viernes, agosto 28, 2009

No soy terrorista



Para la justicia y para una parte de la sociedad chilena, Jaime Marileo Saravia es un terrorista, porque un tribunal lo condenó a cumplir una condena de 10 años y un día por el incendio de alrededor de cien hectáreas de pino y eucaliptus del fundo Poluco-Pidenco en el año 2001.

Para su comunidad y para cada vez más chilenos y ciudadanos del mundo globalizado, él es un preso político mapuche condenado en la lucha por la recuperación de sus tierras. Jaime Marileo tiene 33 años, y cayó preso en agosto del 2003, cuando el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, a través de la gobernación provincial de Malleco-Angol, se querelló contra los comuneros utilizando la legislación antiterrorista heredada de Augusto Pinochet. La otra parte querellante fue la poderosa Forestal Mininco.

Es el noveno de los hijos de Lorenza Saravia Tripaillan. Trabaja como campesino en su comunidad de origen, Cacique José Guiñon (ubicada en el sector Pidima, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía) y usa la lombricultura para mejorar el suelo agotado y escaso. Artesano en madera, entre los instrumentos mapuche su preferido es el kullkul, cuya sonoridad arranca de un cacho de buey. Este instrumento de viento se usa para llamar y reunir a los mapuche. Desde agosto de 2008, está con salida de fin de semana y seis meses –como resultado de una prolongada huelga de hambre junto a Patricia Troncoso - había accedido a reclusión nocturna. Poco después, el gobierno obtuvo el ADN de Marileo incorporando sus datos genéticos al registro nacional, inaugurado precisamente con las muestras de los condenados por la tierra, los mapuche. En marzo de 2009, la Corte de Apelaciones de Temuco negó por segunda vez la libertad condicional solicitada por él, su hermano Juan Marileo y Patricia Troncoso. Con estudios de educación básica, Marileo es parte de la nueva generación de jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías de información.Esta conversación la desarrollé por internet, por etapas, desde marzo de este año, pues su acceso a las cabinas que hay en el pueblo más cercano, no es frecuente.

¿Qué le diría a quienes lo califican de “terrorista” y niegan su condición de preso político?

Al Estado, a las empresas forestales, los latifundistas, los políticos de derecha y concertacionistas, y también a las personas desinformadas, le respondo que no soy terrorista, porque no he torturado ni asesinado a nadie para imponer un orden social. Como luchador social, sólo ejerzo el legítimo derecho a defenderme, a reclamar y a protestar por la falta de agua en las comunidades, por la desaparición de los árboles nativos y de hierbas medicinales como el canelo – sin los cuales las machis no pueden seguir existiendo - y por la recuperación de tierras para que el pueblo mapuche se siga reconstruyendo. Me considero preso político porque mediante la llamada “Operación Paciencia”, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar persiguió y reprimió a las comunidades mapuche que estaban recuperando tierras ancestrales doblemente usurpadas, una vez por la llamada “Pacificación de la Araucanía” y después de nuevo, por la dictadura de Pinochet. *. Según la política estatal neoliberal se estaba atentando en contra de la inversión forestal, pero esa inversión realizada en territorio mapuche atenta en contra de todas nuestras manifestaciones culturales y nuestra permanencia como pueblo ancestral.

¿Cómo ve la situación actual en territorio mapuche y cuáles son las perspectivas?
En el presente hay un profundo dolor porque siguen matando a nuestros hermanos. Nos duele la mala política del gobierno y la poca preocupación para resolver los temas de fondo.Eso lleva cada cierto tiempo a situaciones como la que se ha vivido en estos días. Pasó lo mismo cuando mataron a Alex Lemun y Matías Catrileo. Esta nula voluntad política no resuelve los problemas con la aplicación de leyes represivas (ley antiterrorista), encarcelamiento o asesinatos, ya que la rabia se acumula y dan más ganas de seguir reivindicando territorios.

¿Y cómo evalúa los ofrecimientos de diálogo desde el gobierno?

Bachelet dice que debe existir diálogo, pero ella solo dialoga con los inversionistas y latifundistas que están en el territorio mapuche para proteger sus intereses económicos, ejerciendo represión de diferentes formas... ¿Acaso somos nosotros los que ejercimos primero la violencia? Tenemos derecho a la legítima defensa.
Pienso que seguirá pasando lo mismo, porque el modelo económico que existe y se aplica en territorio mapuche no respeta a nada y a nadie, lo único que se respeta es el dinero. Cada comunidad lucha como estima conveniente. Se han buscado las instancias de diálogo y se han dado plazos al gobierno, pero este ha cerrado sus puertas y tampoco ha cumplido sus compromisos.

La reforma constitucional

¿Cuál es su opinión respecto de la Reforma Constitucional que analiza el Parlamento respecto de los pueblos indígenas? ¿Participó en la consulta su comunidad Cacique José Guiñon?

La reforma constitucional es una herramienta más de dominación y va a pasar lo mismo que con la ley indígena, es decir, no habrá ningún respeto a los pueblos originarios cuando se quiere implementar un megaproyecto económico, por ejemplo, Ralco; Pascua Lama; Geiser del Tatio; Mehuin; las nuevas represas, etc. No hemos participado en ninguna consulta y tampoco nos han informado de qué se trata.

¿Puede enumerar las principales irregularidades que marcaron el proceso en el cual usted fue condenado a diez años y un día?

Las pruebas que el Ministerio Público presentó en el juicio fueron diferentes a las presentadas cuando nos investigaron y sin embargo nos condenaron por las pruebas testimoniales presentadas en la investigación y no por las del juicio. Para obtener declaraciones en contra nuestra usaron testigos pagados y protegidos. Nuestros descargos no fueron tomados en cuenta, como si jamás hubiéramos presentado algo a favor nuestro al tribunal. Y la sentencia dictada era la copia exacta del fallo por el cual el mismo tribunal había condenado previamente a los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin. Se vulneraron totalmente derechos humanos básicos como la presunción de inocencia y el derecho a revisión de la sentencia por un tribunal superior. La Corte de Apelaciones de Temuco no revisó el fallo condenatorio como debiera haberlo hecho.

¿Por qué para el tribunal de Angol que lo juzgó a usted, el incendio en Poluco Pidenco fue un hecho terrorista y no lo fue para otro tribunal de la misma ciudad que juzgó a otros comuneros por el mismo hecho?
Pienso que eso fue porque cuando nos juzgaron, Ricardo Lagos Escobar (Capitán Planeta) dio una señal política a la inversión forestal en territorio mapuche, para aplacar las movilizaciones relacionadas a la recuperación de tierras.

¿Cómo evalúa la decisión de los comuneros que el año 2004, cuando se hizo el juicio no se presentaron a tribunales? ¿Cree que sus razones justifican el costo represivo que debieron enfrentar sus respectivas comunidades desde entonces, con permanentes allanamientos?

El juicio del caso Poluco Pidenco fue político, por lo tanto, la decisión de no presentarse a tribunales fue buena porque nunca se comprobó nuestra participación en los hechos y al no presentarse ellos denunciaban la falta de garantías para un debido proceso. Pienso que el costo represivo de las comunidades no fue porque lamieng y pu peñi (las hermanas y hermanos) se clandestinizaron, sino más bien se debió a que el Estado protegió los intereses de la forestal Mininco cuando esas comunidades tomaron la decisión de recuperar sus tierras.

Usted es sindicados públicamente como miembro de la Coordinadora Arauco Malleco. ¿Cuál es el planteamiento de la CAM?

Mi posición de preso político Mapuche no obedece a ningún tipo de militancia, sino más bien solamente, a mi condición de Mapuche de la comunidad José
Guiñón, del sector San Ramón, comuna de Ercilla, que siempre ha
intentado luchar por la autonomía de nuestro pueblo. Descarto
de plano militancia mía en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pese a
mantener respeto hacia su orgánica, por ser parte también de la lucha
del Pueblo Mapuche.

¿Qué ha ocurrido con la demanda que ustedes interpusieron ante la Comisión Interamericana de DDHH contra el Estado de Chile?

Se buscó inicialmente una solución amistosa, pero el gobierno de Michelle Bachelet Jeria no mostró voluntad para ello, por lo tanto, y el caso ingresó a la Corte Interamericana de DDHH. Se demanda del Estado que reconozca su responsabilidad internacional por esta violación de derechos humanos; el cese inmediato y definitivo de la privación de libertad que afecta a Patricia Troncoso, Juan y Jaime Marileo, José Huenchunao. Asimismo el cese de la orden de detención que pesa sobre Juan Millacheo Lican y la garantía de no repetición, es decir, que no se repita la misma situación en otros casos. Se le pide al Estado la modificación de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, de modo que se ajuste a los derechos humanos. También el cese de las inhabilidades generales y especiales contenidas en la sentencia y la eliminación de las anotaciones penales y policiales, así como la eliminación de las huellas genéticas del Sistema Nacional de Registro de ADN.

¿Cómo fue la toma de muestras de su ADN?

Fue un procedimiento arbitrario. No se me informó de que se trataba. Me llevaron engañado a la cárcel de Angol, alrededor de las 24:30 horas del 25 de noviembre del 2008. Me tuvieron en el gimnasio hasta las tres de la madrugada para sacarme recién las muestras biológicas. Sólo me dijeron las personas a cargo: “…cumplimos órdenes del gobierno…”. Me di cuenta de la gravedad de la situación luego de investigar sobre el tema y leer un artículo de un diario donde se anunciaba la aprobación del reglamento de la ley que permite el banco de ADN. Me volvieron a atropellar, me encarcelan injustamente, me dieron beneficios sólo después de las huelgas de hambre ¡y a cambio roban mi ADN! Este procedimiento es un instrumento de control social y de incriminación criminal para el Estado chileno que se colude con EEUU para violar una vez más los derechos de las personas. Buscan lograr que los montajes que acostumbran a levantar en contra de quienes se rebelan en contra de lo establecido sean más objetivos. En particular me pone en situación especial de vulnerabilidad ya que por un período de 30 años bastará con determinar la equivalencia, por ejemplo, del registro genético de un cabello mío encontrado en una comunidad mapuche; en alguna vestimenta o gorro, para incriminarme en hechos ocurridos en la zona o sector aledaño aunque yo no haya participado en ellos.

