En audiencia en ex Senado sembramos la Comisión de Agricultura con semillas libres

La Comisión de Agricultura del Senado escuchó por cerca de dos horas y media las exposiciones de organizaciones sociales y ambientales sobre el proyecto de Ley de Obtentores, en una sesión en que también estuvieron los gremios involucrados en la producción y uso de semillas patentadas. Entre los asistentes estaban representantes de ANAMURI, Grain, Chile Sustentable y la ONG Natural Solutions Foundation, de Estados Unidos. A favor del proyecto se plantearon voceros del consorcio Biofrutales, de INIA, Fedefruta, Viveros Frutales y la Facultad de Agronomía de Chile. 

A continuación, la intervención de Lucía Sepúlveda, de  la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, al cierre de la sesión del 8 de julio, realizada en el ex Senado de la República.

Una  ley innecesaria y peligrosa para la biodiversidad

La fundamentación del proyecto de Obtentores Vegetales se relaciona con la supuesta obligación de promulgar el convenio UPOV 91, cuyo texto es la base para la formulación de esta ley.  A nivel global, sin embargo, los países más ricos en biodiversidad y con economías agrarias más importantes, NO han firmado el citado convenio ni tampoco reformado sus leyes de semillas. En América Latina es el caso de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, México, Nicaragua y  Paraguay. A nivel global, China, Kenya, Noruega, Nueva Zelanda,  Portugal, y Sudáfrica tampoco lo han suscrito. La mayoría se mantienen como firmantes del convenio UPOV 78 resistiendo las presiones de Estados Unidos.

Este proyecto tiene una relación directa con “obtenciones” de la biotecnología desarrolladas a partir de los recursos genéticos del país, pero jurídicamente el proyecto no cautela la protección de ese patrimonio. Chile no cuenta aún con una Ley de Biodiversidad y aunque signatario del Convenio de Biodiversidad, es uno de los dos países latinoamericanos que no ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología. Tampoco ha ratificado  el Protocolo Suplementario de Nagoya (2010) sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados. Chile incluso es punto focal de este tratado, con Javier García como representante del Ministerio de Medio Ambiente en este Protocolo sobre acceso, de carácter suplementario al de Cartagena. No ratificarlo es grave porque el proyecto que analizamos, aumenta las facilidades para el ejercicio de la biopiratería.

Cualquier planta medicinal y/o de uso tradicional por comunidades campesinas e indígenas, podría ser registrada fácilmente por un obtentor si no es  comercialmente conocida, no está inscrita en un registro oficial y  se  le introduce un cambio cosmético. Posteriormente el dueño del registro podrá  impedir el uso de esa planta medicinal por la comunidad, alegando que es una variedad derivada esencialmente de la anterior o que no  es claramente distinta de la que él ha manipulado (artículos 5, 6 y 7). 

Chile  tampoco ha firmado un segundo Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Tecnología, llamado Protocolo de Nagoya/Kuala Lampur Sobre Responsabilidad y Compensación, cuyo objetivo es “contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados”. Este último instrumento ya fue firmado por Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú, entre otros (http://bch.cbd.int/protocol/parties/).

Situación actual del Registro de Obtentores

Desde el año 1996 Chile ya cuenta con un registro de obtentores vegetales y a la fecha existe un total de 707 variedades de especies agrícolas, frutales, ornamentales y forestales registradas, según SAG. Un examen del registro permite afirmar que los obtentores son en su gran mayoría empresas extranjeras. Es así como del total de 141 variedades protegidas de especies agrícolas, Semillas SZ (de varias empresas holandesas)  ha registrado 27 variedades. Monsanto ha registrado 22,  en tanto que ANASAC detenta 14 registros para empresas propietarias también extranjeras, de Nueva Zelanda, Francia, y Australia.  Monsanto obtiene royalties por distintos tipos de arvejas, cebollas, cilantro, frejol, lechuga, melón, pepino y tomate. Las variedades de ANASAC son para forraje: ballicas, pastos y tréboles, más trigo harinero. Semillas SZ por su parte ha registrado 22 variedades de papas.

La transnacional Bayer tiene 6 obtenciones de alcachofa, a través de la semillera Nunhems. Junto a Monsanto forma parte de ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas que ha desarrollado un intenso lobby a nivel parlamentario y de la prensa a favor de este proyecto de ley. 

