jueves, enero 27, 2011

Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder”

(Mireille Fanon)

-Informe de observadora internacional francesa
Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global. Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia. Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org) asistió a la primera fase de este juicio. En un informe publicado en Rebelión sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”. Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional Público, especialista del conflicto
de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”.
Territorio en disputa
Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.
Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu. Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.

Absolución y desinformación
Sin embargo, paralelo a este juicio, el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió de esos cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 procesados aquí citados. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa”, no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.

La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los medios tradicionales sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos mapuche, rompiendo con la fuerza de su movimiento la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles; las cárceles están muy lejos de Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas por ley antiterrorista como parte de los acuerdos refrendados con la presencia del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ezzatti, que actuó como mediador. Sin embargo la prensa no se ha mostrado sorprendida porque el juicio se haya llevado adelante sin recalificación de delitos.

El Ministerio Público hizo oídos sordos a ello y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las forestales querellantes- continuaron empeñados en lograr las lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia. Como se persistió en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa, y en cambio los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso el primero fue fotografiado e intimidado antes de entrar al recinto.

Los observadores
Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (Nueva York) y) Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez,
de la Asociación Interamericana de Juristas; Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura); Néstor Vega y Mikaël Burbat (Francia). En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). En esta nota relevaremos el informe de Mireille Fanon quien luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, hizo un reporte de la situación que circula en estos momentos en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no duda en calificar la primera comparecencia de un testigo como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.

Surrealismo de los testigos
Respecto del testigo sin rostro individualizado como 23, Mireille Fanon afirma que las pruebas que aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. “El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación”, afirma Fanon. Agrega que durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. “Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡la declaración simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.” Denuncia que la parte acusadora deslegitima todas las preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida.
Sobre los dichos del testigo 25, relata que el testigo confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista y de oído) aunque durante su declaración previa había dicho lo contrario. Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, y había bebido cuando tuvieron lugar los hechos y concluye el testigo diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un año atrás y firmada con una cruz. Sobre el testigo 26, que participó en los mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su declaración le permitió estar libre, pero el testigo ahora confiesa no conocer a las personas que inculpó anteriormente.
Prevaricación del juez
Los hechos resumidos hacen concluir a la jurista francesa que se configuran tres momentos de “denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa organizada por el fiscal. Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo”.
Ella considera que la prevaricación del juez se debe a que el objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional, y recuerda que estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (proceso de Mumia Abu Jamal) como por el Estado de Israel.
Concluye Fanon su informe afirmando que “en definitiva, esta lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de utilizarlos, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de los derechos políticos y civiles. Es ante esto que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados”.
Impunidad de los fiscales
Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados solicitaron en declaración pública dada a conocer el 19 de enero “la renuncia inmediata de los Fiscales del Ministerio Público por la coerción que han ejercido en contra de los testigos, durante el desarrollo del Juicio Oral (como consta en los audios), y la exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos políticos mapuche, incluyendo a menores de edad. Asimismo exigieron supervisar la actuación de estos fiscales, y en especial la vinculación del Fiscal Andrés Cruz con un hecho de tortura a un “testigo secreto” menor de edad.

Séralini ganó demanda x difamación

Informe de ISIS (Institute for Science in Society), Londres, 26 enero 2011
Victoria para la ciencia independiente
Mae-Wan Ho
Un científico muy renombrado por su investigación acerca de los riesgos de los transgénicos acaba de ganar un proceso contra asociaciones de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo.

Gilles-Eric Séralini, docente de biología molecular en la Universidad de Caen, en Francia y presidente del Consejo Científico de Investigación Independiente en Ingeniería Genética (CRIIGEN, por su sigla en francés), es un investigador de primera línea acerca de los riesgos de los transgénicos. No hay mucha sorpresa que él y su equipo se convirtieran en blanco de una concertada campaña difamatoria en la cual fueron muy activos Monsanto, EFSA (la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa), y asociaciones científicas representando la biotecnología en Francia, la Asociaciòn Francesa de Empresas de Biotecnología y el Consejo Superior Francés en Biotecnología. [1]

Este ataque fue gatillado a partir de que el equipo coordinado por Séralini reanalizó escrupulosamente la información que había puesto Monsanto a disposición con motivo de obtener la autorización comercial en Europa de tres líneas de maíz transgénico, MON 863, MON810 y NK603, permisos sobre las cuales la mencionada EFSA había dado su dictamen favorable. El equipo en cuestión publicó sus conclusiones estableciendo que “los datos disponibles revelan toxicidad hepatorrenal, posiblemente a causa de los nuevos pesticidas diseñados específicamente para cada maíz transgénico. Sumado a esto se observan consecuencias metabólicas directa o indirectamente provocadas, para las cuales la modificación genética no puede ser excluida.”

Séralini y sus colegas recibieron un amplio apoyo de científicos y desde la sociedad civil. Pero Séralini se decidió a demandar por calumnias: estaba convencido de que los investigadores Claude Allegre, Axel Kahn y Marc Fellous, estaban manejando desde las sombras la campaña de insidia e intimidación que se desplegaba en Francia y ése fue el motivo por el cual demandó judicialmente a Fellous, miembro pleno de la Asociación Francesa de Empresas de Biotecnología (AFBV, por su sigla en francés). Séralini argumentó que la campaña había dañado su reputaciòn y con ello habían disminuido sus oportunidades laborales y sus posibilidades de obtener fondos para investigación. [2]

El 18 de enero la corte judicial de París dictó sentencia y lo hizo a favor de Séralini, en medio de una sorpresa generalizada.[3]

Durante el juicio salió a luz que Fellous, que se presentaba a sí mismo como un científico “neutral” sin intereses personales en juego y que acusaba a quienes critican u objetan a los productos transgénicos de ser “ideológicos” y “militantes”, en verdad poseía patentes de productos genéticamente modificados, de su propiedad, a través de una empresa con base legal en Israel. Esta compañía le vende patentes a corporaciones transnacionales como Aventis. El abogado de Séralini demostró que varios otros miembros de la AFBV también tienen estrechos vínculos con compañías de agribusiness, con lo cual su pregonada imparcialidad científica y su integridad profesional quedaron muy bajo la lupa.

El juez sentenció a AFBV a una multa de mil euros, a un euro de compensación por reclamo del demandante y a 4000 euros en costas.

Corinne Lepage, presidente de CRIIGEN, estaba entusiasmada con la victoria judicial, sobre todo porque no era muy optimista del resultado luego de la primera sesión que habían tenido el 23 de noviembre [info para argentinos en particular y probablemente latinoamericanos en general: del 2010; n. del trad.]. “La vida te da sorpresas: es la primera vez que un alborotador (soplón) [whistleblower] no está a la defensiva sino a la ofensiva.”

