cuánto desprecio sus riquezas y sus vidas de mierda.
Y le digo de corazón que espero que algún día esas instituciones de matones acostumbrados a maltratar a gente desarmada se vean realmente enfrentadas a una fuerza parecida, ahí cambiará la cosa radicalmente, ahí arrancarán como ratones… ojalá yo lo pueda ver antes de morirme.
Y espero que no crea que el día 29 de marzo se va a acabar. JAMAS SE ACABARA, porque la “justicia”, cuando no es oportuna ya no es justicia y el día del joven combatiente seguirá siendo un dolor de cabeza para ustedes y para los gobiernos que sigan, porque los jóvenes ya lo hicieron suyo, para reivindicar sus problemas, sus anhelos de justicia y libertad.

Y finalmente, le pediría que mirara de vez en cuando a hombres de verdad como fueron Salvador Allende, nuestro presidente, el hombre que no nos tuvo miedo nunca, que jamás se encerró en la Moneda ni en el Congreso con rejas y miles de matones rodeándolos. También sería un ejemplo para usted Víctor Jara, un hombre que no le tenía miedo a los pobres, no le hacía asco a nuestras miserias y siempre aparece rodeado de niños morenos, mocosos, sucios, con potitos embarrados viviendo entre los animales,
Espero que a pesar de su arrogancia, de su gigantesco orgullo y de su bravuconería se atreva a leer estas líneas de una madre adolorida, pero no loca, estoy en mis plenos cabales y si quiere un informe siquiátrico puede pedirlo al Sr. Carlos Zúñiga, mi siquiatra, quien le dará con gusto un informe sobre mi salud mental. Soy un agente moral conciente y con libre albedrío.
LUISA TOLEDO SEPULVEDA, Cédula de Identidad 4.667.381.6
Santiago, Villa Francia, 21 de mayo de 2008.

jueves, mayo 29, 2008

Ofician a Ministerio de Agricultura para que publique informe oculto sobre residuos de plaguicidas en tomates y otros


Accediendo a una petición de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (Red de Acción en Plaguicidas de Chile), el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, mandó un oficio a la Ministra de Agricultura, Marichen Hornkohl, para que envíe a la Cámara Alta un estudio realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en 2006 sobre residuos de plaguicidas en verduras producidas para el mercado nacional. Los resultados de ese estudio, que tuvo un costo de 150 millones de pesos, no se han hecho públicos por parte de este servicio del Estado y son de enorme interés para toda la población.

Este fue uno de los temas abordados en una reunión del Presidente del Senado con los representantes de la Alianza, realizada el 20 de mayo en el Congreso Nacional. Participaron en esta audiencia María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-Chile); Alicia Muñoz, secretaria general de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

El senador Zaldívar coincidió con estos dirigentes sobre la necesidad de asegurar la transparencia en la gestión de gobierno. “Los informes que se realizan con fondos públicos deben darse a conocer, la autoridad no puede guardarlos”, afirmó el parlamentario. La investigación “Desarrollo y Aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola para el apropiado uso de indicadores de contaminantes agroquímicos y con coliformes fecales en la producción hortícola para el mercado nacional entre las I y VII Regiones” ha sido retenida por el gobierno. Sin embargo, ha trascendido que sus resultados confirman la presencia de residuos de diversos plaguicidas en varios productos de consumo diario, como tomate, lechuga y repollo. Entre ellos, metamidofós, un insecticida organofosforado altamente tóxico.

Transgénicos

La Alianza por una Mejor Calidad de Vida entregó al Presidente del Senado un dossier sobre transgénicos, mostrando su preocupación por la aprobación en primer trámite constitucional en la Cámara Alta, en enero pasado, de un proyecto de ley (Boletín 4690-01) para liberar esos cultivos, con efectos que serán graves e irreversibles. Actualmente sólo está autorizada en Chile la reproducción de semillas transgénicas para exportación.

La expansión de cultivos genéticamente modificados en el país provocará contaminación genética de otros cultivos, afectando la exportación de semillas convencionales y, en especial, la producción orgánica.

Alicia Muñoz expresó que en diversos países latinoamericanos se puede observar el nocivo efecto del avance de cultivos transgénicos, como la soja, que ha provocado mayor emigración hacia los centros urbanos y más pobreza rural, con graves consecuencias para la salud de los campesinos y el ambiente. Las organizaciones sociales están denunciando estos hechos en todos los foros internacionales.

María Elena Rozas denunció las prácticas de transnacionales monopólicas, como Monsanto, que sobornan gobiernos, funcionarios, investigadores, entre otros actores influyentes, para forzar el avance de estas leyes.

Por su parte, Lucio Cuenca denunció los manejos de estas empresas que dividen a las comunidades provocando graves conflictos en la convivencia y daños ambientales por los cuales nadie se hace responsable. Destacó, además, que Chile no ha firmado el Protocolo de Cartagena de la Convención de Bioseguridad.

Plaguicidas
Asimismo, los representantes de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida hicieron presente que están promoviendo la calificación de urgencia para agilizar la tramitación de un proyecto de ley que prohíbe los plaguicidas más dañinos para la salud y el ambiente (1a y 1b). Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 2007. La iniciativa se originó en una moción presentada por el diputado Marco Enríquez-Ominami y otros parlamentarios (Boletín 4877-01) y prohíbe la internación, transporte y venta de los plaguicidas catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sumamente peligrosos (1a) y muy peligrosos (1b), “salvo aquellos que el Servicio Agrícola y Ganadero autorice y se consideren de uso imprescindible e insustituible”.
Adolfo Zaldívar aseguró a los dirigentes ambientales y sociales que los expertos que ellos recomienden tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista en las Comisiones del Senado donde se analizarán estas materias. Se comprometió a estudiar todos los antecedentes entregados, sosteniendo que la globalización es una herramienta que debe utilizarse sin que los pueblos pierdan su identidad, y expresó que suscribe por completo los planteamientos del gaucho Martín Fierro, protagonista de la obra de José Hernández (siglo XIX).
Fuente:
Alianza por una Mejor Calidad de Vida
y Red de Acción en Plaguicidas Chile,
www.rap-al.org

Otro mapuche condenado por la tierra

 
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El ex presidente de la comunidad de Tricauco (comuna de Ercilla) Luis Catrimil Huenupe (60 años) fue condenado ayer a cuatro años y un día de prisión remitida por el Tribunal Oral de Angol, integrado por los jueces Luis Muñoz Caamaño, Juan Peña Tobar y Sergio Yáñez Arellano. Catrimil fue declarado culpable del delito de “incendio simple” en diciembre de 2001, en el fundo Poluco Pidenco. Por el mismo hecho Patricia Troncoso, José Huenchunao, Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Juan Patricio Marileo, todos comuneros mapuche, fueron condenados por “incendio terrorista”. Esta vez el tribunal no acogió los argumentos de los fiscales Luis Chamorro y Miguel Angel Velásquez quienes junto al abogado querellante de la gobernación de la provincia de Malleco, Mauricio Latorre, habían acusado a Catrimil de incendio terrorista, incumpliendo la promesa de la Presidenta Bachelet de no recurrir más como gobierno a esa legislación del período de dictadura. El juicio oral se realizó el pasado 23 de mayo y la sentencia –de primera instancia- se conoció el miércoles 29 del mismo mes.
Los otros condenados
Patricia Troncoso y Jaime Marileo han permanecido ya cinco años encarcelados y en marzo de este año lograron la salida de fin de semana y el traslado a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol, tras una extensa y combativa huelga de hambre. José Huenchunao, en tanto, fue detenido en marzo de 2007 (luego de 3 años de clandestinidad) y cumple condena en la cárcel de Angol, al igual que Marileo. Luego de 101 días sin ingerir alimentos y tras un mes de recuperación en el hospital de Temuco, Chepa, fue trasladada al CET de la misma ciudad y cuenta con la salida dominical. Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo están recluidos en el CET de Victoria. Los cinco están sentenciados bajo la Ley Antiterrorista. El sexto prisionero por esta causa es José Llanquileo. Este militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue detenido en noviembre de 2006 tras estar cerca de tres años clandestino. Llanquileo –preso en Traiguén- fue sentenciado, en enero de 2007, a cinco años y un día por el delito de incendio simple, la misma calificación que aplicó a Catrimil este tribunal.
Asimismo, en abril de 2006, los comuneros José Cariqueo y Juan Carlos Colihuinca fueron sometidos a juicio oral por las mismas acusaciones y sorpresivamente, con idénticos testigos, fueron absueltos de las imputaciones efectuadas por los fiscales. Mireya Figueroa y Juan Ciriaco Millacheo, también requeridos en este proceso, permanecen en la clandestinidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acogido la denuncia presentada contra el gobierno chileno por los presos políticos mapuche respecto de la inexistencia de un debido proceso y la negativa del gobierno de revisar las sentencias. Por estos hechos el gobierno chileno ha sido duramente cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos acerca de la aplicación de la ley antiterrorista del período pinochetista por delitos no relacionados con hechos de sangre.
El incendio de 1977
El fallecido abuelo de Luis Catrimil Huenupe, es considerado como el último cacique de Tricauco, y su preocupación siempre fue recuperar las tierras usurpadas ayer por los colonos que llegaron al sur, y hoy por las empresas forestales.
Pero en 1977, en dictadura, los comuneros mapuche de Tricauco fueron desalojados del fundo Poluco y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol.
Las tierras de este fundo pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron "reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y chacras, y se apropió de los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección, fuentes de agua y bosques. A fines de los años 60, en tiempos del ex presidente Eduardo Frei Montalva, la comunidad de Tricauco recuperó esas tierras, y las trabajó como unidad de producción durante el gobierno del ex Presidente Salvador Allende. Después del golpe militar, el desalojo, y los remates de tierras de la Reforma Agraria, Mininco las compró entre los años 1982 y 1986. Hoy allí hay plantaciones de pino y eucaliptos, plantadas sin respetar vertientes ni esteros cubren ese territorio.
Antes de la realización del juicio, Catrimil hizo llegar una declaración a los medios sosteniendo: “Me imputan por el incendio de plantaciones forestales del fundo Poluco Pidenco de forestal Mininco. Tales acusaciones se fundan en declaraciones hechas por los testigos con sueldo a costa de nosotros los dirigentes. Estas personas son preparadas para mentir declarando en contra de nosotros, además de eso jamás han contribuido a la comunidad, todo lo contrario, hacen daño quemando rastrojos, pequeños bosques y casas. Son la cizaña del lugar. Somos perseguidos por esta situación, siendo que sólo queremos progreso para la comunidad y de esta manera terminar con la pobreza y cesantía. En particular tengo muchos testigos de mi intachable conducta, como alcaldes, concejales, técnicos y gente de mi comunidad, elementos que no son considerados por quienes nos acusan.”
La defensa estuvo a cargo de Ricardo Cáceres y Jaime López de la Defensoría Pública. Catrimil, quien estaba acusado de participar en el incendio del fundo Poluco Pidenco, en Ercilla, había sido formalizado en el año 2003, permaneciendo un año en “prisión preventiva”. Al ser presentada la acusación le otorgaron la libertad pero él no se presentó posteriormente al juicio oral. El caso estuvo más de tres años sin que se realizaran diligencias en la causa. Por ello el tribunal estimó que se reunían los antecedentes para concederle al condenado el beneficio de media prescripción solicitado por el defensor penal mapuche, Ricardo Cáceres.
El comunero cumplirá la pena en libertad vigilada, acogiendo el tribunal las conclusiones de un informe elaborado por un sicólogo y una asistente social antes de que se emitiera la sentencia, el cual consideraba a Luis Amable Catrimil como apto para cumplir la pena en libertad. Los jueces asignaron la vigilancia a un funcionario del Centro de Reinserción Social(CRS) de Gendarmería.

