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domingo, octubre 16, 2016

Guía de Alimentos Sanos y Seguros

En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, la Red de Acción en Plaguicidas, RAP-Chile, da a conocer la Guía para Encontrar Alimentos Sanos y Seguros. Su objetivo es informar a los consumidores sobre los puntos de distribución y venta de productos agroecológicos y orgánicos, disponibles en ferias, mercados y negocios de once regiones de Chile.
La comercialización es uno de los mayores problemas que enfrentan los productores de alimentos sin plaguicidas ni transgénicos ni patentes, y/o cultivados a partir de semillas tradicionales. En general, el Estado no entrega a estos productores el apoyo que sí otorga través de subsidios,  fondos públicos y obras de riego, a la agroindustria y a las transnacionales dueñas de los semilleros transgénicos. Chile Bio, el gremio de la industria biotecnológica encabezada por Monsanto y Syngenta, publicita que desde 1991, su sector ha recibido 16.2 millones de dólares destinados a la investigación de cultivos transgénicos. La cifra incluye en estas cifras al INIA,  Instituto de Investigación Agropecuaria, receptor del  51,4% de estos recursos, según la misma fuente. No es posible cuantificar los montos que INDAP gasta en la compra de semillas híbridas, fertilizantes y plaguicidas, el paquete tecnológico destinado a la agricultura familiar campesina y vendido por la industria. Su glosa presupuestaria es general y cubre todos los insumos, pero la cifra es elevadísima y constituye un subsidio a la industria semillera y distribuidora de agrotóxicos. Por otra parte, costosas obras de riego tales como embalses y entubamiento de canales, por lo general, benefician a quienes concentran en regiones la propiedad de derechos de agua, constituyendo otro subsidio encubierto que beneficia a los productores agrícolas convencionales y vulnera los intereses de los pequeños agricultores.
La Guía para Encontrar Alimentos Sanos y Seguros incluye las razones para adoptar esta opción alimentaria, que apunta al fortalecimiento de las economías locales y la agricultura familiar campesina, y también a la defensa de la semilla tradicional y la soberanía alimentaria. Entre las razones para optar por alimentos libres de plaguicidas y transgénicos, están la protección de nuestra salud y la de los productores rurales; la defensa de aguas, suelos y semillas tradicionales al igual que la protección de las abejas, chinitas y la biodiversidad. Los alimentos proporcionados por la agricultura convencional y la agroindustria se basan en monocultivos y variedades “mejoradas” (registradas) de alto rendimiento y costo, e incorporan un uso excesivo de fertilizantes y agrotóxicos de la categoría de “Plaguicidas Altamente Peligrosos” (PAP o HHP por sus siglas en inglés). Estos plaguicidas tienen importantes efectos negativos sobre el ecosistema, la salud humana y animal. Entre ellos se destaca el herbicida glifosato, (nombre comercial Roundup de Monsanto) considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, que en Chile tiene etiqueta “verde” y se vende sin ninguna restricción. El gobierno de la presidenta, la doctora Michelle Bachelet se ha negado a prohibir esta sustancia tóxica, y por otra parte mantiene su apoyo al Tratado Transpacífico TTP que busca someter a Chile a las normas sobre comercio, transgénicos, semillas y conocimiento ancestral, dictadas por las corporaciones.
Nuestro trabajo de difusión y promoción de la agroecología se inserta en el desarrollo de las sesiones  del Tribunal internacional contra Monsanto  que se espera finalice en La Haya el 16 de octubre. La corporación transnacional Monsanto ha sido  acusada de cometer delitos como ecocidio y genocidio. Siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional, académicos como el ex relator por el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas  Olivier de Schutter, científicos como Gilles Eric Seralini, Vandana Shiva y otros juristas y especialistas en ambiente conocerán los testimonios de representantes de organizaciones campesinas y sociales, entre ellas una numerosa delegación argentina que incluye a Médicos (Damián Verzeñassi) y Comunidades de Pueblos Fumigados. Se darán a conocer los dañinos impactos producidos por esta transnacional en Argentina, donde se registra un alarmante aumento de cánceres y malformaciones congénitas asociados a los cultivos transgénicos de soya, que utilizan Roundup.  RAP-Chile y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile se une a los participantes en las Asambleas Populares que se realizaron en forma paralela al juicio, para rechazar y denunciar las prácticas que buscan controlar globalmente la alimentación, especialmente ahora que se anuncia la fusión de Monsanto con Bayer. 
En este contexto nacional y global, llamamos a los parlamentarios a rechazar el Tratado Transpacífico, que es un freno para toda legislación que proteja el ambiente y la salud, y demandamos  del gobierno la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos y los neonicotinoides que matan a las abejas, la promoción efectiva de la agroecología, el etiquetado de los alimentos transgénicos, y la puesta en marcha de una política de compras públicas de alimentos sanos y seguros para escolares y hospitales públicos.

Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL
Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile
Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago Centro /  226997375/ 9-8858227/ rap-al@terra.cl/ 


domingo, agosto 11, 2013

Santiago: Marcha contra Ley Monsanto el sábado 17 de agosto al mediodía



La entrada principal del Mercado Central (por calle Puente), a las 12 horas,  es el punto de partida de la marcha que se realizará el 17 de agosto en Santiago contra la Ley de Obtentores Vegetales, llamada "Ley Monsanto" por las organizaciones sociales, campesinas y ambientales. La marcha, convocada por la campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile, se realizará en distintas regiones y localidades del país para dar una clara señal de rechazo a esta ley. Hay convocatorias a toda máquina en Iquique, La Serena, Ovalle, Valparaíso, San Fernando, Curicó, Talca, Cauquenes, Chillán, Concepción, Temuco y Valdivia, y se espera se integran  nuevas localidades.

No queremos que las generaciones futuras vivan en un país que no tenga alimentos propios, que importe toda su comida y coma lo que le orden las transnacionales y el mercado. Queremos seguir comprando en las ferias libres, apoyando a quienes producen sin patentes, sin químicos y sin transgénicos. Necesitamos comida sana, especialmente para los niños y niñas de Chile, por eso te pedimos también que vengas con ellos para que sepan que estamos defendiendo sus derechos.

Una vez más la clase política se prepara para legislar a favor de los intereses de las empresas transnacionales y corporaciones privadas.
El parlamento Chileno está tramitando el proyecto de ley de obtentores vegetales (presentado en su momento por la ex presidenta Michelle Bachelet) que da nuevas garantías para el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas a costa del patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas.
Esta iniciativa legislativa es un claro atentado a los derechos y prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y una violación a nuestra soberanía alimentaria.
En diversas regiones del país hemos decidido movilizarnos en rechazo a este proyecto hecho a la medida de los intereses de las empresas semilleras que pretenden monopolizar la producción agroalimentaria, y eliminar de hecho la agricultura familiar campesina, y la producción agroecológica y orgánica.

Este 17 de Agosto saldremos a las calles a luchar por nuestro patrimonio, la semilla.

Asiste con pancartas, lienzos y carteles con mensajes alusivos al resguardo de nuestra biodiversidad y en rechazo a la “ley Monsanto”, la privatización de nuestras semillas y la expansión de los cultivos transgénicos. Trae música, semillas y todo lo que quieras para expresar tu sentimiento de respeto y amor por las semillas, que son un símbolo de la vida.
Organiza tu territorio, no permitas que una vez más la clase política de la mano de las transnacionales, sean quienes decidan por ti.

Convoca:
Campaña Nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile

jueves, julio 11, 2013

Semillas en resistencia contra la Ley de Obtentores



En la marcha de la CUT en Valparaíso, 11 de julio (el "Sin" está escrito con verde)
por Lucía Sepúlveda Ruiz,  publicado el 8 de julio en la edición Nº 47 de la revista Resumen de Concepción

 Pese a que desde hace unos 15 años en Chile es legal registrar semillas, todavía la producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por eso la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción. Esa es la realidad que hoy quiere cambiar el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados en 2011 y cuya discusión inició ahora el Senado. Es lo que llamamos “privatización de la semilla nivel 2”, ligada al Convenio UPOV 91 que garantiza royalties para los dueños de las semillas híbridas y/o transgénicas. Ahora sabemos de ello y de Monsanto. Pero cuando se patentó en Chile por primera vez una semilla y se firmó, en 1996,  la versión 1978 de ese Convenio de Protección de Variedades Vegetales - que protege los bolsillos de las transnacionales -  sólo se enteró un estrecho círculo. Pero Chile cambió. Ahora diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientales están denunciando los verdaderos contenidos de la iniciativa luego que el proyecto de Ley de Obtentores  se reactivara, inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera a Obama, en mayo de 2013.

