La Ley Monsanto y el Acuerdo de las Transnacionales TPP

 "La Ley Monsanto y el Acuerdo de las Transnacionales TPP 

La Ley Monsanto renació, mal parida por el Acuerdo de las Trasnacionales TPP, que exige la ratificación del convenio UPOV91, de privatización de la semilla. El senado nunca llegó a votar ese proyecto de nombre críptico: “Ley de Derechos de Obtentores Vegetales”  (traducido como Ley Monsanto), que viabilizaba la adscripción al convenio internacional UPOV 91 dictado por las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas.

En marzo de 2014, se produjo  la retirada de la Ley Monsanto por el recién asumido gobierno de Bachelet “para su revisión por atentar contra la biodiversidad y la soberanía alimentaria.” Esa fue la  primera medida de la presidenta, dada a conocer a través de la entonces secretaria de gobierno y ex senadora, Ximena Rincón.

El gobierno miente cuando argumenta que Chile ya ratificó el Convenio UPOV 91. Sin Ley de Obtentores, o sea sin una nueva Ley de Semillas, el gobierno no pudo implementar la ratificación del Convenio UPOV 91 ya votada por el Congreso, pues ello requiere una ley nacional sobre el tema. Por tanto hasta la fecha el país sigue rigiéndose por la versión 1978 de ese convenio, como se puede comprobar en la sección Members de   www.upov.org/portal/index.html
Se requirieron seis años de lucha para atajar la “Ley Monsanto”  firmada por Michelle Bachelet en 2008, su primer gobierno, e impulsada luego por Sebastián Piñera. El proyecto garantizaba más lucro para las transnacionales de la biotecnología a costa de la privatización de la semilla, y de la consiguiente destrucción de la agricultura familiar campesina y la biodiversidad. Bachelet fue interpelada duramente en actos de su campaña electoral en Limache y Temuco, tras lo cual prometió “revisar” el proyecto.

En 2008, pocos sabían que Monsanto controla el mercado global de semillas transgénicas y con sus empresas Anasac Chile y Seminis, es la principal “obtentora” (dueña) de semillas híbridas. En 2016 Monsanto intenta fortalecer su presencia en Chile con un proyecto de expansión de su  planta de semillas trasngénicas de Paine, muy resistido por la comunidad. Años atrás, la gente tampoco asociaba el cáncer y las enfermedades crónicas, con la agricultura intensiva en uso de plaguicidas ni con los alimentos transgénicos. Fue clave la visita a Chile de la documentalista francesa Marie Monique Robin el 2009, invitada por la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) a lanzar su célebre video “El Mundo Según Monsanto”.
Ahora con la Plataforma Chile Mejor sin TPP, que agrupa a más de cien organizaciones del país,  quienes luchamos hace poco contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, porque necesitamos semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar el libre flujo de la semilla campesina e indígena, mediante políticas públicas de apoyo a la agroecología y la agricultura familiar campesina.

El triple pack pro transgénicos
Monsanto, Syngenta, Dupont-Pioneer, Bayer y  sus socios chileno, entre los cuales está el clan von Baer, buscan avanzar hacia la legalización de los cultivos transgénicos, dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas. Hoy están autorizados sólo para la exportación. El Acuerdo de las Transnacionales TPP ayudará a Monsanto, ya que considera “obstáculos al comercio” todas las medidas que atenten contra sus expectativas de ganancia, como una moratoria, o el etiquetado de alimentos transgénicos o las multas por contaminación.
Empresas y gobiernos idearon hace tiempo un “triple pack” cuya primera parte era lograr la aprobación del Convenio UPOV 91 de propiedad intelectual sobre la semilla. La segunda era derogar la actual ley de semillas y remplazarla por la Ley Monsanto. La fase tercera incluía retomar la discusión de la Ley de Transgénicos (llamada de Bioseguridad). La movilización social de los últimos años desbarató ese plan. El UPOV91 aprobado en 2011 por el senado, sólo era válido si se aprobaba la Ley Monsanto.

Como RAP-AL estuvimos el 2010 en la Cámara de Diputados, junto a Agricultores orgánicos del Biobio y Chiloé, ANAMURI, Grain, Biodinámicos, CET y el obispo emérito de Chiloé Juan Luis Ysern.  Alertamos sobre el real significado del proyecto de ley de Obtentores Vegetales, que propinaría un golpe mortal a la agricultura familiar campesina, El entonces presidente de la comisión de agricultura, Marco Enríquez-Ominami, se mostró receptivo a nuestros planteamientos, sin embargo su ingreso a la carrera presidencial dejó un vacío en la interlocución, y en marzo de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Obtentores Vegetales, un día antes que asumiera el presidente Piñera y el nuevo parlamento. Pero aún faltaba el voto en el Senado.

Un año después, en 2011 el Senado puso en tabla sorpresivamente  el Convenio UPOV 91 y lo aprobó entre gallos y medianoche. “Senado chileno vendió a Monsanto la semilla campesina e indígena” fue el titular de inicio de una serie de artículos que publicamos sobre el tema y que aun circulan en redes sociales. La petición formulada después al Tribunal Constitucional por 17 senadores apoyados por organizaciones campesinas, indígenas, y sociales de declarar ilegal ese convenio, fue denegada.