martes, mayo 27, 2008

La larga lucha de los familiares de los 119 (desaparecidos en la Operación Colombo)


En la foto, José Jara, de Concepción, uno de los 119.
Hace 33 años, la publicación de sendas noticias con que la Dictadura Militar y la prensa adicta trataba de encubrir el tema de los detenidos desaparecidos, señalando que eran personas que habían huido del país con otra identidad y habían sido muertos en el extranjero, víctimas de pugnas internas en titulares inolvidables que hablaban ro No descansamos. Sabemos que las fuerza por la impunidad intentarán de nuevo mentir, ocultar y distraer para enmascarar su naturaleza criminal y no permitiremos que se intente una nueva estrategia de desinformación o que se pida impunidad por aquellos que participaron en los crímenes que frente al Derecho Internacional y a la conciencia de la Humanidad son inamnistiables e imprescriptibles.

Asimismo, corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles que planificaron el montaje comunicacional de las listas de los 119 o que coadyuvaron con su implementación. No puede castigarse al sicario y no a su asociado en el delito.

Por último, reivindicamos el compromiso y el proyecto encarnado por estos 119 compañeros, nuestros familiares, y por todos quienes fueron reprimidos por la Dictadura, para refundar este país bajo los principios y el modelo neoliberal, la Dictadura Militar implementó estos brutales métodos represivos contra nuestros familiares y estructuras que hoy violan los DDHH de nuestro pueblo. Para restablecer la soberanía popular y reconstruir la esperanza de otro Chile seguiremos buscando más justicia en los tribunales y en las calles.
COLECTIVO DE FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LOS 119


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Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Mahatma Gandhi

domingo, mayo 25, 2008

El pasado que incomoda al director de la Policía de Investigaciones

por Mónica González y Cristóbal Peña (CIPER)

A juzgar por su currículo laboral, la carrera que realmente importa de Arturo Herrera Verdugo parece haber arrancado recién a comienzos de los ‘90. Desde entonces sus actividades aparecen perfectamente detalladas en el portal institucional, año por año, misión por misión. De los años previos al retorno de la democracia, el director de la Policía de Investigaciones consigna únicamente que ingresó a la institución en marzo de 1971, con 19 años, y que a partir de entonces, sin señalar fechas ni funciones específicas, “ha servido en diferentes zonas del país y en importantes reparticiones policiales, tales como: Extranjería, Inteligencia, Homicidios, Dirección General, entre otras”.

Con casi 37 años de servicio, cinco y medio de los cuales ha dirigido a la Policía civil, la trayectoria de Herrera Verdugo tiene bastantes más claroscuros y matices de los oficiales y de los que sugirió hace una semana el Presidente venezolano.
Basándose en lo que calificó como simple información disponible en Internet, Hugo Chávez acusó al jefe de la policía chilena de estar involucrado en la operación “Retiro de Televisores”, ordenada por Pinochet en 1979 después del descubrimiento un año antes de los cuerpos de desaparecidos enterrados en los hornos de Lonquén. La operación estaba destinada a exhumar los restos de ejecutados políticos en todo el país para lanzarlos al mar y así borrar toda huella de sus asesinatos.

Chávez aludió a la supuesta intervención que habría tenido Herrera para beneficiar en 2005 al entonces jefe de la II división de Ejército y juez militar de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, quien en un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones fue señalado como el responsable de la exhumación ilegal de 26 de los cadáveres de los desaparecidos de Calama, enterrados secretamente en 1973. El hecho trascendió a la opinión pública y provocó el retiro obligado del general Trincado.

Lo que está claro es que, a partir del golpe de Estado, recién egresado de la Escuela de Investigaciones, el actual jefe de la policía civil desarrolló una carrera silenciosa y de bajo perfil, ligada directamente a los dos generales de Ejército que encabezaron la institución bajo el régimen militar. En un principio fue escolta y ayudante del general (r) Ernesto Baeza, y a contar de 1981, cuando éste debió entregar el mando por el asesinato del estudiante de periodismo José Eduardo Jara a manos de un comando de detectives (Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA), se convirtió en ayudante y hombre de confianza del general (r) Fernando Paredes.

Ambas administraciones estuvieron marcadas por acusaciones de torturas, asesinatos y obstrucción a la justicia en casos de derechos humanos.

Pese a haber desarrollado casi la mitad de su carrera en dictadura, ninguna de esas funciones se consigna en la trayectoria del hombre que hoy ostenta la jefatura interina de Interpol y que aspira a ser confirmado definitivamente en el cargo en la elección que se llevará a cabo en octubre de este año en San Petersburgo, Rusia.

La amenaza de Iturriaga
Ahora fue Hugo Chávez quien reactivó la curiosidad por el pasado de Herrera. Pero hace un año, cuando el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se dio a la fuga para evitar ingresar a la cárcel y cumplir una condena a 5 años por el secuestro del estudiante Luis San Martín, aún desaparecido, detectives antiguos –activos y en retiro- recordaron con preocupación la relación del prófugo con el actual director de Investigaciones.

Una relación que el propio Iturriaga Neumann se encargó de recordar 52 días después de darse a la fuga. Al ser detenido en Viña del Mar por un grupo de detectives, el retirado militar comentó a sus captores: “Yo conozco bien a su jefe”.

Iturriaga Neumann se refería a una relación surgida tres décadas atrás cuando poco después del golpe de Estado, y siendo ya un alto oficial de la DINA, comenzó a viajar al extranjero en misiones de terrorismo internacional. Muchas veces lo hizo con Michael Townley, como quedó acreditado en el juicio por el asesinato del general Prats. Y en múltiples oportunidades lo hizo con pasaporte falso, identidades que también quedaron registradas en su prontuario. También quedó consignado el modus operandi que utilizaba Iturriaga, que ya dirigía el Departamento Exterior de la DINA, tanto para sus viajes como para el de los agentes que enviaba al exterior con distintas misiones.

“Gigio (sobrenombre de Iturriaga) llamaba por teléfono a la dirección general de Investigaciones y partía con su gente al aeropuerto. Allá ya todo estaba arreglado. A medida que los viajes se hicieron más frecuentes, los policías del aeropuerto ya nos conocían”, dijo Michael Townley en una de sus declaraciones.

Fue entonces que el joven Arturo Herrera, destinado a Policía Internacional desde 1973, comenzó a familiarizarse con Iturriaga y los desplazamientos de los agentes de la DINA así como con las detenciones practicadas en el mismo terminal internacional y de las cuales no quedaba registro.

Puesto de confianza
A juzgar por cómo continuó su carrera el joven Arturo Herrera, su desempeño en el Departamento de Extranjería a principios de la dictadura debe haber sido óptimo. Porque en 1976 fue promovido a un puesto de absoluta confianza: al gabinete del director de Investigaciones de la época, general de Ejército Ernesto Baeza Michaelsen.

Fue el año en que la DINA echó a andar la Operación Cóndor, la coordinación con los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur para la eliminación de opositores. También, el momento en que Manuel Contreras incrementó el despliegue de sus agentes por distintos países, ya sea para el seguimiento de opositores o para su eliminación, como ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976.

De allí que surgiera como una necesidad prioritaria para el Departamento Exterior de la DINA una estrecha coordinación con Investigaciones para que sus agentes no fueran interceptados ni retenidos al salir o entrar del aeropuerto con identidades falsas. También, para que no quedara huella de sus pasos.

En 1976, en la fase operativa más importante de la DINA, Manuel Contreras escogió a uno de sus oficiales de elite para la función de enlace con la dirección de Investigaciones: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. El mismo oficial procesado como autor del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires y por la desaparición de 119 chilenos detenidos en Chile y hechos aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero, entre otros.

Iturriaga, oficial formado en la Escuela de las Américas, era la mejor carta: estaba casado con Mireya, la hija regalona del general Baeza, director de Investigaciones. Una de sus funciones mas delicadas la cumplió entre enero y abril de 1978, cuando Estados Unidos pidió la extradición de Michael Townley por su implicancia en el crimen de Orlando Letelier, y Manuel Contreras se resistía a entregarlo. Iturriaga era amigo de Townley y obtuvo la ayuda de Investigaciones para esconderlo y ayudarlo hasta que finalmente, en abril de 1978, ya no pudo evitar su expulsión.
En muchas oportunidades su interlocutor en el gabinete de Baeza fue Arturo Herrera.