Ni el Senado ni el gobierno han hecho la consulta a los pueblos indígenas, estipulada por el Convenio 169 y el tema aún es ignorado por muchas organizaciones campesinas. El Senado escuchó al MUCECH, una organización funcional a los gobiernos de turno que está a favor de la expansión de los cultivos transgénicos. ANAMURI, Grain, RAP-AL y Yo No Quiero Transgénicos en Chile; la Confederación de Cooperativas  Silvoagropecuarias, CAMPOCOOP, Chile Sustentable y Chile sin Transgénicos plantearon su decidido rechazo al proyecto y demandaron que sea analizado por las comisiones de derechos humanos y de medio ambiente antes de pasar a su discusión por la plenaria del senado. INIA y la Universidad de Chile se unieron a los miembros de ANPROS y a los empresarios frutícolas en la defensa del proyecto.

A nivel global, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos. NO han firmado el Convenio UPOV 91 ni reformado sus leyes de semillas. En América Latina ese es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y  Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,  Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito.  Estos países se muestran interesados en resguardar su biodiversidad y su patrimonio.
Van por más
El lobby del proyecto defendido por el gobierno de Piñera, corre por cuenta de las transnacionales Monsanto, Dupont/Pioneer, Bayer y Syngenta, productoras de semillas y de agrotóxicos,  las principales “obtentoras” globales de registros de semillas, junto a su aliado nacional, Erik von Baer, con llegada directa al Senado.  Si tienen éxito, se derogará la antigua ley de semillas y se impondrá la ley de obtentores vegetales. Porque a los obtentores no les basta con ser  dueños de más del 80% de las semillas registradas en el SAG. Se quejan de “piratería” respecto de “su” propiedad intelectual y pretenden además que  se extienda a 20 y 25 años la vigencia de cada registro.
Con la ley 19.342, Chile estableció un registro de obtentores vegetales. A mayo de 2013 existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas (www.sag.cl). Del  total de 141 variedades “protegidas” de especies agrícolas, Semillas SZ (de empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades de papas. Monsanto ha registrado 22 variedades de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros de variedades  forrajeras: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, con el nombre de fantasía de “Semillera Nunhems”. La semillera norteamericana Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, mientras que Alliance Semillas, de Limagrain, Francia,  tiene 2 de frejol y Anasac  una de trébol rosado. Estas empresas integran ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, lobbyista de este proyecto de ley. 
La alstromeria, la quinoa y la frutilla
En el rubro de las especies ornamentales no existen obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Pero sí hay biopiratería: el registro de la alstroemeria, a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty. Chile no protege el acceso al patrimonio genético ni  ha ratificado el Protocolo de Nagoya referido a ello.  
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo Erick von Baer, quien registra más variedades: de quinoa, cebada, avena, entre otros. Von Baer fue durante 20 años presidente de ANPROS. El INIA (10 obtenciones) y Fundación Chile (1) son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual.  En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23, es decir apenas un 5% en manos de empresas chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas junto a Nueva Zelanda (40 registros), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio. La ley de obtentores les entrega el control sobre las semillas, lo que implica dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente que puedan realizar investigadores chilenos.  
Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para incluir también este tipo de especies. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas.
Privatizar un bien común
Resolver los problemas de la pequeña agricultura familiar campesina no ha sido prioridad para ninguno de los gobiernos chilenos. Pero el Presidente Piñera –y la ex presidenta Bachelet, autora de esta iniciativa de ley – profundizarán esa crisis al entregar nuevas e ilimitadas garantías a los obtentores de semillas. Es la privatización de la semilla, porque la ley permite que luego de un trabajo de manipulación genética,  se garantice el cobro de un “derecho de obtentor” o royalty por  lo que se hace a partir de la semilla original, un bien común, patrimonio de los campesinos e indígenas, que han sido sus seleccionadores y guardadores desde el inicio de la agricultura. Utilizando una comparación, esto es como si una persona pintara un edificio  y luego alegara propiedad sobre el mismo.

