Suspendida dispersión de presos políticos mapuche

Fue suspendido el traslado de presos políticos mapuche desde la Región del BioBio a diversas zonas del país, según informó el secretario regional ministerial de justicia de la Octava Región, Georgy Schubert, sin que se conozcan hasta ahora mayores antecedentes.
Abogados de derechos humanos que defienden a presos políticos mapuche denuncian que el traslado de los procesados a lugares alejados de sus familias y de los tribunales donde se les procesa, constituiría el regreso de prácticas de tiempos de dictadura cuyo más famoso representante fue el llamado Fiscal Ad-hoc Fernando Torres Silva. La orden del Director Nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez Mardones, en acuerdo con la Fiscalía Nacional y con el visto bueno del juzgado de garantía de Cañete, afectará a Héctor Llaitul, y Ramón Llanquileo, domiciliados en Tirúa quienes serían trasladados a Puerto Montt (cerca de 500 km al sur) y Rancagua (617 km al norte), respectivamente; a José Huenuche, de Cañete, trasladado a Valdivia, y a Luis Menares, de Cholchol, trasladado a Arauco. Asimismo César Parra y Segundo Ñehuei, de Tirúa, serían enviados a Coronel y los comuneros Juan Carlos Millanao y Marco Mauricio Millanao, de Tirúa, a Los Angeles. Los procesados son miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, organización que el gobierno considera como ilícita pese a que una resolución de la Corte Suprema dictaminó lo contrario años atrás.

Violación del debido proceso
Al conocer el negativo resultado de la apelación presentada en Cañete por los abogados defensores Adolfo Montiel y Pelayo Vial, el abogado Alberto Espinoza, que representa a Llaitul y otros comuneros ante la Corte Marcial, consideró que el traslado “constituiría la expresión de un trato inhumano, cruel y degradante; es una medida represiva ajena al debido proceso y a los derechos de los imputados. El aislamiento agrava arbitrariamente la prisión preventiva y es un acto de violencia sicológica e institucional que sólo se podría calificar como terrorismo de estado”.

Los imputados tendrían que cumplir en esas condiciones la medida de nueve meses de “cárcel preventiva” en su doble condición de acusados por la justicia penal (ley antiterrorista) y por la justicia militar. El gobierno chileno negó recientemente ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU la aplicación de la legislación pinochetista, aduciendo que lo hacía sólo ante delitos comunes. Ahora deberá responder nuevamente cargos ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, que había demandado al gobierno chileno la no aplicación de la justicia militar a civiles. Los hechos objeto de investigación ocurrieron el 16 de octubre de 2008 durante un violento allanamiento al sector Puerto Choque presidido por el Fiscal Mario Elgueta, en el cual miembros de la comunidad se defendieron. El diario El Mercurio calificó entonces el episodio como una emboscada, hecho desmentido entonces por el gobierno y carabineros. Pero ahora la fiscalía adoptó el discurso mercurial a fin de encarcelar a quienes luchan por la recuperación de tierras ancestrales.

Familiares de los mapuche presos en la cárcel El Manzano de Concepción permanecieron junto a estudiantes y amigos venidos desde Cañete, apoyando a los presos y temiendo ser desalojados en cualquier momento del lugar. Pernoctaron bajo la lluvia el viernes 22, en una carpa en las afueras de la cárcel. Juana Raiman y Millaray Garrido, familiares de José Huenuche, Emilia Pilquiman, madre de Ramón Llanquileo y Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul informaron que presentaron un recurso de protección por los hijos de los imputados, entre los cuales está una pequeñita recién nacida –Llancacurra- hija de José Huenuche y Millaray Garrido.

La discriminación judicial
Entre quienes se acercaron a apoyar a los familiares de presos políticos, estaba la hija de Ramón del Carmen Pichún Pichún, un anciano que falleció en junio pasado, luego de ser atropellado por Rodrigo Martínez Walker, abogado asistente de la Fiscalía de Cañete. Martínez, que conducía aparentemente en estado de ebriedad, fue suspendido de sus funciones pero lo defiende el jefe de la Defensoría Pública de Cañete. En conversación con esta periodista, la reflexión de los familiares apuntaba a comparar que en la formalización del abogado por un hecho que cobró la vida de un anciano mapuche, sólo se le aplicó como medida cautelar la suspensión de la licencia. En cambio, los presos políticos mapuche, imputados por un hecho que no cobró vida alguna no sólo deberán cumplir nueve meses de “prisión preventiva” sino lo harán lejos de sus seres queridos y de los abogados defensores. Para los familiares, si ello ocurre constituye una muestra clara de racismo judicial.

Sin embargo, no es la primera oportunidad en que se aplican en democracia estas medidas con luchadores sociales mapuche. Miguel Tapia Huenulaf, domiciliado en Santiago, Andrés Gutiérrez Coña, cuya familia también es de la capital y Waikilaf Cadin Calfunao, de Temuco, todos ellos procesados bajo ley antiterrorista, fueron trasladados al módulo de alta seguridad de la cárcel concesionada de Llancahue, Valdivia, más de 800 km al sur de Santiago. En el caso de Andrés Gutiérrez, estudiante de tercer año de agronomía de la Universidad Católica de Temuco, la prisión preventiva se extiende por once meses.

En huelga de hambre
Por su parte los presos trasladados desde El Manzano anunciaron en comunicado público que continuarán la huelga de hambre iniciada el 18 de agosto, en cada uno de los penales a donde sean llevados. El pasado viernes, los imputados fueron sacados a la fuerza de la cárcel de El Manzano ya que se resistieron a presentarse ante el tribunal. Según denuncia de sus familiares, fueron golpeados y arrastrados por el cemento y eran visibles los hematomas en sus rostros que también mostraban los efectos del gas lacrimógeno.

La jueza de familia de Cañete, Carmen Seguel, subrogante en el juzgado de garantía por vacaciones de su titular, fue quien presidió el tribunal que refrendó el traslado, un fallo calificado como “discriminatorio y racista” por los familiares, que expresaron también que la magistrada a cargo de velar por la infancia, se negó a proteger los derechos de niños y niñas mapuche.

35 casos con ley antiterrorista
Al anuncio del traslado de presos se suman los constantes allanamientos en la zona en conflicto, elevándose a 87 el número de presos políticos y/o procesados del pueblo mapuche con las últimas detenciones en la comunidad Pascual Coña y en Puerto Choque, enclavadas en un área de interés forestal y minero para los grandes conglomerados económicos.
En 38 casos cumplen prisión efectiva en distintas cárceles del sur los comuneros procesados o sentenciados. En los últimos dos años, en 23 oportunidades se ha comprobado la falsedad de las acusaciones iniciales, que han formado parte de montajes político- judiciales y los comuneros han sido absueltos o bien se ha debido dejar de lado los cargos más graves. En 35 procesos se ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Trasladada a Santiago desde la cárcel de Angol, Mireya Figueroa, una de las mujeres mapuche presas políticas, sufre de un cáncer que la tiene al borde de la muerte. Aun no ha sido llevada a juicio.
Ningun carabinero ha resultado muerto al repelir las recuperaciones de tierras, cuando los mapuche utilizan piedras y boleadoras. Sin embargo a la fecha tres jóvenes comuneros, Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza, han sido ultimados por miembros de esa fuerza policial.