¿Cuál es su evaluación de la reforma procesal penal y su aplicación en la zona mapuche?

La reforma procesal penal permitió la militarización de las comunidades, autorizando a carabineros a allanar casas y hacer operativos como aquel en que asesinaron a Alex Lemun. Se permitió la aplicación de leyes como la Antiterrorista y Seguridad Interior del Estado. En resumen fue un instrumento de control social en contra del pueblo mapuche.

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* Nota: En 1977 los comuneros mapuche de Tricauco, que formaban parte de un asentamiento de la Reforma Agararia desde los años del gobierno del Presidente Salvador Allende fueron desalojados del fundo Pidenco, siendo quemadas sus casas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol. En una parte del fundo Pidenco (380 hás) fueron parcelados los ex trabajadores del fundo, pero en cambio los comuneros mapuche debieron regresar a la reducción. Entre 1982 y 1986, esas tierras fueron vendidas por el Estado a Forestal Mininco y forman parte de las tierras ancestrales que reivindica la comunidad, Antes del proceso de reducción.el cacique José Guiñon y Antiqueo poseían una superficie total de 12.550 hectáreas. .Hoy los títulos de dominio de esas tierras pertenecen a las forestales Mininco, Arauco, Millalemu, y Cautín, y también a algunos particulares.

miércoles, agosto 26, 2009

Derechos de Obtentores visto por IPS

(foto de Observatorio Ciudadano)
La guerra de las semillas por Daniela Estrada de agencia de noticias IPS

SANTIAGO, agosto (IPS) - Organizaciones ecologistas, de agricultores orgánicos y mujeres indígenas rechazan un proyecto que amplía los derechos de los desarrolladores de nuevas variedades vegetales. El gobierno y las empresas de semillas descartan impactos negativos sobre los pequeños agricultores y la biodiversidad.

El 19 de este mes, 11 organizaciones sociales lanzaron una campaña de recolección de firmas contra el proyecto de ley que regula los derechos del obtentor de variedades vegetales impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.

Detrás de la campaña, denominada "Por la no privatización de las semillas", están, entre otros, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile y la Agrupación de Consumidores de Linares.

El proyecto, que derogaría la ley 19.342, se encuentra en primer trámite en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Según el gobierno, éste permitirá adecuar la legislación chilena a los estándares de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Hoy este país se rige por las normas definidas en 1978 por este Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), al que pertenece desde 1976.

El proyecto define como "obtentor" a aquella persona natural o jurídica que ha creado o descubierto y puesto a punto una variedad vegetal "nueva", "distinta", "homogénea" y "estable".

Los derechos del obtentor, que ahora regirán por 25 años para los árboles y vides y por 20 años para las demás especies, se constituyen a través de la inscripción de la creación en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas.

Entre los derechos establecidos para los desarrolladores figuran los de preparar el material para los fines de propagación, producir material de propagación, vender, ofertar o publicitar dicho material, comercializarlo, importarlo o exportarlo, y emplear repetidamente la variedad para la producción comercial de otra variedad.

El texto señala que los propios obtentores tendrán la obligación de denunciar a quienes infrinjan la normativa, transformándose en especies de "policías".

"El tema aquí es si se puede patentar la vida o no", dijo a IPS Guillermo Riveros, presidente de la Asociación de Agricultores Orgánicos del Bío-Bío. "Nosotros creemos que el proyecto en discusión amenaza la soberanía alimentaria al ir quedando en pocas manos, sobre todo trasnacionales, el material genético" de las variedades vegetales, acotó.

"Chile tiene una ley de propiedad intelectual, la 19.039, que claramente establece que las plantas no son patentables", recordó el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz

"Algunos sectores plantean que con este proyecto se privatizan (las plantas), que se puede obtener propiedad sobre ellas. Bueno, eso es absolutamente errado", respondió ante la consulta de IPS.

"Esta ley no plantea la propiedad sobre las variedades vegetales, lo que establece es un derecho sobre aquellas variedades vegetales que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables y lo hace por un plazo determinado. Después de ese plazo quedan de dominio público", explicó.

El gobierno asegura que los cambios introducidos impulsarán la investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales con lo que se mejorará la productividad de este país sudamericano que aspira a convertirse en potencia agroalimentaria y forestal. También ayudarán a atraer inversión extranjera directa.

Las organizaciones replican que el proyecto está hecho a la medida de las empresas semilleras trasnacionales, que responde a las exigencias del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y que se ha discutido entre cuatro paredes, lo cual es refutado por Ruiz.

Les preocupa, por ejemplo, la forma en que se define a las "variedades nuevas". Como se las asocia a aquellas que no están siendo comercializadas en el mercado, auguran mayores impactos sobre la biodiversidad y las especies nativas del país.

Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, planteó a IPS que bastará introducirle "genes cosméticos" a especies que no están inscritas ni ampliamente comercializadas para que se apropien de ellas.

Si bien el artículo uno del proyecto señala que se protegerá tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales, las organizaciones reclaman que no se especifica la forma en que esto se llevará a la práctica, considerando que Chile ni siquiera cuenta con una ley de biodiversidad.

Para exigir mayores garantías, las organizaciones han tomado como referencia la legislación aprobada en 2008 en Costa Rica, la cual excluye de los derechos del obtentor a variedades protegidas por "derechos intelectuales comunitarios sui generis", estén registrados o no.

Las organizaciones también arguyen que la nueva normativa terminará por hacer dependientes a los pequeños agricultores de las semillas registradas, lo cual tendrá impacto en sus formas de vida y a futuro en el precio de los alimentos. Asimismo, aseguran que dificulta los procesos de mejoramiento genético independiente.

Uno de los artículos que más les preocupa a las organizaciones es el 48, en el cual se establece que el agricultor podrá guardar sólo una parte del producto de sus cosechas de variedades protegidas para resembrar en sus explotaciones, siempre que se trate de papas (Solanum tuberosum L) y de especies que serán incluidas en un reglamento que se dictará posteriormente a la promulgación de la ley.

También tienen que ser cantidades menores a las adquiridas inicialmente a los obtentores o proveedores autorizados.

"El proyecto es un antiguo anhelo de nuestro gremio", dijo por su parte a IPS Erick Von Baer, director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros), quien descarta efectos negativos contra los pequeños productores y la biodiversidad, "porque nadie va obligar a los agricultores a usar las variedades protegidas".

Von Baer asegura que el foco está puesto en las grandes empresas que cometen abusos.

"La nueva ley no sólo está pensada para recaudar fondos para el creador de la variedad (y posibilitar el costoso proceso de desarrollo) sino que también para estandarizar los productos y permitir su trazabilidad" en la cadena productiva, explicó.

La industria moderna de alimentos necesita productos homogéneos y si Chile no cuenta con ellos nunca podrá transformarse en potencia, alegó. Pero las organizaciones dudan de las reales ventajas de las nuevas variedades, puesto que la norma no exige inocuidad ni utilidad. Desde su perspectiva, esto permitirá la expansión de los cultivos genéticamente modificados en el país, tanto para la industria alimentaria como farmacéutica, que consideran tóxica.

Hoy Chile permite la multiplicación de semillas para exportación, pero no la producción para el consumo interno, aunque, paradójicamente, sí se permite su importación. Otro proyecto de ley a estudio en el parlamento, también criticado por las organizaciones, busca liberalizar por completo los cultivos transgénicos.

Con tres por ciento de participación mundial, Chile ocupa el séptimo lugar en la lista de mayores exportadores de semillas del mundo y el primero en el hemisferio Sur. El ranking lo lideran Holanda y Estados Unidos con 16 por ciento de participación.

En Chile, la industria está representada por cerca de 70 empresas, tanto nacionales como internacionales, que multiplican semillas de granos, hortalizas, flores y forrajeras. La expansión del sector está muy asociada a la multiplicación de semillas transgénicas, en especial de maíz, soja y canola (colza), plantea un estudio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del ministerio de Agricultura, publicado este mes.

El mismo documento explica que hoy en el mundo las semillas son "un gran negocio privado, que se materializa a través del establecimiento de sistemas de protección intelectual y la incorporación de la transgenia", es decir la introducción de genes de otras especies para otorgar nuevas características.

Según el subsecretario Ruiz, el gobierno "está disponible para recoger todas las inquietudes de todos los actores involucrados y de la ciudadanía" para mejorar el proyecto. "Nosotros nunca hemos dado por cerrado el debate", dijo a IPS.

Pero la orientación del gobierno es clara. El 17 de este mes inauguró el Centro de Propiedad Intelectual para la Agricultura, el primero en América Latina, que ayudará a las instituciones públicas y privadas de investigación agrícola del país en la gestión y el análisis de este tema. (FIN/2009)

Agregado mío: No te olvides de agregar tu firma en “No a la Privatización de las Semillas”: http://www.thepetitionsite.com/1/noprivaticenlassemillas
Ya van 311 adhesiones, por supuesto la mayoría de Chile y también hay otras almas sensibles en el planeta. Entre las mujeres chilenas que han reaccionado está Francisca Ancarola, cantante de maravillosa voz.

lunes, agosto 24, 2009

Lonko Juan Carlos Curinao interroga a los chilenos



fotos gentileza de Trinchera de la Imagen blogspot.com)

Poco antes de regresar a su comunidad Huañaco Millao, en la comuna de Ercilla, el, lonko Juan Carlos Curinao –que se atendió en la Posta Central de Santiago de una infección provocada por perdigones incrustados en sus dos piernas- , se despidió de Juana Aguilera, de la Comisión Etica Contra la Tortura con estas palabras: “¡Tanto que hablan de la violencia del mapuche y los únicos que han sido muertos y han resultado heridos son los mapuche! ¿Cómo será esto de que la violencia se la hacen los mapuches contra ellos mismos? ¡También inventan que vienen otras gentes a meternos en conflictos! Eso es no querer ver lo que estamos planteando. No necesitamos que venga nadie, porque nosotros tenemos claro cuáles son los derechos que estamos defendiendo y sabemos lo que buscamos: la vida y la tierra. Porque nosotros amamos la vida".

