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miércoles, julio 31, 2013

Nuevas pautas de EFSA sobre experimentos de efecto crónico de OGMs validan a Seralini


Seralini (cuarto de izquierda a derecha) y su equipo, en Bruselas


Fuente: http://gmoseralini.org/seralini-validated-by-new-efsa-guidelines-on-long-term-gmo-experiments/
París, Francia, 31 de Julio.- La Autoridad Sanitaria Europea (EFSA por su sigla en inglés) ha formulado pautas para la realización de estudios de alimentación con transgénicos por dos años,  para evaluar el riesgo de toxicidad crónica (de largo plazo) de los alimentos transgénicos. Aquí el anuncio de EFSA:http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3347.htm
 Este es un documento fascinante que valida en forma extensa la metodología y las opciones del profesor Gilles-Eric Seralini en su estudio de 2012 sobre el maíz transgénico NK603.  EFSA y muchos otros lo habían atacado anteriormente por el uso de esta metodología y estas opciones.
Puntos específicos a destacar
1. EFSA admite que “no existe una pauta o protocolo estándar para este tipo de estudio y los proponentes de la industria tienen que adaptar protocolos”, tal cual lo hizo Seralini.
2. EFSA dice que la misma familia de ratas que se usó en el estudio de alimentación por 90 días con alimento transgénico debería usarse en un estudio más prolongado, reivindicando así el uso de la familia de ratas Sprague-Dafwley que usó Seralini (en su experimento de dos años), y también Monsanto en su estudio de 90 días sobre el mismo maíz.
3. EFSA dice que los animales deberían ser alimentados ad libitum (a voluntad), como hizo Seralini. Los críticos de Seralini habían dicho que eso hacía imposible que se midiera el consumo individual de alimento y de agua de los animales.
4. EFSA admite que no necesariamente  hay que tener una hipótesis fija y estrecha (en el experimento) y que un estudio puede ser de tipo “exploratorio” a pesar de que previamente EFSA sostuvo que el experimento de Seralini era cuestionable por eso.
5. EFSA recomienda no utilizar grupos externos de control o grupos con “dietas de referencia” (fuera del experimento) en variedades de ratas a las que se ha alimentado supuestamente con dietas que no serían transgénica. Ese tipo de grupos son los que Monsanto incluye habitualmente en sus estudios de 90 días. Esto, sobre la base de que los controles del propio experimento son los válidos y que lo que se está probando o experimentando es la diferencia entre la variedad transgénica y su comparación no transgénica. Seralini fue objeto de muchas críticas por no incluir estos grupos de control espurios (externos) y se dijo que tenía “grupos inadecuados de control”.
6.EFSA llama fuertemente la atención respecto de que no se debe descansar en estadísticas históricas de control, y si se las usara, debiera hacerse en forma restringida a sólo 5 años previos al experimento actual y con los mismos tipos de prueba. Este requerimiento es mucho más estricto de lo que la industria siempre utiliza. La industria utiliza estadísticas muy antiguas provenientes de muchas fuentes.
EFSA dice: ”El uso de estadísticas históricas de control debería ser considerado con mucho cuidado. Los controles históricos podrían no ser útiles a causa de la incidencia de lesiones neoplásicas (o no neoplásicas) que podrían provenir de animales de control sometidos a dietas diferentes a la dieta aplicada en un estudio que es sólo de alimentación, y porque la dieta misma (alta/baja en grasas, tipo de grasas, porcentaje de carbohidratos, tipo de carbohidratos, etc) puede influir en la formación de lesiones de carácter neoplásico o no neo plásico. Si no se pudiera demostrar que la formulación de la dieta utilizada en el experimento para los grupos de control  sea equivalente a la utilizada para la generación de estadísticas históricas de control, se podría considerar la inclusión de un grupo adicional de control (tan similar como sea posible al control histórico), además del grupo actual de control en el experimento.”
Resulta desafortunado que aunque condena justamente el uso de estadísticas históricas de control, sin embargo EFSA permite grupos de control extra o de “referencia” que ha descalificado en el punto 5.
7. EFSA recomienda un mínimo de 10 animales por sexo en cada grupo para la fase de toxicidad crónica. Esta es la misma cantidad utilizada por Seralini.
8. EFSA recomienda alojar a los animales en grupos de pares, tal como hizo Seralini, de manera que no se puede medir el consumo individual.
9. EFSA requiere un análisis de poder previo para asegurar que haya ejemplares de tamaño adecuado, según el tamaño del efecto que se está buscando. Nunca hemos notado que la industria de los transgénicos haga algo así, por lo que sus experimentos tienen la garantía de no dar como resultado ningún hallazgo. Si quiere ver comentarios del equipo de Seralini sobre esto, consulte:
http://www.ijbs.com/v05p0706.htm
Más que nada, estamos complacidos de que EFSA asuma nuestras lecciones respecto de tener cuidado con usar grupos de control “de referencia” y de usar estadísticas históricas de control (incluso si en el mismo documento EFSA termina concluyendo que se pueden usar ambos) y también nos alegra que se validen los procedimientos utilizados en el experimento de Seralini que previamente fueron objeto de la mayor parte de las críticas.