Comentando el triunfo judicial, Pete Riley de la organización UK’s GM Freeze [“Congelar” los transgénicos en el Reino Unido; suspenderlos definitivamente] declaró: “Saludamos calurosamente este juicio y estamos encantados con el profesor Séralini. Esperemos que ahora empecemos a ver el fin de este tipo de campañas sucias y vacías que hemos visto en este caso y en otros en la última década, aproximadamente. La libertad de los científicos independientes para desafiar los hallazgos científicos financiados por una industria que procura vender semillas y agroquímicos constituye un elemento vital para cualquier sociedad. La historia de desastres tecnológicos nos dice que la industria y los reguladores estatales son los últimos que reconocen o admiten que hay un problema. Apoyamos plenamente el derecho de Séralini a proseguir sus investigaciones sobre semillas transgénicas y le deseamos más capacidad de decisión.”

El médico Brian John de FM-Free Cymru dijo: “Éste es un desenlace más que gratificante ante un caso que jamás tendría que haberse planteado si los industriales de la biotecncología hubiesen seguido las tradiciones de larga data de respeto a los investigadores y hubiesen aceptado honestos debates con académicos cuyos puntos de vista y hallazgos en la investigación no coinciden con los propios de la industria. Hace ya años que la industria de la biotecnología y sus apologistas han tenido la lengua suelta para calumniar e intimidar a quienes han tenido la temeridad de cuestionar la seguridad de los productos genéticamente modificados… algunos señorones académicos trabajando para la industria biotecnológica se han comportado más como thugs[miembros de una secta de la India, a la que se le atribuyen asesinatos por fanatismo] que como científicos. Su filosofìa ha sido siempre: ‘maten al mensajero’. La lista de víctimas es larga: Arpad Pusztai, Ignacio Chapela y David Quist, Irina Ermakova, Judy Carman, Manuela Malatesta, Andrés Carrasco y muchos otros.

”Felicitamos al profesor Séralini por haber tenido el coraje de mantenerse firme ante la campaña y de haber devuelto el golpe. Esperemos que su triunfo haga que las compañías transnacionales de biotecnología y los reguladores públicos le otorguen a los investigadores independientes el respeto que merecen.”

Y lo más importante, que nuestros reguladores presten mucha atención a los hallazgos de Séralini y de aquellos científicos independientes que alrededor del mundo luchan persistentemente contra la introducción subrepticia de alimentos transgénicos en la gente. (Traducción directa del inglés: Luis E. Sabini Fernández)

[1] Ho, M.-W. y Saunders, P.T. “Defend Gilles-Eric Séralini and transparency in GMO risk assessment”.
Science in Society, no 46, 4, 2010.
[2] “Séralini vs Fellous: a GMO libel case over independent expertise and science”. Corporate Europe Observatory, 9 dic. 2010 .
[3] “Investigador independiente de ingenierìa genética gana juicio por difamación, GM Free Cymru, noticia de prensa del 19 de enero de 2011. Fte.; GM Watch .


http://www.alainet.org/active/43883〈=es

Primer seminario de TV Popular latinoamericana concluye el sábado en Villa Francia

(foto de Luis Carvajal en el local del Sindicato de Ferias Libres de Estación Central, con la representante de Barricada TV que funciona en Buenos Aires, en una fábrica ocupada IMPA en el barrio de Caballito)
Texto de Alba TV
Con la asistencia de más de una treintena de participantes se dio inicio el domingo pasado al Primer Seminario de Televisión Popular Latinoamericana en Santiago de Chile. La actividad convocada por el Canal Popular Umbrales TV de Villa Francia en la Comuna de Estación Central, cuenta con la asistencia de variadas experiencias de televisión popular y de diversos colectivos de la comunicación de “los de abajo” de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México. En la oportunidad se busca “generar un espacio de diálogo e intercambio entre las distintas buenas práctica que la televisión popular está generando en nuestro continente, vinculada a las iniciativas de luchas reivindicativas y de trasformación social”, señala Ernesto Pérez, miembro de Umbrales TV.

Las jornadas de trabajo colectivo, que se extenderán hasta el próximo 28 de enero, buscan abrir espacios en cuatros ámbitos principales: el fortalecimiento de redes organizacionales regionales y locales, generación de agendas temáticas y políticas comunes, transferencia tecnológica y desarrollo de estrategias de financiamiento. Las intervenciones de los asistentes coincidieron con la premisa de “Aprender enseñando y enseñar aprendiendo”, como manifestó Omar Espinoza de Oaxaca, como un principio orientador de la acción de comunicacional del movimiento popular que avanza en la construcción de su dignidad en toda América Latina.

“Es fundamental fortalecer las diversas acciones de comunicación popular pues ello es salvaguardar la mirada y la presencia de la izquierda latinoamericana enfrentada al asedio de la burguesía y los enemigos del pueblo”, señala Pedro Carrano del MST de Brasil. Por otra parte, el futuro problema de la digitalización del espectro radioeléctrico plantea un futuro escenario complejo para la televisión popular, se señaló en la discusión colectiva, pues este es un escenario que plantea retos tecnológicos y financieros que sólo pueden ser enfrentados con una mirada regional y cuyos efectos son en buena parte desconocida.

La convocatoria de Umbrales TV busca contribuir con este espacio al diálogo de las diversas experiencias latinoamericanas, pero sobre todo alimentar un plan de trabajo futuro que contenga propuestas concretas y levantamiento de plataformas de trabajo reales. AlbaTV saludó por vía digital la realización de este encuentro como una efectiva contribución al imperativo de luchar contra el monopolio de la comunicación que ejercen las oligarquías locales y el imperialismo.

Durante el desarrollo de este encuentro se visitarán en terreno algunos proyectos comunicacionales que operan en Santiago y Valparaíso, tanto en Radio como Televisión. Así mismo se sostendrá una jornada de diálogo amplio con la Red de Medios de los Pueblos, organización que agrupa a cerca de 80 medios de comunicación populares chilenos y mapuches.

La camaradería y la fraternidad de los asistentes han inspirado un ambiente en donde también se ha podido disfrutas de expresiones artísticas. La agrupación Cultural “Semblanza” presentó la teatralización de la obra musical de Víctor Jara “Herminda de La Victoria” que emocionó a los asistentes con los versos y música de este creador chileno asesinado por la dictadura de Pinochet.

Se espera que este encuentro signifique la aparición de una nueva plataforma de trabajo y organización que fortalezca este grupo de televisoras e incentive la aparición de nuevas experiencias.
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Nota mía: El domingo, en la inauguración del seminario, hice una presentación sobre Augusto Carmona y tuve el privilegio de compartir con los asistentes momentos claves de la vida del "Pelao" Carmona como periodista revolucionario del entonces Canal 9 de TV de la Universidad de Chile y de la revista Punto Final.