La agenda oculta tras la ley
Al entregar nuevas atribuciones a los obtentores, este proyecto apunta a expandir la agroindustria exportadora, a limpiar el territorio rural de cultivos orientados hacia el  mercado interno (para plantar pinos y raps transgénico), y a generar nuevos monocultivos para la producción de farmacultivos cuyo nombre no se menciona en el articulado para no incluir una  palabra muy vinculada a Monsanto y Bayer: transgénicos.    

Con este marco legal se busca impedir de hecho que los agricultores produzcan sus propias semillas, lo que generará además, pérdida de la biodiversidad. La semilla “mejorada” será impuesta en la práctica por el mercado, el Estado (a través de INDAP, los subsidios y créditos) y la publicidad, rematando una práctica ya habitual. Así se facilitan los procesos de concentración de las empresas que tendrán en sus manos los precios de las semillas. Lógicamente los alimentos también serán más caros.  Este proyecto de ley asegura  a las empresas un control monopólico del   primer eslabón de  la cadena de producción de los alimentos,  que son las semillas.  

Los obtentores y el Convenio UPOV
El gobierno requiere sacar adelante esta ley para que se pueda promulgar el convenio UPOV 91 que ya aprobó el Senado en 2011, entre gallos y medianoche. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV no es un Convenio de Naciones Unidas como el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio de Estocolmo u otros convenios firmados por Chile. UPOV es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas  y respaldada luego por los gobiernos.  Las ventas de semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos de la historia.
El proyecto no establece ningún tipo de salvaguardias para especies y variedades vegetales nativas que existen en forma silvestre y no protege los usos agrícolas, medicinales u otros que tradicionalmente han ejercido campesinos y comunidades indígenas. Así, la propuesta legal facilita el establecimiento de derechos que afectarán especies nativas de uso tradicional. Como ejemplo se puede observar lo que ha ocurrido con el tomate, ya que las variedades registradas por Monsanto han copado el mercado y hecho desaparecer el tomate originario del país, remplazado debido a la ventaja comercial  de  las insípidas variedades de larga vida.
Este convenio ha sido resistido por pueblos indígenas de todo el mundo, y es considerado por ellos como una nueva forma de robo legal de plantas que ellos  han intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La selección, mejoramiento e intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es  un derecho humano de los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO, del cual Chile es signatario. Las mujeres campesinas e indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la diversidad y riqueza genética que utilizan  las corporaciones semilleras, para desarrollar las variedades híbridas y transgénicas. No se trata de una “creación” sino de una usurpación.
Criminalización marca Monsanto
De acuerdo a los términos de la ley, el agricultor que cultive semillas “mejoradas”, deberá comprar todos los años esa semilla  si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. Los infractores a la ley podrán ser demandados directamente por Monsanto, Pioneer, Syngenta o cualquier obtentor el cual podrá lograr que un juez ordene destruir la cosecha.
 El convenio no garantiza que las variedades registradas por los obtentores sean mejores o estén accesibles en Chile. Para registrar una planta sólo se pide que  no esté inscrita antes en un registro oficial y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad. Si se produce una plaga que ataca esa variedad impuesta por el mercado, ese año simplemente no habrá cosecha de ese alimento.

Al no exigir calidad a la nueva variedad, la ley hace posible que se registren variedades de calidad inferior a todas las conocidas, por las cuales se deberán pagar los precios fijados por las semilleras.

Un solo lobby para tres proyectos
El convenio UPOV 91, el proyecto de Ley de Obtentores y el proyecto de Bioseguridad que pretende legalizar los transgénicos expandiendo los actuales semilleros de exportación y legalizando los cultivos para el mercado interno,  tienen los mismos actores y lobbystas: las transnacionales semilleras y agroquímicas organizadas en ChileBio y ANPROS.   

