Juristas apoyan demandas mapuche

en la foto Héctor Llaitul, que el próximo 2 de junio irá a juicio oral en Temuco.
(versión ampliada de entrevista publicada en la revista Punto Final Nº 661)
Por Lucía Sepúlveda Ruiz

El inicio de la desmilitarización de los territorios mapuche; la implementación de un programa efectivo de recuperación de tierras ancestrales, consulta previa respecto de mega proyectos de inversión, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, ratificación del convenio 169 sin agregados, y redefinición de los delitos de “terrorismo” figuran entre las veinte recomendaciones formuladas al Estado chileno por una misión de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).

En respuesta a una petición de la rama chilena de la AAJ se acordó que representantes chilenos y argentinos realizaran una visita a la Región de la Araucanía. A ellos se sumó un representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. La abogada Graciela Alvarez, presidenta de la entidad en Chile, y sus colegas Manuel Jacques y Yénive Cavieres, junto a los argentinos Ernesto Moreau, presidente de la rama argentina de la AAJ, Claudia Rocca, y Raúl Prytula, este último de la APDH argentina, conformaron la misión.

Su “Informe sobre la represión y criminalización del pueblo mapuche” registra las reuniones realizadas entre el 27 y el 30 de enero de este año en Puerto Domínguez (comunidades de Yenehue, Sector Tragua Tragua, Conin Budi, Pu Budi, Sector de Tolten, Malalhue, y representantes de Comunidades Mapuche sin Tierras y Consejo Territorial Lafkenche). También se reunieron en Ercilla (Tricauco y Temucuicui), Vilcún (Ailla Rehue de TrufTruf con lonkos del lugar, José Quidel, Edgardo Catrilá, Sabino Catrilá, Javier Quidel, Alfredo Painemil y otros); Quepe (Asociaciones Ayun Mapu, José Catrin) y Temuco (dirigentes de la Asamblea de mapuches de Izquierda de Galvarino, Licanray, Villarrica; y Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas) . La misión visitó las cárceles de Angol, y de mujeres de Temuco, concluyendo con una entrevista a Patricia Troncoso en el Hospital de Chillán. Finalmente hablaron con el seremi de Justicia, Cristian Dulansky, y la intendenta Nora Barrientos.

Los juristas dijeron a Punto Final que en el territorio visitado, independientemente de la alta o baja intensidad del conflicto, el discurso es idéntico en contenido. Está presente, por ejemplo el sentimiento de indefensión por la aplicación de la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del estado, por el uso de testigos protegidos, y por la impunidad frente a los asesinatos de jóvenes mapuche. En el ámbito civil, para obtener tierras carecen de apoyo frente a la postulación a concursos de tierras convocados por CONADI, procesos que pueden demorar cuatro o cinco años. Por todo eso se percibe desconfianza generalizada hacia los funcionarios de gobierno, que se extiende en ocasiones a otros sectores como los partidos de izquierda y las ONGs.

Graciela Alvarez señala:
“En las reuniones percibimos que la gente está convencida de que sin tierra no hay cultura mapuche. El territorio mapuche se extendía hasta Chiloé. La corona española les reconoció - en el Parlamento de Negrete- una extensión de varios millones de hectáreas del BíoBío para el sur, pero ahora están reducidos a la nada misma. Nos hablaron de la agresión que sufren por el desarrollo de los megaproyectos de inversión que arrasan con todo e impiden su acceso a las plantas medicinales; supimos de la planta de tratamiento de aguas servidas que contamina la comunidad Cienfuegos en Tolten; de la construcción de represas y plantas de cultivo de salmón que deterioran las aguas e impiden el acceso a la pesca; y sobre todo, de las explotaciones forestales que los arrinconan, y obligan a emigrar a la ciudad. En Quepe, denuncian que la construcción del aeropuerto produciría un daño enorme en su habitat. La tierra es la madre, todos nos dijeron lo mismo.”