El lonko Curinao es uno de los dirigentes tradicionales que integra la Alianza Territorial Wenteche, impulsora de las recuperaciones de tierras realizadas desde finales de julio. Su comunidad reivindica territorio ocupado por las forestales en los predios Chiquitoy, El Trébol y el fundo El Cielo.

Viajó a la capital buscando calmar el dolor provocado por los perdigones incrustados en sus extremidades luego de ser herido al intentar acercarse para auxiliar al comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por el cabo Miguel Jara Muñoz,de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Este disparó por la espalda a Mendoza y luego los policías siguieron disparando, impactando a Curinao en la parte posterior de sus piernas. A comienzos de julio de este año, este dirigente había viajado a la capital junto a un centenar de lonkos que solicitaron ser recibido por las más altas autoridades de gobierno, recibiendo como única respuesta la represión policial al acercarse al palacio de La Moneda.

Esta vez Curinao viajó a Santiago acompañado por Enrique Pérez, de la Comisión Etica Contra la Tortura de Temuco. Tanto en la región de la Araucanía como en Santiago, esa entidad de derechos humanos –apoyada por la recién constituida filial europea de la Comisión Etica –desarrolla una campaña nacional e internacional de denuncia por los asesinatos de comuneros mapuche y por el fin de la militarización de la zona que protagoniza las recuperaciones de tierras. La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) es una entidad de coordinación de organismos de derechos humanos y de personalidades de reconocida autoridad moral. En Santiago miembros de la entidad coordinaron los esfuerzos para recabar ayuda con médicos y trabajadores de la salud.
Luego de ser tratado, el lonko Curinao reveló que existen otros seis mapuche que también están viviendo los efectos de haber sido baleados con perdigones, pero evitan asistir a los centros de salud para no quedar detenidos.

Acceso a la salud
Además del riesgo real de detención,una dificultad adicional proviene del hecho de que hay mapuche de comunidades apartadas que no han ingresado nunca a los sistemas de atención médica, e ignoran cómo funcionan los sistemas de acceso e inscripción para ser atendidos en condición de gratuidad. No siempre los funcionarios les explican qué deben hacer y qué documentos se requieren para ello.

En el hospital El Salvador de Santiago, el pasado miércoles 19 el personal administrativo no cumplió con las normas esperadas de trato a un paciente con Víctor Benjamín Curinao (24 años, padre de familia), comunero de Wañako Millao quién perdió completamente la visión de un ojo, como producto del disparo de un balín que aún permanece alojado en esa cavidad. Benjamín Curinao se encontraba solidarizando con las familias de la comunidad de Temucuicui, cuando llegó carabineros disparando en medio de gritos y llantos de mujeres y niños. Era la tarde del 29 de julio, y a la misma hora, el subsecretario del interior Patricio Rosende sobrevolaba territorio mapuche en un helicóptero.
Con la agresión perpetrada por un agente del Estado no identificado, el comunero ha quedado prácticamente como discapacitado visual porque en su otro ojo ya tenía un déficit de 30% de visión. Próximamente intentará lograr un nuevo control médico. La primera atención la recibió en el Hospital de Victoria y posteriormente en El Salvador. En la capital, gran parte del tiempo lo ha pasado en las diversas ventanillas de regularización de papeles para la recaudación sin ser atendido. La Comisión Etica ha solicitado la intervención al más alto nivel del Ministerio de Salud para que pueda recibir el tipo de atención médica especializada requerido por su caso .

Palos y piedras contra balas y gases

Juana Aguilera, dirigente de la Comisión Etica Contra la Tortura, sostiene que el Lonko Juan Carlos Curinao les informó que la policía está haciendo uso de armas de largo alcance y que viven una situación de guerra; ellos con sus palos y sus piedras y la policía del Estado chileno, fuertemente armada con sus balas y gases.
“Nos explicó el lonko que los niños están viviendo tiempos muy duros, y que lo único que está logrando el Estado es que la juventud ‘se ensoberbie’ cada día más. El dice que de continuar esta escalada de injusticias, los mayores no lograrán detenerlos”, agregó Juana Aguilera.

El lonko comentó que habían tenido la expectativa de que la Presidenta Bachelet cumpliera su palabra de respetar los derechos de los mapuche de acuerdo al Convenio 169, de acuerdo a lo cual debería haber dado una fuerte señal destituyendo a la Intendenta Nora Barrientos, a los gobernadores de la zona, el general de carabineros Cristián Yevenes, al mando de las fuerzas de carabineros de la región de la Araucanía y al subsecretario del interior Patricio Rosende por su responsabilidad política en los hechos citados.
Acerca del diálogo
Juana Aguilera dio a conocer al lonko la declaración pública emitida por la Comisión Etica Contra la Tortura el 17 de agosto. En ella se plantea: “El llamado al diálogo realizado por la Presidenta de la República debe comenzar con la salida de la dotación policial de la zona y el término de sus ‘cuarteles’ en las propiedades de los latifundistas cuyas tierras el pueblo mapuche reclama. Retomar el diálogo significa desmilitarizar la zona mapuche y establecer una instancia donde personas de reconocida solvencia moral garanticen la real voluntad de diálogo.”
La entidad de derechos humanos declaró asimismo que el brutal asesinato de Mendoza Collío “da cuenta del pleno fracaso de las políticas gubernamentales sobre los asuntos indígenas. Responsabilizamos a las autoridades del Ministerio del Interior de la creciente militarización de los territorios mapuche, del amedrentamiento a su población, los allanamientos, detenciones y torturas con las que han ocultado la inoperancia de las autoridades nacionales, regionales, locales, policiales y políticas frente a un conflicto que no han sabido resolver conforme a los compromisos internacionales contraídos por el Estado chileno en cuanto al resguardo de los derechos culturales y humanos de los mapuche.” Sostuvieron asimismo que los mecanismos utilizados por el gobierno “obedecen a la lógica de la ‘guerra preventiva’, que divide al mundo en amigos y enemigos. En este caso, los mapuche que exigen recuperar sus tierras ancestrales, ahora en manos de empresas forestales, se han convertido en enemigos a quienes por la fuerza y la violencia policial, se les niegan sus derechos.”

sábado, agosto 22, 2009

Suspendida dispersión de presos políticos mapuche



Fue suspendido el traslado de presos políticos mapuche desde la Región del BioBio a diversas zonas del país, según informó el secretario regional ministerial de justicia de la Octava Región, Georgy Schubert, sin que se conozcan hasta ahora mayores antecedentes.
Abogados de derechos humanos que defienden a presos políticos mapuche denuncian que el traslado de los procesados a lugares alejados de sus familias y de los tribunales donde se les procesa, constituiría el regreso de prácticas de tiempos de dictadura cuyo más famoso representante fue el llamado Fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva. La orden del Director Nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez Mardones, en acuerdo con la Fiscalía Nacional y con el visto bueno del juzgado de garantía de Cañete, afectará a Héctor Llaitul, y Ramón Llanquileo, domiciliados en Tirúa quienes serían trasladados a Puerto Montt (cerca de 500 km al sur) y Rancagua (617 km al norte), respectivamente; a José Huenuche, de Cañete, trasladado a Valdivia, y a Luis Menares, de Cholchol, trasladado a Arauco. Asimismo César Parra y Segundo Ñehuei, de Tirúa, serían enviados a Coronel y los comuneros Juan Carlos Millanao y Marco Mauricio Millanao, de Tirúa, a Los Angeles. Los procesados son miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, organización que el gobierno considera como ilícita pese a que una resolución de la Corte Suprema dictaminó lo contrario años atrás.

Violación del debido proceso
Al conocer el negativo resultado de la apelación presentada en Cañete por los abogados defensores Adolfo Montiel y Pelayo Vial, el abogado Alberto Espinoza, que representa a Llaitul y otros comuneros ante la Corte Marcial, consideró que el traslado “constituiría la expresión de un trato inhumano, cruel y degradante; es una medida represiva ajena al debido proceso y a los derechos de los imputados. El aislamiento agrava arbitrariamente la prisión preventiva y es un acto de violencia sicológica e institucional que sólo se podría calificar como terrorismo de estado”.

Los imputados tendrían que cumplir en esas condiciones la medida de nueve meses de “cárcel preventiva” en su doble condición de acusados por la justicia penal (ley antiterrorista) y por la justicia militar. El gobierno chileno negó recientemente ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU la aplicación de la legislación pinochetista, aduciendo que lo hacía sólo ante delitos comunes. Ahora deberá responder nuevamente cargos ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, que había demandado al gobierno chileno la no aplicación de la justicia militar a civiles. Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 16 de octubre de 2008 durante un violento allanamiento al sector Puerto Choque presidido por el Fiscal Mario Elgueta, en el cual miembros de la comunidad se defendieron. El diario El Mercurio calificó entonces el episodio como una emboscada, hecho desmentido entonces por el gobierno y carabineros. Pero ahora la fiscalía adoptó el discurso mercurial a fin de encarcelar a quienes luchan por la recuperación de tierras ancestrales.

Familiares de los mapuche presos en la cárcel El Manzano de Concepción permanecieron junto a estudiantes y amigos venidos desde Cañete, apoyando a los presos y temiendo ser desalojados en cualquier momento del lugar. Pernoctaron bajo la lluvia el viernes 22, en una carpa en las afueras de la cárcel. Juana Raiman y Millaray Garrido, familiares de José Huenuche, Emilia Pilquiman, madre de Ramón Llanquileo y Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul informaron que presentaron un recurso de protección por los hijos de los imputados, entre los cuales está una pequeñita recién nacida –Llancacurra- hija de José Huenuche y Millaray Garrido.