Ayudante del general Paredes
El actual jefe de la policía chilena no asistió a la caída del general Baeza. En 1978, dos años antes de que éste fuera arrastrado por la muerte del estudiante José Eduardo Jara, Herrera fue destinado a la comisaría de Las Condes. Fue una destinación feliz. Allá conoció a quienes se convertirían en dos de sus principales amigos y hombres de confianza: Luis Alarcón y Rafael Castillo.

El primero es hoy subdirector Administrativo de Investigaciones y tercero en la línea de mando; el segundo fue hasta el año pasado jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. Lo ocurrido con el general Trincado terminó con la amistad entre ambos policías, que llegarían a tener una relación de compadrazgo y destinos encontrados: a Castillo le corresponderá investigar un caso en que Herrera se vería involucrado de manera indirecta a principios de los ‘80, cuando estando en la Brigada de Homicidios fue llamado nuevamente al centro del poder de la policía civil como ayudante del general de Ejército Fernando Paredes, sucesor de Baeza en la dirección de Investigaciones.

Durante el desarrollo de la última etapa en la investigación judicial del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por un comando CNI-DINE en febrero de 1982, quedó en evidencia –con pruebas documentales- la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía de Investigaciones, la CNI, la DINE y el equipo antisubversivo del régimen militar encabezado por el fiscal Fernando Torres Silva en lo que se llamó la “Comunidad de Inteligencia”. Una acción enfocada tanto a la obstaculización de la acción de la justicia en los procesos sobre asesinatos y tortura de opositores como para acciones represivas.

En una maniobra claramente ilícita –sancionada en el artículo 246 del Código Penal-, el entonces director de Investigaciones informaba a sus pares, antes que al juez que llevaba la causa, de los resultados de las diligencias que obtenían los detectives asignados a la investigación como también de las pruebas que aportaba la parte querellante.

La acción buscaba impedir a como diera lugar que la investigación avanzara en la identificación de los verdaderos autores del crimen de Jiménez así como del asesinato del carpintero Juan Alegría, ideado y perpetrado por agentes de la DINE para intentar sepultar sus huellas a través de una supuesta carta póstuma en donde Alegría se declaraba culpable del crimen de Jiménez.

En una de esas minutas “confidenciales” que la investigación judicial de los ’90 pudo recuperar, enviada desde la ayudantía del despacho del director Paredes, donde actuaba Arturo Herrera, se adjuntan dos retratos hablados de los asesinos y fotografías de la huella dactilar revelada en la parte interna de la aletilla de una puerta del automóvil de Jiménez y reloj marca Jaeger Le–Coultre, sustraído a la víctima e identificado con el Nº 882747.

La minuta, así como otras similares incluidas en el expediente por el crimen de Tucapel Jiménez (foja 333 del Tomo VI), va dirigida a todos los jefes de la que llamaron “Comunidad de Inteligencia”, integrada entonces por el general Humberto Gordon, director de la CNI; el general Arturo Alvarez Scoglia, director de Inteligencia del Ejército; el vice-Almirante Ronald Mac-Intyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el general Vicente Rodríguez, director de Inteligencia de la Fuerza Aérea; el general Mario Mac-Kay, subdirector de Carabineros, y el comandante Raúl Monsalve, director del Servicio de Inteligencia Naval.

Los mismos antecedentes fueron entregados mucho después al juez que instruía la causa, Sergio Valenzuela Patiño, en un parte oficial fechado el 12 de abril de 1984. La investigación judicial reveló también la llamada “Operación Prueba”, para el conocimiento de todos los elementos del proceso, lo que incluyó seguimientos al ministro en visita extraordinaria, intervención de sus teléfonos y acceso permanente al expediente.

El ilícito en que incurrió Paredes como quienes lo ayudaron en el envío de esos antecedentes a quienes aparecían como sospechosos del crimen no fue sancionado en virtud de la prescripción.

La misma estrecha colaboración operativa y de obstaculización a la justicia entre Investigaciones y la CNI quedó demostrada en el juicio por el asesinato de 12 personas en la llamada “Operación Albania”.

La buena vida en Papudo
La función de ayudante del director era motivo de envidia al interior de la institución. Aparte de comodidades y estatus con que contaban los asistentes de Paredes, éstos no habituaban cumplir turnos ni tareas operativas. Para los tiempos que se vivían, intensos en materia de lucha antisubversiva, no era poca cosa. Pero si Herrera ya podía sentirse afortunado, a mediados de los ’80, después de su paso por la Jefatura de Inteligencia Policial, recibió una designación que significó un premio aún mayor, además de una muestra de confianza excepcional. Paredes le confió la jefatura del nuevo cuartel policial de Papudo.

Según coinciden diversas fuentes, el cuartel de Papudo fue abierto por Paredes por una razón muy personal. Aparte de que su hermano Julio era alcalde designado del balneario, el propio director de la policía civil tenía una casa de descanso en ese lugar. De hecho, el cuartel fue levantado frente a la casa de Fernando Paredes, quien al tiempo de la apertura del cuartel gestionó la construcción de cabañas para el descanso del personal.

En Papudo había poco y nada que hacer en materia estrictamente policial. De acuerdo con las mismas fuentes, la tarea de Herrera y la decena de hombres asignados al cuartel –sin contar cocineros y jardineros- consistía en cuidar y mantener la casa del jefe policial, además de atenderlo en sus habituales visitas de fin de semana. En esos días era común que Paredes coincidiera en Papudo con el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, Sergio ‘Chueco’ Oviedo, que tenía familiares en la zona y una panadería de nombre “Su Majestad”, y con el comandante de la cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán, visitante frecuente del club de yates del lugar.

Fue en Papudo que Arturo Herrera cultivó una amistad con Fernando Paredes, la que se mantiene hasta hoy. Las visitas familiares entre ambos aún son frecuentes. Es probable que Herrera no olvide que quien le enseñó a jugar golf fue el propio Paredes, un deporte que le abrió las puertas de Cachagua y que le ha permitido practicarlo con empresarios y celebridades como el padre del ‘Chino’ Ríos.

La vuelta de mano no se hizo esperar
Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que facilitó el retorno del ex general a los actos oficiales de la institución. Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron apartarlo del protocolo institucional.

Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes. En febrero del año pasado el actual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo, que había sido cerrado en la administración Toro. En la decisión pudo haber influido un hecho personal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo que aún conserva.

El manto de la Masonería
Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera académica sin sobresaltos. A fines de los ’80, como vivía en La Florida e ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna. Después seguiría en cargos académicos hasta que, en 1997, fue designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL. Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery, ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían. Ambos compartían filiación en la Masonería.

Arturo Herrera pertenece a la Logia “Lealtad Nª 156″. Fue allí donde hizo amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las irregularidades en el ministerio de Obras Públicas.

Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y era secretario de la Logia.

La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián (segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese lazo férreo y secreto. También una historia en común.

Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando Paredes creó en 1982 para combatir la “amenaza subversiva” y cuidar de la seguridad personal del director y su familia. En esos mismos años duros Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al ‘Chueco’ Oviedo, ex jefe de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento para que llegara al tercer mando de la institución en democracia.

Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años.

Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial. La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga, quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin contratiempos desde la dictadura a la democracia.

Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del general Fernando Paredes.

La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía.

Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL. Cinco meses lo separan de la meta.

Arturo Herrerra y los derechos humanos
Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones, Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes cometidos en dictadura.

Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal.

Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para el país. Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de la Armada.

La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva.

Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas por la ONU.

Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran. Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos, Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados, pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los tres uruguayos ya estaban en Chile.

Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras materias de seguridad nacional está comprobada.

De La Florida a Los Dominicos
Poco después asumir la dirección de Investigaciones, Arturo Herrera abandonó su casa de los últimos años en La Florida para trasladarse al barrio alto de Santiago. Lo natural habría sido que habitara la casa institucional en calle Juan de Austria, en Las Condes, la misma que ocupó Nelson Mery durante su gestión. Pero no fue así. El nuevo director prefirió arrendar a costa de la institución una amplia propiedad en Camino del Alba, en Los Dominicos, la que tiene el estatus de cuartel. A lo anterior se sumó la adquisición de dos vehículos institucionales por $ 150 millones. La compra de fines de 2005 fue objetada por Contraloría al no contar con la toma de razón.

No ha sido el único problema que ha tenido el director general de Investigaciones con los autos institucionales.

El menor de sus hijos, el cadete naval Arturo Herrera Riveros, quien practica motocross, chocó una camioneta nueva del cuartel de Lo Barnechea, la cual le fue facilitada para que trasladara su moto de competencia. El director de la policía pagó de su cuenta personal los daños del vehículo fiscal. Herrera Riveros es uno de los cuatro hijos que tiene el director de la policía civil. Su hija menor siguió sus pasos y hoy es subcomisaria en la XI Región.
23 Mayo, 2008.

* Fuente: Ciper, publicado en Piensachile.com

martes, mayo 20, 2008

Retrato de Osvaldo Radrigán y fallo contra sus secuestradores


Luego de décadas de denegación de justicia, el ministro de fuero Alejandro Solís dictó en mayo las condenas de primera instancia para los responsables del secuestro y desaparición del ingeniero mirista Anselmo Osvaldo Radrigán (25 años) que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1974 en Santiago de Chile. El Director de la DINA, Manuel Contreras fue condenado a 15 años de cárcel, en tanto que sus secuaces, los brigadieres ® Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi) y Miguel Krasnsnoff (ex jefe del grupo Halcón), así como los coroneles ® Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi) y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor ®Basclay Zapata (del grupo Halcón) recibieron una pena de diez años y un día cada uno. Contreras, Krassnoff y Moren Brito cumplen condenas confirmadas por la Corte Suprema por los casos de Miguel Angel Sandoval, Diana Aron y Manuel Cortez; Contreras y Krassnoff además son reos rematados por el secuestro de Luis San Martín, en tanto que Espinoza y Wenderoth lo eran por una sola causa: los secuestros de Diana Arón y Manuel Cortez Joo respectivamente. Todos elllos están apelando por decenas de otras condenas. Salvo Basclay Zapata, que está en Punta Peuco, los criminales permanecen en el Penal Cordillera, un recinto “VIP” que cuenta con todo tipo de comodidades y privilegios, autorizados por el Ejército de Chile. Pinochet y Osvaldo Romo fueron sobreseídos por muerte en la causa.