Manuel Jacques agregó:
“En los últimos años se ha producido un reeencuentro de los mapuche con su identidad. Esto les da una mayor capacidad de mirarse a sí mismos y luchar como pueblo. Tienen una clara percepción de las estrategias del modelo neoliberal con la instalación de los megaproyectos y el consiguiente avasallamiento de un pueblo. Los dirigentes tienen un alto nivel de formación ideológica y su discurso y lenguaje son muy diferentes a los de dirigentes de otras áreas de la sociedad chilena. Las generaciones jóvenes han dado un salto cualitativo. Cada vez están más dispuestas a un creciente compromiso con su lucha. Este es un dato muy importante en la configuración de los escenarios futuros.
Sin embargo el gobierno no ha tomado medidas ni tiene voluntad política para resolver el tema del reconocimiento de los pueblos originarios y de su participación. La Concertación sigue estando en deuda con algo que tiene que ver con la esencia misma de la construcción de la democracia.”

Yenive Cavieres precisa a su vez:
“Dentro de esa formación ideológica, tal vez lo más importante es el conocimiento acabado y el empoderamiento respecto de los estándares internacionales de ddhh de los derechos de los pueblos indígenas hoy. Ellos conocen experiencias internacionales que permiten visualizar un horizonte de país en que podamos hablar de los pueblos que habitan en Chile, y no de los chilenos.”

¿A quién irá el informe de la AAJ?“En primer término, al gobierno de Chile a quien van dirigidas las recomendaciones. La Asociación Americana de Juristas tiene estatuto consultivo en las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y de Ginebra. Los comuneros nos han pedido que hagamos también gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

¿Qué vieron en las cárceles?“Visitamos la cárcel de mujeres de Temuco y entrevistamos a Juana Calfunao, condenada a cinco años de prisión, que nos contó la historia de su familia, once de cuyos miembros están encarcelados. Su madre fue presa política en Valdivia, en dictadura y su abuelo murió allí. Pero ella afirma “ante morir doblado, mejor morir de pie”. Su hijo Waikilaf fue nuevamente encarcelado hace poco. En Chillán entrevistamos a Patricia Troncoso, que en ese momento había suspendido su huelga de hambre. Nos vinimos con la convicción de que estábamos frente a verdaderas víctimas de la represión del Estado.
Estuvimos en la cárcel de Angol con Héctor Llaitul y conocimos al padre de Roberto Painemil. Nos explicaron que ambos llevaban un año en prisión preventiva sin que se les formulara acusación ni fueran llevados a juicio oral. Sus defensores públicos, Ricardo Cáceres y Jaime López respectivamente no han pedido su libertad bajo fianza en esos doce meses. A Painemil se le sacó una declaración bajo tortura para inculpar a Llaitul, él denunció la tortura, pero su defensor no hizo nada.
Los presos de Angol –que se llaman a sí mismo presos políticos- tienen un discurso que denuncia la denegación total de la justicia y del debido proceso, y remarcan la violencia que viene del Estado. Ellos explican que no son terroristas, nunca han cometido violencia contra personas. La quema de un fardo de paja, dicen, contrasta con la tremenda protección que da el Estado de Chile a los latifundistas, poniéndoles carabineros para que los cuiden día y noche con tremendos autobuses. El general a cargo Carabineros de la novena región tiene la quinta parte de su fuerza policial dedicada a esa protección, según informó él mismo al Observatorio. Nosotros los vimos cuando estuvimos en Temucui, amenazándolos con los helicópteros que volaban sobre nuestras cabezas en una reunión con un grupo de comuneros. Al ingresar nosotros al predio no se acercó nadie, estaban aterrorizados con sólo notar la presencia del vehículo que nos transportaba.”
¿Qué dicen los mapuche de su relación con el Estado?
Yenive Cavieres sostiene:
“En cada comunidad se desplegaba un abanico de conflictividad que arranca desde la constitución del Estado chileno, cuya política ha sido meter el conflicto bajo la alfombra, con medidas que ellos clasifican en dos tipos: la cooptación y el clientelismo, de una parte, y por la otra parte medidas como asignación de pequeñas tierras, sin abordar los problemas y necesidades fundamentales y sus necesidades. Esos problemas tienen que ver con la categoría de pueblo que ellos tienen, no son simplemente una agrupación humana o cultural. Cuando hablamos con Cristian Dulansky, el SEREMI de Justicia de la región, él nos dijo ‘esta es una región pluricultural, o multicultural, existen “otras colonias”, como la italiana, la alemana y hay que atender sus problemas.’ Pero el problema es no reconocer que este pueblo que no sólo se ha mantenido sino ha ido aumentando, requiere un reconocimiento de su calidad de tal, un reconocimiento de sus tierras ancestrales para conformar un territorio indígena. Están hablando de autonomía. Eso significa que en esos territorios los mapuche puedan tener la posibilidad de decidir el destino político, económico y cultural que quieren tener como nación. Y eso no implica la secesión, sino que el Estado asigne recursos a las comunas para que puedan tomar esas decisiones. Si esto no se resuelve, esto va en un camino sin retorno.”
¿Qué hace el Estado para resolver los problemas del pueblo mapuche?
Manuel Jacques responde:
“El discurso oficial se instala en una lógica en que los mapuches buenos son los que se someten a las políticas de subvenciones (CONADI, Programa Orígenes) y al asistencialismo social y jurídico. Y los mapuche malos son aquellos que defienden la identidad de su pueblo, que consideran que los beneficios que le están asignados no pueden estar condicionados a obtener una personalidad jurídica. Eso puede llevar a una lógica de criminalización por la sociedad respecto de aquellos que no hacen lo que se quiere que hagan.”
Yenive Cavieres agrega:
“Conocimos una denuncia contundente que nos hizo ver que la Iglesia Católica también es parte del conflicto. En Puerto Domínguez una comunidad recuperó tierras, entre ellas una escuela que era de la iglesia y ahora es autogestionada por ellos aunque carece de medios. En Lautaro, familiares de más de 40 desaparecidos mapuche esperan respuesta sobre la identidad de osamentas encontradas al interior de un predio donde antes estaba el regimiento La Concepción. Han permanecido más de un año en el Instituto Médico Legal sin ser identificadas. La Caravana de la Muerte también pasó por Lautaro. Nos dijeron que el actual alcalde de Tolten, Rafael García Felice (sobreseído en un proceso por desaparición) fue comandante del Regimiento La Concepción de Lautaro “.
También la Misión recibió denuncias de torturas a jóvenes de Truf-Truf en la comisaría de Padre las Casas. Se les torturó con electricidad, y se les hizo el submarino seco.