En el rubro de las especies ornamentales no hay obtentores chilenos. De las 99 variedades registradas, 93 lo son por Holanda. Entre ellas está la alstroemeria, obtenida a partir de una especie nativa chilena, sin que ello signifique para el país ningún tipo de royalty.

Los obtentores chilenos se concentran en el rubro agrícola, siendo el ex presidente de ANPROS  Erick von Baer, cuya empresa sigue siendo miembro de la directiva de los semilleros, quien registra el mayor número de variedades: de cebada, avena, quinoa, entre otros. El INIA y Fundación Chile son las únicas entidades públicas que figuran en el registro actual, el primero con apenas 10 obtenciones, y Fundación Chile con 1.  Agric. Panam Seed Service detenta 7 variedades de maíz, Alliance Semillas tiene 2 de frejol y Anasac una de trébol rosado.

En frutales, que concentra el mayor número de variedades (461) hay sólo 23 variedades en manos de empresas o entidades chilenas.   Casi la mitad de las 461 inscripciones están registradas por empresas y universidades norteamericanas. Entre la decena de países  que registran variedades en Chile, están  Nueva Zelanda (40), España (30), Francia (23), Israel (20). La frutilla, de la cual Chile es centro de origen, está registrada por empresas de Estados Unidos (24) y España (3 obtenciones). Como se ve, unos pocos países del norte global monopolizan el negocio de los registros y sus respectivos royalties.

Es llamativo que en el registro actual del SAG no figuren las plantas medicinales, lo cual explicaría el lobby empresarial para cambiar la ley e incluir también este tipo de especies, junto a otros aspectos que aseguran una mayor renta para este negocio que ya es una próspera realidad. La extensión de la duración del registro, de 15 a 20 y 25 años, y la prohibición de la guarda e intercambio de semillas (artículos 48 y 49), así como la facultad entregada al obtentor para perseguir judicialmente el uso indebido de las semillas registradas (Art. 48), sólo persiguen aumentar las ganancias de las empresas citadas y asegurar la expansión de los monocultivos a costa de la pequeña agricultura familiar campesina.

Este proyecto de ley contradice las nuevas políticas de la FAO que a partir de la declaración de 2014 como “Año de la Agricultura Familiar Campesina” está impulsando en América Latina y el mundo, iniciativas de respuesta al problema del hambre y a los desafíos planteados por el cambio climático a realizarse con comunidades de la agricultura familiar.

Promoción de farmocultivos

Este proyecto de ley no exige inocuidad para las nuevas obtenciones, y en su mensaje de introducción (Artículo 1) sostiene que  generará condiciones para el desarrollo de cultivos que actúen “como biorreactores generadores de vacunas”, es decir para la producción  de farmocultivos a partir de especies alimentarias. Este tipo de cultivos transgénicos a campo abierto están prohibidos en la mayor parte de los países del mundo por el riesgo de que contaminen los cultivos de la misma variedad alimentaria. En Chile el  Departamento de Genética de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Santiago  está desarrollando experimentos de tomate transgénico como vacuna contra la hepatitis y el cólera, proyecto que este tipo de ley viabiliza. Hay que recordar que Chile es centro de origen del tomate que se usaría como vacuna, y exporta productos derivados de este cultivo. Según ODEPA (Boletín“La Industria de la pasta de tomate”) el año 2013 el país exportó US $ 108.274.354 (valor FOB) en productos derivados del tomate. La expansión de este tipo de cultivos transgénicos significaría un riesgo para ese tipo de exportaciones alimentarias dado el peligro de contaminación de las variedades no transgénicas por la variedad (farmocultivo o vacuna) que incluiría toxinas peligrosas.

La mayor rentabilidad del negocio entregada por este proyecto puede atraer inversión en este tipo de farmocultivos  con efectos altamente negativos para el conjunto de la agroindustria exportadora, similares a lo ocurrido con la miel. Es útil recordar que los consumidores de los países desarrollados adoptan en forma creciente patrones alimentarios que incluyen el rechazo de este tipo de alimentos por los riesgos que conllevan a la salud (efecto crónico ligado a cánceres y otras enfermedades).

Quién gana con la ley

Este proyecto beneficia fundamentalmente a los obtentores de semillas híbridas y transgénicas, un negocio cuyas reglas han sido abordado por el Congreso en un paquete de tres leyes relacionadas entre sí: el convenio UPOV 91, ya aprobado, la Ley de Obtentores, y la ley de Bioseguridad que de ser aprobada, sancionaría la expansión del negocio de los transgénicos hacia el mercado interno.