El nombre de Anselmo Osvaldo Radrigán figuró en la lista publicada por el semanario argentino Lea que informaba sobrechilenos eliminados en el exterior “por sus propios compañeros de lucha”. El Mercurio reprodujo la crónica el 23 de julio de 1975, con el título “Identificados 60 miristas asesinados”. La DINA ideó ese montaje publicitario -que llamó Operación Colombo- para encubrir los secuestros.
Osvaldo era casado, padre de un hijo, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. En la clandestinidad le llamaban “Pedro, o “Julián” y era el jefe del Grupo Político Militar 8 (“GPM 8”), la estructura territorial de ese partido que cubría Renca, la zona norponiente, Recoleta, Huechuraba, y Conchalí, además del cordón Panamerica Norte. Asistía por segunda vez, en calle García Reyes, al “punto de contacto” con un camarada detenido cuatro días antes. Cuando el agente Romo Mena y otros dos integrantes del grupo Halcón de la DINA, fuertemente armados, lo secuestraron, eran alrededor de las seis y media de la tarde.

La mañana siguiente a la detención, cuatro agentes armados, nuevamente encabezados por Romo, allanaron la casa de los padres de Osvaldo, donde él vivía con su esposa, Amelia Caballero Nadeau. Uno de los represores le informó a Lidia Plaza, su madre, de la detención de Osvaldo. En el allanamiento la DINA se llevó unas micro-fotos de documentos, comentando: "esto es lo que buscábamos". Luego le preguntaron por Amelia. Pero ella había dejado el lugar a las cinco de la mañana.

La represión ya había golpeado antes a la familia de Amelia. En mayo del 74, Agustín Reyes González1, el marido de su hermana Atenas Caballero, había sido secuestrado. Juan Caballero, su otro hermano, arrestado en abril de 1974, permanecía en prisión. Además, la propia Amelia había permanecido algún tiempo bajo arresto domiciliario luego de ser detenida el 11 de septiembre- con seis meses de embarazo- junto a todos los obreros de la fábrica de tejidos Caupolicán.2 En esas circunstancias, sólo la trayectoria anterior de Osvaldo en el MIR y sus características personales explican su decisión de permanecer en el país, pese a todo lo ocurrido.

“El Niño” de Curimón
Los nueve hermanos Radrigán Plaza se criaron en la localidad rural de Curimón, en el valle del Aconcagua, donde está el convento colonial de los franciscanos. Osvaldo era el menor y en casa lo llamaban cariñosamente “el Niño”: era la guagua, que nació cuatro años después que el hermano que lo precedía. La señora Lidia, la madre, era de origen campesino, y el padre era socialista, originario de Valparaíso, y hermano del destacado autor y director teatral Juan Radrigán.

Relata Cecilia Radrigán Plaza, la séptima hermana:
“Para la Navidad se acostumbraba armar el tradicional nacimiento, y mamá una vez nos pidió a todos que dejáramos unas cerezas para el Niño (Jesús). Todos lo hicieron. Pero en la noche, no quedaba ninguna cereza en el nacimiento. Osvaldo aclaró de inmediato lo ocurrido, protestando: ¡mamá, tú dijiste que eran para el Niño!”

El año 1954, cuando los hermanos mayores comenzaron a ingresar en la universidad, la familia se trasladó a Santiago. En el colegio de Renca donde Osvaldo estudió la educación básica, una vez lo eligieron “príncipe”. Se destacó como campeón juvenil de ajedrez cuando era alumno de la enseñanza secundaria en el Instituto Nacional.

Un pequeño generoso
Explica Cecilia: “Yo creo que él llegó a ser militante por las injusticias que veía, y también por la educación y crianza que recibimos en la familia. Nosotros vivíamos en Renca, en medio de la población Bulnes y con la Matucana por otro lado, entonces considerada un nido de delincuentes. Osvaldo era amigo de ellos. Siempre andaba regalando ropa, zapatos, hasta su reloj. Nunca tenía nada. Era super generoso con sus hermanos y los otros niños que había en la casa, porque mi mamá siempre acogía a alguien más y en el verano, llegaban a vernos nuestros primos. El fue un niño muy amado: cada noche mi papá pasaba por las camas y les daba a cada hijo dos palmaditas reglamentarias en el trasero. Osvaldo no se dormía hasta que le tocaba su turno. Mi papá también nos dejaba un dulce bajo la almohada, y con eso empezábamos el día.”

También recuerda la hermana que en los veranos, el padre, Jefe de Obras en Vialidad, se iba con los hijos varones al campamento en que le correspondía trabajar construyendo puentes o caminos. Era una oportunidad de formación y convivencia con realidades diferentes, en tiempos que los veraneos sólo eran propios de la gente adinerada.

Un hogar de todos
Cecilia sostiene que Osvaldo heredó el temperamento de su madre. “Ella no preguntaba nada, era la discreción misma. Su hijo era para ella lo más importante, y le hacía saber que confiaba plenamente en él. No sabía que militaba en el MIR, pero en su hogar acogía a todos sus compañeros y amigos. Por allí pasaron, entre otros, Isidro Pizarro Meniconi3 y José Ramírez Rosales, también desaparecidos, y el Chico Feliciano y el Flaco Lucho, sobrevivientes. Mi mamá los atendía y se preocupaba que comieran. Todos los que trabajaban con Osvaldo lo querían mucho, él fue una persona que recibió mucho cariño y que también entregó mucho amor. El vivió con nosotros hasta que se casó, en marzo de 1973”.

Carlos, por Karl Marx
En palabras de Amelia, Osvaldo “era buen mozo, de espaldas anchas, tez pálida y pelo liso, delgado, de 1.75 m de estatura.” Interrogada sobre si decidieron conscientemente tener un hijo, responde un tanto sorprendida: “Nos habíamos casado en marzo del 73, muy enamorados y queríamos tener hijos, eso era lo natural, no lo analizamos políticamente. Era una época tan intensa, nos faltaba más tiempo para nosotros, siempre estábamos rodeados de compañeros... la situación política acaparaba nuestra atención, y también lo que pasaba en las fábricas era importante”. A su hijo lo llamaron Carlos por Karl Marx, y fue un niño “terriblemente deseado” por ambos. Osvaldo se apegó mucho al pequeño, que nació tres meses después del golpe de Estado, ya en un país distinto al Chile de cuando fue concebido.

En los años del gobierno del Presidente Allende, Osvaldo estaba dedicado cien por ciento al trabajo político, y congeló sus estudios cuando estaba próximo a recibirse como ingeniero en la Universidad de Chile. Amelia compartía la pasión de su marido por empujar hacia adelante el proceso que se vivía.

El FTR de Caupolicán
El trabajo político en la fábrica de tejidos Caupolicán, de Renca, fue una de las diversas tareas que dirigía Osvaldo desde el G8, ya que el Frente de Trabajadores Revolucionarios FTR, el brazo sindical del MIR, tenía una fuerte presencia en esa industria. Amelia, por su parte, era asistente social en la fábrica.
Los obreros textiles jugaban un importante rol en el proceso que se vivía esos años, y esas fábricas, que habían sido intervenidas por decisión del Ministerio de Economía, protagonizaban un conflicto de poderes entre el gobierno y los sectores opuestos a los cambios. También allí se enfrentaban duramente las tácticas contrapuestas de los miristas con la de los partidarios de lo que esa organización llamaba “el reformismo obrero”, fundamentalmente el Partido Comunista. Las grandes empresas textiles del llamado “clan Yarur” eran Tejidos Caupolicán, Bellavista Tomé, Yarur, Textil Progreso, Paños Fiap Tomé, y Fabrilana, que a partir de su intervención por el Ministerio de Economía, pasaron a formar parte del área de propiedad social. Previamente estas industrias habían sido ocupadas por sus trabajadores, que denunciaban boicot a la producción de parte de los empresarios. Por su parte, la Contraloría se negaba a dar curso al decreto de intervención.

Una de las demostraciones de fuerza en que participó el FTR de la fábrica Caupolicán en esa época, fue una marcha desde esa industria, hasta las instalaciones fabriles de Química Industrial, pidiendo solidaridad a sus compañeros de esa empresa. Tejidos Caupolicán Renca requería para la sección hilandería, fibra de rayon de la empresa Química Industrial, ligada a los antiguos dueños de Caupolicán, que se negaban a proveer ese insumo.

Ese tipo de problemas era el eje de las conversaciones de la pareja, ilusionada también con la llegada del hijo. Aclara Amelia: “Pero después del golpe, conversamos sobre si nos quedábamos o nos íbamos fuera del país, y la decisión de permanecer en Chile la tomamos en conjunto”.

Realismo político
Revela la esposa: “Después que cayó (detenido) mi cuñado Agustín, con Osvaldo tuvimos una conversación política de adultos. Osvaldo interpretaba muy lúcidamente lo que ocurría y me dijo que si lo detenían, lo iban a matar, y que yo tenía que volver a casarme. Esa certeza, esa claridad de él me ayudó para poder enfrentar la situación y cumplir lo único que me pidió: que el niño y yo estuviéramos en un lugar seguro, para que no nos fueran a detener. Yo salí de Chile en 1975, con la ayuda de la embajada francesa, junto a mi hermana Atenas, mi sobrino y mi hijo. Habíamos tomado previamente la nacionalidad francesa, gracias a nuestro apellido materno, Nadeau.”
A la fecha del secuestro, su hijito Carlos Andrés, tenía apenas diez meses.