Traducción de Lucía Sepúlveda Ruiz para RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

jueves, julio 11, 2013

Semillas en resistencia contra la Ley de Obtentores



En la marcha de la CUT en Valparaíso, 11 de julio (el "Sin" está escrito con verde)
por Lucía Sepúlveda Ruiz,  publicado el 8 de julio en la edición Nº 47 de la revista Resumen de Concepción

 Pese a que desde hace unos 15 años en Chile es legal registrar semillas, todavía la producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por eso la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011 y cuya discusión inició ahora el Senado. Es lo que llamamos “privatización de la semilla nivel 2”, ligada al Convenio UPOV 91 que garantiza royalties para los dueños de las semillas híbridas y/o transgénicas. Ahora sabemos de ello y de Monsanto. Pero cuando se patentó en Chile por primera vez una semilla y se firmó, en 1996,  la versión 1978 de ese Convenio de Protección de Variedades Vegetales - que protege los bolsillos de las transnacionales -  sólo se enteró un estrecho círculo. Pero Chile cambió. Ahora diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientales están denunciando los verdaderos contenidos de la iniciativa luego que el proyecto de Ley de Obtentores  se reactivara, inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera a Obama, en mayo de 2013.

Ni el Senado ni el gobierno han hecho la consulta a los pueblos indígenas, estipulada por el Convenio 169 y el tema aún es ignorado por muchas organizaciones campesinas. El Senado escuchó al MUCECH, una organización funcional a los gobiernos de turno que está a favor de la expansión de los cultivos transgénicos. ANAMURI, Grain, RAP-AL y Yo No Quiero Transgénicos en Chile; la Confederación de Cooperativas  Silvoagropecuarias, CAMPOCOOP, Chile Sustentable y Chile sin Transgénicos plantearon su decidido rechazo al proyecto y demandaron que sea analizado por las comisiones de derechos humanos y de medio ambiente antes de pasar a su discusión por la plenaria del senado. INIA y la Universidad de Chile se unieron a los miembros de ANPROS y a los empresarios frutícolas en la defensa del proyecto.