No es casual que sea ANPROS la principal agrupación gremial interesada en la aprobación de esta ley y de las otras dos. Su interés es asegurar mayores ganancias y garantías para ese sector, en desmedro de otras actividades agrícolas expuestas a la contaminación de sus productos por los cultivos transgénicos.  La  publicidad de ANPROS busca convencer al parlamento y a la sociedad de que el negocio de exportación de semilla es sumamente importante para la economía del país, en circunstancia que en realidad alcanza aproximadamente a los 400 millones de dólares anuales, una cifra muy  menor en relación a las exportaciones totales del sector silvoagropecuario, que en 2012, alcanzaron a los US$12.315  miles de millones (ODEPA, Panorama 2012).

ANPROS ha expuesto en la Comisión de Agricultura a favor  del convenio UPOV 91, y ha estado en dos oportunidades  presionando por la aprobación de la ley de obtentores. Las tres leyes mencionadas favorecen al mismo sector ya mencionado y su efecto a largo plazo impactará negativamente en el sector agroexportador que hoy día tiene una importancia central en el país.

Quién pierde con la ley

En la temporada 2011-2012 se certificaron en Chile un total de 111.218 hectáreas orgánicas (Odepa, Agricultura Orgánica 2011-2012). Las exportaciones de este sector están creciendo pero la consolidación del sector exportador de semillas transgénicas representa un peligro evidente para el desarrollo de este tipo de agricultura, que por definición no utiliza insumos químicos (agrotóxicos) ni semilla transgénica.  También afecta la exportación de semilla convencional.

En  e l artículo 1 del  mensaje de introducción a esta ley se menciona  que este instrumento legal permitirá trabajar en la obtención de variedades orientadas al estrés hídrico, lo cual no se ha logrado en ningún país, a pesar de décadas de ensayos. Pero la transnacional Syngenta no necesitó de esta ley y ya está desarrollando este tipo de experimentos con maíz transgénico en el  valle de Azapa  Esos cultivos, sumados a los semilleros de exportación de maíz transgénico existentes en las regiones VI y VII  ya están poniendo en riesgo la integridad de las razas de maíz propias de este país y en general, de los cultivos convencionales de maíz.

Alemania rechazó recientemente una partida de maíz exportado desde Chile,  por estar contaminado con maíz transgénico NK603 (2/05/2013), que se exportaba como maíz convencional, lo cual fue informado por la prensa alemana. http://www.schleswigholstein.de/MELUR/DE/Service/Presse/PI/2013/0513/MELUR_130502_Saatgut.html

No fue la primera vez, esto también ocurrió en 2001, 2005, 2009, 2010, 2011.  Este tipo de incidentes impactan negativamente en las exportaciones agrícolas de Chile, y existe el peligro de que se comiencen a exigir certificaciones europeas, como ha sido el caso en la miel.

Por otra parte, este proyecto de ley no ha sido discutido por los pueblos originarios de Chile, como dispone el Convenio 169.  El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre el convenio UPOV 91 observó que corresponde al Congreso llevar adelante ese proceso, cuestión que no se ha cumplido hasta el momento, aunque muchas organizaciones indígenas ya se han pronunciado en contra. Citaremos entre otras, la Red de de Semillas Libres del WallMapu, de la zona de la Araucanía, y organizaciones aymara del norte.

En síntesis, este proyecto de ley apunta a fortalecer un sector productivo de tipo monopólico y altamente contaminante porque utiliza agrotóxicos y semillas transgénicas, en desmedro de los productores orgánicos, agroecológicos y convencionales, y en detrimento del patrimonio genético de Chile y particularmente de sus comunidades campesinas e indígenas. Esta ley operará teniendo como elemento auxiliar el mercado y las instituciones del agro, que con su accionar aseguran en la práctica el desplazamiento de las semillas campesinas y locales y su reemplazo por las alternativas certificadas, ya sea híbridas o transgénicas para la exportación.