Solidario y respetuoso
Luego del golpe Osvaldo volvió a dar la prueba de ingreso a la universidad, y había iniciado una segunda carrera, de programador IBM. Considerando que el MIR había instruido a sus militantes a permanecer en el país, se negó a tomar la nacionalidad francesa cuando lo hizo su mujer, por considerar que eso era equivalente a asilarse.

Sin embargo, el escritor y poeta Renard Betancourt, que militaba junto a él en la época, y tiene una visible discapacidad física, sabe que su jefe, Osvaldo, no aplicaba mecánicamente las instrucciones recibidas de su partido. Rememora Renard: “Yo estaba sin casas de seguridad ni nada y me buscaban por mi descripción física. No pensaba dejar la lucha acá a menos que esto fuera el último recurso, y para seguir concurriendo a puntos de contacto, pedía se viera la posibilidad de conseguirme un vehículo. “Pedro” me trajo la respuesta firmada por Dagoberto Pérez, jefe del Regional Santiago, argumentando que el partido estaba lleno de guatones, flacos, chicos, grandes, cojos, cabezones, feos, bonitos, etc., y todos debían quedarse a resistir sin consideraciones especiales. Su respuesta nos indignó. Y “Pedro” me dijo que ya no había manera de hacerle comprender a la dirección la situación real que vivíamos. ‘Pero yo te autorizo a salir’, agregó. Me dio una respuesta lacónica a mi pregunta de porqué yo iba a salir y él no: ‘Alguien tiene que quedarse’, dijo.”

Ese diálogo lo retrata de cuerpo entero. Era solidario y humano, callado y reflexivo, muy discreto y respetuoso. Recuerda Amelia: “Tenía una gran capacidad para escuchar y ayudar a sus compañeros, no juzgaba. Buscaba siempre la perfección en lo que él hacía. No se enojaba, era de un carácter muy estable, le gustaba reírse y se divertía inventando nombres. Le gustaba mucho leer sobre filosofía, política e historia. También disfrutaba la música clásica. Era una persona humilde, que compartía sus conocimientos con los otros, sin aplastarlos por la mayor formación que él tenía. Era realmente el ideal de como tiene que ser un militante, y eso no era frecuente, a mí me chocó ver después otros compañeros que no tenían esas características.”

Renard Betancourt, que compartió el trabajo político con Osvaldo desde los agitados años del gobierno del Presidente Allende, lo describe así: “Pedro era un compañero realmente ‘fuera de serie’. Conocí a muchos cuadros destacados y notables en el MIR, pero él era objetivamente distinto: tenía una visión profunda, arraigada y sabia, del quehacer en el movimiento popular y especialmente en la clase obrera de vanguardia. Ya mucho antes de ser jefe del GPM 8, era el líder intelectual y de hecho de nuestra estructura. Cuando a mediados de 1972 fue nombrado miembro del Comité Central, por decisión de esa jefatura, de la cual yo también formaba parte, habíamos acordado retardar su incorporación a esa instancia de dirección nacional, porque eso iba a retirarlo del trabajo práctico concreto. Pedro era responsable personalmente de la educación política e ideológica de los cuadros obreros de las industrias de Renca y Conchalí, particularmente de la textil Hirmas, que en esos años tenía más de 2.500 trabajadores. Gracias a su trabajo, en menos de un año, en 1972, ganamos la directiva sindical como Frente de Trabajadores Revolucionarios. Y para él era imperdonable que lo sacasen del trabajo que había demorado años en cristalizar.”
Años después, en el exilio, Renard y “Mateo”, otro compañero de militancia de Osvaldo, viajaron juntos a París a conocer al hijo de Osvaldo.
La búsqueda
Cecilia emprendió la búsqueda de su hermano Osvaldo luego de la detención, y fue una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sin embargo, después que el nombre del joven fuera incluido en la Lista de los 119, ella y otras jóvenes familiares de desaparecidos dejaron la Agrupación para unirse a las milicias de la Resistencia Popular. Cecilia fue detenida en esa tarea en 1981 permaneciendo en prisión hasta 1992. Fue una de las últimas presas en ser liberada.

En Francia, Amelia, su hermana Atenas y Erika Hennings de Chanfreau, participaron ese mismo año en la huelga de hambre que se hizo en la iglesia de Saint Germain de Prés para denunciar lo ocurrido. Amelia declaró sobre la situación de su marido en Naciones Unidas y el año 79 estuvo en otra huelga, que duró once días.

Amelia comenta que su hijo se parece mucho a Osvaldo, y que ambos son del signo Piscis. Ella quedó impresionada al ver un día cualquiera a Carlos Andrés tomar el lápiz de la misma forma que lo hacía su padre. En otra oportunidad, sobrecogida, observó que el niño comenzaba a jugar ajedrez sin que nadie le hubiera enseñado. Carlos Andrés estudió computación, la segunda carrera que quería seguir el padre luego de dar en 1974 la prueba de ingreso a la universidad. Para la detención de Pinochet en Londres, en 1998, el hijo participó en las manifestaciones que hubo en París.


Testimonios judiciales
En el expediente jurídico del caso, publicado en la Web Memoria Viva, se puede leer lo declarado por Mario Francisco Venegas Jara, incomunicado en Villa Grimaldi entre el 9 y el 28 de diciembre de 1974, quien vio a Osvaldo, torturado y maltrecho. Permaneció junto a él hasta el 24 de diciembre, fecha en que el joven fue sacado por sus captores en compañía de Washington Cid Urrutia2 y de Luis Palominos Rojas. Los tres permanecen detenidos-desaparecidos. El testimonio de Venegas es coincidente con el de Luis Alfredo Muñoz Eyraud, ex compañero de universidad de Osvaldo, conducido a Villa Grimaldi el 10 de diciembre de 1974, donde permaneció hasta el primero de febrero de 1975.

Reconocen la detención
El 19 de febrero de 1975, en una cadena nacional de televisión, por boca de cuatro prisioneros la DINA reconoció públicamente la detención de Osvaldo Radrigán en febrero de 1975. Cuatro ex dirigentes del MIR dieron a conocer un informe de la represión a esa organización, incluyendo el nombre del marido de Amelia en la lista de presos, aunque lo llamaron “Julíán Radrigán”. El general (R) Pedro Espinoza, entonces jefe de Villa Grimaldi había ideado esa operación de inteligencia que se proponía desmoralizar a la militancia mirista, combinando mentiras y verdades. Por ejemplo, Martín Elgueta y Bautista van Schouwen, desaparecidos, aparecían en la lista como exiliados, y uno de los detenidos, Jaime Vásquez, figuraba ya como muerto.

Dos de los participantes en esta maniobra, Humberto Menanteau y Hernán Carrasco Vásquez, liberados algunos meses después, hicieron llegar información al MIR sobre la DINA, y fueron posteriormente recapturados y ejecutados en diciembre del 75 por la dictadura. Los otros dos integrantes del grupo (Cristián Mallol y Héctor González) sobrevivieron, exiliándose, y testimoniaron judicialmente a partir de 1990 sobre el desarrollo de esta operación de inteligencia. La maniobra comenzó a prepararse en diciembre, mes en que Osvaldo estaba en ese mismo recinto. Es probable que la desaparición de este dirigente del Comité Central del MIR se deba a que no se prestó para ello.

Cristián Mallol declaró que en la sala que compartió con Anselmo Radrigán, los detenidos permanecían en el suelo día y noche y su única "actividad" era esperar ser llevados a torturas o a presenciar las torturas de otros. Permanecían todo el tiempo con los ojos vendados y en la noche los ataban de pies y manos por la espalda y debían dormir sobre las baldosas. Al lado del baño, al que eran llevados dos veces al día, estaba "la parrilla", lugar desde el que se escuchaban los gritos de los torturados.

El también recuerda que sacaron de la sala a Osvaldo Radrigán y a Luis Jaime Palominos, de los cuales nada se volvió a saber. En la misma oportunidad se llevaron de allí a Guillermo Beausire Alonso, también desaparecido, que se oponía a la elaboración del documento que iba a ser leído en la conferencia de prensa. El calendario marcaba el 24 de diciembre de 1974, y en iglesias y hogares se admiraban los nacimientos, cuando los agentes de la DINA se llevaron al Niño del signo Piscis, que tantas veces representó a Jesús en el pesebre viviente de los franciscanos en Curimón.


(Esta crónica -actualizada esta noche cuando estudié las sentencias- forma parte del libro de mi autoría “119 de nosotros”,http://www.lom.cl/inicio/entrada.asp?portal=1 LOM 2005).

lunes, mayo 19, 2008

Democracia en Chile ?

La televisión chilena no cubre defensa de Elena Varela

Orquesta sinfónica de niños de Panguipulli: Yesterday, Elena Varela




Un año atrás, en septiembre de 2007, Elena Varela dirigía a la Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli. Véanlos interpretando "Yesterday" de los Beatles y contando cómo les cambió la vida al aprender a tocar un instrumento.

Newen Mapuche de Elena Varela





Este es el trailer del documental de Elena Varela. El resto del material está en manos de la policía. Su detención huele a montaje. ADOC, la Asociación de Documentalistas pide que se restituyan las filmaciones y elementos requisados en la productora Ojofilms. Elena pide su libertad y que no la amenacen más con su hija.
La prensa ya la condenó como terrorista.
Sucede en Chile, en 2008, bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet. Ella se atrevió a tomar partido por el pueblo mapuche.
Ahora le quitaron la palabra, la cámara y la libertad. Está en la cárcel de Rancagua.
Elena, mucho newen para ti!