A nivel global, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos. NO han firmado el Convenio UPOV 91 ni reformado sus leyes de semillas. En América Latina ese es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y  Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,  Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito.  Estos países se muestran interesados en resguardar su biodiversidad y su patrimonio.
Van por más
El lobby del proyecto defendido por el gobierno de Piñera, corre por cuenta de las transnacionales Monsanto, Dupont/Pioneer, Bayer y Syngenta, productoras de semillas y de agrotóxicos,  las principales “obtentoras” globales de registros de semillas, junto a su aliado nacional, Erik von Baer, con llegada directa al Senado.  Si tienen éxito, se derogará la antigua ley de semillas y se impondrá la ley de obtentores vegetales. Porque a los obtentores no les basta con ser  dueños de más del 80% de las semillas registradas en el SAG. Se quejan de “piratería” respecto de “su” propiedad intelectual y pretenden además que  se extienda a 20 y 25 años la vigencia de cada registro.
Con la ley 19.342, Chile estableció un registro de obtentores vegetales. A mayo de 2013 existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas (www.sag.cl). Del  total de 141 variedades “protegidas” de especies agrícolas, Semillas SZ (de empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades de papas. Monsanto ha registrado 22 variedades de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros de variedades  forrajeras: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, con el nombre de fantasía de “Semillera Nunhems”. La semillera norteamericana Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, mientras que Alliance Semillas, de Limagrain, Francia,  tiene 2 de frejol y Anasac  una de trébol rosado. Estas empresas integran ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, lobbyista de este proyecto de ley. 
La alstromeria, la quinoa y la frutilla
En el rubro de las especies ornamentales no existen obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Pero sí hay biopiratería: el registro de la alstroemeria, a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty. Chile no protege el acceso al patrimonio genético ni  ha ratificado el Protocolo de Nagoya referido a ello.  
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo Erick von Baer, quien registra más variedades: de quinoa, cebada, avena, entre otros. Von Baer fue durante 20 años presidente de ANPROS. El INIA (10 obtenciones) y Fundación Chile (1) son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual.  En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23, es decir apenas un 5% en manos de empresas chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas junto a Nueva Zelanda (40 registros), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio. La ley de obtentores les entrega el control sobre las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente que puedan realizar investigadores chilenos.  
Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para incluir también este tipo de especies. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas.
Privatizar un bien común
Resolver los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina no ha sido prioridad para ninguno de los gobiernos chilenos. Pero el Presidente Piñera –y la ex presidenta Bachelet, autora de esta iniciativa de ley – profundizarán esa crisis al entregar nuevas e ilimitadas garantías a los obtentores de semillas. Es la privatización de la semilla, porque la ley permite que luego de un trabajo de manipulación genética,  se garantice el cobro de un “derecho de obtentor” o royalty por  lo que se hace a partir de la semilla original, un bien común, patrimonio de los campesinos e indígenas, que han sido sus seleccionadores y guardadores desde el inicio de la agricultura. Utilizando una comparación, esto es como si una persona pintara un edificio  y luego alegara propiedad sobre el mismo.

La agenda oculta tras la ley
Al entregar nuevas atribuciones a los obtentores, este proyecto apunta a expandir la agroindustria exportadora, a limpiar el territorio rural de cultivos orientados hacia el  mercado interno (para plantar pinos y raps transgénico), y a generar nuevos monocultivos para la producción de farmacultivos cuyo nombre no se menciona en el articulado para no incluir una  palabra muy vinculada a Monsanto y Bayer: transgénicos.    

Con este marco legal se busca impedir de hecho que los agricultores produzcan sus propias semillas, lo que generará además, pérdida de la biodiversidad. La semilla “mejorada” será impuesta en la práctica por el mercado, el Estado (a través de INDAP, los subsidios y créditos) y la publicidad, rematando una práctica ya habitual. Así se facilitan los procesos de concentración de las empresas que tendrán en sus manos los precios de las semillas. Lógicamente los alimentos también serán más caros.  Este proyecto de ley asegura  a las empresas un control monopólico del   primer eslabón de  la cadena de producción de los alimentos,  que son las semillas.  

Los obtentores y el Convenio UPOV
El gobierno requiere sacar adelante esta ley para que se pueda promulgar el convenio UPOV 91 que ya aprobó el Senado en 2011, entre gallos y medianoche. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV no es un Convenio de Naciones Unidas como el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio de Estocolmo u otros convenios firmados por Chile. UPOV es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas  y respaldada luego por los gobiernos.  Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El proyecto no establece ningún tipo de salvaguardias para especies y variedades vegetales nativas que existen en forma silvestre y no protege los usos agrícolas, medicinales u otros que tradicionalmente han ejercido campesinos y comunidades indígenas. Así, la propuesta legal facilita el establecimiento de derechos que afectarán especies nativas de uso tradicional. Como ejemplo se puede observar lo que ha ocurrido con el tomate, ya que las variedades registradas por Monsanto han copado el mercado y hecho desaparecer el tomate originario del país, remplazado debido a la ventaja comercial  de  las insípidas variedades de larga vida.
Este convenio ha sido resistido por pueblos indígenas de todo el mundo, y es considerado por ellos como una nueva forma de robo legal de plantas que ellos  han intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es  un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, del cual Chile es signatario. Las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que utilizan  las corporaciones semilleras, para desarrollar las variedades híbridas y transgénicas. No se trata de una “creación” sino de una usurpación.
Criminalización marca Monsanto
De acuerdo a los términos de la ley, el agricultor que cultive semillas “mejoradas”, deberá comprar todos los años esa semilla  si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Los infractores a la ley podrán ser demandados directamente por Monsanto, Pioneer, Syngenta o cualquier obtentor el cual podrá lograr que un juez ordene destruir la cosecha.
 El convenio no garantiza que las variedades registradas por los obtentores sean mejores o estén accesibles en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que  no esté inscrita antes en un registro oficial y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad. Si se produce una plaga que ataca esa variedad impuesta por el mercado, ese año simplemente no habrá cosecha de ese alimento.