A continuación, citas escogidas del informe:
Un joven de Quepe: “Estamos oprimidos y reprimidos, sin voz, pero luchando con dignidad.”
Un lonko de TrufTruf: “Los períodos de negociación están agotados. La situación sólo puede revertirse con igualdad jurídicamente consagrada, reconocimiento de nuestras instituciones, restitución del territorio y autonomía para las comunidades, consagrando a Chile como un estado Plurinacional.”
Rodrigo Huenchullan, de Temucuicui: “Somos dirigentes pero aparecemos en los diarios como delincuentes. Nos imponen medidas cautelares que nos obligan a ir a firmar en tres y hasta cuatro lugares distintos, uno por cada causa, cada semana o cada 30 días. Si no voy, allanan mi casa, rompen todo y me detienen. Hay familias enteras que están prófugas por eso. Nadie nos escucha cuando hacemos denuncias por el maltrato a ancianas o niños. A veces entran 200 carabineros buscando un solo animal y se llevan lo que quieren. Uno va perdiendo la paciencia. Entran con tanquetas, rompiendo los cercos. Si uno discute, lo acusan de tentativa de homicidio. El intendente, el comandante cubren todo. Hemos sido allanados 15 veces en un año. ¿Qué pasaría si la comunidad respondiera con la misma violencia que están ejerciendo contra nosotros?”
Joven de Tricauco: “Pedimos tierras y ellos sacan las armas. Los testigos sin rostro existen porque el estado les da protección, celulares y dinero a gente pobre para que declare contra nosotros”.
Héctor Llaitul: “La pobreza y la falta de tierras para nuestro pueblo es violencia. Nuestras acciones son contra bienes forestales o materiales, nunca contra la vida, son acciones simbólicas contra propiedades de usurpadores y destructores de nuestro habitat. Los muertos son muertos mapuche. Para nosotros no hay estado de derecho, los comuneros estamos viviendo como en dictadura.”
Patricia Troncoso: “Yo represento solamente la voz que pueden tener las comunidades en conflicto, no represento a las comunidades que se han beneficiado con la limosna de esta suerte de vaca que es el Estado”. “Soy de las personas que han recuperado alrededor de 25.000 hectáreas de tierras usurpadas”.