Caso Clarín: Instamos al gobierno a respetar el dictamen del CIADI


foto montaje de John Dinges en www.ciperchile.cl en artículo sobre Víctor Pey y el caso Clarín.

escrito por Ariel Dorfman y Otros
sábado, 17 de mayo de 2008
La decisión del gobierno chileno de presentar un recurso de nulidad al dictamen por el caso Clarín del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, no es sino la última parte de un proceso lleno de irregularidades, cuyo objetivo ha sido obstaculizar la reedición del diario Clarín. La actitud del gobierno, del mismo modo que los anteriores de la Concertación, intenta impedir la restitución de los activos del que fue el periódico de mayor circulación en Chile a su verdadero y legítimo propietario, el ciudadano español Víctor Pey.
El gobierno chileno a través de su decisión de impugnar el fallo, lo que hace es desconocer nuevamente al mismo tribunal, actitud que se ha venido conociendo no sólo mediante las acciones propias de la causa, sino en numerosas declaraciones que funcionarios de gobierno han hecho a medios de comunicación. Un actitud que sólo puede comprenderse como un organizado impedimento a la instalación de un nuevo periódico capaz de romper con un duopolio en la prensa escrita, que en los hechos es un monopolio ideológico. La última decisión del gobierno expresa esta determinación, arrastrada durante más de una década, la que no ha ocultado las visibles irregularidades.

Las personas que firman esta declaración creen firmemente en la libertad de expresión, en la necesidad que tiene Chile de contar con un medio de expresión que canalice las voces de las diversas subjetividades, que recupere el sentido de la comunicación social. La necesidad que tiene el país de profundizar su democracia, requerimiento irrefutable hoy en día, pasa por contar con una ciudadanía más informada, más reflexiva y más crítica. Pasa por la necesidad de contar con la presencia y expresión pública de diferentes voces.

Por tanto, instamos al gobierno de Chile que respete el dictamen del tribunal internacional, que ha obligado al Estado a pagar una indemnización de 16,6 millones de dólares a sus legítimos dueños por la confiscación el 11 de septiembre de 1973 de diario Clarín. Este es un deber y un respeto por nuestra historia.

Esta carta se suma a otra escrita recientemente por un grupo de intelectuales y académicos, encabezada por Faride Zerán, directora del ICEI (Instituto de la Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile).



Firman

Ariel Dorfman (escritor)
Marcos Roitman (sociólogo)
José Palomo (Premio Nacional de Historieta de Chile)
Pedro Cayuqueo (periodista)
Hernán Scandizzo (periodista)
Eulogio Suárez (escritor)
José Aylwin (abogado)
Virginia Vidal (escritora)
Jorge Coulón (músico -Inti Illimani)
Jaime Huenún (poeta)
Paul Walder (periodista)
Mario Casasús (periodista)
Alejandro Stuart (Fotógrafo)
Bernardo Reyes (Escritor)
Enrique Robertson (Médico y escritor)
Mario Amorós (Historiador)
Ramiro Insunza (Arquitecto)
Arnaldo Pérez Guerra (Periodista)
Alejandro Lavquén (Escritor)
Manuel Cabieses (Director revista Punto Final)
Diego Muñoz (Escritor)
David Ponce (periodista)
Carlos Carnicero (periodista, España)
Alejandra Costamagna (Escritora)
Manuela Gumucio (documentalista)
Víctor Hugo de la Fuente (periodista)
Hermes Benítez (historiador)
Julio Oliva (Pte. Sindicato El Siglo)
Raúl Blanchet (Secretario Sindicato El Siglo)
Jorge Vergara Estévez (Doctor en Filosofía)
Marcel Claude (economista)
Carlos M. Balderas (director WIP)
Carlos Donoso Pacheco (periodista)
Francisco Martorell (periodista, director El Periodista)
Karen Hermosilla (periodista)
Andrés Figueroa Cornejo (periodista)
Patricio Herman (director Fundación Defendamos la Ciudad)
Máximo Kinast (consultor)
Libio Pérez (periodista)
Nancy Arancibia (periodista, presidenta Sindicato de Periodistas La Nación)
Julio Frank (periodista)
Rubén Andino (periodista)
Francisca Cabieses (subdirectora Punto Final)
Rodolfo Parada-Lillo (músico- Quilapayún)
Carmen Berenguer (poeta- Premio Neruda 2008)
Saul Landau (escritor y cineasta, EE.UU.)
Juana Aguilera (secretaria ejecutiva Comisión Etica Contra la Tortura)
Lucía Sepúlveda (periodista)
César Pincheira (fotoperiodista, Huella Digital)
Iván Auger (consultor)
Margarita Labarca Goddard (abogado)
Rafael Luis Gumucio Rivas (historiador)
Roberto Brodsky (escritor)
Bruno Sommer (director El Ciudadano)
Humberto Orellana Arancibia (ingeniero. PDVSA)
Sara De Witt (chair person, Asociación Ex Presos Políticos, Reino Unido)
Rafael Cárdenas
Carlos Pilquil (trabajador exiliado, Canadá)
Diego E. Barahona (matemático)
Gregorio Angelcos (escritor y periodista, miembro directorio SECH)
Reynaldo Lacamara (presidente Sociedad de Escritores de Chile)
Enzo Borroni (periodista)
Carlos Díaz (historiador)
Reynaldo Marchant (escritor)
Hernán Miranda (periodista, poeta, dirigente Círculo de periodistas de Santiago)
Galy Chávez Burgos (periodista)
Paz Undurraga (arquitecta, Ciudadanos por Valparaíso)
Oriana Zorrilla (periodista)
Patricia Bravo (periodista)

Luis Casado (consultor)

Felipe Cabello (médico y científico)

domingo, mayo 18, 2008

Juristas apoyan demandas mapuche


en la foto Héctor Llaitul, que el próximo 2 de junio irá a juicio oral en Temuco.
(versión ampliada de entrevista publicada en la revista Punto Final Nº 661)
Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El inicio de la desmilitarización de los territorios mapuche; la implementación de un programa efectivo de recuperación de tierras ancestrales, consulta previa respecto de mega proyectos de inversión, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, ratificación del convenio 169 sin agregados, y redefinición de los delitos de “terrorismo” figuran entre las veinte recomendaciones formuladas al Estado chileno por una misión de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

En respuesta a una petición de la rama chilena de la AAJ se acordó que representantes chilenos y argentinos realizaran una visita a la Región de la Araucanía. A ellos se sumó un representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. La abogada Graciela Alvarez, presidenta de la entidad en Chile, y sus colegas Manuel Jacques y Yénive Cavieres, junto a los argentinos Ernesto Moreau, presidente de la rama argentina de la AAJ, Claudia Rocca, y Raúl Prytula, este último de la APDH argentina, conformaron la misión.

Su “Informe sobre la represión y criminalización del pueblo mapuche” registra las reuniones realizadas entre el 27 y el 30 de enero de este año en Puerto Domínguez (comunidades de Yenehue, Sector Tragua Tragua, Conin Budi, Pu Budi, Sector de Tolten, Malalhue, y representantes de Comunidades Mapuche sin Tierras y Consejo Territorial Lafkenche). También se reunieron en Ercilla (Tricauco y Temucuicui), Vilcún (Ailla Rehue de TrufTruf con lonkos del lugar, José Quidel, Edgardo Catrilá, Sabino Catrilá, Javier Quidel, Alfredo Painemil y otros); Quepe (Asociaciones Ayun Mapu, José Catrin) y Temuco (dirigentes de la Asamblea de mapuches de Izquierda de Galvarino, Licanray, Villarrica; y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas) . La misión visitó las cárceles de Angol, y de mujeres de Temuco, concluyendo con una entrevista a Patricia Troncoso en el Hospital de Chillán. Finalmente hablaron con el seremi de Justicia, Cristian Dulansky, y la intendenta Nora Barrientos.

Los juristas dijeron a Punto Final que en el territorio visitado, independientemente de la alta o baja intensidad del conflicto, el discurso es idéntico en contenido. Está presente, por ejemplo el sentimiento de indefensión por la aplicación de la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del estado, por el uso de testigos protegidos, y por la impunidad frente a los asesinatos de jóvenes mapuche. En el ámbito civil, para obtener tierras carecen de apoyo frente a la postulación a concursos de tierras convocados por CONADI, procesos que pueden demorar cuatro o cinco años. Por todo eso se percibe desconfianza generalizada hacia los funcionarios de gobierno, que se extiende en ocasiones a otros sectores como los partidos de izquierda y las ONGs.

Graciela Alvarez señala:
“En las reuniones percibimos que la gente está convencida de que sin tierra no hay cultura mapuche. El territorio mapuche se extendía hasta Chiloé. La corona española les reconoció - en el Parlamento de Negrete- una extensión de varios millones de hectáreas del BíoBío para el sur, pero ahora están reducidos a la nada misma. Nos hablaron de la agresión que sufren por el desarrollo de los megaproyectos de inversión que arrasan con todo e impiden su acceso a las plantas medicinales; supimos de la planta de tratamiento de aguas servidas que contamina la comunidad Cienfuegos en Tolten; de la construcción de represas y plantas de cultivo de salmón que deterioran las aguas e impiden el acceso a la pesca; y sobre todo, de las explotaciones forestales que los arrinconan, y obligan a emigrar a la ciudad. En Quepe, denuncian que la construcción del aeropuerto produciría un daño enorme en su habitat. La tierra es la madre, todos nos dijeron lo mismo.”

Manuel Jacques agregó:
“En los últimos años se ha producido un reeencuentro de los mapuche con su identidad. Esto les da una mayor capacidad de mirarse a sí mismos y luchar como pueblo. Tienen una clara percepción de las estrategias del modelo neoliberal con la instalación de los megaproyectos y el consiguiente avasallamiento de un pueblo. Los dirigentes tienen un alto nivel de formación ideológica y su discurso y lenguaje son muy diferentes a los de dirigentes de otras áreas de la sociedad chilena. Las generaciones jóvenes han dado un salto cualitativo. Cada vez están más dispuestas a un creciente compromiso con su lucha. Este es un dato muy importante en la configuración de los escenarios futuros.
Sin embargo el gobierno no ha tomado medidas ni tiene voluntad política para resolver el tema del reconocimiento de los pueblos originarios y de su participación. La Concertación sigue estando en deuda con algo que tiene que ver con la esencia misma de la construcción de la democracia.”