La discriminación judicial
Entre quienes se acercaron a apoyar a los familiares de presos políticos, estaba la hija de Ramón del Carmen Pichún Pichún, un anciano que falleció en junio pasado, luego de ser atropellado por Rodrigo Martínez Walker, abogado asistente de la Fiscalía de Cañete. Martínez, que conducía aparentemente en estado de ebriedad, fue suspendido de sus funciones pero lo defiende el jefe de la Defensoría Pública de Cañete. En conversación con esta periodista, la reflexión de los familiares apuntaba a comparar que en la formalización del abogado por un hecho que cobró la vida de un anciano mapuche, sólo se le aplicó como medida cautelar la suspensión de la licencia. En cambio, los presos políticos mapuche, imputados por un hecho que no cobró vida alguna no sólo deberán cumplir nueve meses de “prisión preventiva” sino lo harán lejos de sus seres queridos y de los abogados defensores. Para los familiares, si ello ocurre constituye una muestra clara de racismo judicial.

Sin embargo, no es la primera oportunidad en que se aplican en democracia estas medidas con luchadores sociales mapuche. Miguel Tapia Huenulaf, domiciliado en Santiago, Andrés Gutiérrez Coña, cuya familia también es de la capital y Waikilaf Cadin Calfunao, de Temuco, todos ellos procesados bajo ley antiterrorista, fueron trasladados al módulo de alta seguridad de la cárcel concesionada de Llancahue, Valdivia, más de 800 km al sur de Santiago. En el caso de Andrés Gutiérrez, estudiante de tercer año de agronomía de la Universidad Católica de Temuco, la prisión preventiva se extiende por once meses.

En huelga de hambre
Por su parte los presos trasladados desde El Manzano anunciaron en comunicado público que continuarán la huelga de hambre iniciada el 18 de agosto, en cada uno de los penales a donde sean llevados. El pasado viernes, los imputados fueron sacados a la fuerza de la cárcel de El Manzano ya que se resistieron a presentarse ante el tribunal. Según denuncia de sus familiares, fueron golpeados y arrastrados por el cemento y eran visibles los hematomas en sus rostros que también mostraban los efectos del gas lacrimógeno.

La jueza de familia de Cañete, Carmen Seguel, subrogante en el juzgado de garantía por vacaciones de su titular, fue quien presidió el tribunal que refrendó el traslado, un fallo calificado como “discriminatorio y racista” por los familiares, que expresaron también que la magistrada a cargo de velar por la infancia, se negó a proteger los derechos de niños y niñas mapuche.

35 casos con ley antiterrorista
Al anuncio del traslado de presos se suman los constantes allanamientos en la zona en conflicto, elevándose a 87 el número de presos políticos y/o procesados del pueblo mapuche con las últimas detenciones en la comunidad Pascual Coña y en Puerto Choque, enclavadas en un área de interés forestal y minero para los grandes conglomerados económicos.
En 38 casos cumplen prisión efectiva en distintas cárceles del sur los comuneros procesados o sentenciados. En los últimos dos años, en 23 oportunidades se ha comprobado la falsedad de las acusaciones iniciales, que han formado parte de montajes político- judiciales y los comuneros han sido absueltos o bien se ha debido dejar de lado los cargos más graves. En 35 procesos se ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Trasladada a Santiago desde la cárcel de Angol, Mireya Figueroa, una de las mujeres mapuche presas políticas, sufre de un cáncer que la tiene al borde de la muerte. Aun no ha sido llevada a juicio.
Ningun carabinero ha resultado muerto al repelir las recuperaciones de tierras, cuando los mapuche utilizan piedras y boleadoras. Sin embargo a la fecha tres jóvenes comuneros, Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza, han sido ultimados por miembros de esa fuerza policial.

jueves, agosto 20, 2009

¡Firma contra la ley que privatiza la semilla!


Llamamos a defender los derechos ancestrales de los campesinos/as a disponer de sus cosechas y de las semillas nativas. Estamos en contra de la liberación de los transgénicos y por la agricultura orgánica y/o biológica-dinámica.
Firma ingresando en: http://www.thepetitionsite.com/1/noprivaticenlassemillas

Te invitamos a adherir con tu firma al rechazo del proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales que está en discusión en el Parlamento de Chile por las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Defendemos así los derechos ancestrales de los campesinos a disponer de sus cosechas y de las semillas nativas. Estamos en contra de la liberación de los transgénicos y a favor de la agricultura orgánica y/o biológico-dinámica y de sus productos saludables. Rechazamos la privatización del conocimiento y de nuestro patrimonio en beneficio de las transnacionales.
La iniciativa permitirá la expansión de los cultivos transgénicos y los farmocultivos, lo que significará la contaminación de los cultivos convencionales y orgánicos, como ha ocurrido en otros países, y avalará la represión de campesinos por policía privada de las transnacionales. Creará dependencia del agricultor respecto de semillas registradas por los obtentores, agravando la pérdida de la variedad de los alimentos.

Habrá nuevas alzas del precio de los alimentos, porque toda la semilla registrada tendrá que ser comprada a las grandes empresas transnacionales y sus filiales locales que operan el mercado de semillas transgénicas y agroquímicos.

La iniciativa vulnera gravemente nuestra soberanía alimentaria, fomenta la pérdida de variedades de semillas, y la dependencia de empresas extranjeras propietarias de los derechos de obtentores, que controlarán la comercialización, la importación y la exportación de las semillas, esquejes y frutos.

Las semillas son la base de nuestra agricultura, del conocimiento y de la seguridad alimentaria, herencia de nuestros antepasados y derecho de las generaciones presentes y futuras. La vida no se patenta.

Impulsores:
Asociación de Agricultores Orgánicos de BioBio
Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH
Asociación de Agricultura Biológica-Dinámica AG
Agrupación de Consumidores Conscientes de Linares
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Fundación con Todos de Chiloé
Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé
CETSUR
GRAIN


Firma ingresando en: http://www.thepetitionsite.com/1/noprivaticenlassemillas

sábado, agosto 15, 2009

Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL GRUPO DE TRABAJO POR DERECHOS COLECTIVOS – GTDC

El Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC) frente al asesinato
de un comunero Mapuche en el marco de procesos de recuperación de
tierra, declara:

1. Las comunidades en conflicto realizan -desde hace años-,
tramitaciones en el sistema burocrático de Conadi y han solicitado
mecanismos de diálogo y participación encabezadas por sus Autoridades
Tradicionales. Como única respuesta la Moneda cerró sus puertas e
insistió en la militarización de sus territorios.

2. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado chileno
trabajar en la demarcación de las Tierras antiguas que son reclamadas.
El Gobierno, sin embargo, ha negado y violentado sistemáticamente los
Derechos de Tierras de las Comunidades y ha impuesto políticas que
alteran la perspectiva socio-cultural.

3. Chile no puede seguir amparando asesinatos por uso excesivo e
inadecuado de sus fuerzas policiales, menos legitimar acciones brutales
y de lesa humanidad. Nuevamente un Mapuche es asesinado por la espalda
por agentes policíacos del Estado.

4. El Estado chileno debe cambiar su actual legislación militar y casos
como estos deben ser resueltos por tribunales civiles. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos mantiene una sentencia obligatoria en
ese sentido al Estado quien debe acatar e implementar a la brevedad
dicha resolución.

5. El Gobierno debe reconocer las graves falencias de CONADI respecto a
las políticas de compra de tierra y es de su exclusiva competencia
implementar los cambios politico-administrativos que urgen.

6. Es urgente que se dé admisibilidad a la reclamación de tierras
ancestrales. Recordamos que esto es lo que corresponde según los
estándares internacionales imperantes.

7. El Gobierno debe aumentar el presupuesto para satisfacer las
demandas de Tierras ancestrales frente a la reducción, emigración y
empobrecimiento. Las Tierras que se reclaman son parte de territorios
usurpados por el estado chileno y deben reconocerse como tales.

8. Por último, hacemos un llamado a la solidaridad y unidad en la acción
para exigir que se ponga freno a la represión estatal a las Comunidades
y sus legítimas protestas y demandas, como asimismo, para que se reparen
los Derechos de las Comunidades y las vastas extensiones territoriales
amenazadas por nefastos proyectos de inversión, como hidroeléctricas,
forestales, celulosas y mineras, entre otras, se retiren de las Tierras
ancestrales.


Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos
Wenumapu, Agosto 14, 2009

viernes, agosto 14, 2009

Denegación de Justicia: 12 casos fichados


En la foto, Jacqueline Binfa, asistente social, Lista de los 119. La Corte Suprema (en enero de 2009) absolvió a todos los criminales que la secuestraron y desaparecieron en el marco del montaje que la DINA denominó Operación Colombo.
Incluyendo las sentencias sobre los casos de José Carrasco, Jacqueline Binfa, los desaparecidos de Palena y la operación Retiro de Televisores, ya reseñados en mi nota anterior, en 2008 y 2009, al fallar causas de derechos humanos la Corte Suprema ha aplicado en doce oportunidades la media (o total) prescripción, favoreciendo a condenados por delitos de lesa humanidad y marcando un claro retroceso en cuanto a su respeto al derecho internacional de derechos humanos. El tribunal permanece incólume ante las críticas formuladas por el mundo de los derechos humanos y sectores académicos. Nada han dicho al respecto la presidenta Michele Bachelet ni los miembros de su gabinete, locuaces cuando se trata de comentar las sentencias que afectan a comuneros mapuche.
Registro de casos
Un seguimiento de los fallos de la Corte Suprema en materia de derechos humanos, que hice para el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, permite establecer un registro preliminar de casos de denegación de justicia en el bienio en curso.
A comienzos de 2009, en enero, la Corte Suprema benefició a los asesinos del dirigente del MIR Jecar Nehgme, con libertad vigilada. En marzo en los casos de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria, militantes comunistas, la sentencia definitiva revocó el fallo original, aplicando la media prescripción y dejando en libertad condicional al criminal Carlos López Tapia, ex jefe de Villa Grimaldi..
También ese mes, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia de la jueza Emma Díaz contra los responsables de masacrar a 31 campesinos en Osorno (caso Rahue III, 1973). En lugar de prisión perpetua para Adrián José Fernández Hernández, responsable de 15 secuestros, se le condenó a él y a otros cuatro criminales en serie a veinte años. La Corte además absolvió a seis condenados por la jueza y dejó libres a los restantes quince sujetos.
En 2008 se iniciaba esta tendencia. En diciembre de ese año, la Corte Suprema recusó la sentencia dictada en el caso de las desapariciones de Ivan Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere, reemplazándola por la media prescripción Los directivos de la DINA recibieron sentencia de cuatro años con beneficios de libertad vigilada. En noviembre el alto tribunal había sentenciado a Ricardo Lawrence Mires (ex coronel de carabineros) a tres años por el secuestro y desaparición de Ariel Santibáñez Estay. Así el ex DINA, empresario distribuidor de camarones, sigue disfrutando de libertad.
En septiembre de 2008 la sentencia definitiva rebajó las condenas de los responsables de la matanza de 15 campesinos en Liquiñe, liberando al ex coronel Hugo Guerra Jorquera y el empresario Luis García Guzmán.
Ese mismo mes, la Corte Suprema falló la libertad condicional para los cinco agentes de la CNI responsables del homicidio de Fernando Vergara, de la emisora clandestina Radio Liberación, en 1984. Asimismo, en mayo de 2008 por sentencia definitiva quedaba libre Julio Alarcón Saavedra, oficial de la Armada, el único imputado por el homicidio calificado del estudiante Constanzo Vera en el Fuerte Borgoño.
En todos estos casos, el bien jurídico afectado es la vida, y la sentencia, reiteramos, es de una inefable levedad.

