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| En la marcha de la CUT en Valparaíso, 11 de julio (el "Sin" está escrito con verde) |
por Lucía
Sepúlveda Ruiz, publicado el 8 de julio
en la edición Nº 47 de la revista Resumen de Concepción
Pese a
que desde hace unos 15 años en Chile es legal registrar semillas, todavía la
producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por
eso la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la
pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de
producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar el Proyecto de Ley de
Obtentores Vegetales, iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011
y cuya discusión inició ahora el Senado. Es lo que llamamos “privatización de
la semilla nivel 2”, ligada al Convenio UPOV 91 que garantiza royalties para
los dueños de las semillas híbridas y/o transgénicas. Ahora sabemos de ello y
de Monsanto. Pero cuando se patentó en Chile por primera vez una semilla y se
firmó, en 1996, la versión 1978 de ese
Convenio de Protección de Variedades Vegetales - que protege los bolsillos de
las transnacionales - sólo se enteró un
estrecho círculo. Pero Chile cambió. Ahora diversas organizaciones sociales,
campesinas y ambientales están denunciando los verdaderos contenidos de la
iniciativa luego que el
proyecto de Ley de Obtentores se reactivara,
inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera a Obama, en mayo de
2013.
Ni el
Senado ni el gobierno han hecho la consulta a los pueblos indígenas, estipulada
por el Convenio 169 y el tema aún es ignorado por muchas organizaciones
campesinas. El Senado escuchó al MUCECH, una organización funcional a los
gobiernos de turno que está a favor de la expansión de los cultivos
transgénicos. ANAMURI, Grain, RAP-AL y Yo No Quiero Transgénicos en Chile; la Confederación de
Cooperativas Silvoagropecuarias,
CAMPOCOOP, Chile Sustentable y Chile sin Transgénicos plantearon su decidido
rechazo al proyecto y demandaron que sea analizado por las comisiones de
derechos humanos y de medio ambiente antes de pasar a su discusión por la
plenaria del senado. INIA y la Universidad de Chile se unieron a los miembros
de ANPROS y a los empresarios frutícolas en la defensa del proyecto.
A nivel global, los países más ricos en
biodiversidad y con economías agrarias más importantes, se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las
presiones de Estados Unidos. NO han firmado el Convenio UPOV 91 ni reformado sus
leyes de semillas. En América Latina ese es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil,
México, Nicaragua y Paraguay. A nivel
global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,
Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito. Estos países se muestran interesados en
resguardar su biodiversidad y su patrimonio.
Van por más
El lobby del proyecto defendido por el gobierno
de Piñera, corre por cuenta de las transnacionales Monsanto, Dupont/Pioneer,
Bayer y Syngenta, productoras de semillas y de agrotóxicos, las principales “obtentoras” globales de registros
de semillas, junto a su aliado nacional, Erik von Baer, con llegada directa al
Senado. Si tienen éxito, se derogará la
antigua ley de semillas y se impondrá la ley de obtentores vegetales. Porque a los
obtentores no les basta con ser dueños
de más del 80% de las semillas registradas en el SAG. Se quejan de “piratería”
respecto de “su” propiedad intelectual y pretenden además que se extienda a 20 y 25 años la vigencia de
cada registro.
Con la ley
19.342, Chile estableció un registro de obtentores vegetales. A mayo de 2013 existe
un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y
forestales registradas (www.sag.cl). Del total de 141 variedades “protegidas” de
especies agrícolas, Semillas SZ (de empresas holandesas) ha registrado 27 variedades de papas.
Monsanto ha registrado 22 variedades de arvejas, cebollas, cilantro, frejol,
lechuga, melón, pepino y tomate, en
tanto que ANASAC detenta 14 registros de variedades forrajeras: ballicas, pastos y tréboles, más
trigo harinero para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva
Zelanda, Francia, y Australia. La
transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, con el nombre de fantasía
de “Semillera Nunhems”. La semillera norteamericana Agric. Panam Seed Service detenta
7 variedades de maíz, mientras que Alliance Semillas, de Limagrain, Francia, tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado. Estas empresas integran
ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, lobbyista de este
proyecto de ley.
La alstromeria, la quinoa y la frutilla
En el rubro
de las especies ornamentales no existen obtentores chilenos. De las 99
variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Pero sí hay biopiratería: el
registro de la alstroemeria, a partir de una especie nativa chilena, sin que
ello signifique para el país ningún tipo de royalty. Chile no protege el acceso
al patrimonio genético ni ha ratificado
el Protocolo de Nagoya referido a ello.
Los
obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo Erick von Baer, quien
registra más variedades: de quinoa, cebada, avena, entre otros. Von Baer fue
durante 20 años presidente de ANPROS. El INIA (10 obtenciones) y Fundación
Chile (1) son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual. En frutales, que concentra el mayor número de
variedades (461) hay sólo 23, es decir apenas un 5% en manos de empresas chilenas.
Casi
la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y
universidades norteamericanas junto a Nueva Zelanda (40 registros), España
(30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de
origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3
obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el
negocio. La ley de obtentores les entrega el control sobre
las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético
independiente que puedan realizar investigadores chilenos.
Es
llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales,
lo cual explicaría el lobby empresarial para incluir también este tipo de
especies. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la
prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así
como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso
indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las
ganancias de las empresas citadas.
Privatizar un bien común
Resolver
los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina no ha sido prioridad
para ninguno de los gobiernos chilenos. Pero el Presidente Piñera –y la ex
presidenta Bachelet, autora de esta iniciativa de ley – profundizarán esa
crisis al entregar nuevas e ilimitadas garantías a los obtentores de semillas. Es
la privatización de la semilla, porque la ley permite que luego de un trabajo
de manipulación genética, se garantice
el cobro de un “derecho de obtentor” o royalty por lo que se hace a partir de la semilla
original, un bien común, patrimonio de los campesinos e indígenas, que han sido
sus seleccionadores y guardadores desde el inicio de la agricultura. Utilizando
una comparación, esto es como si una persona pintara un edificio y luego alegara propiedad sobre el mismo.