La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile (www.yonoquierotransgenicos.cl, facebook Yo No Quiero Transgénicos),  ha desarrollado movilizaciones en Valparaíso y Santiago en defensa de la semilla. El objetivo implícito del convenio Upov 91 y de esta ley, es generar mejores condiciones para la introducción de los cultivos transgénicos en el mercado interno.  La tierra quedará a disposición de las semilleras productoras de transgénicos,  de la agroindustria de exportación, y/o de las forestales, intensivas en uso de agrotóxicos y fertilizantes y con escasa utilización de mano de obra. Es el vaciamiento del campo. Sin las semillas que permiten la agricultura de subsistencia, las familias campesinas e indígenas se verían forzadas progresivamente a abandonar sus predios. Este tipo de leyes dan como resultado el despoblamiento del campo y el aumento de la marginalidad en la ciudad ya que el precio de la semilla y del paquete químico/tecnológico es tan alto que no está al alcance de  la pequeña agricultura familiar campesina.

Pero las guardadoras de semillas, los pequeños agricultores, junto a centenares de colectivos y organizaciones que promueven los cultivos agroecológicos con semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas; los agricultores biodinámicos, los  permacultores, y quienes desarrollan huertos urbanos y otras formas de cultivos sustentables están reaccionando. La semilla campesina se está convirtiendo en una semilla en resistencia.





lunes, julio 08, 2013

En audiencia en ex Senado sembramos la Comisión de Agricultura con semillas libres



La Comisión de Agricultura del Senado escuchó por cerca de dos horas y media las exposiciones de organizaciones sociales y ambientales sobre el proyecto de Ley de Obtentores, en una sesión en que también estuvieron los gremios involucrados en la producción y uso de semillas patentadas. Entre los asistentes estaban representantes de ANAMURI, Grain, Chile Sustentable y la ONG Natural Solutions Foundation, de Estados Unidos. A favor del proyecto se plantearon voceros del consorcio Biofrutales, de INIA, Fedefruta, Viveros Frutales y la Facultad de Agronomía de Chile. 
A continuación, la intervención de Lucía Sepúlveda, de  la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, al cierre de la sesión del 8 de julio, realizada en el ex Senado de la República.
Una  ley innecesaria y peligrosa para la biodiversidad
La fundamentación del proyecto de Obtentores Vegetales se relaciona con la supuesta obligación de promulgar el convenio UPOV 91, cuyo texto es la base para la formulación de esta ley.  A nivel global, sin embargo, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, NO han firmado el citado convenio ni tampoco reformado sus leyes de semillas. En América Latina es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y  Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,  Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito. La mayoría se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos.

Este proyecto tiene una relación directa con “obtenciones” de la biotecnología desarrolladas a partir de los recursos genéticos del país, pero jurídicamente el proyecto no cautela la protección de ese patrimonio. Chile no cuenta aún con una Ley de Biodiversidad y aunque signatario del Convenio de Biodiversidad, es uno de los dos países latinoamericanos que no ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología. Tampoco ha ratificado  el Protocolo Suplementario de Nagoya (2010) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados. Chile incluso es punto focal de este tratado, con Javier García como representante del Ministerio de Medio Ambiente en este Protocolo sobre acceso, de carácter suplementario al de Cartagena. No ratificarlo es grave porque el proyecto que analizamos, aumenta las facilidades para el ejercicio de la biopiratería.

Cualquier planta medicinal y/o de uso tradicional por comunidades campesinas e indígenas, podría ser registrada fácilmente por un obtentor si no es  comercialmente conocida, no está inscrita en un registro oficial y  se  le introduce un cambio cosmético. Posteriormente el dueño del registro podrá  impedir el uso de esa planta medicinal por la comunidad, alegando que es una variedad derivada esencialmente de la anterior o que no  es claramente distinta de la que él ha manipulado (artículos 5, 6 y 7). 

Chile  tampoco ha firmado un segundo Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología, llamado Protocolo de Nagoya/Kuala Lampur Sobre Responsabilidad y Compensación, cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados”. Este último instrumento ya fue firmado por Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú, entre otros (http://bch.cbd.int/protocol/parties/).