Como Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas consideramos que esta ley debe ser rechazada, porque  los intereses de los obtentores vegetales ya están suficientemente protegidos por la actual Ley de Semillas, Nº 19.234. Llamamos a Uds., como parlamentarios y miembros de la Comisión de Agricultura del Senado, a discutir y aprobar leyes a favor de la biodiversidad y la agricultura sustentable, y a impulsar la ratificación de convenios como los protocolos ya citados, emanados de Naciones Unidas, con el objetivo de proteger la biodiversidad y el valioso patrimonio genético del país, y de asegurar el derecho de los campesinos e indígenas a contar con semillas tradicionales, libres de patentes, transgénicos y plaguicidas,  y a producir nuestros alimentos en forma sana y segura, con métodos agroecológicos.

Lucía Sepúlveda Ruiz, encargada del área de Semillas y Transgénicos de RAP-Chile

María Elena Rozas, Coordinadora Nacional Red de Acción en Plaguicidas Chile

Valparaíso, 8 de julio de 2013

Senado de Chile y Ley de Obtentores: no aceptaremos tramitación express

El  martes 11de junio,  el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Es muy posible que el Presidente Piñera esté así cumpliendo instrucciones de Obama  luego de su reciente encuentro, pero habrá que esperar un próximo wikileak para tener la total certeza de ello. El proyecto de Ley de Obtentores, presentado  por la ex Presidenta Bachelet y resistido entonces por las organizaciones campesina y sociales a las que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos que -entre otras aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de semilla  y posibilitan que el obtentor  (Monsanto, Bayer, von Baer, Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por "piratería" como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá. El pago del royalty o patente se extiende no sólo a la semilla sino los subproductos derivados de ella y se extiende la vigencia del registro otorgado al obtentor. La ley consagra el monopolio de la semilla por los obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene como consecuencia implícita y obviamente  no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena. En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla "certificada" y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya. Recordemos que Brasil, China, Ecuador, entre otros NO han firmado este convenio, que no es un convenio emanado de Naciones Unidas sino ha sido generado por las transnacionales productoras de semillas y agrotóxicos (químicos) con el apoyo de los gobiernos.

Los senadores Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi, Isabel Allende, Jaime Pizarro, José Antonio Gómez, Mariano Ruiz-Esquide, Soledad Alvear, Camilo Escalona, Pedro Muñoz Aburto, Patricio Walker, Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber en 2011 plantearon ante el Tribunal Constitucional que el Convenio UPOV 91 aprobado ese año, era ilegal. El TC no acogió el fondo de la petición, y le devolvió  la pelota al Senado, para que hiciera una ley de Obtentores que cuente con consulta a los pueblos indígenas, y que asegure el resguardo del patrimonio genético de Chille y su biodiversidad.  Por ello,  hemos dirigido la siguiente carta a estos 17 senadores que mostraron sensibilidad en el tema:

Como Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-Chile, integrada por la Red de Acción en Plaguicidas Chile, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y el Observatorio de Conflictos Ambientales, OLCA, que integramos la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, nos hemos enterado que el próximo martes 11 de junio se reactiva en la Comisión de Agricultura del Senado, la tramitación del Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, que hasta ahora no tenía urgencia.

Desconocemos si se le ha puesto urgencia en las últimas horas. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que la conocatoria a la sesión de la comisión, a la que asistirán el Ministro de Agricultura y el MInistro de Relaciones Exteriores, se realiza inmediatamente después de la visita del Presidente Piñera al Presidente de Estados Unidos, sr. Obama. Como Uds. recordarán, tanto este proyecto de ley como el Convenio UPOV 91 ya aprobado por el Senado en 2011, han sido discutidos bajo directa presión de la Casa Blanca (Tratado de Libre Comercio) a lo que se suma el poderoso lobby de Monsanto y otras transnacionales, además de sus socios locales.

Como es de su conocimiento, pese a haber sido aprobado por el Congreso, el convenio UPOV 91 no ha sido promulgado debido precisamente a que algunas cláusulas del mismo son contradictorias con la actual Ley de Semillas, que sería derogada si se aprueba el proyecto en segundo trámite constitucional. En la oportunidad, se planteó que debió haberse discutido primero el proyecto de Ley de Obtentores.  Aunque el Tribunal Constitucional rechazó la objeción de legalidad presentada por ustedes señores senadores, con el respaldo de las organizaciones campesinas, sociales y ambientales, en esa oportunidad el Tribunal Constitucional no fue al fondo del asunto, y sostuvo   en su fallo que era al Senado a quien correspondía velar porque se cumpliera con la consulta a los pueblos indígenas (Convenio 69) y garantizar el resguardo de la biodiversidad y el patrimonio genético del país. En lenguaje popular, diríamos que el Senado "les devolvió la pelota".