Libres los asesinos de Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera y bajas penas para asesinos de Pepe Carrasco






El 13 de agosto de 2009, transcurridos 23 años de uno de los episodios criminales más atroces del repertorio de dictadura, los ministros de la Corte Suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Juan Araya y Carlos Künsemüller rebajaron en forma considerable las sentencias de Alvaro Corbalán y otros agentes de la CNI que ejecutaron al periodista José Carrasco Tapia y al publicista Abraham Muskatblit Eidelstein. Al mismo tiempo dejaron en libertad condicional a los autores de las ejecuciones del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo. Los cuatro homicidios ocurrieron bajo estado de sitio en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, y fueron la respuesta de la policía secreta de Pinochet a la fallida emboscada del 7 de septiembre contra el dictador.

Quienes ejecutaron al profesor Vidaurrázaga, también militante del MIR –e hijo de la ex jueza María Manríquez ,– y al ex funcionario estatal Felipe Rivera, militante comunista, caminarán libres y tranquilos por las calles y podrán leer en los periódicos que hoy en Chile los “terroristas” están presos, son perseguidos o incluso muertos: son mapuches, los nuevos presos políticos del Estado chileno. No dirán los diarios que en las comunidades se sabe que Jaime Mendoza Collío fue ejecutado ayer por un carabinero con un disparo por la espalda, y no en una emboscada como dice la version oficial. La televisión les informará ampliamente a los criminales y al país de la ardua labor de la fiscalía y de las fuerzas especiales desplegadas en el sur como en dictadura, para enfrentar con balas y gas lacrimógeno la lucha por la tierra que libran hombres, mujeres y niños con palos, piedras y boleadoras.
Incumplimiento del Estado
El más alto tribunal chileno da así una señal a la sociedad de cómo opera la justicia, y retoma la huella de impunidad que abriera en dictadura En los dos últimos años algunas de sus sentencias han favorecido a criminales de la CNI - la Central Nacional de Inteligencia del régimen dictatorial – mediante la rebaja de penas, por la vía de aplicar la media prescripción o la prescripción total. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple así sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La proporcionalidad y pertinencia de las sentencias, respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos es uno de los requerimientos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas materias.

El menú supremo
Álvaro Corbalán Castilla, jefe de operaciones de la CNI, que de acuerdo a la prolongada investigación judicial debía enfrentar 18 años de presidio por planear estos crímenes, vio rebajada su condena a 12 años. La Corte de Apelaciones había confirmado las sentencias de trece años de presidio para Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz, pero la Corte Suprema en cambio condenó a sólo 7 años a los autores materiales de los homicidios del editor internacional de la revista Análisis y dirigente del MIR, José Carrasco y de Abraham Muskablitt, dirigente del Partido Comunista. Con la benevolencia del alto tribunal, quedan además en libertad condicional los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, cuya sentencia a 8 años de prisión efectiva como autores del homicidio del también miembro del MIR, profesor Vidaurrazaga había sido previamente confirmada en segunda instancia.

Hay más impunidad en el supremo menú dado a conocer oficialmente. Pedro Guzmán Olivares y Gonzalo Maas del Valle, autores del homicidio de Felipe Rivera salieron en libertad, al rebajarse de 8 a 5 años sus condenas. Los ex agentes Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López, y José Ramón Meneses Arcau, habían recibido del ministro Haroldo Brito - que redactó las sentencias originales - condenas de prisión efectiva. Pero al igual que los ya nombrados, tendrán ahora sólo cinco años de pena remitida, en lugar de cinco años y un día, que les hubieran significado cumplir la sentencia en prisión. Este tipo de fallos contradicen no sólo el derecho internacional en derechos humanos sino también la jurisprudencia de la propia Corte.

En total, once culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, quizás para que haya más espacio para encarcelar a jóvenes mapuche y luchadores sociales cuyas demandas son criminalizadas por la nueva justicia penal chilena y requeridos desde el ministerio del interior y el gobierno en general.

Libres los exhumadores
El mismo día que se dio a conocer esta sentencia final, largamente esperada por los defensores de derechos humanos y los periodistas, la Corte Suprema dio a conocer otras dos sentencias definitivas igualmente aberrantes. No hubo cárcel para ninguno de los altos oficiales y subalternos involucrados en el delito de hacer desaparecer por segunda vez a desaparecidos, trasladando los cuerpos desde el campo militar de Peldehue para ser arrojados al mar y ocultar la evidencia de sus crímenes. Los nueve ex uniformados recibieron como pena 270 días de prisión remitida por su rol en la denominada “Operación Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet .
La tercera sentencia definitiva dada a conocer el 13 de agosto es por la desaparición de Rubén Alejandro Velásquez Vargas y el homicidio de José Esaú Velásquez Velásquez, el 5 de octubre de 1973 en el sector de Lago Yunque, provincia de Palena, Región de Los Lagos. Los criminales recibieron penas remitidas de tres años y un día. En su pueblo de origen, seguramente muy pequeño, los hijos y nietos de Rubén y José seguirán cruzándose en la calle con los asesinos.
No estamos sin embargo ante sentencias excepcionales.

Otra de Ballesteros y Segura
En enero de 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción y absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago, uno de los 119 secuestrados en la Operación Colombo. El fallo dictado por el ministro Solís y ratificado por la Corte de Apelaciones fue anulado por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, con los votos en contra de los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetsch.
La sentencia anulada condenaba a 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, y a diez años a los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez., quienes cumplen penas por otros crímenes similares.

Incluyendo las tres sentencias reseñadas al comienzo de esta nota, en 2008 y 2009, al fallar causas de derechos humanos la Corte Suprema ha aplicado en doce oportunidades la media (o total) prescripción, favoreciendo a condenados por delitos de lesa humanidad y marcando un claro retroceso en cuanto a su respeto al derecho internacional de derechos humanos. El tribunal permanece incólume ante las críticas formuladas por el mundo de los derechos humanos y sectores académicos. Nada han dicho al respecto la presidenta Michele Bachelet ni los miembros de su gabinete, locuaces cuando se trata de comentar las sentencias que afectan a comuneros mapuche.

Deudas de la justicia
El 24 de julio de 2009 se cumplieron 34 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como “Operación Colombo”, otro compendio de crímenes escalofriantes de la dictadura. Pero sólo en diez de los 119 casos de desapariciones hay sentencia definitiva contra el ex director de la DINA, Manuel Contreras y sus subordinados y notablemente, la prescripción sólo se aplicó en el citado caso de Jacqueline Binfa. Las sentencias definitivas que en cambio significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. La sentencia definitiva más reciente se dictó en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA, en un fallo marcado por una composición diferente de la segunda sala penal que ve los casos de derechos humanos.

En abril de 2009 la Corte Suprema informó por su parte que 369 de todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 aún están en desarrollo. Un 65% de ellas todavía se encuentra en la etapa de sumario o investigación. No hay cifras actualizadas sobre el total de sentencias definitivas. Casos como las sentencias definitivas por casos como la Operación Albania y el homicidio del ex Comandante en jefe del Ejército, General Prats y su esposa representan al sector de la Corte Suprema que respeta la doctrina internacional de derechos humanos.

La tendencia aquí denunciada no contribuye al avance de las investigaciones y procesos pendientes, pues por consideraciones de “economía procesal” algunos jueces y/o ministros podrían desistir de investigar a fondo, puesto que no se están respetando los resultados de sus pesquisas, al instaurarse una falsa “justicia con clemencia” más preocupada de los victimarios que de las víctimas. Asimismo, los tribunales de segunda instancia pueden seguir el camino de sus superiores.



Racismo judicial
En cambio, al 31 de julio de 2009, por supuestos delitos de incendios que no han cobrado vidas, cumplían prisión efectiva 32 mapuche o activistas de esa causa, en recintos ubicados en Los Angeles, El Manzano (Concepción), Lebu, Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco, e Isla Teja (Valdivia). Algunos de ellos han sido condenados a diez años de prisión, por la ley antiterrorista. Las organizaciones mapuche que velan por los derechos colectivos de su pueblo consideran que esto es también racismo y discriminación judicial y socio-ambiental y así lo están planteando a estas horas en Ginebra ante la Comisión que ve el tema y examina al Estado chileno, representado por la ministra de MIDEPLAN Paula Quintana. La Delegación mapuche la integran Francisco Vera, Werken de la Mesa Mapuche, Manuel Curilen, vocero de las familias afectadas por Racismo Ambiental, Mauricio Peñailillo, de la Red de Ambiental de Temuco, Blas Pantel, del Observatorio Ciudadano, y Andrea Calfunao, de la Comunidad Juan Paillalef de Cunco. Durante la semana han realizado diversas gestiones en la ONU reuniéndose con Expertos y Relatores. Para ellos será clave la participación el día 14 de agosto en los que se realizará el examen oficial de Chile respecto del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por el Comité de Eliminación de Discriminación (CEDR) de las Naciones Unidas.

jueves, agosto 13, 2009

De un tiro por la espalda murió comunero Mendoza Collio




En la foto, de Mapuexpress, Jaime Mendoza Collio, uno de los mapuches "invisibles" para el gobierno cuando piden diálogo. Se hacen visibles para balearlos cuando luchan por la tierra.