Situación actual del Registro de Obtentores
Desde el año 1996 Chile ya cuenta con un registro de obtentores vegetales y a la fecha existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas, según SAG. Un examen del registro permite afirmar que los obtentores son en su gran mayoría empresas extranjeras. Es así como del total de 141 variedades protegidas de especies agrícolas, Semillas SZ (de varias empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades. Monsanto ha registrado 22,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  Monsanto obtiene royalties por distintos tipos de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate. Las variedades de ANASAC son para forraje: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero. Semillas SZ por su parte ha registrado 22 variedades de papas.

La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, a través de la semillera Nunhems. Junto a Monsanto forma parte de ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas que ha desarrollado un intenso lobby a nivel parlamentario y de la prensa a favor de este proyecto de ley. 


En el rubro de las especies ornamentales no hay obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Entre ellas está la alstroemeria, obtenida a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty.
Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo el ex presidente de ANPROS  Erick von Baer, cuya empresa sigue siendo miembro de la directiva de los semilleros, quien registra el mayor número de variedades: de cebada, avena, quinoa, entre otros. El INIA y Fundación Chile son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual, el primero con apenas 10 obtenciones, y Fundación Chile con 1.  Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, Alliance Semillas tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado.

En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23 variedades en manos de empresas o entidades chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas. Entre la decena de países  que registran variedades en Chile, están  Nueva Zelanda (40), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio de los registros y sus respectivos royalties.

Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña agricultura familiar campesina.
Este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.


Promoción de farmocultivos
Este proyecto de ley no exige inocuidad para las nuevas obtenciones, y en su mensaje de introducción (Artículo 1) sostiene que  generará condiciones para el desarrollo de cultivos que actúen “como biorreactores generadores de vacunas”, es decir para la producción  de farmocultivos a partir de especies alimentarias. Este tipo de cultivos transgénicos a campo abierto están prohibidos en la mayor parte de los países del mundo por el riesgo de que contaminen los cultivos de la misma variedad alimentaria. En Chile el  Departamento de Genética de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Santiago  está desarrollando experimentos de tomate transgénico como vacuna contra la hepatitis y el cólera, proyecto que este tipo de ley viabiliza. Hay que recordar que Chile es centro de origen del tomate que se usaría como vacuna, y exporta productos derivados de este cultivo. Según ODEPA (Boletín“La Industria de la pasta de tomate”) el año 2013 el país exportó US $ 108.274.354 (valor FOB) en productos derivados del tomate. La expansión de este tipo de cultivos transgénicos significaría un riesgo para ese tipo de exportaciones alimentarias dado el peligro de contaminación de las variedades no transgénicas por la variedad (farmocultivo o vacuna) que incluiría toxinas peligrosas.

La mayor rentabilidad del negocio entregada por este proyecto puede atraer inversión en este tipo de farmocultivos  con efectos altamente negativos para el conjunto de la agroindustria exportadora, similares a lo ocurrido con la miel. Es útil recordar que los consumidores de los países desarrollados adoptan en forma creciente patrones alimentarios que incluyen el rechazo de este tipo de alimentos por los riesgos que conllevan a la salud (efecto crónico ligado a cánceres y otras enfermedades).

Quién gana con la ley
Este proyecto beneficia fundamentalmente a los obtentores de semillas híbridas y transgénicas, un negocio cuyas reglas han sido abordado por el Congreso en un paquete de tres leyes relacionadas entre sí: el convenio UPOV 91, ya aprobado, la Ley de Obtentores, y la ley de Bioseguridad que de ser aprobada, sancionaría la expansión del negocio de los transgénicos hacia el mercado interno.
No es casual que sea ANPROS la principal agrupación gremial interesada en la aprobación de esta ley y de las otras dos. Su interés es asegurar mayores ganancias y garantías para ese sector, en desmedro de otras actividades agrícolas expuestas a la contaminación de sus productos por los cultivos transgénicos.  La  publicidad de ANPROS busca convencer al parlamento y a la sociedad de que el negocio de exportación de semilla es sumamente importante para la economía del país, en circunstancia que en realidad alcanza aproximadamente a los 400 millones de dólares anuales, una cifra muy  menor en relación a las exportaciones totales del sector silvoagropecuario, que en 2012, alcanzaron a los US$12.315  miles de millones (ODEPA, Panorama 2012).
ANPROS ha expuesto en la Comisión de Agricultura a favor  del convenio UPOV 91, y ha estado en dos oportunidades  presionando por la aprobación de la ley de obtentores. Las tres leyes mencionadas favorecen al mismo sector ya mencionado y su efecto a largo plazo impactará negativamente en el sector agroexportador que hoy día tiene una importancia central en el país.