Al no exigir calidad a la nueva variedad, la ley hace posible que se registren variedades de calidad inferior a todas las conocidas, por las cuales se deberán pagar los precios fijados por las semilleras.

Un solo lobby para tres proyectos
El convenio UPOV 91, el proyecto de Ley de Obtentores y el proyecto de Bioseguridad que pretende legalizar los transgénicos expandiendo los actuales semilleros de exportación y legalizando los cultivos para el mercado interno,  tienen los mismos actores y lobbystas: las transnacionales semilleras y agroquímicas organizadas en ChileBio y ANPROS.   

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl, facebook Yo No Quiero Transgénicos),  ha desarrollado movilizaciones en Valparaíso y Santiago en defensa de la semilla. El objetivo implícito del convenio Upov 91 y de esta ley, es generar mejores condiciones para la introducción de los cultivos transgénicos en el mercado interno.  La tierra quedará a disposición de las semilleras productoras de transgénicos,  de la agroindustria de exportación, y/o de las forestales, intensivas en uso de agrotóxicos y fertilizantes y con escasa utilización de mano de obra. Es el vaciamiento del campo. Sin las semillas que permiten la agricultura de subsistencia, las familias campesinas e indígenas se verían forzadas progresivamente a abandonar sus predios. Este tipo de leyes dan como resultado el despoblamiento del campo y el aumento de la marginalidad en la ciudad ya que el precio de la semilla y del paquete químico/tecnológico es tan alto que no está al alcance de  la pequeña agricultura familiar campesina.

Pero las guardadoras de semillas, los pequeños agricultores, junto a centenares de colectivos y organizaciones que promueven los cultivos agroecológicos con semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas; los agricultores biodinámicos, los  permacultores, y quienes desarrollan huertos urbanos y otras formas de cultivos sustentables están reaccionando. La semilla campesina se está convirtiendo en una semilla en resistencia.





jueves, junio 06, 2013

Senado de Chile y Ley de Obtentores: no aceptaremos tramitación express

El  martes 11de junio,  el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Es muy posible que el Presidente Piñera esté así cumpliendo instrucciones de Obama  luego de su reciente encuentro, pero habrá que esperar un próximo wikileak para tener la total certeza de ello. El proyecto de Ley de Obtentores, presentado  por la ex Presidenta Bachelet y resistido entonces por las organizaciones campesina y sociales a las que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos que -entre otras aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de semilla  y posibilitan que el obtentor  (Monsanto, Bayer, von Baer, Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por "piratería" como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá. El pago del royalty o patente se extiende no sólo a la semilla sino los subproductos derivados de ella y se extiende la vigencia del registro otorgado al obtentor. La ley consagra el monopolio de la semilla por los obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene como consecuencia implícita y obviamente  no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena. En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla "certificada" y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya. Recordemos que Brasil, China, Ecuador, entre otros NO han firmado este convenio, que no es un convenio emanado de Naciones Unidas sino ha sido generado por las transnacionales productoras de semillas y agrotóxicos (químicos) con el apoyo de los gobiernos.
Los senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Isabel Allende, Jaime Pizarro, José Antonio Gómez, Mariano Ruiz-Esquide, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Pedro Muñoz Aburto, Patricio Walker, Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber en 2011 plantearon ante el Tribunal Constitucional que el Convenio UPOV 91 aprobado ese año, era ilegal. El TC no acogió el fondo de la petición, y le devolvió  la pelota al Senado, para que hiciera una ley de Obtentores que cuente con consulta a los pueblos indígenas, y que asegure el resguardo del patrimonio genético de Chille y su biodiversidad.  Por ello,  hemos dirigido la siguiente carta a estos 17 senadores que mostraron sensibilidad en el tema:

Como Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-Chile, integrada por la Red de Acción en Plaguicidas Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y el Observatorio de Conflictos Ambientales, OLCA, que integramos la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, nos hemos enterado que el próximo martes 11 de junio se reactiva en la Comisión de Agricultura del Senado, la tramitación del Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, que hasta ahora no tenía urgencia.