Los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del comunero muerto, Jaime Mendoza Collío, indican que el disparo que le quitó la vida fue realizado por la espalda, pero la bala se alojó en el tórax. Esta información está ratificada por el examen realizado en el Servicio Médico Legal de Angol.
Los peritajes realizados por la Brigada de Homicidios de la PDI, indican que el arma fue una pistola semi-automática de 9 mm, disparada por el Cabo Primero de Carabineros, Miguel Jara Muñoz.
La situación del carabinero se complica porque la forma en que se ingresó el disparo agrega 1 grado en la pena que podría recibir
Fuente: Radio Bio Bio

miércoles, agosto 12, 2009

Carabineros asesina a comunero mapuche en cercanias de Angol

Fuente: Azkintuwe
Un comunero mapuche resultó muerto luego que un efectivo de Carabineros le disparara en las inmediaciones del fundo "San Sebastián". El comunero recibió el disparo de una pistola 9 mm mientras participaba de la recuperación del fundo, propiedad del empresario agrícola Sergio Gonzales Jarpa. Por el momento, se desconoce su identidad.

Pedro Cayuqueo - Temuko, Wallmapu - 12/08/09


Un comunero mapuche resultó muerto esta tarde tras ser baleado por un efectivo de Carabineros, luego que un grupo de familias pertenecientes a la comunidad Requén Pillán de la comuna de Ercilla, se tomaron el fundo San Sebastián ubicado a unos 12 kilómetros al poniente de Collipulli. El comunero, quien participaba de la recuperación territorial, recibió el disparo de una pistola 9 mm cuando resistía la arremetida policial.

El hecho se registró en el contexto de un desalojo por parte de Carabineros que encabezaba el prefecto de Malleco, coronel, Iván Bezmalinovic. La acción ocurrió luego de que el tribunal de Angol autorizara el desalojo del predio perteneciente al particular Sergio González Jarpa, quien ayer denunció el anuncio de las familias mapuches de ocupar el fundo, ello en el sector Colonia Manuel Rodríguez.

Según declaraciones de Cristián Llévenes, General de la IX Zona de Carabineros, en el operativo habrían participado personal de Fuerzas Especiales, incluyendo un piquete de miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) proveniente de la Región Metropolitana "para apoyar en terreno" los operativos que se desarrollan en diversas zonas de conflicto territorial.

El autor del disparo, reconoció Llévenes, fue un funcionario policial proveniente de Santiago, quien arribó a la zona en marco del incremento de la dotación policial en Wallmapu ordenada por el Ministerio del Interior. El alto oficial calificó como un acto de "defensa propia" el crimen del comunero, denunciando haber sido atacados con escopetas los efectivos policiales. Sin embargo, según informó Radio Bio Bio los integrantes de la comunidad se encontraban solo con boleadoras y palos haciendo frente al desalojo.

A esta hora se despliega un amplio operativo policial en la zona que incluye a efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI y al lugar concurre el fiscal del Ministerio Público Luis Chamorro. Se espera que en los próximos minutos, autoridades de la zona se refieran al hecho.

Movilizaciones por tierras

La recuperación del Fundo San Sebastián se enmarcó en las movilizaciones que la Alianza Territorial del Pueblo Mapuche viene desarrollando en el País Mapuche desde el pasado 24 de julio. Las comunidades, de las zonas wenteche, lafkenche y pewenche, tomaron la decisión de iniciar un proceso de movilización progresiva, orientada a la recuperación de sus espacios territoriales inmediatos e históricamente demandados como propios ante empresas forestales y propietarios particulares. Este proceso ha sido encabezado por el Gizol Lonko, Juan Catrillanca Antin, de la comunidad Temucuicui, comuna de Ercilla.


www.azkintuwe.org

lunes, agosto 03, 2009

Lista de montajes contra mapuches 2008/2009


En la foto, Jaime Huenchullan Cayul y Julio Cayhuan Nahuelpi, absueltos luego del montaje.
Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio además de los comuneros de la foto, Victor Queipul Huaiquil, y los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).

Esta es una síntesis de la investigación que realicé sobre cada uno de estos montajes, a partir de la absolución judicial o el cambio de graves medidas cautelares por otras menores.
1.- Jaime Huenchullan Cayul, werken de la asediada comunidad de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla. Se entregó voluntariamente el 18 de septiembre de 2008 por encontrarse gravemente enfermo. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el ex juez Juan Guzmán para que cesara la tortura inflingida en prisión, donde se le mantuvo inicialmente engrillado y con trato inhumano. Fue formalizado entoncees por incendio del fundo de René Urban, vecino de su comunidad. El 1º de junio de 2009 comenzó el juicio oral en Angol y fue absuelto de los cargos. El 4 de abril de 2009 había sido absuelto de otras acusaciones. Todo el tiempo que duró la investigación - casi nueve meses - se le mantuvo en prisión preventiva. Durante el período de prisión, él anunció su decisión de renunciar a la nacionalidad chilena para hacer valer sus derechos como miembro de un pueblo originario, según los tratados internacionales.
2.- Julio Cayhuan Nahuelpi, de la comunidad Autónoma de Temucuicui. Se entregó voluntariamente el 20 de octubre de 2008. Denunció haber sido sometido a tortura en la Comisaría de Collipulli e Investigaciones de Angol al entregarse. Se le acusó de incendio de propiedad de René Urban. El juicio oral se inició el 1º de junio en Angol. La Fiscalía pedía 15 años de prisión por incendio de un camión, 10 años por incendio de avena y 100 días por lesiones de Urban. El juicio oral tuvo lugar el 1º de junio en Angol y fue absuelto de todos los cargos.

El Ministerio Público pidió la anulación del juicio oral que absolvió a Jaime Huenchullán Cayul y a Julio Cayhuán Nahuelpi, imputados de cometer un ataque incendiario contra el fundo "La Romana", del agricultor René Urban.

3.- Víctor Enrique Queipul Huaiquil, werken de la Comunidad de Temucuicui. Se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantia de Collipulli, quedando detenido el 18 de abril 2008. Había estado en prisión preventiva anteriormente y fue absuelto en la demanda por agresión presentada por Jaime Andrade, ex director de CONADI. Desde noviembre de 2006 y por más de cinco meses debió cumplir con medidas cautelares que lo obligaban a firmar cada 15 días en la tenencia de Ercilla. Su juicio había sido aplazado en diez oportunidades. El 4 de noviembre de 2008, luego de siete meses de prisión preventiva, fue absuelto de los cargos de supuesta agresión contra el ex director de CONADI.

4- Rodrigo Huenchullan Cayul, comunidad autónoma de Temucuicui. Acusado de incendio y amenaza contra René Urban. Estuvo cuatro meses preso en la cárcel de Victoria, después de entregarse voluntariamente en diciembre de 2008 en medio de un clima de aumento de la represión y de la violencia interna azuzada por CONADI al interior de la comunidad. El 4 de abril fue absuelto de otros cargos presentados por René Urban. Quedó libre el 20 de mayo de 2009, a la espera del juicio simplificado que tendrá lugar el 25 de junio y enfrenta una posible condena a 541 días por “amenaza” –el único cargo que se mantuvo - y que ya estarían abonados por el tiempo que pasó en prisión.

5 , 6 y 7.- Los hermanos Omar Huenchullan Cayul, Felipe Huenchullan Cayul, y José Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui resultaron absueltos el 4 de abril de las acusaciones de desorden público que se les hicieron por hechos ocurridos en agosto de 2006, donde por la prensa se acusó a la comunidad de obstaculizar el paso de un contingente policial que arreaba un piño del dueño del fundo vecino, de René Urban. En ese momento ambos participaban de una reunión con una periodista española en la que denunciaban la represión policial de la que es víctima la comunidad. Queipul fue acusado posteriormente de robo con intimidación, amenazas, daños y maltrato animal contra miembros de la comunidad Ignacio Queipul el 19/11 de 2008.

8.- Héctor Llaitul Carrillanca, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, imputado por incendio y porte ilegal de armas. Fue detenido el 22/ 02/07 en Concepción después de vivir 4 años en la clandestinidad. También se unió a la huelga de hambre de Patricia Troncoso el 10 de octubre 2007 hasta el 30 diciembre. La única prueba en su contra era el testimonio inicial del comunero Roberto Painemil, quien lo inculpó bajo tortura. (ver Denuncias de Comunidades en Informe Junio de 2008, Comisión Etica Contra la Tortura). La fiscalía pedía para él una pena de 9 años. Se le negó siempre la libertad bajo fianza. Pero el 3 de junio de 2008, defendido por un equipo encabezado por Juan Guzmán Tapia, fue absuelto de todos los cargos en el juicio oral realizado en Temuco, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad el 25 de julio de 2008. El 15 de julio de 2009 fue detenido nuevamente, en casa de su madre, acusado por el Fiscal exclusivo de la causa mapuche, Mario Elgueta como “autor intelectual” de una supuesta emboscada en Tirúa. Se trata de un enfrentamiento de comuneros con la policía, ocurrido durante un inesperado allanamiento en que estaba presente el propio Fiscal, quien resultó herido leve.
9.- Roberto Carlos Painemil Parra, 35 años, comunidad Yeupeco Vilcún (la comunidad de origen de Matias Catrileo). En diciembre de 2006 fue detenido por civiles paramilitares armados. Es golpeado, amenazado y torturado por civiles y carabineros. Estuvo más de 1 año en prisión preventiva, solo en diciembre de 2007 declaró ante un tribunal. Su defensa la asumió el ex Juez Juan Guzmán quien declaró que la acusación de incendio de material perteneciente a la empresa forestal Mininco en diciembre 2006 era un montaje. Fue absuelto del cargo de incendio en juicio oral el 3 de junio de 2008 en Temuco y condenado a 541 dias (ya cumplidos) por una acusación menor. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia absolutoria el 25 de julio de 2008.
10.- Lonko Avelino Meñaco, acusado de participar en quema de cabañas en LleuLleu el 12 de octubre de 2007. La Corte de Apelaciones revocó su libertad condicional concedida inicialmente por el tribunal. Tuvo como defensor al ex Juez Juan Guzmán, y resultó absuelto el 22 de abril de 2009 en juicio oral en Cañete, luego de pasar 4 meses en prisión preventiva.