Nos parece imprescindible recordar a Uds. que el proyecto de ley de Obtentores Vegetales contiene artículos que vulneran y criminalizan el derecho ancestral de campesinos e indígenas a guardar la semilla, y a practicar el libre intercambio de semillas, entre otras aberraciones. En los países de Europa y América en los cuales está vigente el convenio UPOV 91 gracias a la vigencia de nuevas leyes de obtentores de semillas, los productores agrícolas  ya han perdido esos derechos. Sin embargo, en diciembre de 2012, la Corte Constitucional de Colombia declaró inasequible la Ley 1518 de abril 2012 que aprobaba el Convenio UPOV 91 de Protección de Obtentores Vegetales. Las organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y campesinas y de ciudadanos del país andino, consideraron el fallo como una primera victoria hacia la garantía plena de los derechos de sus comunidades sobre sus semillas en su lucha por la soberanía alimentaria.

En Chile, el convenio UPOV 91 se aprobó entre gallos y medianoche, mientras en las calles la ciudadanía movilizada rechazaba el proyecto HidroAysén. Sólo votaron en contra del proyecto los senadores Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro (Coquimbo),  junto a José Antonio Gómez (Antofagasta), Alejandro Navarro (BioBio,), y Jaime Quintana (Araucanía).


 No aceptaremos que la Ley de Obtentores Vegetales sea tramitada en el Senado de una forma similar, por lo que esperamos de Uds., señores senadores,  que mostraron sensibilidad en el tema luego de esa nefasta aprobación del convenio pro Monsanto, que garanticen el derecho de las organizaciones campesinas, indígenas, sociales y ambientales a dar a conocer los fundamentos de su rechazo a este proyecto de Ley de Obtentores, que asegura el pago de patentes para los obtentores, en su gran mayoría transnacionales, y despoja de sus derechos a los pueblos campesinos e indígenas,  custodios, desarrolladores y guardadores de la semilla a lo largo de la historia.

Reciban uds. un atento y preocupado saludo de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, RAP-Chile, y la campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

María Elena Rozas, coordinadora Red de Acción en Plaguicidas Chile

Lucía Sepúlveda,  encargada de semillas y transgénicos en RAP-Chile

En Facultad Medicina U viernes 2 lanzamos campaña por el no uso de Plaguicidas y por la vida: Los Agrotóxicos Matan

Mañana 2 de diciembre de 2011, de 11 a 15 horas, en el auditorium “Mario Andreis” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ubicada en Independencia N° 1027, Santiago (metro Estación Cerro Blanco) lanzamos campaña permanente por el No Uso de Plaguicidas y por la vida. Invitan: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Chile) Asociación Nacional de Mujeres Rurales e indígenas (ANAMURI), Confederación Ranquil y la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile). Después de casi dos décadas de lucha en Chile contra el uso de plaguicidas altamente peligrosos hemos logrado un compromiso mayor que nos permite ampliar nuestra acción a más personas, organizaciones e instituciones. En el marco del 3 de diciembre Día Mundial del No uso de Plaguicidas le invitamos a sumarse a esta campaña que se está llevando a cabo en América Latina y el Caribe.

Menú sobre las mineras: la Casa Central de la U en Toma o el Hotel Sheraton. Hay Seminario paralelo sobre Responsabilidad Social Empresarial el 21 de octubre

Menú sobre las mineras: la Casa Central de la U en Toma o el Hotel Sheraton

-Seminario paralelo sobre Responsabilidad Social Empresarial el 21 de octubre

El viernes 21 de octubre tendrá lugar en Santiago el seminario “Responsabilidad Social Empresarial: El mito del beneficio minero”, en la Casa Central de la U de Chile (en toma), entre las 9.30 y las 18 horas (Contacto: comunicacionesolca@gmail.com). El programa se abre con  un panel sobre Responsabilidad Social Empresarial en el que intervendrán Raúl Molina, geógrafo y doctor en Antropología; Martin Pascual, Presidente de Acción AG y miembro del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo;  Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y Magdalena Echeverría, socióloga especialista en temas laborales.  El tema se analizará posteriormente en trabajo de grupo con los participantes al seminario, que es abierto a todos los y las interesados en el tema.