La agenda oculta tras la ley
Al entregar
nuevas atribuciones a los obtentores, este proyecto apunta a expandir la
agroindustria exportadora, a limpiar el territorio rural de cultivos orientados
hacia el mercado interno (para plantar
pinos y raps transgénico), y a generar nuevos monocultivos para la producción
de farmacultivos cuyo nombre no se menciona en el articulado para no incluir una
palabra muy vinculada a Monsanto y Bayer:
transgénicos.
Con este marco legal se busca impedir
de hecho que los agricultores produzcan sus propias semillas, lo que generará
además, pérdida de la biodiversidad. La semilla “mejorada” será impuesta en la
práctica por el mercado, el Estado (a través de INDAP, los subsidios y
créditos) y la publicidad, rematando una práctica ya habitual. Así se facilitan
los procesos de concentración de las empresas que tendrán en sus manos los
precios de las semillas. Lógicamente los alimentos también serán más caros. Este proyecto de ley
asegura a las empresas un control
monopólico del primer eslabón de la cadena de producción de los alimentos, que son las semillas.
Los obtentores y el Convenio UPOV
El
gobierno requiere sacar adelante esta ley para que se pueda promulgar el
convenio UPOV 91 que ya aprobó el Senado en 2011, entre gallos y medianoche. La
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV no es
un Convenio de Naciones Unidas como el Convenio sobre Biodiversidad, el
Convenio de Estocolmo u otros convenios firmados por Chile. UPOV es una
organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de
semillas y respaldada luego por los
gobiernos. Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes
ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por
la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los
alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la
historia.
El
proyecto no establece ningún tipo de salvaguardias para especies y variedades
vegetales nativas que existen en forma silvestre y no protege los usos
agrícolas, medicinales u otros que tradicionalmente han ejercido campesinos y
comunidades indígenas. Así, la propuesta legal facilita el establecimiento de
derechos que afectarán especies nativas de uso tradicional. Como ejemplo se
puede observar lo que ha ocurrido con el tomate, ya que las variedades
registradas por Monsanto han copado el mercado y hecho desaparecer el tomate
originario del país, remplazado debido a la ventaja comercial de las insípidas
variedades de larga vida.
Este convenio ha sido resistido por pueblos
indígenas de todo el mundo, y es considerado por ellos como una nueva forma de
robo legal de plantas que ellos han
intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido
en caso de peligro, sequía o monocultivo. La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es
un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo,
reconocido en el Tratado de Recursos
Fitogenéticos de la FAO, del cual Chile es signatario. Las mujeres campesinas e
indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la
diversidad y riqueza genética que utilizan
las corporaciones semilleras, para desarrollar las variedades híbridas y
transgénicas. No se trata de una “creación” sino de una usurpación.
Criminalización marca Monsanto
De
acuerdo a los términos de la ley, el agricultor que cultive semillas “mejoradas”,
deberá comprar todos los años esa semilla
si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Los infractores a la ley
podrán ser demandados directamente por Monsanto, Pioneer, Syngenta o cualquier
obtentor el cual podrá lograr que un juez ordene destruir la cosecha.
El convenio no garantiza que las variedades
registradas por los obtentores sean mejores o estén accesibles en Chile. Para
registrar una planta sólo se pide que no
esté inscrita antes en un registro oficial y que la variedad sea homogénea y
estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para
resistir la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando
hay biodiversidad. Si se produce una plaga que ataca esa variedad impuesta por
el mercado, ese año simplemente no habrá cosecha de ese alimento.
Al
no exigir calidad a la nueva variedad, la ley hace posible que se registren
variedades de calidad inferior a todas las conocidas, por las cuales se deberán
pagar los precios fijados por las semilleras.
Un solo lobby para tres proyectos
El
convenio UPOV 91, el proyecto de Ley de Obtentores y el proyecto de
Bioseguridad que pretende legalizar los transgénicos expandiendo los actuales
semilleros de exportación y legalizando los cultivos para el mercado interno, tienen los mismos actores y lobbystas: las
transnacionales semilleras y agroquímicas organizadas en ChileBio y
ANPROS.
La
campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl,
facebook Yo No Quiero Transgénicos), ha
desarrollado movilizaciones en Valparaíso y Santiago en defensa de la semilla. El
objetivo implícito del convenio Upov 91 y de esta ley, es generar mejores
condiciones para la introducción de los cultivos transgénicos en el mercado
interno. La tierra quedará a disposición
de las semilleras productoras de transgénicos, de la agroindustria de exportación, y/o de las
forestales, intensivas en uso de agrotóxicos y fertilizantes y con escasa
utilización de mano de obra. Es el vaciamiento del campo. Sin las semillas que
permiten la agricultura de subsistencia, las familias campesinas e indígenas se
verían forzadas progresivamente a abandonar sus predios. Este tipo de leyes dan
como resultado el despoblamiento del campo y el aumento de la marginalidad en
la ciudad ya que el precio de la semilla y del paquete químico/tecnológico es
tan alto que no está al alcance de la
pequeña agricultura familiar campesina.
Pero
las guardadoras de semillas, los pequeños agricultores, junto a centenares de
colectivos y organizaciones que promueven los cultivos agroecológicos con
semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas; los agricultores
biodinámicos, los permacultores, y
quienes desarrollan huertos urbanos y otras formas de cultivos sustentables
están reaccionando. La semilla campesina se está convirtiendo en una semilla en
resistencia.