Desconocemos si se le ha puesto urgencia en las últimas horas. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que la conocatoria a la sesión de la comisión, a la que asistirán el Ministro de Agricultura y el MInistro de Relaciones Exteriores, se realiza inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera al Presidente de Estados Unidos, sr. Obama. Como Uds. recordarán, tanto este proyecto de ley como el Convenio UPOV 91 ya aprobado por el Senado en 2011, han sido discutidos bajo directa presión de la Casa Blanca (Tratado de Libre Comercio) a lo que se suma el poderoso lobby de Monsanto y otras transnacionales, además de sus socios locales.
Como es de su conocimiento, pese a haber sido aprobado por el Congreso, el convenio UPOV 91 no ha sido promulgado debido precisamente a que algunas cláusulas del mismo son contradictorias con la actual Ley de Semillas, que sería derogada si se aprueba el proyecto en segundo trámite constitucional. En la oportunidad, se planteó que debió haberse discutido primero el proyecto de Ley de Obtentores.  Aunque el Tribunal Constitucional rechazó la objeción de legalidad presentada por ustedes señores senadores, con el respaldo de las organizaciones campesinas, sociales y ambientales, en esa oportunidad el Tribunal Constitucional no fue al fondo del asunto, y sostuvo   en su fallo que era al Senado a quien correspondía velar porque se cumpliera con la consulta a los pueblos indígenas (Convenio 69) y garantizar el resguardo de la biodiversidad y el patrimonio genético del país. En lenguaje popular, diríamos que el Senado "les devolvió la pelota".
Nos parece imprescindible recordar a Uds. que el proyecto de ley de Obtentores Vegetales contiene artículos que vulneran y criminalizan el derecho ancestral de campesinos e indígenas a guardar la semilla, y a practicar el libre intercambio de semillas, entre otras aberraciones. En los países de Europa y América en los cuales está vigente el convenio UPOV 91 gracias a la vigencia de nuevas leyes de obtentores de semillas, los productores agrícolas  ya han perdido esos derechos. Sin embargo, en diciembre de 2012, la Corte Constitucional de Colombia declaró inasequible la Ley 1518 de abril 2012 que aprobaba el Convenio UPOV 91 de Protección de Obtentores Vegetales. Las organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas y de ciudadanos del país andino, consideraron el fallo como una primera victoria hacia la garantía plena de los derechos de sus comunidades sobre sus semillas en su lucha por la soberanía alimentaria.
En Chile, el convenio UPOV 91 se aprobó entre gallos y medianoche, mientras en las calles la ciudadanía movilizada rechazaba el proyecto HidroAysén. Sólo votaron en contra del proyecto los senadores Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo),  junto a José Antonio Gómez (Antofagasta), Alejandro Navarro (BioBio,), y Jaime Quintana (Araucanía).


 No aceptaremos que la Ley de Obtentores Vegetales sea tramitada en el Senado de una forma similar, por lo que esperamos de Uds., señores senadores,  que mostraron sensibilidad en el tema luego de esa nefasta aprobación del convenio pro Monsanto, que garanticen el derecho de las organizaciones campesinas, indígenas, sociales y ambientales a dar a conocer los fundamentos de su rechazo a este proyecto de Ley de Obtentores, que asegura el pago de patentes para los obtentores, en su gran mayoría transnacionales, y despoja de sus derechos a los pueblos campesinos e indígenas,  custodios, desarrolladores y guardadores de la semilla a lo largo de la historia.
Reciban uds. un atento y preocupado saludo de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, RAP-Chile, y la campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

María Elena Rozas, coordinadora Red de Acción en Plaguicidas Chile
Lucía Sepúlveda,  encargada de semillas y transgénicos en RAP-Chile