Caimanes, Los sin agua / Les damnés de l'eau

miércoles, enero 26, 2011

Juicio a mapuche visto x observadora francesa

El caso de los Mapuche
Una cuestión de derecho en Chile

Mireille Fanon-Mendès-France

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos


Cañete es una pequeña ciudad de la región del Bio-bio y de la Araucana en la que se abre 6 de diciembre de 2010 la primera audiencia reservada a la audición de los testigos protegidos en el marco del proceso iniciado el pasado 8 de noviembre contra 12 militantes o personas cercanas a la CAM 1 juzgadas por actos de “resistencia” llevados a cabo entre 2005 y 2009 con el objetivo de recuperar sus tierras.

Las reivindicaciones de los mapuche

La treintena de militantes mapuche encarcelados en diferentes cárceles de Chile desde abril de 2009 piden:

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la liberación del conjunto de los presos políticos mapuche encarcelados en diferentes cárceles de Chile,
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la fin de la militarización de las zonas mapuche,
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la aplicación plena y total de sus derechos civiles y políticos,
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que se deje de recurrir a la llamada ley antiterrorista (ley 18.134) adoptada por la dictadura militar de Pinochet. Tras una larga huelga de hambre, el pasado mes de julio el gobierno anunció que no recurriría más a ella, lo que sigue sin cumplirse,
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que no se recurra a la justicia militar para juzgar a civiles (hay que recordar que este recurso a jurisdicciones militares está en contradicción con las reglamentaciones internacionales),
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el derecho fundamental a un proceso justo y equitativo ,
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la restitución de las tierras mapuche,
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el fin de las discriminaciones sociales y políticas de las que son víctimas los mapuche.

Las consecuencias de la desposesión de las tierras mapuche

Los mapuche han sido desposeídos de sus tierras desde principios del siglo XX. El ejército chileno comenzó esta colonización que prosiguió con la de las empresas forestales las cuales hoy ocupan casi íntegramente el territorio mapuche, que en unos años se ha visto reducido ¡de 10.000.000 hectáreas a 500.000!

A estas empresas forestales (que centran toda su producción en el eucalipto y el pino cuyo cultivo erosiona los suelos, las aguas y capas subterráneas, y favorece su contaminación) se añaden la del salmón y el desarrollo del proyecto de las centrales hidroeléctricas, incluido el de la construcción de un aeropuerto regional.

La destrucción generalizada del ecosistema perjudica a la sociedad mapuche tanto en el plano de su vida cotidiana como en el de las estrechas relaciones que mantienen con la cosmogonía y su entorno.

Sin dejar reivindicar el derecho que tienen sobre sus tierras, viven en una pobreza extrema y son víctimas de discriminaciones denunciadas por organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena. La única respuesta de los sucesivos gobiernos chilenos es criminalizar sus reivindicaciones y considerarlos terroristas.

Algunas referencias que competen al marco internacional

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Asamblea General

Hay que recordar que ante la dominación colonial y la violencia ejercida sobre los pueblos colonizados, entre ellos el pueblo mapuche, la Asamblea General de la ONU manifestó su convicción de que “... el proceso de liberación es irresistible e irreversible, y que, para evitar graves crisis, hay que poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y de discriminación 2 …”, lo que supone una conminación que deben seguir todos Estados que mantienen a pueblos bajo dominio colonial.

Además, esta misma Asamblea no se privó de proclamar “ el apasionado deseo de libertad de todos los pueblos dependientes y el decisivo papel de estos pueblos en su acceso a la independencia 3 ”.

En lo que concierne al derecho internacional, el pueblo mapuche está en su derecho de reivindicar su derecho a disponer de sí mismo y a disponer libremente de sus recursos naturales. Disponer de sus riquezas significa que no se puede despojar a ningún pueblo de su entorno a beneficio de nadie. Aquí se trata, efectivamente, de la afirmación de que el derecho al medio ambiente y a los que éste produce pertenece y debe pertenecer a los pueblos. Algo de lo que es excluido el pueblo mapuche .

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La Carta de las Naciones Unidas

No olvidemos que “Nosotros, pueblos de las Naciones” en la Carta 4 de las Naciones Unidas hemos pedido que se establezcan unas relaciones internacionales basadas esencialmente en la voluntad de “ proclamar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos 5 ”.

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Los dos Pactos Internacionales

Esta intención se traduce en la adopción simultánea 6 de dos Pactos relativos uno a los derechos civiles y políticos, y otro a los derechos económicos, sociales y culturales.

Estos dos Pactos tienen un artículo común que hubiera debido comprometer la naturaleza y la forma de las relaciones internacionales si a los gobiernos o a las instituciones internacionales no los movieran los desafíos del poder, de la dominación y del beneficio. No sólo en virtud de este artículo común los pueblos pueden disponer libremente de sí mismos, determinar su estatuto político y garantizar su desarrollo económico, social y cultural 7 , sino que además pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin ser privados de sus propios medios de subsistencia 8 .

Si este Artículo 1 reafirma el derecho de todos los pueblos a disponer de sí mismos, obliga los Estados partes a facilitar la realización de este derecho y a respetarlo, porque el derecho de autodeterminación es una regla del derecho internacional legalmente reconocido, consagrado por la Carta de la ONU como el derecho de todo pueblo a sustraerse a la dominación colonial9.

Este derecho 10 debería ser la garantía de una sociedad plural y democrática, según la formulación contenida en la reivindicación a favor de nuevo orden económico internacional de 1974 11 . No es el caso en lo que concierne al pueblo mapuche,.

Efectivamente, el gobierno chileno los discrimina, los criminaliza y los condena aunque el principio inalienable del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos (que forma parte del derecho consuetudinario) consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General 12 precisa que “ todo Estado debe abstenerse de recurrir a cualquier medida de coerción que prive de su derecho a la autodeterminación […]a los pueblos [...] ».

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El derecho al desarrollo

La población mapuche a la que se niega la soberanía ve ignorado de facto su derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo, definido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo13 , pone el acento en el desarrollo en tanto que derecho de los pueblos en primer lugar y del individuo en segundo. Con esta Declaración el derecho al desarrollo está en el centro de los derechos humanos y se interesa por la independencia entre los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Si se considera el desarrollo un derecho de los pueblos, ya sea de los individuos o de las naciones, de ahí se sigue que los gobiernos tienen la obligación de apoyar las políticas que favorecen el desarrollo. Esta obligación implica que los derechos enunciados en la Declaración no pueden se alienados, amputados o suplantados. Este enfoque significa que teniendo en cuenta la interdependencia de los derechos humanos, el derecho al desarrollo necesita un progreso simultáneo hacia la realización de los diferentes derechos (derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales). En esta perspectiva, el derecho al desarrollo sobreentiende que el progreso y las políticas establecidas hacia la realización de un derecho particular no se deben hacer en detrimento del compromiso hacia otras.

Esta concepción de la noción del desarrollo desde el punto de vista de los derechos de los pueblos es el primer añadido calificativo fundamental surgido de la integración de una perspectiva fundada en los derechos humanos al desarrollo. Visto así, la pobreza resultante de las opciones políticas impuestas por los Estados o las instituciones financieras internacionales es “ una violación de los derechos humanos ” 14 .