11, 12 y 13.- Erik von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández y Alex Daniel Bahamondes Garrido fueron acusados del incendio de dos camiones en el puente Chamichaco, comuna de Ercilla. El hecho ocurrió el 4 de enero de 2008, dos días después del asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo. La defensa presentó testimonios, fotos y videos en los que se ve a Juan Medina y Erik von Jentschyk en el velorio del joven mapuche a la hora que ocurrieron los hechos investigados. Se mostraron fotos en que Alex Bahamondes participaba de una marcha en Osorno el día 4 y de eventos familiares a lo largo del día. El Ministerio Público buscaba que los jóvenes fueran condenados a siete años y seis meses de presidio pero los tres activistas de la causa mapuche fueron condenados a 3 años y un día de libertad vigilada., la sentencia más baja que podía aplicarse. Ello indica que el tribunal no aceptó la mayor parte de las imputaciones de la fiscalía. Alex Bahamondes Garrido, descendiente de huilliches había sido detenido en San Pedro Viejo (Región del BioBio) el 11 de enero de 2008. Juan Bautista Medina Hernández, ingeniero forestal, miembro de la red de apoyo de las Comunidades Mapuche en conflicto de Concepción, fue detenido el 11 de enero en su domicilio, perdiendo de inmediato su trabajo. Erik von Jentschyk Vergara fue detenido el 20 de enero en Valdivia.
14, 15 y 16.- Absueltos de las acusaciones de incendio de un camión resultaron los hermanos Juan Martín Toro Ñanco y Leonardo Patricio Lican Ñanco, que fueron detenidos el 2 de mayo de 2008 en su comunidad, Newen Mapu José Millacheo de Chequenco junto a otros cinco comuneros, como autores del incendio de un camión de la empresa forestal Lascar en el sector Pidima, Ercilla, el 26 de abril de 2008. El fallo absolutorio se pronunció el 9 de marzo de 2009. Ellos habían pasado varios meses en la Cárcel de Temuco y luego accedieron a medidas cautelares de firma periódica.
Luis Millacheo Ñanco detenido junto a ellos, fue condenado a 5 años y un día, mientras que Andrés Lican Lican y Juan Bernardo Lican Melinao fueron condenados por la justicia chilena a cuatro años como autores de “robo con intimidación” y no del incendio por el que ya habían sido condenados por los medios de comunicación y el gobierno local los ocho detenidos. Presidió el tribunal el juez Andrés Villagra. El juicio duró 9 días, fracasando los fiscales en su empeño de encarcelar a a todos los comuneros. Esta instancia había procesado a ocho comuneros, pero tres de los procesados, José Millacheo Ñanco y José Millacheo Marin Fernando (detenidos el 2 de mayo de 2008, en la comunidad Newen Mapuche José Millacheo de Chequenco), y Enrique Millacheo Marín (detenido el 21 de noviembre en Contulmo) decidieron no presentarse a lo que consideraron un juicio viciado. José Millacheo Ñanco es hijo del lonko Ciraco Millacheo, quien permanece en la clandestinidad pues fue condenado en el caso Poluco Pidenco por la ley antiterrorista.
La condena se logró con la declaración de dos testigos protegidos, sin rostro, sumados a los peritajes de carabineros presentados por los fiscales Miguel Angel Velásquez y Alberto Chifelle, y los querellantes del gobierno y de la empresa Forestal Lascar. Según declaración de protesta de la comunidad estos carabineros son “los mismos que se han destacado por el trato especial hacia nuestro Pueblo Nación Mapuche, los mismos que allanan nuestras casas golpeando mujeres, ancianos y nuestros hijos, disparando y tratándonos de ‘indios’, encañonado a nuestra gente con sus armas de servicio, los mismos que asesinaron a Alex Lemun y Matías Catrileo.”
La Comunidad de Chequenco lleva más de una década manteniendo el control territorial sobre el fundo Chiguaihue, tierras usurpadas por Forestal Mininco.
17.- César Parra Leiva, comunero de Puerto Choque permaneció encarcelado desde octubre de 2008, acusado de agresión a Carabineros el 10 de junio de 2008, en medio de un allanamiento a su comunidad. El carabinero que lo acusó no presentaba ninguna lesión, en cambio Parra sí resultó herido a bala. Logró salir en libertad el 2 de abril de 2009 con medidas cautelares y esperaba juicio simplificado. Pero fue detenido nuevamente el 11 de abril de este año por los hechos de Puerto Choque (la “emboscada” ya citada anteriormente).
18.- Lonko Iván Llanquileo de comunidad Juana Millahual (Rukañanco), detenido el 31 de agosto del 2007 en su propia casa en la ribera del Lleu Lleu, acusado de tenencia de material de guerra en la comunidad y condenado por los medios, que informaron ampliamente del operativo de detención desarrollado por fuerzas conjuntas que coparon el territorio de la comunidad. En una casa deshabitada que no era el domicilio de Llanquileo, la policía informó haber encontrado un fusil. La fiscalía militar no pudo reunir antecedentes suficientes para seguir manteniendo a Llanquileo en prisión preventiva y luego de sucesivas apelaciones, quedó en libertad condicional el 8 de enero de 2009. El enjuiciamiento a un mapuche en la justicia militar constituye por otra parte, una evidente violación del fallo Palamara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por juzgar a un civil en justicia militar.
19.- Elena Varela López, detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra. Espera la preparación del juicio oral que tendrá lugar en Villarrica (Región de la Araucanía) en fecha no determinada aún. En la acusación del fiscal Servando Jordán, publicada en todos los medios no falta nada: se vinculaba a Elena Varela al MIR, que era descrito como una organización terrorista, y también con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue condenada de antemano por los medios de comunicación, que junto con la Fiscalía la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. Los materiales incautados son entrevistas a dirigentes de comunidades en conflicto. La Asociación Chilena de Documentalistas ADOC junto a organizaciones de derechos humanos y personalidades del mundo de la cultura han denunciado su caso como un montaje considerando se está vulnerando la libertad de expresión y que ha sido perseguida por dar a conocer la voz de las comunidades agredidas por las empresas forestales.
Cumplió 3 meses de prision preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, luego cambiados a libertad diurna.
La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo de 2008, mientras trabajaba en su documental “Newen Mapu Che”, en su casa de Licanray. Al mismo tiempo, en Ercilla eran arrestadas otras cinco personas, pero el fiscal sólo perseveró en las acusaciones contra el ex preso político Kenny Sánchez y el chofer de Mininco Sergio Reyes. Sin embargo los seis detenidos sufrieron cárcel y estigmatización pública. Las pruebas exhibidas en esos días fueron, por ejemplo, banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en los documentales.
Este caso es quizás la pieza más compleja dentro del conjunto de los montajes, por el tipo de operativo desplegado a la hora de la detención, el secuestro de los materiales fílmicos y la manipulación de vínculos sentimentales de la detenida con fines de acusación política. Así logró la fiscalía que Elena Varela no pudiera concluir oportunamente los dos documentales premiados por FONDART en que trabajaba, Newen Mapu y Sueños del Comandante.

20.- Jonathan Vega Gajardo,
21.- Fénix Delgado Ahumada,
22.- Rodrigo Huechipan (menor de edad), los tres acusados de “incendio terrorista frustrado” el 30 de octubre de 2008 en el Bypass de Temuco. Se les enjuicia por ley antiterrorista. La defensa de los tres inculpados alega que se trata de un montaje pues se está juzgando intenciones. Las rigurosas medidas iniciales (prisión con restricción de visitas en los casos de Delgado y Vega) y las condenas mediáticas, dejaron paso a arresto domiciliario para Jonatahn y Fénix y firma periódica para el menor de edad, lo que evidencia que el caso no se sostiene.
La audiencia de preparación del juicio oral tendrá lugar en junio de 2009

23.- Mauricio Waikilao Waikilao, guardia de seguridad en un supermercado, y dirigente de la comunidad Yeupeko de Vilcún, Novena Región (a la que perteneció Matías Catrileo) está detenido por los delitos de “incendio terrorista”. Antes, en julio del 2008, Huaiquilao fue secuestrado por personal de inteligencia policial, siendo brutalmente golpeado y torturado durante un extenso interrogatorio. La Fiscalía lo acusa de recibir instrucción paramilitar en un campamento de las FARC de Colombia, hecho que estaría registrados en su diario de vida. El imputado denunció que el supuesto “diario de vida” son 12 poemas de amor de su autoría. El preso desafía a la policía a mostrar el “diario” que califica como “una fantasía del fiscal”. Eduardo Higuera Navarrete, ex funcionario de la empresa GSL Seguridad y ex empleador de Waikilao, declarará ante el juez que la noche del atentado incendiario que afectó al agricultor Eduardo Luchsinger, el imputado firmó su libro de asistencia como guardia a su cargo en el sector Pedro de Valdivia de Temuco.
Por otra parte, el año 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, un juicio oral exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Acaluan, de la comunidad Cacique José Guiñon, que habían sido culpados de incendio terrorista en el fundo Poluco-Pidenco y sufrieron años de prisión por esa acusación. En 2007 fue exculpada de todo cargo la anciana Mercedes Paillalef, madre de la lonko Juana Calfunao, quien sufrió duras medidas cautelares durante un año, pero al momento del juicio no fue acusada.
Fuentes:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y de organizaciones de derechos humanos:
www.kilapan.entodaspartes.net
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org

sábado, agosto 01, 2009

¿Por qué el ex juez Guzmán habla de montajes contra los mapuche?