¿Beneficiarios o víctimas?
Por la tarde, se abordará  el tema de la responsabilidad social empresarial visto desde  los trabajadores y comunidades, respondiendo al interrogante de si son beneficiarios o victimas. Intervendrán Pedro Chávez, Concejal de Salamanca;  Mauricio Ríos, Miembro del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Cristian Cuevas, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y  Hugo Páez, representante de la Confederación Minera de Chile, Presidente de la CUT Provincial del Huasco.
La jornada concluirá con una exposición de lienzos elaborados en ese espacio  al calor de la discusión  grupal sobre la caracterización de la responsabilidad social desde abajo. Este seminario citado es paralelo al Primer Seminario Internacional sobre Responsabilidad social en Minería www.srmining.com que se está realizando en el Hotel Sheraton, entre los días 19 y 21 de octubre,  convocado por las principales transnacionales mineras que operan en Chile, entre ellas Teck y Barrick.  Tres mesas simultáneas con un total de 108 ponencias, la mayoría investigaciones o estudios financiados por las mismas transnacionales, intentarán allí legitimar ese concepto.
ANAMURI y el Observatorio de Género y Equidad
Entre las ongs chilenas que figuran en Internet como convocantes, tales como Casa de la Paz y el Observatorio de Equidad y Género, el Observatorio aclaró vía Twitter a esta periodista que la organización pidió ser sacada de la web del evento, sin embargo aun figura allí. En cambio el logo de ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas que había sido incluído asimismo en forma inconsulta, ya fue retirado luego que esta organización aclarara públicamente su postura: “No creemos que bajo el actual modelo económico, exista la llamada responsabilidad social empresarial por parte de las empresas y menos frente al cuidado de nuestros territorios y la biodiversidad que brinda la naturaleza. Hoy la agricultura campesina sufre una nueva amenaza por las tierras, el agua y las comunidades desplazadas por la explotación minera que ha horadado de norte a sur nuestros cerros, arrasando con todo a su paso e incluso…con la conciencia de quienes han creído como ayer que los nuevos conquistadores traerán soluciones a la pobreza y el abandono de nuestros campos.”

Denuncia social

En el inicio del Seminario el 19 de octubre a las 19:00, a la hora del coctel de bienvenida, se contempla una manifestación  de denuncia de organizaciones sociales y ambientales ante los medios y  los invitados internacionales.

Asimismo, en la Casa Central de la Universidad de Chile, el viernes 21, la voz de los protagonistas directamente  afectados por la megaminería en Chile pondrá en el tapete los costos que ha tenido para  las comunidades la utilización estratégica del concepto de la responsabilidad social empresarial. Las reales condiciones laborales y la calidad de los empleos que generan las mineras  serán expuestas allí directamente, en contraposición al marketing empresarial. El seminario busca avanzar en la clarificación de estos conceptos, dado que las políticas de la llamada Responsabilidad Social Empresarial han estado tensionando y confundiendo a muchas organizaciones sociales. 

Las voces críticas y el movimiento creciente contra la depredación, la corrupción  y la deshumanización que promueven las mineras,  incluirán también en su denuncia al Estado de Chile, que cada vez otorga menos salud, educación, cultura, obras públicas, dejando en su lugar a las empresas para que aparezcan como benefactoras resolviendo problemas de la comunidad. Recientemente en la localidad de Monte Patria (Región de Coquimbo) un encuentro de organizaciones sociales y ambientales analizó los impactos de las mineras, preparándose para resistir ante nuevos proyectos, a la luz de las experiencias negativas ya vividas por las comunidades y protagonizadas justamente por Teck, entre otras del grupo Luksic  (ver  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137362&titular=valles-de-monte-patria-en-movimiento-por-el-agua-la-semilla-y-un-buen-vivir-

Mientras los estudiantes chilenos y vastos sectores de la población marchan por las calles de Chile exigiendo educación pública gratuita financiada entre otros mecanismos, por una tributación real a la gran minería, estos seminarios paralelos enfrentan conceptos radicalmente diferentes. Uno es totalmente funcional al modelo económico que está en crisis, y el evento paralelo es parte de la visión de los movimientos sociales sobre un modelo basado en extremas ganancias y superexplotación de los recursos naturales y los trabajadores.