El tribunal de Cañete

Pero este 6 de diciembre, ante el tribunal del distrito de Canete, hay doce mapuche, en prisión preventiva desde hace 19 meses, que se sientan apretados en un banquillo dispuesto tras los cinco abogados que los representan, dos de ellos designados por el Estado. Ante ellos está el juez; a su derecha, ¡tres fiscales acompañados de uno de los abogados de las compañías forestales!

El juez confirma que durante los próximos días se escuchará a testigos “protegidos”. Salen todos los mapuche, excepto Victor Llanquileo que es cuestionado directamente por el primer testigo.

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Audición del testigo 23

Esta primera audición permite asistir a una parodia de justicia. Durante el interrogatorio de los testigos (se escuchará a cuatro en dos días) el único objetivo del fiscal y de la acusación era demostrar que estos doce militantes son terroristas que montaron una empresa del crimen organizado.

Este interrogatorio es una auténtica mascarada.

Las pruebas aportadas por este testigo son tan vagas y no personalizadas que podrían concernir a cualquier otro acusado.

El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación.

Cuando un abogado de la defensa pone de relieve una contradicción en su testimonio, el juez orienta de nuevo las respuestas del testigo.

Durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡este elemento simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.

La acusación deslegitima cada pregunta hecha por los abogados de la defensa con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida, y ello fueran cuales fueran los elementos a los que se refiriera la pregunta.

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Audición del testigo 25

Este testigo padece un problema de oído lo que obliga a suministrarle un casco suplementario.

La defensa trata de saber si este testigo ha reconocido a alguien porque no parece saber de quién se habla. Confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista) aunque durante su declaración había confesado todo lo contrario.

Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, lo que le había hecho cuando tuvieron lugar los hechos.

Ante tantas imprecisiones la acusación trata de reencauzarla precisando al testigo que leyó su declaración y la firmó ¡con una cruz!

Afirma a la defensa que no ha leído su declaración del 14 de enero de 2009, no sabe siquiera si la ha visto impresa, ni siquiera si ha oído el ruido de la impresora.

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Audición del testigo 26

La defensa se extraña de no haber tenido acceso al testimonio de este testigo y precisa que este último no se puede tener en cuenta puesto que él mismo participó en los actos por los que son juzgados los acusados, pero el fiscal afirma que este testigo es apto para ser escuchado y precisa que él es libre de integrar los elementos que juzgue pertinentes para llevar a cabo su acusación.

Para apuntalar mejor su “derecho”a integrar los elementos que juzgue pertinentes y asegurar mejor la credibilidad de este testigo, el fiscal orienta sus respuestas, incluso las sugiere.

Durante el contra interrogatorio de la defensa ésta señala el hecho de que el testigo

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ha firmado una declaración en la que no dice la verdad,
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tras esta declaración ha obtenido su liberación y una reducción de la pena,
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fue detenido por los hechos incriminados,
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no se acuerda de nada de la declaración del 9 de abril en la que mintió a propósito de la identificación de una persona,
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confiesa no conocer a las personas que reconoció en una foto.

El fiscal, ayudado por el juez, rechazó todas estas observaciones con el pretexto de que responder a ellas permitiría identificar al testigo y pondría su vida en peligro.

La defensa poseía unos elementos, que proporcionaban una nueva prueba, que permitían deslegitimar a este testigo ya que durante su servicio militar en 2004 fue acusado de robos y tuvo que abandonar su unidad.

Por toda respuesta el fiscal afirma que la defensa no deja de intimidar al testigo para obtener su retractación.

Añade que la defensa carece de anticipación porque hubiera debido pensar en producir una nueva prueba. Durante el protocolo de acuerdo la defensa no había aceptado pedir una nueva prueba, por tanto esta información no se puede tener en cuenta.

Tres testigos, tres momentos de denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia.

Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa 15 organizada por el fiscal .

Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa16 y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo. Todas las decisiones tomadas para no permitir a la defensa obtener una respuesta se basan en elementos reprensibles.

Desde ese momento, la defensa estaría habilitada para pedir que la decisión fuera examinada por un tribunal de apelación, que debería basarse en la norma del abuso de poder judicial discrecional para proceder a la revisión judicial. En efecto, el poder judicial discrecional se debe ejercer equitativa, sabia e imparcialmente, a falta de lo cual la decisión tomada en primera instancia correría el fuerte riesgo de ser invalidada debido al abuso de poder judicial discrecional .

El juez formuló estos desagradables comentarios y dio muestras de una flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados.

Hay que denunciar, además, el hecho de que la mayoría de las comunicaciones concernientes a los testigos se transmitieron muy tardíamente a los abogados, traba suplementaria para su trabajo y el derecho a la defensa.

El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron unas declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizado ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción.

También hay que añadir que, como funcionarios de la justicia chilena, tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo.

El objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional.

Estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (entre otros, durante el proceso de Mumia Abu Jamal 17 en el que se sobornó a los testigos y cuando se desdijeron de sus testimonios fueron amenazados de muerte o de represalias) como por el Estado de Israel, que utiliza frecuentemente el soborno a testigos para hacer condenar a dirigentes políticos palestinos (por ejemplo, a Marwan Barghouti 18 ), pero también a simples ciudadanos palestinos, como Salah Hamouri 19 .

Se encuentran cuestionadas aquí la instrumentalización de lo que constituye el derecho, pero también las manipulaciones del derecho y más generalmente de los derechos a beneficio de una ideología que quiere legalizar unas prácticas liberticidas contrarias a todas las normas internacionales de protección de los derechos humanos.

Y para ello esta ideología impone la idea de que el terrorismo amenaza absolutamente todas las esferas de la sociedad, particularmente cuando hombres y mujeres reivindican sus derechos fundamentales, entre ellos su derecho a la soberanía y a su tierra. Entonces, se presenta y se asimila a estas personas a una amenaza, y a partir de entonces llevar a cabo una lucha contra ellos ofrece un nuevo marco legítimo, aunque esta lucha se base en toda una serie de medidas liberticidas y atentatorias contra los derechos humanos, medidas incompatibles con todo Estado democrático o que se afirma democrático.

En definitiva, esta lucha contra el terrorismo, sea cual sea su forma y gravedad, tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente a criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política.

Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de ser utilizada, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de unos derechos políticos y civiles.

Ante esto es ante lo que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados.

* Mireille Fanon-Mendès-France es miembro de la Fundación Frantz Fanon, miembro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora Internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org).