Yenive Cavieres precisa a su vez:
“Dentro de esa formación ideológica, tal vez lo más importante es el conocimiento acabado y el empoderamiento respecto de los estándares internacionales de ddhh de los derechos de los pueblos indígenas hoy. Ellos conocen experiencias internacionales que permiten visualizar un horizonte de país en que podamos hablar de los pueblos que habitan en Chile, y no de los chilenos.”

¿A quién irá el informe de la AAJ?“En primer término, al gobierno de Chile a quien van dirigidas las recomendaciones. La Asociación Americana de Juristas tiene estatuto consultivo en las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y de Ginebra. Los comuneros nos han pedido que hagamos también gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

¿Qué vieron en las cárceles?“Visitamos la cárcel de mujeres de Temuco y entrevistamos a Juana Calfunao, condenada a cinco años de prisión, que nos contó la historia de su familia, once de cuyos miembros están encarcelados. Su madre fue presa política en Valdivia, en dictadura y su abuelo murió allí. Pero ella afirma “ante morir doblado, mejor morir de pie”. Su hijo Waikilaf fue nuevamente encarcelado hace poco. En Chillán entrevistamos a Patricia Troncoso, que en ese momento había suspendido su huelga de hambre. Nos vinimos con la convicción de que estábamos frente a verdaderas víctimas de la represión del Estado.
Estuvimos en la cárcel de Angol con Héctor Llaitul y conocimos al padre de Roberto Painemil. Nos explicaron que ambos llevaban un año en prisión preventiva sin que se les formulara acusación ni fueran llevados a juicio oral. Sus defensores públicos, Ricardo Cáceres y Jaime López respectivamente no han pedido su libertad bajo fianza en esos doce meses. A Painemil se le sacó una declaración bajo tortura para inculpar a Llaitul, él denunció la tortura, pero su defensor no hizo nada.
Los presos de Angol –que se llaman a sí mismo presos políticos- tienen un discurso que denuncia la denegación total de la justicia y del debido proceso, y remarcan la violencia que viene del Estado. Ellos explican que no son terroristas, nunca han cometido violencia contra personas. La quema de un fardo de paja, dicen, contrasta con la tremenda protección que da el Estado de Chile a los latifundistas, poniéndoles carabineros para que los cuiden día y noche con tremendos autobuses. El general a cargo Carabineros de la novena región tiene la quinta parte de su fuerza policial dedicada a esa protección, según informó él mismo al Observatorio. Nosotros los vimos cuando estuvimos en Temucui, amenazándolos con los helicópteros que volaban sobre nuestras cabezas en una reunión con un grupo de comuneros. Al ingresar nosotros al predio no se acercó nadie, estaban aterrorizados con sólo notar la presencia del vehículo que nos transportaba.”
¿Qué dicen los mapuche de su relación con el Estado?
Yenive Cavieres sostiene:
“En cada comunidad se desplegaba un abanico de conflictividad que arranca desde la constitución del Estado chileno, cuya política ha sido meter el conflicto bajo la alfombra, con medidas que ellos clasifican en dos tipos: la cooptación y el clientelismo, de una parte, y por la otra parte medidas como asignación de pequeñas tierras, sin abordar los problemas y necesidades fundamentales y sus necesidades. Esos problemas tienen que ver con la categoría de pueblo que ellos tienen, no son simplemente una agrupación humana o cultural. Cuando hablamos con Cristian Dulansky, el SEREMI de Justicia de la región, él nos dijo ‘esta es una región pluricultural, o multicultural, existen “otras colonias”, como la italiana, la alemana y hay que atender sus problemas.’ Pero el problema es no reconocer que este pueblo que no sólo se ha mantenido sino ha ido aumentando, requiere un reconocimiento de su calidad de tal, un reconocimiento de sus tierras ancestrales para conformar un territorio indígena. Están hablando de autonomía. Eso significa que en esos territorios los mapuche puedan tener la posibilidad de decidir el destino político, económico y cultural que quieren tener como nación. Y eso no implica la secesión, sino que el Estado asigne recursos a las comunas para que puedan tomar esas decisiones. Si esto no se resuelve, esto va en un camino sin retorno.”
¿Qué hace el Estado para resolver los problemas del pueblo mapuche?
Manuel Jacques responde:
“El discurso oficial se instala en una lógica en que los mapuches buenos son los que se someten a las políticas de subvenciones (CONADI, Programa Orígenes) y al asistencialismo social y jurídico. Y los mapuche malos son aquellos que defienden la identidad de su pueblo, que consideran que los beneficios que le están asignados no pueden estar condicionados a obtener una personalidad jurídica. Eso puede llevar a una lógica de criminalización por la sociedad respecto de aquellos que no hacen lo que se quiere que hagan.”
Yenive Cavieres agrega:
“Conocimos una denuncia contundente que nos hizo ver que la Iglesia Católica también es parte del conflicto. En Puerto Domínguez una comunidad recuperó tierras, entre ellas una escuela que era de la iglesia y ahora es autogestionada por ellos aunque carece de medios. En Lautaro, familiares de más de 40 desaparecidos mapuche esperan respuesta sobre la identidad de osamentas encontradas al interior de un predio donde antes estaba el regimiento La Concepción. Han permanecido más de un año en el Instituto Médico Legal sin ser identificadas. La Caravana de la Muerte también pasó por Lautaro. Nos dijeron que el actual alcalde de Tolten, Rafael García Felice (sobreseído en un proceso por desaparición) fue comandante del Regimiento La Concepción de Lautaro “.
También la Misión recibió denuncias de torturas a jóvenes de Truf-Truf en la comisaría de Padre las Casas. Se les torturó con electricidad, y se les hizo el submarino seco.

A continuación, citas escogidas del informe:
Un joven de Quepe: “Estamos oprimidos y reprimidos, sin voz, pero luchando con dignidad.”
Un lonko de TrufTruf: “Los períodos de negociación están agotados. La situación sólo puede revertirse con igualdad jurídicamente consagrada, reconocimiento de nuestras instituciones, restitución del territorio y autonomía para las comunidades, consagrando a Chile como un estado Plurinacional.”
Rodrigo Huenchullan, de Temucuicui: “Somos dirigentes pero aparecemos en los diarios como delincuentes. Nos imponen medidas cautelares que nos obligan a ir a firmar en tres y hasta cuatro lugares distintos, uno por cada causa, cada semana o cada 30 días. Si no voy, allanan mi casa, rompen todo y me detienen. Hay familias enteras que están prófugas por eso. Nadie nos escucha cuando hacemos denuncias por el maltrato a ancianas o niños. A veces entran 200 carabineros buscando un solo animal y se llevan lo que quieren. Uno va perdiendo la paciencia. Entran con tanquetas, rompiendo los cercos. Si uno discute, lo acusan de tentativa de homicidio. El intendente, el comandante cubren todo. Hemos sido allanados 15 veces en un año. ¿Qué pasaría si la comunidad respondiera con la misma violencia que están ejerciendo contra nosotros?”
Joven de Tricauco: “Pedimos tierras y ellos sacan las armas. Los testigos sin rostro existen porque el estado les da protección, celulares y dinero a gente pobre para que declare contra nosotros”.
Héctor Llaitul: “La pobreza y la falta de tierras para nuestro pueblo es violencia. Nuestras acciones son contra bienes forestales o materiales, nunca contra la vida, son acciones simbólicas contra propiedades de usurpadores y destructores de nuestro habitat. Los muertos son muertos mapuche. Para nosotros no hay estado de derecho, los comuneros estamos viviendo como en dictadura.”
Patricia Troncoso: “Yo represento solamente la voz que pueden tener las comunidades en conflicto, no represento a las comunidades que se han beneficiado con la limosna de esta suerte de vaca que es el Estado”. “Soy de las personas que han recuperado alrededor de 25.000 hectáreas de tierras usurpadas”.

Ofrecemos este logro a todos los caídos - dicen padres de los hermanos Vergara Toledo


Queridos compañeros y compañeras de lucha,

Les escribimos Manuel y Luisa, los padres de Rafael, Eduardo y Pablo Vergara Toledo.
Queremos compartir, como siempre lo hemos hecho, nuestros sentimientos, nuestras emociones, respecto de lo que ha acontecido con el caso del asesinato de nuestros amados Rafita y Eduardo, concretamente sobre el fallo que acaba de emitir el juez Carlos Gajardo, dictando sentencia sobre los criminales, funcionarios de la Institución de Carabineros de Chile. Ustedes ya deben haberse enterado de todo a través de los medios de comunicación. Nosotros dimos dos entrevistas en el día de ayer a través del canal 7 y 13 donde dijimos muchas cosas, pero, como siempre no salió nada, y es por eso que decidimos enviarles esta carta.

Nuestro primer sentimiento es de agradecimiento a todos y todas, hombres, mujeres, jóvenes y niños que nos han acompañado desde siempre en nuestro peregrinar de estos 23 años de dolor y de lucha, especialmente a los jóvenes que dieron una lucha más frontal contra la represión que siempre ha estado presente hostigándolos, amenazándolos, tomándolos presos, castigándolos, manchándoles sus papeles de antecedentes, haciéndolos perder sus trabajos y sus lugares de estudio y en este último 29 de marzo, asesinando a dos jóvenes pobladores y tomando presos a cientos en todo el país, algunos de los cuales todavía permanecen en las cárceles sin acusaciones formales, sino más bien como una forma de castigo ejemplarizador para otros.

Sin esta red de amor y compromiso que hemos formado a través de los años no habría sido posible llegar al punto en que estamos hoy día, sin esta red de amor y compromiso habríamos quedado solos y el caso se habría quedado en la “justicia militar en total impunidad”, como los criminales querían y como de hecho muchos casos han quedado.

GRACIAS por su valentía, porque a pesar de las campañas de terror montadas por los gobiernos de turno, siempre, siempre están sus rostros ahí presentes que nos dan fuerzas y valor para seguir, a pesar del cansancio. Muchos con sus bebés en brazos, lo que nos conmovía profundamente.