Quién pierde con la ley
En la temporada 2011-2012 se certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas orgánicas (Odepa, Agricultura Orgánica 2011-2012). Las exportaciones de este sector están creciendo pero la consolidación del sector exportador de semillas transgénicas representa un peligro evidente para el desarrollo de este tipo de agricultura, que por definición no utiliza insumos químicos (agrotóxicos) ni semilla transgénica.  También afecta la exportación de semilla convencional.

En  e l artículo 1 del  mensaje de introducción a esta ley se menciona  que este instrumento legal permitirá trabajar en la obtención de variedades orientadas al estrés hídrico, lo cual no se ha logrado en ningún país, a pesar de décadas de ensayos. Pero la transnacional Syngenta no necesitó de esta ley y ya está desarrollando este tipo de experimentos con maíz transgénico en el  valle de Azapa  Esos cultivos, sumados a los semilleros de exportación de maíz transgénico existentes en las regiones VI y VII  ya están poniendo en riesgo la integridad de las razas de maíz propias de este país y en general, de los cultivos convencionales de maíz.
Alemania rechazó recientemente una partida de maíz exportado desde Chile,  por estar contaminado con maíz transgénico NK603 (2/05/2013), que se exportaba como maíz convencional, lo cual fue informado por la prensa alemana. http://www.schleswigholstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0513/MELUR_130502_Saatgut.html

No fue la primera vez, esto también ocurrió en 2001, 2005, 2009, 2010, 2011.  Este tipo de incidentes impactan negativamente en las exportaciones agrícolas de Chile, y existe el peligro de que se comiencen a exigir certificaciones europeas, como ha sido el caso en la miel.

Por otra parte, este proyecto de ley no ha sido discutido por los pueblos originarios de Chile, como dispone el Convenio 169.  El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre el convenio UPOV 91 observó que corresponde al Congreso llevar adelante ese proceso, cuestión que no se ha cumplido hasta el momento, aunque muchas organizaciones indígenas ya se han pronunciado en contra. Citaremos entre otras, la Red de de Semillas Libres del WallMapu, de la zona de la Araucanía, y organizaciones aymara del norte.

En síntesis, este proyecto de ley apunta a fortalecer un sector productivo de tipo monopólico y altamente contaminante porque utiliza agrotóxicos y semillas transgénicas, en desmedro de los productores orgánicos, agroecológicos y convencionales, y en detrimento del patrimonio genético de Chile y particularmente de sus comunidades campesinas e indígenas. Esta ley operará teniendo como elemento auxiliar el mercado y las instituciones del agro, que con su accionar aseguran en la práctica el desplazamiento de las semillas campesinas y locales y su reemplazo por las alternativas certificadas, ya sea híbridas o transgénicas para la exportación.

Como Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas consideramos que esta ley debe ser rechazada, porque  los intereses de los obtentores vegetales ya están suficientemente protegidos por la actual Ley de Semillas, Nº 19.234. Llamamos a Uds., como parlamentarios y miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, a discutir y aprobar leyes a favor de la biodiversidad y la agricultura sustentable, y a impulsar la ratificación de convenios como los protocolos ya citados, emanados de Naciones Unidas, con el objetivo de proteger la biodiversidad y el valioso patrimonio genético del país, y de asegurar el derecho de los campesinos e indígenas a contar con semillas tradicionales, libres de patentes, transgénicos y plaguicidas,  y a producir nuestros alimentos en forma sana y segura, con métodos agroecológicos.

Lucía Sepúlveda Ruiz, encargada del área de Semillas y Transgénicos de RAP-Chile
María Elena Rozas, Coordinadora Nacional Red de Acción en Plaguicidas Chile

Valparaíso, 8 de julio de 2013