Profesor Gilles Eric Séralini sobre transgénicos y Monsanto

martes, enero 25, 2011

Un menor mapuche continúa preso en Cholchol y dos están ahora con libertad vigilada

Según informa la Misión de Observación a la cárcel de menores de Cholchol, en las últimas horas obtuvieron su libertad provisional dos de los tres menores que estaban recluídos allí procesados por la ley antiterrorista. La misión continúa denunciando la situación del tercer menor que aun no sabe cuando se realizará su juicio oral pese a que la investigación concluyó meses atrás. Además los observadores llaman la atención sobre el hecho que se les siga aplicando a los menores la ley antiterrorista aunque después de la huelga de hambre mapuche, está vigente una modificación de la ley que lo impide.
A continuación, la declaración pública emitida por la Misión al terminar su cometido en la Región de la Araucanía.
En Temuco, a 19 de enero de 2011, las instituciones y organizaciones de derechos humanos y sociales que formaron parte de la Misión de Observación al Centro de Internación Provisoria y de Reclusión Cerrada (CIP-CRC) de Chol Chol, en la Región de La Araucanía, declaramos que:

Dicha Misión de Observación tuvo como objetivo acercar a instituciones de derechos humanos, de la niñez, de pueblos indígenas y a organizaciones sociales, a interiorizarse de la situación de los tres jóvenes mapuche imputados por la Ley Antiterrorista en internación provisoria en dicho centro.

Es importante consignar que J.Ñ.P., obtuvo su libertad con arresto domiciliario total el día viernes 14 de enero de 2011. Mientras que C.C.M., obtuvo su libertad el día de hoy, con arresto domiciliario total. Sin embargo, L.M.C., permanece recluido en este centro en internación provisoria, con quien la Misión de Observación se entrevistó.

La Misión de Observación fue coordinada por Fundación ANIDE y la RED de ONGs de Infancia y Juventud – Chile. En ella participaron, además de las organizaciones coordinadoras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, ONG Liberar, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Corporación Opción, ONG La Casona de los Jóvenes, Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal de Chile, Comité Obispo Oscar Romero, Agrupación de ex Presos Políticos de La Araucanía, Comisión Ética Contra la Tortura y Centro de Estudios Simón Bolívar.

En la entrevista que el joven mapuche L.M C. sostuvo con la misión, denunció haber sido detenido el 13 de abril de 2010 por personal de civil no identificado, mientras se encontraba en clases en el Liceo de Pailahueque, donde cursaba el tercer año medio, siendo trasladado a un vehículo blanco sin identificación, donde fue brutalmente golpeado e insultado.

Las instituciones participantes de la Misión califican de tortura el trato vejatorio utilizado por las instituciones policiales y descrito por L.M.C., quienes además de golpearlo, lo insultaron en forma permanente, y le interrogaron de forma irregular sobre el paradero de otros comuneros mapuche supuestamente involucrados en el denominado “conflicto mapuche”.

Las instituciones participantes manifiestan además su preocupación por el lento desarrollo del proceso que se imputa a L.M.C. Al respecto, cabe señalar que la etapa de investigación fue cerrada hace ya cuatro meses, en septiembre de 2010, sin que hasta ahora se haya fijado fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.

L.M.C. manifestó también su impotencia por la injusticia de la cual está siendo objeto, al aplicársele la Ley Antiterrorista, razón por la cual él permanece privado de libertad, y sujeto a procedimientos que no respetan el debido proceso, siendo la única prueba en su contra el testimonio de un testigo protegido. Debido a esta situación, se constata una sintomatología depresiva, con ánimo variable, irritabilidad, fragilidad emocional y perplejidad. A pesar de ello, L.M.C. manifiesta su voluntad de seguir resistiendo con un alto costo psicológico, de acuerdo al diagnóstico de los especialistas del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, que formaron parte de la misión.

Otro aspecto relevante es la preocupación extrema por su familia, radicada en la Comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, compuesta por su madre y siete hermanos. Por un lado, le preocupa la situación económica de su familia, ya que su madre trabajó formalmente hasta el terremoto de febrero de 2010, y dado que él, antes de su detención, era un aporte económico fundamental para el sustento familiar. Por otro, el distanciamiento de sus seres queridos y su comunidad, al sostener sólo una visita al mes con ellos, ha menoscabado su situación emocional, pese a la entereza mostrada al sostener esta entrevista.

Asimismo, la misión se hace eco de la preocupación expresada por L.M.C. sobre la existencia de otros niños y niñas mapuches en su comunidad y otras comunidades de la zona que hoy sienten un justificado temor a ser detenidos, golpeados, ser víctimas de interrogatorios irregulares y a vivir experiencias traumáticas similares a las vividas por él.

Recordando los estándares impuestos a los estados por los sistemas internacionales de protección de los derechos de las niñas y niños, así como lo planteado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto a la aplicación de la ley Antiterrorista a menores de edad, en carta remitida al embajador permanente de Chile en Ginebra.

De igual modo, la preocupación planteada al Estado chileno por el Comisionado Relator para los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quien específicamente refiere a la violación a los artículos 1.1, 2, 5, 7 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establecen las medidas especiales que los Estados deben adoptar para propender al interés superior del niño, y en las que se incluyen el respeto irrestricto por las garantías, lineamientos y principios establecidos en instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores de edad, para el ejercicio de la acción penal en caso de adolescentes.

En este contexto, los asistentes a la Misión de Observación manifiestan su preocupación por la persistencia del Ministerio Público en invocar la Ley Antiterrorista a menores de edad, pese a que la ley señalada en su artículo 3 indica que ésta no puede ser aplicada en estos casos.

Por ello, si bien la Misión declara su satisfacción por la modificación de las medidas cautelares en los casos de J.Ñ.P. y C.C.M., lo que les permitió obtener la libertad pero con arresto domiciliario total, se mantendrá en estado de alerta mientras persista la internación provisoria para L.M.C. y mientras estos jóvenes sigan siendo imputados por la Ley Antiterrorista, como es la realidad que deberán enfrentar cuando se realice su juicio oral, dada la insistencia del Ministerio Público antes aludida.

Es así, que los asistentes a la Misión hacen un llamado para que se realice a la brevedad una audiencia que permita revisar las medidas cautelares de L.M.C., único joven mapuche imputado por delitos terroristas que desde hoy continuará en internación provisoria en el CIP CRC de Chol Chol.

Hacemos un llamado también a las legisladores para que logren los acuerdos necesarios que permita hacer nuevas modificaciones a la Ley Antiterrorista, que se corrijan las deficiencias que subsisten en éstas, haciendo específica referencia a que dicha normativa especial no se puede aplicar a menores de edad en ninguna etapa del proceso, esto es, durante la investigación, internación provisoria y el juicio mismo.

Finalmente hacemos un llamado al ejecutivo, para que cumpla a cabalidad los acuerdos que fueron establecidos tras la reciente huelga de hambre de comuneros mapuche, en la que también participaron estos jóvenes.