Otro sentimiento que nos embarga es que no queremos ser “un caso especial”, lo que nos impide sentir siquiera un poquito de alegría, porque son miles y miles a quienes se les debe el mismo respeto y el mismo trato de seres humanos pasados a llevar en su dignidad y a quienes se les arrebató su preciosa vida. Quisiéramos esta justicia para todos y todas, pero como sabemos que no va a ser así, les ofrecemos este logro nuestro a todos los caídos y, en especial a aquéllos anónimos que nadie recuerda ni siquiera su nombre: Benditos sean todos ustedes: Lumi Videla, Carmen Bueno, Miguel Enríquez, Jorge Humberto D’Orival, Patricio Sobarzo, Lucía Vergara, Arturo Villavella, Sergio Peña, Cristián Castillo, Hugo, Rodrigo Rojas, Jecar Neghme, Luis Alberto Silva Jara, Cecilia Magni, Raúl Pellegrini, Pablo Vergara, Aracelli Romo, Tatiana Fariña, Ronald Wood, Alex Lemun, Ariel Antonioletti, Mauricio Maigret, Pablo Muñoz Moya , Andrés, Mauricio, José Miguel, Norma, Yuri Uribe, Claudia López, Carlos Aedo, Daniel Menco, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, René Palma, Jhoni Cariqueo y miles de otros del pueblo pobre al que pertenecemos.Los crímenes cometidos por la Dictadura militar y por los gobiernos de la Concertación en estos últimos años tienen como lógica y justificación el menosprecio, el temor y la connotación de violentistas subversivos de las personas a quienes se les arrebató la vida y por otro lado, la ambición de poder, riquezas y la soberbia e ignorancia de los que detentan el poder.

SON MUCHOS DE NOSOTROS, MILES DE MUJERES, HOMBRES Y NIÑOS
QUE DERRAMARON SU SANGRE EN CRIMENES ATROCES,

SON MILES DE NOSOTROS, HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE SU LIBERTAD EN LAS MAZMORRAS DE LA CNI, EN ENCARCELAMIENTOS LARGOS Y DESGASTADORES,

SON MILES DE NOSOTROS LOS TORTURADOS EN CASAS DE TORTURA QUITÁNDOLES MUCHAS VECES SU VIDA, SIEMPRE SU DIGNIDAD Y SU DESEOS DE SEGUIR VIVIENDO,

SON MILES DE NOSOTROS DETENIDOS Y HECHOS DESAPARECER DE LA FAZ DE LA TIERRA,

SON MUCHOS DE NOSOTROS QUE PERDIERON SU CULTURA EN UN EXILIO FORZADO Y DOLOROSO…

TODOS ESTOS SERES HUMANOS FUERON UN ENSAYO ÚNICO Y PRECIOSO
DE LA NATURALEZA, CADA UNO DE ELLOS FUERON UN PUNTO PARTICULARISIMO, IMPORTANTE, Y SIEMPRE SINGULAR EN QUE SE CRUZARON LOS HECHOS DEL MUNDO SOLO UNA VEZ DE AQUEL MODO Y NUNCA MÁS.


“EL MUNDO TIENE TODO EL DERECHO A DUDAR DE LA SINCERIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE OPONEN A LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA, SIN HABERSE OPUESTO ANTES A LA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA QUE LA PROVOCA” (Padre Miguel D’escotto).




Un abrazo fuerte y fraterno,

Luisa Toledo Sepúlveda Manuel Vergara Mesa

sábado, mayo 17, 2008

Directora del documental "Newen Mapuche": Solicito mi libertad en nombre del arte, la libertad de expresión y creación artística"



Elena Varela, cineasta y directora del documental Newen mapuche (de la Productora Ojo Films www.ojofilm.cl envió una carta desde la Cárcel de Rancagua a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile. La detuvieron acusándola de complicidad con un asalto realizado años atrás y le incautaron todo su material fílmico. La detención de Elena y el grupo huele a montaje policial, pero la prensa, como siempre, ya ha condenado a todos los detenidos, sindicados como miristas. Esta es la carta de Elena Varela, la Cineasta, productora y guionista, compositora y gestora cultural, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, con formación de Cine y periodismo en la Universidad Arcis.

A Paulina Urrutia, Carolina Leiva, René Inostroza, Arturo Barrios, Leonardo Ordoñez (CORFO).

Señores: Consejo de la Cultura (CNCA) y Fondo Audiovisual (CORFO) Presente

Estimados, les escribo desde esta cárcel siniestra y fría, donde no hay árboles, ni flores, ni poesía, ni música, ni cantos. Un lugar donde ha vencido el cemento y las alambradas. Es difícil para mí poder relatar lo que me está sucediendo.

Hace años, desde que comencé a darme cuenta de que existían las cosas hermosas de la naturaleza y las creadas por el hombre, me enamoré de la música, la poesía y el cine. Pero no sólo existen estas cosas sabrosas de la vida. También hay injusticias, hay historias tristes en nuestra humanidad. Hay un espacio de Chile que ha sufrido y ha sido castigado, hay verdades en otros mundos, hay memorias que se olvidan. En los últimos diez años estuve luchando por la educación artística, por generar espacios de participación y expresión cultural. Fundé la "Escuela de Todas Las Artes", el "Colectivo de Cine Ojo Film", la "Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli" y la "Productora de cine Ojo Film". Realicé muchas creaciones y eduqué a muchos jóvenes, niños y adultos. Fui encargada de cultura en Pucón y muchas otras labores artísticas.
En mi creación he buscado las historias de grupos sociales y político que ha sufrido el atropello en derechos humanos u otro tipo de proceso político, cultural y social. Por mi cámara han pasado todo tipo de actores sociales, personajes, algunos perseguidos antes y ahora. Porque soy documentalista, soy cineasta, y soy artista.

Creí que el haber participado en el Consejo de la Cultura y en el Fondo Nacional Audiovisual, en democracia, me permitiría mostrar otros mundos, y que de verdad tenía este apoyo. Pero aquí estoy perseguida, inculpada y detenida de cargos que no he hecho. Lo que en verdad he realizado es la búsqueda de memoria, la razón de la lucha de muchos grupos sociales y lo he realizado junto a muchos otros profesionales del área audiovisual y a través de fondos CORFO y CNCA.

Hace cuatro años que investigo el conflicto del pueblo Mapuche con las Forestales y con el Estado, cosa que ha sido muy difícil, por una parte exponerme y entregarme a sus pensamientos y a sus creencias para contar con su mirada, su punto de vista y su razón. Creo haber comprendido esto y por otro lado, la inmensa represión que se ha sometido a sus actores sociales. Yo en medio de esto he logrado recopilar material histórico y realizar un relato de guión cinematográfico construyendo la película cuestionada: " NEWEN MAPUCHE".

Este proyecto ha pasado por distintas etapas en su creación; primero CORFO lo apoyó en el 2005. Hoy su tráiler está en página web de CORFO. Creo en mis capacidades artísticas y concursé al Fondo Audiovisual con el apoyo de destacados profesionales, documentalistas y cineastas, por lo que sé que mi proceso de haber ganado el fondo Audiovisual es algo conquistado con esfuerzo y perseverancia y con mucho amor, porque no decirlo.

Sin embargo, hoy día mis registros audiovisuales, que reúnen la acumulación de historias, testimonios y relatos realizados durante todos estos años han sido requisados por la Policía de Investigaciones, perdiendo mis materiales audiovisuales y exponiendo a muchos entrevistados que han relatado su experiencia, puntos de vista, testimonio e historia en estos documentales. Todo material escrito en investigación de proceso de personajes e histórico, grabaciones y guiones, han sido requisados por la Policía de Investigaciones, los que han montado un relato mediático, ofendiendo mi trabajo y a los trabajadores audiovisuales que han trabajado o laboran conmigo actualmente, inculpándome en calidad de terrorista, asaltante, exmirista y otros cargos por lo cual se me imputa.

Por esto, dudo de la forma y utilización que harán con éstos relatos históricos, ya que están siendo utilizados en mi contra para involucrarme con una historia que ellos no han podido resolver. Mi detención ha sido siniestra, cual CNI en los años de dictadura, me han interrogado, me han amenazado con mi familia, han dado un montaje mediático denigrando mi labor como cineasta y documentalista. En mis creaciones queda plasmado mi talento y mi fuerte dedicación en lo que realizo.

Por otro lado, mi equipo técnico fue detenido de la manera más oscura, nuestra casa productora fue allanada, por lo tanto destrozaron y se llevaron muchas cosas.

Yo he sido hasta ahora incomunicada sin derecho a leer, ver noticias y muchos otros derechos.

Por otro lado, entre los detenidos, una de las mujeres resultó ser también del ámbito cultural, ella es la directora de Cultura de la Comuna de Ercilla a quién conocí el año 2005 en un Diplomado en gestión Cultural dictado por el CNCA.

Además, he realizado otra película, "Los Sueños Del Comandante", documental apoyado por CORFO 2006, que relata la historia del Complejo Maderero Panguipulli, el Movimiento Obrero Campesino, la Caravana de la Muerte y la guerrilla del MIR en los 80¨. Es decir, la historia social de NELTUME. Todo esto, todo este trabajo, todas las cintas con entrevistados, ha sufrido la misma experiencia, han sido requisados por la Policía de Investigaciones.

Ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros. Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes.

Estimados, apelo a su intervención en función de resguardar el material fílmico, la memoria de éstos trabajos, el resguardo de sus actores sociales y mi libertad, porque me encuentro privada de todo derecho y expresión.

Además ruego a Ustedes intercedan por mis derechos como cineasta y creadora y por seguir adelante esta película. Solicito un recurso de amparo para quienes participan en este proyecto incluyéndome a mí y a mi hija América con la que he sido amenazada reiteradas veces.
Junto con esto, el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto.

En nombre del arte, la libertad de expresión y creación artística solicito mi libertad.

En nombre de la dignidad de las personas y todo lo conseguido por los artistas que han luchado por una sociedad más justa, solicito mi libertad y justicia a lo que hemos sufrido.

Atentamente,

Elena Varela López (Realizadora de documentales y cineasta).