En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.

Las denuncias de racismo que el equipo de Derechos Colectivos Mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y/o el Ministerio Público y los medios de comunicación masiva chilenos, recogiendo una sistematización de casos desarrollada por esta periodista para la Comisión Etica Contra la Tortura en su informe anual a la Presidenta Bachelet. El informe documenta 23 casos en que se evidencia ese tipo de manipulación dolosa de la información.
Queda al desnudo la incapacidad del gobierno de la Presidenta Bachelet de hacer frente a la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hoy en la prensa n o están los montajes, reemplazados en terreno por los disparos desde helicópteros, el uso de lacrimógenas, balas antimotines y fuerzas especiales en el allanamiento (como en dictadura) de comunidades movilizadas por la tierra. Cada ciclo de lucha por recuperaciones de tierra es enfrentado de forma más violenta por el gobierno, debido a la imposibilidad de frenarlas. Atrapados entre el avance de las forestales, los megaproyectos de inversión y la complicidad de la institucionalidad del Estado, hay comunidades que sienten que hoy ya no hay otra opción.

La Concertación se ha demostrado incapaz de comprender que la detención de un dirigente o el debilitamiento de una organización sólo da paso –también como ocurría en dictadura- a otros líderes y organizaciones. El pueblo mapuche ni antes ni ahora ha tenido unidad política o jefaturas nacionales, pero sus reivindicaciones son similares y están respaldadas por el derecho internacional indígena. Hoy las comunidades en conflicto están en comunas como Ercilla, Villarrica, Cunco y Teodoro Schmidt (todas de la Región de la Araucanía) pero en una declaración fechada en Los Alamos, la mesa provincial de comunidades y asociaciones indígenas de Arauco (Region del BioBio) ha anunciado que si no encuentra respuesta, iniciará también movilizaciones. La Alianza Wenteche a su vez ha planteado que las recuperaciones se extenderán a fundos usurpados en comunas de Purén, Freire, Padre Las Casas y otras.
Esta organización estuvo tras la movilización de más de 140 lonkos y dirigentes tradicionales hacia La Moneda –el 7 de julio de este año - estrellándose contra la más absoluta indiferencia del aparato de gobierno, que se negó a escuchar sus planteamientos. La locuacidad de personeros del Ministerio de Interior no funciona en esta dirección.
Definiciones
El término montaje proviene del cine, sin embargo desde los años 30 se utiliza para identificar una forma dramatúrgica en la que las secuencias de la acción se montan en una sucesión de momentos autónomos. La expresión también suele utilizarse por la gente de teatro, la crítica o el público, como sinónimo de puesta en escena y/o de espectáculo. A la vez, se utiliza el verbo montar (una obra, un espectáculo ) para designar la acción y los trabajos de puesta en escena o de preparación de un espectáculo. (ver web.usach.cl/didascalia/glosario.html).

Aquí son secuencias político-judiciales puestas en escena por la policía y sus diferentes órganos, incluída la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y los fiscales exclusivos del Ministerio Público dedicados al conflicto Estado chileno-forestales/empresarios- mapuche. Para la generación que vivió la dictadura de Pinochet, estas prácticas retrotraen al país esos tiempos en que la DINA y luego la CNI utilizaron en forma constante ese recurso. Estos montajes políticos son difundidas ampliamente por los medios de comunicación masivos que existen en el país, especialmente por la televisión y la prensa de las cadenas El Mercurio y COPESA –los mismos diarios del tiempo de Augusto Pinochet- y no pueden ser contrarrestados debido al duopolio en la propiedad de los medios y la consiguiente falta de diversidad existentes. Operan como mecanismos de intimidación de la lucha social, presión hacia los tribunales de justicia, generación de opinión pública y de una cierta “jurisprudencia mediática”, es decir una conclusión favorable a los intereses de los autores del montaje y de los sectores del empresariado y gobierno vinculados al tema. El momento del “estreno” de cada montaje coincide con la información acerca de la detención y/o formalización de los protagonistas, a lo cual posteriormente se van agregando nuevos elementos como el hallazgo de pruebas inculpatorias, la conexión con organizaciones como las FARC, ETA, el gobierno venezolano u otros. Las denuncias sobre nexos entre las FARC y los mapuche las inició en 2008 el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, citando fuentes del gobierno colombiano. Espina busca así instalar en los medios una percepción que justifique la aplicación de la ley antiterrorista, crecientemente cuestionada por las organizaciones internacionales y nacionales.

En los montajes suelen actuar incluso los más altos personeros de gobierno como el ministro del Interior o el subsecretario del ramo, que recitan el libreto elaborado por la policía y la fiscalía. El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad en los años de dictadura, denunció esa conducta a propósito de las declaraciones del Subsecretario del Interior Patricio Rosende sobre las detenciones practicadas el pasado 12 de abril en Puerto Choque. Avila sostuvo en carta pública publicada en el diario electrónico Clarín de Chile: “A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro (subrogante) considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un cuarteto, de ciudadanos les queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese ¿cuarteto’ si ya el ministro del interior los condenó publicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería de mapuches”
Agrega Avila: “Al ministro le parece que lo más relevante de destacar es lo impresionante del operativo de Investigaciones y Carabineros. No le preocupa la ley ni la justicia del procedimiento sino …. se complace y gratifica de la fuerza desplegada. Su lógica es claramente militar, un bando lucha contra otro, siempre es impresionante ver como los propios hacen papilla a los enemigos. …Esta es claramente una lógica amigo-enemigo. Es la lógica de guerra de la seguridad nacional. Esa es la doctrina que llevó en un momento a la propia presidenta Bachelet a la Villa Grimaldi.”

Elenco estable de los montajes

Hay personajes que son parte del elenco permanente de los montajes: las fuerzas policiales instaladas en los lugares considerados problemáticos por su cercanía con objetivos de la lucha mapuche, como por ejemplo el retén móvil que vigila la comunidad de Temucuicui. Los recintos policiales especiales suelen contar con casas y/o la colaboración de personas que aceptan ese rol. La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas.

Objetivos de los montajes
En el período que va entre mayo de 2008 y junio de 2009 el aparato represivo y el Ministerio Público, vía reiterados montajes judiciales cumplieron su objetivo de mantener en prisión a líderes mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales y boicotean activamente proyectos de inversión que dañan su medio ambiente y territorio. Estos montajes alcanzan también a activistas no mapuche de la causa de ese pueblo y a periodistas, comunicadores audiovisuales que solidarizan con ellos. Quienes son acusados en los montajes político-judiciales tienen un doble juicio. La primera vez son condenados en pantalla y en los titulares por los medios de comunicación, sin derecho a defensa ni a réplica, puesto que los imputados ya están detenidos e incomunicados y sus cercanos ni siquiera conocen las acusaciones. Cuando se aplica la ley antiterrorista, ni siquiera los abogados tienen acceso a conocerlas ni tampoco a los testigos secretos en los que ellas se sustentan. El segundo juicio –el legal – tiene lugar después de meses o años de prisión preventiva de los acusados.



Fracaso del montaje
Afortunadamente, en democracia, gracias a la presencia de abogados privados de derechos humanos, o excepcionalmente, de defensores públicos conscientes, en algunas ocasiones - varios meses o años después – la sentencia de los tribunales es absolutoria. Se acredita así que las acusaciones difundidas por los medios y largamente articuladas desde la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y el ministerio público eran un montaje. Al desarrollarse el juicio oral, los jueces suelen dictaminar que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados o que permitan mantener a los detenidos –que habían sido calificados como altamente peligrosos- en prisión preventiva. En esos casos las absoluciones no van acompañadas de reparación alguna por el daño sufrido por los imputados. También ha sucedido que los jueces dicten la sentencia más baja dentro del rango posible de aplicar por el delito imputado, lo que en derecho indica que tuvieron serias dudas respecto de la culpabilidad de los acusados.

Frente a las absoluciones o a sentencias a penas menores, el Ministerio Público reacciona generalmente buscando la nulidad de la sentencia, cuestión que en algunos casos ha logrado, imponiendo la repetición de los juicios. El gobierno, por su parte ha mostrado su desazón ante las recientes absoluciones a través de un comentario del subsecretario del interior, Patricio Rosende, que consideró “curioso” uno de los fallos absolutorios (5 de junio de 2009) de dos dirigentes de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El rol de los medios
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes del juicio oral, ya han sido condenados por los medios.

La televisión no contextualiza las acciones desplegadas por las comunidades, y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones o acciones de autodefensa. Sin embargo la prensa nacional informa sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en las regiones de población mapuche. Es importante destacar sin embargo que el creciente avance de los medios de comunicación electrónicos gestionados por las propias organizaciones mapuche, está construyendo progresivamente una poderosa barrera y palanca contra la desinformación, al menos para el público y las generaciones con acceso a Internet y para las organizaciones de pueblos originarios en todo el mundo.

Jueces de garantía y defensores públicos
Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas en el campo, perturban su calidad de vida y participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales dadas por algun juez de garantía.

Otro de los factores co-adyuvantes en el éxito de esta táctica para criminalizar e intentar detener la lucha social y reivindicativa mapuche es la inoperancia de los defensores públicos (de oficio), ligada a una excesiva cantidad de casos a atender en distintas comunas y juzgados. Pero muchas veces –según los afectados- su pobre actuación responde a simple desidia y/o complicidad con la Fiscalía, lo que posibilita largos períodos de detención preventiva sin petición de cambio de estas medidas cautelares.

Temucuicui (comuna de Ercilla Región de la Araucanía) una de las comunidades que está permanentemente sitiada por fuerzas policiales, concentra un número importante de casos de absoluciones tras largos períodos de prisión “preventiva”.

Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio Jaime Huenchullan Cayul, Julio Cayhuan Nahuelpi, Victor Queipul Huaiquil, los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).