Temuco, 19 de enero de 2011

Mayores informaciones:
Ana Cortez, coordinadora Proyecto Pichikeche, Fundación ANIDE
anacortez.salas@gmail.com / (56-9) 95743940
http://libertadninos.wordpress.com/


Carlos Muñoz, Vocero Nacional RED de ONGs de Infancia y Juventud de Chile ROIJ
redinfanciachile@gmail.com / (56-9) 79086607
_________________________

sábado, enero 22, 2011

Encuentro latinoamericano de TV comunitarias en Villa Francia


Umbrales TV de Villa Francia organiza este encuentro de tv comunitarias en que participan herman@s de Uruguay, Ecuador, Brasil, México, Argentina, Perú, Venezuela.
Al igual que la primera escuela de televisión popular, realizada en el mes de diciembre del año pasado, este seminario rinde un homenaje al periodista Augusto Carmona y se enmarca en el proyecto de integración que Umbrales, como medio asociado a la RED de Medios de los Pueblos, está impulsando con proyectos hermanos del continente.
Mañana domingo se inaugura, y desde el lunes, se realizarán las actividades en la sede de la FECH. El miércoles hay una salida para conocer el trabajo de televisión realizado en nuestro país. El encuentro culmina el día viernes 28 de enero por la mañana ,con un encuentro con la RED de Medios y distintos movimientos sociales y populares, para que los compañeros invitados se enteren de las distintas luchas que se realizan por estos lados.
Finalmente, el seminario culmina con una fiesta.
Como encuentro nos sumaremos al evento que realiza HIJOS - Chile en el Abasto.

miércoles, enero 19, 2011

"Ngüenén: El ENGAÑO"

Documental de Dauno Tótaro e Italo Retamal sobre montajes a los mapuche se estrena el jueves 20 a las 18 horas en Cine Alameda.


miércoles, enero 12, 2011

Serenata para la tierra de uno Mercedes Sosa

Una canción de María Elena Walsh

María Elena Walsh - El Reino del Revés

María Elena Walsh se nos fue cantando al sol como la cigarra


tomado del diario La Razón (Argentina)
martes, 11 de enero de 2011

Cientos de personas acompañaron esta mañana el cortejo fúnebre que partió desde el edificio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), en Lavalle 1547, rumbo al cementerio de la Chacarita para brindarle el último adiós a la reconocida poeta, escritora y cantante María Elena Walsh, quien murió ayer a los 80 años.

Tras un breve responso, familiares, amigos y seguidores de la artista se dirigieron a ese barrio porteño para homenajearla e inhumar sus restos.

Personas de todas las generaciones se acercaron para decirle adiós a la creadora de la tortuga Manuelita y el brujito de Gulugú, y quizás como a ella le hubiese gustado que la despidieran, durante la ceremonia entonaron algunas estrofas de sus canciones emblemáticas, entre ellas "Manuelita", "Canción del Jacarandá" y "Como la Cigarra".
Entre las personalidades presentes estuvieron Lydia Lamaison, Graciela Borges, Teresa Parodi, Amelita Baltar, Pipo Pescador, China Zorrilla, Paz Martínez, Ricardo Alfonsin, Susana Rinaldi, Víctor Heredia, Virginia Lago y Fabián Matus -hijo de Mercedes Sosa-, entre otros.
A última hora pasó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había estado anoche aproximadamente unos 10 minutos en el velatorio, durante los que expresó sus condolencias a familiares de la artista fallecida ayer a los 80 años de edad.
Por su parte la cantautora Teresa Parodi, afirmó que siempre va a recordar a María Elena por "esa sonrisa hermosa y esos ojos claros iluminando todo" y por "su sentido del humor, su pensamiento lúcido e inteligencia brillante, y por la obra inmensa que nos ha dejado a los argentinos".
"María Elena Walsh nos representa maravillosamente con su pensamiento lúcido. Es alguien imprescindible, no se podrá suplantar con nada. Es un día tristísimo para la música y para la cultura argentina", agregó la cantante, conmovida por la multitud que se acercó para saludar por última vez a quien supo marcar a tantas generaciones e imponer una nueva forma de dirigirse a los más chicos.
María Elena Walsh murió ayer, a los 80 años, luego de haber estado internada un mes en un sanatorio del barrio porteño de Palermo, donde era asistida a raíz de una agudización del cáncer óseo que padecía hacía varios años.

domingo, enero 09, 2011

Documental sobre juicio a dictadura en Francia martes 11

El martes 11 de enero, a las 18 horas, en la librería Le Monde Diplomatique (San Antonio 434, local 14) se exhibirá un DOCUMENTAL que abrirá un DEBATE sobre el juicio en Francia a la dictadura chilena
Participarán personas que asistieron al juicio.
La entrada es liberada.

La película es del realizador Nicolas Joxe sobre este proceso (40 minutos)
Entre los presentadores se contarán Franck Gaudicheau, historiador francés especializado en Chile y Latinoamérica, Roberto Garretón, Abogado de DDHH, testigo en el juicio de Paris,Carmen Hertz, Abogada de DDHH, testigo en el juicio de Paris.

Por confirmar, la participación de Natalia Chanfreau, testigo en el juicio de Paris, hija de Alfonso Chanfreau, uno de las cuatro detenciones-desapariciones juzgadas por los tribunales franceses, y de Erika Henning testigo en el juicio de Paris, esposa de Alfonso Chanfreau.
También estará Ricardo Parvex, presidente de la Asociaicon de Ex presos políticos chilenos (de Francia), parte querellante en el juicio de Paris.

viernes, enero 07, 2011

Dudas sobre proyecto prohibición plaguicidas

La información del Senado nos genera dudas sobre que el proyecto prohíba los plaguicidas. Porque el gobierno introdujo otra redacción, dejando en manos del Ministerio de Salud la facultad de prohibir que ahora tiene sólo el SAG. Ya sabemos que el Sag nunca usó esa facultad. ¿Lo hará Salud? El proyecto originalmente era para prohibir y ahora es para otra cosa, es para que el Min de Salud intervenga en la evaluación de los plaguicidas.
Esto es lo que dicen oficialmente en la info del Senado:
Por unanimidad, se aprobó en general, el proyecto de ley en primer trámite constitucional, que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad. (Boletín N° 6.969-01)

El proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores Ximena Rincón, Jaime Quintana, Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Patricio Walker, tiene por objeto establecer la participación del Ministerio de Salud en la evaluación de los plaguicidas que podrán utilizarse en el país.

Contenido del proyecto:

- Dispone que, antes del registro, renovación, restricción o prohibición de un determinado plaguicida, el Servicio Agrícola Ganadero deberá solicitar al Ministerio de Salud una evaluación respecto de los aspectos de salud pública involucrados en su utilización, cuyas conclusiones serán obligatorias para el SAG.

- Prohíbe la venta y manipulación de plaguicidas por menores de 18 años.

Intervinieron los Senadores Ximena Rincón, Alberto Espina, Hernán Larraín, Mariano Ruiz-Esquide, Jaime Quintana y Alejandro Navarro.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe.