ANAMURI sobre Convenio UPOV 91 y posición de MUCECH

Con sorpresa no hemos enterado a través de una nota de prensa del Senado que el compañero Orlando Contreras, en su calidad de vicepresidente del MUCECH, habría entregado su apoyo a la incorporación de Chile al Convenio UPOV 91, convenio, que agrede gravemente el derecho de los campesinos y agricultores al libre uso, intercambio y selección de sus semillas. De acuerdo al boletín de prensa del Senado, el compañero Contreras habría dicho: "existen algunos agricultores que son estafados con las semillas de baja calidad o seudo certificadas y necesitamos certeza jurídica de esa certificación y el convenio UPOV ´91 viene a responder esa necesidad. Hoy la agricultura ha cambiado y el clima también, y se requieren más variedades de semillas resistentes a la sequía y al cambio climático".
Tan grave afirmación nos lleva a pensar que el MUCECH no ha analizado en profundidad la gravedad que reviste la posible adhesión de Chile al convenio UPOV 91, creemos necesario aclarar lo siguiente:

• el Convenio UPOV 91 es un convenio que privatiza las semillas y otorga amplios poderes a las empresas semilleras para monopolizar la comercialización, importación y exportación de semillas. Obliga a los agricultores a comprar semillas todos los años y permite la confiscación de la cosecha, los cultivos y las plantaciones de quienes no lo hagan así.
• La aplicación del Convenio UPOV no garantiza en momento alguno la calidad de semillas a la venta. Las normas del convenio no exigen que las semillas sean mejores que las ya existentes (como lo hacían las antiguas leyes de certificación), ni siquiera exige que sean útiles. Si por alguna razón comercial alguna empresa considera adecuado introducir una variedad peor que todas las anteriormente existentes en el mercado, no habrá nada en el Convenio UPOV que lo impida o que exija a las empresas semilleras informar al respecto.
• El Convenio UPOV tampoco garantiza el acceso a nuevas semillas. Por el contrario, otorga a las empresas semilleras poder para prohibir el ingreso de determinadas variedades al país. Es decir, si una empresa semilleras tiene razones económicas para impedir que en Chile se cultive alguna de sus variedades, podrá inscribirla en los registros del Convenio e impedir su ingreso al país durante por lo menos 20 años.
• Ha sido demostrado científicamente que la resistencia a la sequía y a condiciones ambientales perjudiciales -por cambio climático u otros eventos- está mayormente asociada a la diversidad genética propia de las variedades campesinas y locales. Las variedades comerciales que promueve el Convenio UPOV son altamente homogéneas y por tanto altamente susceptibles a la sequía, a plagas y enfermedades y a condiciones ambientales inadecuadas. Para contar con variedades resistentes al cambio climático, Chile necesita proteger las semillas y la agricultura campesinas, que históricamente han sido y siguen siendo la fuente que alimenta los programas de mejoramiento genético.

Por estas y otras características, ANAMURI, RANQUIL, LOS PRODUCTORES ORGANICOS, EL OBISPO DE AYSEN, RAPÀL, LA ALINZA POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, GRAIN, OLCA, TERRAM, CHILE SUSTENTABLE y diversas organizaciones regionales y locales QUE expresamos ante la Comisión de Agricultura de la cámara de Diputados y posteriormente en la comisión de Agricultura del Senado, nuestro rechazo a que Chile adhiera al Convenio UPOV 91

Estableciendo que la adhesión al Convenio UPOV 91, así como los diversos proyectos de ley sobre semillas, propiedad intelectual y transgénicos, pueden tener impactos sociales, ambientales, productivos y económicos tan serios, que Gobierno y Parlamento deben hacer esfuerzos especiales por abrir y profundizar la discusión aún más antes de tomar cualquier decisión.

DIRECTORIO NACIONAL ANAMURI
Santiago de Chile, 3 de mayo de 2011

No más secreto sobre transgénicos ni amparo a Monsanto.

Histórico fallo de Consejo para la Transparencia

-Acogido recurso de RAP-Chile sobre derecho ciudadano a saber.

Santiago de Chile, 6 de julio de 2010.- María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP Chile valoró hoy la decisión del Consejo para la Transparencia que resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo (Rol A59-09) interpuesto por ella hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). “Esta es una decisión trascendente, que sienta jurisprudencia y alienta la participación social en el debate sobre el problema de los transgénicos, instruyendo al SAG a entregar en 15 días hábiles la información sobre la ubicación exacta y el nombre del propietario y/o entidad responsable autorizados para cultivar y acopiar semilla transgénica, que para el Consejo es de información pública y no secreta como alegaban el SAG y Monsanto a nombre de las transnacionales.”

Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile este fallo se da en un momento de claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos (investigaciones asocian los transgénicos a problemas crónicos como tumores, aumento de infertilidad y otros); los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores. Los transgénicos resistentes a plaguicidas, van asociados a un mayor uso de agroquímicos como glifosato, lo que está comprobado ampliamente en Argentina y otros países del mundo. Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales sostuvo: “Esta es una contribución que hacemos las organizaciones ciudadanas respecto al derecho saber. Este fallo histórico rompe 20 años de secretismo y de política de hechos consumados y alienta la participación informada de la ciudadanía en este debate hasta ahora restringido a niveles de parlamentarios, gobierno y de científicos comprometidos con las trasnacionales agroquímicas exportadoras de semilla transgénica. ” Consultados sobre qué harían con la información, los patrocinantes del amparo llamaron a las organizaciones de productores agrícolas a ejercer local y regionalmente su derecho de protegerse del riesgo de contaminación genética por transgénicos. Convocaron asimismo a los agricultores, las organizaciones sociales y ambientales, y a los parlamentarios a defender la semilla nativa, exigir la moratoria a la introducción de transgénicos en el mercado y la fiscalización de los cultivos de exportación ya existentes.

El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009, primer día de vigencia de la Ley de Transparencia. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución –de 30 páginas de extensión- fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información. Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas.

Presunciones infundadas contra ANAMURI
Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI afirmó que las asalariadas del campo sufren en terreno las consecuencias de las prácticas abusivas de Monsanto y por ello continuarán en su lucha en favor de la vida. Francisca Rodríguez, encargada internacional de ANAMURI desestimó las acusaciones hechas por Monsanto sobre acciones vandálicas y reivindicó su pertenencia a Vía Campesina, organización que tiene un camino opuesto al de las transnacionales. “Ellos saben ahora que no pueden actuar con impunidad; somos un ojo vigilante, una pesadilla para ellos y una esperanza para la humanidad”. Así respondió a Monsanto que presentó al Consejo recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios de semillas transgénicas. La agroquímica argumentó que ANAMURI solidarizó con las mujeres de Vía Campesina en Brasil que ocuparon una hacienda perteneciente a una papelera multinacional (Stora Enso). Por tanto, presume que al conocer ANAMURI la ubicación de sus cultivos transgénicos, estos serán objeto de actos violentos. El Consejo consideró que ese es un riesgo remoto porque hasta ahora nadie ha reportado en Chile ninguna acción violenta contra cultivos transgénicos. Agrega la resolución: “Además debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo (ANAMURI), que ha declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado”, concluyendo que es tarea de las fuerzas policiales impedirlo.
Camila Montecinos, de GRAIN expresó: “Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos.”

El Consejo sostuvo en los fundamentos de la resolución: “…mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas.... Al contrario la publicidad de la información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá, en opinión de este Consejo, un mayor beneficio para la sociedad y para el debate y la opinión pública”. Cita asimismo similar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea (febrero de 2009). En sus conclusiones, el Consejo para la Transparencia “declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento, debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en Chile cuente con una mayor participación social. “

Carácter público de la información
Los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. La transnacional Monsanto, que concentra la producción y venta de semillas a nivel mundial, sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos y de propiedad industrial de sus empresas. María Elena Rozas agregó que el fallo ha sido acogido como un gran logro, entre otras por organizaciones como la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé (Chiloé Orgánico) y la Red de Asociaciones de Consumidores Sur/Austral (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé). Al encuentro con la prensa se sumó Osvaldo Zúñiga, dirigente de la central campesina Ranquil, afiliada a Vía Campesina. Zúñiga dijo que se oponen a la introducción de los transgénicos porque “se abre una cadena de contaminación que no para y continúa a través del aire. No confiamos en que se adopten los cuidados necesarios, este tipo de agricultura va en contra de la agricultura familiar, nosotros pedimos al Estado que apueste a favor de nosotros y nos apoye efectivamente”.
Al otorgar el carácter de información pública a la información solicitada, el Consejo explica: “Se trata de un fundamento o documento que le sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia”.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), integrada por:

Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI)
Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Contacto
María Elena Rozas aplagui@rdc.cl, fono 02/ 3416742