Plaguicidas peligrosos: Senado aprobó legislar


Valparaíso | 05/01/2011 | Departamento de Prensa | Boletín Nº 6969-01
Prohibirán y regularán el uso de plaguicidas de alta peligrosidad
La Sala aprobó legislar sobre la iniciativa que tuvo su origen en una moción de un grupo de senadores de la Concertación y ahora corresponde estudiarlo en particular.
Un contundente respaldo obtuvo en el Senado, la idea de legislar sobre el proyecto, en primer trámite, que prohíbe el uso de plaguicidas de elevada peligrosidad.

La iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Ximena Rincón, Jaime Quintana, Jorge Pizarro, Ignacio Walker y Patricio Walker apunta a establecer la participación del Ministerio de Salud en la evaluación de los plaguicidas que podrán utilizarse en el país.

El proyecto dispone que antes del registro, renovación, restricción o prohibición de un determinado plaguicida, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) deberá solicitar al Ministerio de Salud, una evaluación respecto de los aspectos de salud pública involucrados en su utilización, cuyas conclusiones serán obligatorias para el SAG.

Asimismo prohíbe expresamente la venta y manipulación de plaguicidas por menores de 18 años.

Durante el debate intervinieron los senadores Ximena Rincón, Alberto Espina, Hernán Larraín, Mariano Ruiz-Esquide, Jaime Quintana y Alejandro Navarro.

La senadora Rincón señaló que tras haber presentado la iniciativa, ha recibido innumerables denuncias relacionadas con la mala utilización de plaguicidas peligrosos que afectan diariamente, especialmente en los meses de verano, a miles de personas que viven en zonas agrícolas. Agregó que hace pocos días se conocieron los resultados de un estudio que detectó la presencia de plaguicidas en alimentos que son consumidos por bebés y adultos mayores, por lo que hizo un llamado a darle la importancia que se merece el tema.

El senador Espina señaló que la capacidad de fiscalizar que tenía el SAG frente a los pesticidas no se ejercía adecuadamente, lo que derivó en que se utilizaran plaguicidas que provocan grave daño a la salud. Por ello, dijo que esta iniciativa, que amplía la facultad que tiene el Ministerio de Salud en ese sentido, va en la línea correcta.

El senador Larraín valoró los alcances de la iniciativa y señaló que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo resuelven parte de los problemas, pero dejan abiertas algunas inquietudes que merecen ser discutidas en particular.

El senador Ruiz-Esquide destacó el proyecto argumentando que el uso de plaguicidas peligrosos es uno de los temas graves que afectan las zonas agrícolas del país. Agregó que se debe exigir que el uso del plaguicida sea con todas las recomendaciones y si ello no se logra, entonces se deberían prohibir.

Por su parte, el senador Quintana manifestó que las temporeras y quienes trabajan en zonas agrícolas, lo hacen en precarias condiciones de seguridad teniendo que llevar adelante las labores de cosecha, de raleo, donde justamente les corresponde manipular este tipo de plaguicidas, por lo que es fundamental regular su uso.

El senador Navarro manifestó que este proyecto es necesario pues existen múltiples informes científicos que dejan de manifiesto los daños del mal uso de pesticidas. En tal sentido, dijo que le gustaría saber cómo está fiscalizando el SAG y cuantos plaguicidas ha prohibido.

jueves, enero 06, 2011

Cristian Cayupan acosado en velorio de su padre

(dibujo hecho en la cárcel por el menor que en las próximas horas será nuevamente encarcelado y roto su sueño de libertad).

El menor mapuche Cristian Cayupan llevaba más de un año y medio preso en la cárcel de Cholchol cuando la jueza le dio la libertad condicional, coincidiendo con la muerte de su padre por un cáncer fulminante. Horas después le anularon la libertad aduciendo que era un error de la jueza.
Un incumplimiento más del acuerdo con el gobierno alcanzado después de la huelga de hambre,que decía que los menores no serían enjuiciados por ley antiterrorista.
Siguen en juicio. A cristian y otros dos compañeros les niegan la libertad porque no hay unanimidad de los jueces para concedera como exige la ley antiterrorista.
Una crueldad sobre otra.
Una familia doblemente herida y un pueblo maltratado por el estado chileno.

Juicio en Cañete y demandas de familiares de pp mapuche


Somos familiares de presos políticos mapuche, encarcelados por el estado Chileno, actualmente, recluidos en la cárcel de Lebu, Provincia de Arauco.


Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche en la zona de conflicto del lago Lleu-Lleu, en virtud de los cuales se han involucrados en la lucha de nuestro pueblo. En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido constantemente allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.


Ley Antiterrorista


Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalización, pero no ha sido sólo el Ministerio Público, a través de sus Fiscales, quienes solicitan su aplicación, sino que es el propio Gobierno Chileno, en este caso, a través de la Gobernación Provincial de Arauco.


En relación a lo anterior, cuando se asesinado a un mapuche el Gobierno Chileno jamás se a querellado en contra de quienes resulten responsables.


En el mes de enero de este Año, en el Juzgado de Garantía de Cañete, el Ministerio Público llevo adelante la REFORMALIZACION de las causas por un total de nueve (9) delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.), involucrando a 18 comuneros mapuche. En tanto que cuatro detenidos quedaron en libertad por decisión de la propia Fiscalía, quien resolvió "no perseverar en la acusación".


Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche del conflicto de Choque y Lleu-Lleu, ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:


SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN, durante, prácticamente, todo el proceso, que impidió el derecho a la defensa.


1 AÑO Y 8 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA, hasta ahora, para la mayoría de los imputados, no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial Chilena y violando el Convenio 169 de la O.I.T.(Art.10).


35 TESTIGOS “SIN ROSTRO” O SECRETOS, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversación en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.


CONDENAS DE MAS DE 50 AÑOS, La aplicación de la Ley Antiterrorista significará, en definitiva una condena mayor que bajo la ley penal común. (Anexo listado de comuneros que arriesgan las penas más altas).


AÑOS SOLICITADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO


Héctor Llaitul Carillanca: 103
Marco Millanao Mariñan: 77
Ramón Llanquileo Pilquiman: 65
José Huenuche Reiman: 52
Luis Menares Chanilao: 52
Jonathan Huillical Méndez: 52
Carlos Muñoz Huenuman: 50
Juan Parra Leiva: 50


VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, Además, el procesamiento a través de la Ley Antiterrorista a traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, secuestro, hostigamiento a familiares etc.


JUSTICIA MILITAR Y DOBLE JUZGAMIENTO
Es el caso de varios presos políticos mapuche, pese a que Chile ya fue condenado por este motivo por la Corte Interamericana de DDHH (caso Palamara-2005). Aún así en Chile se ha continuado juzgando civiles bajo la Justicia Militar, cuestión que solo se revelo con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.


Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque (Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical), quienes por un mismo hecho, están siendo procesados por la Justicia Civil y Militar. Sin embargo, el Juzgado Militar de Valdivia, resolvió ABSOLVER, debido a las falta de pruebas, no obstante, la Fiscalía Militar apeló a la Corte Marcial.


Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuche, son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo penas que son verdaderas burlas para las familias de las víctimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a “ser testigos secretos” quedan también en la más absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar chilena.


Por último, denunciamos que Chile es el País que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que, da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en este País, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años.


Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.


Como es de conocimiento público hace unos meses se terminó una larga huelga de hambre llevada a cabo por mas de 34 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles del sur de este país solicitando, principalmente, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, de la Justicia Militar y de “Testigos Secretos” como medios de prueba, cuyos logros legislativos y jurídicos fueron en esta oportunidad:


- Que el Gobierno enviara un proyecto de Ley para modificar el Código de Justicia Militar, con el objeto de que esta no fuese aplicada a civiles, la cual fue aprobada por el parlamento chileno.
- Que se recalificara las querellas presentadas por el Gobierno por Ley Antiterrorista por delitos comunes, aludiendo ”Razones de Estado y de bien común”, esperando que todos los demás entes del Estado Chileno actúen en la misma línea.


No obstante, dejamos claro que aun no están dadas todas las garantías para un Debido Proceso y un Juicio Justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche, significó solo un primer paso. Reiteramos que solo la lucha de nuestras comunidades, el acompañamiento de quienes solidarizan con nuestra justa causa y la presencia de observadores en cada uno de los Juicios Orales, a desarrollarse el primer semestre del año 2011, permitirá acercarnos aun más a dicho objetivo.


Frente a esta situación, se solicita:


1) PRESENCIA DE OBSERVADORES Y MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS durante los ALEGATOS DE CLAUSURA a desarrollarse a partir del 17 DE ENERO DEL 2011, en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bio Bio). Instancia fundamental en la cual se definirá el futuro judicial de nuestros familiares.


2) ADHESIONES Y/O PRONUNCIAMIENTOS sobre la situación de vulneración de derechos en la que se encuentra el pueblo mapuche frente a su judicialización y aplicación de legislaciones de excepción.


3) MANIFESTACIONES Y CARTAS A LAS EMBAJADAS DE CHILE en el mundo para que el gobierno tome conocimiento del cuestionamiento a nivel internacional del tratamiento que le da a los pueblos originarios.


Por último, queremos agradecer a los y las Observadoras Internacionales, provenientes de Europa y a la Misión de la Asociación Americana de Juristas que estuvieron presentes durante el mes de Noviembre en la presentación de pruebas del Ministerio Publico, en especial de los "testigos secreto".


Esperando una pronta acogida, les saludan fraternalmente.
Familiares de Presos Políticos Mapuche.


Contactos:
Natividad Llanquileo Pilquiman
Correo electrónico nllanquileo@gmail.com
Fono:569 - 62 32 59 21
Lov Choque


Gladi Huenuman Liencura
Fono : 569 - 84633589
Lov Choque


Olga Viluñir Aguayo
Fono: 569- 85 35 67 12
Comunidad Pascual Coña


Mayores informaciones:
http://wichaninfoaldia.blogspot.com/

miércoles, enero 05, 2011

Colados Nestlé contaminados: consumidores y ambientalistas exigen retiro inmediato



El retiro inmediato de los colados Nestlé contaminados con residuos de plaguicidas es la demanda urgente formulada a la autoridad sanitaria en conferencia de prensa hoy por directivos de la Liga Ciudadana de Consumidores junto a miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida. Ellos se mostraron alarmados por la actuación errática de la autoridad sanitaria, y valoraron que el Instituto de Salud Pública, ISP resistió las presiones y reafirmó las denuncias de residuos inicialmente realizadas por la Liga y su experta, la doctora Cecilia Castillo, a raíz de muestreos realizados en un laboratorio privado. Denunciaron que el ministerio de salud reaccionó desinformando a la población respecto del peligro que esto representa para los niños. La doctora Castillo, que por 10 años fue Jefa de del área de Nutrición en el Ministerio de Salud anunció que solicitarán a los legisladores que en el proyecto de ley de prohibición de plaguicidas más peligrosos, se incluya la obligación de realizar monitoreos de productos frescos y procesados por el ministerio de salud.
Efecto cancerígeno
María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas, que junto al Observatorio de Conflictos Ambientales integra la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, explicó los efectos cancerígenos y en el sistema reproductivo del fungicida iprodione. Este es uno de los productos que la subsecretaria de salud calificó erróneamente como inocuo. Rozas detalló que el efecto crónico en los niños es silencioso y se puede presentar ocho o diez años después de la ingesta diaria. La menor masa corporal de los infantes determina que las normativas sean aún más estrictas al respecto en alimentos para niños, según la Organización Mundial de la Salud. "Como en Chile no existe norma para alimentos procesados, se debe comparar con las normativas existentes en Europa, cuyos valores son aún más bajos para los residuos de plaguicidas con efecto cancerígeno como es el caso de iprodione", agregó la especialista en plaguicidas.

Omar Pérez, secretario ejecutivo de la Liga de Consumidores informó que se ha enviado una carta a los ejecutivos de Nestlé en Suiza exigiendo que la empresa chilena aplique iguales estándares para los niños chilenos que los utilizados en Europa. Las organizaciones ciudadanas insistieron en la necesidad de que la autoridad respete el principio de precaución, incorporado en lo relativo a la alimentación en Chile y en todo el mundo.
En estantes
“Es sorprendente que ayer haya habido tres versiones diferentes de la autoridad sanitaria respecto al tema, nunca vi algo igual! Se anunció finalmente que habría un retiro voluntario, pero al parecer sólo se va a dejar de producir esos colados y el producto permanecería en estanterías para que lo sigan comprando los consumidores,” aseveró la doctora Cecilia Castillo.

La afirmación de la subsecretaria Jadue respecto de que sólo si hubiera únicamente agricultura orgánica se puede lograr una producción sin residuos de plaguicidas, y que ello implicaría un alto costo, fue refutada por las organizaciones. El presidente de la Liga Ciudadana, Rubén Andino recordó que las muestras de colados de otras frutas no mostraron residuos y agregó que en Europa y Estados Unidos la producción tampoco es mayoritariamente orgánica y sin embargo no presenta residuos, de manera que el tema es la inexistencia de control de calidad por parte de las empresas y de monitoreo por salud. Recalcó que esto tendrá un efecto negativo para las exportaciones de productos chilenos a Europa. Respecto del supuesto mayor costo de la producción orgánica, María Elena Rozas recordó el alto costo en salud que se paga con el uso de agroquímicos, ya que el cáncer que requiere elevados gastos para enfrentarla, y a ese costo se suma la contaminación de suelos y aguas. Señaló que los costos de este modelo (externalidades) los pagan los sectores más pobres de la población, y en especial las mujeres y los niños expuestos a los efectos de los plaguicidas.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile
La Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP- Chile) está integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
secretaria@rapal.cl; aplagui@rdc.cl
www.rap-al.org / www.rap-chile.cl
fono: 3416742