El gobierno de Piñera envió en 2011 al Senado indicaciones para el proyecto de BioSeguridad/Transgénicos, pero no pudo avanzar. La movilización estudiantil copó la agenda, dándonos tiempo para compartir con comunidades campesinas e indígenas y asambleas estudiantiles, de Iquique a Chiloé, con ayuda de “Chile, la semilla campesina en peligro”, mi libro reportaje, el primero referido a las guardadoras de semillas, y a las leyes relacionadas con el tema.
Nace la campaña YNQT

Ese año 2011 nació la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, en cuya fundación participó RAPAL junto a BioBio Orgánico, la Red SocioAmbiental de Valparaíso (que formó ahora “Yo NO Quiero TPP en la V Región”), la Asamblea Social del Limarí, la Red Ambiental del Norte, Chiloé Orgánico, Tierra Nueva, la Revolución de la Cuchara, OLCA, Consumidores Conscientes de Valdivia, Linares y Ancud, y Permacultores de la BioRegión del Maipo, entre muchos otros colectivos. Se multiplicaron las actividades de difusión que incluyeron un video de la campaña (seguido por un documental de los “Transgeniales”) y más adelante, fotos con Vandana Shiva, Manu Chao y Natalia Contesse adhiriendo a la causa. Hicimos cabildos en Chillán con BioBio Orgánico y publicamos la Guía de Alimentos que Pueden Contener Transgénicos; desarrollamos talleres y acciones de autoetiquetado de alimentos transgénicos en supermercados de Santiago y regiones.
En 2012, el testimonio de apicultores en una audiencia pública convocada por el Consejo para la Transparencia, visibilizó por primera vez el daño causado por  Monsanto, Syngenta y otras semilleras: polen contaminado por el maíz transgénico. Los apicultores exigían saber quién los contaminó. El significativo fallo del Consejo, que puso fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos, fue la respuesta a una demanda presentada por RAP-AL en 2009, cuando se promulgó la Ley de Transparencia.
Poco después, la entonces senadora Ximena Rincón y el senador Juan Pablo Letelier, entre otros,  presentaron un proyecto de moratoria a los transgénicos y etiquetado de los alimentos con ingredientes de ese tipo. Sin embargo la iniciativa  nunca fue discutida en comisión alguna del senado. Ese año, un estudio del científico francés Gilles Séralini evidenció daños en pulmón e hígado y enormes tumores en ratas alimentadas toda su vida con maíz transgénico y Roundup de Monsanto, lo que alertó a sectores cada vez más amplios de la población que estos alimentos no son sanos ni seguros.
En 2013 el gobierno de Piñera puso urgencia a la Ley de Obtentores Vegetales, y la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile la rebautizó como Ley Mosanto, aludiendo a su mayor beneficiario. En ese marco nació también la Red de Semillas Libres que hoy juega un importante rol en la defensa de la semilla tradicional.

Argumentamos entonces en la Comisión de Agricultura del Senado, que la Ley Monsanto era –y sigue siendo- innecesaria. Las empresas registran todos los meses sus híbridos en  el Registro de Semillas (dependiente del SAG), nacido en 1996 al amparo de la actual ley de Semillas y del Convenio UPOV del año 1978, y obtienen enormes ganancias por su venta. Dijimos que los países ricos en biodiversidad NO han firmado el convenio UPOV 91 y tampoco lo han hecho países como Canadá, Nueva Zelanda e Italia que están entre los principales registrantes de semillas en Chile. La novedad es que Canadá firmó el UPOV 91 este año. Nueva Zelanda no lo ha hecho y sus pueblos indígenas rechazan el Acuerdo de las Transnacionales TPP porque su gobierno no los consultó al respecto.
Alertamos en el senado y en la calle que el intercambio de semillas, una práctica ancestral, sería criminalizada y los campesinos y campesinas ya no podrían disponer libremente de la semilla.
Explicamos que la ley generaría pérdida de biodiversidad por erosión genética y porque las semillas nativas, así como las locales campesinas e indígenas no tienen protección legal. Podrían ser registradas mediante cambios cosméticos obtenidos en laboratorio a fin de ser “distintas” de otras variedades. Chile no tiene catastro de su patrimonio fitogenético ni ha firmado los tratados internacionales de Naciones Unidas que protegen esos bienes (el Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología: los Protocolos de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados; y de Responsabilidad y Compensación por Daño). Con el Acuerdo de las Transnacionales TPP la situación es peor: puede ser patentado además todo el conocimiento ancestral que no esté registrado. Y en Chile no existe registro alguno de conocimiento ancestral.

Sin consulta indígenaDenunciamos entonces que los pueblos indígenas no habían sido consultados según dispone el Convenio 169. Y tampoco serán consultados ahora con el TPP respecto de este y otros asuntos relevantes para sus derechos y sus territorios, ya que las inversiones que el Acuerdo de las Transnacionales defiende y asegura, estarán sin duda ubicadas en territorios indígenas. Señalamos que los consumidores dependeríamos de los supermercados y de la agroindustria porque los pequeños campesinos al no poder pagar todos los años semillas caras, migrarían a la ciudad y en sus territorios, los monocultivos transgénicos remplazarían los cultivos alimentarios. Las tierras que hoy ocupan los pequeños agricultores serán copadas por las forestales y los semilleros transgénicos de raps (canola). Lo dijimos en el Senado y lo gritamos en la calle, en marchas, velatones, intercambios de semilla y ferias.
Con mensajes viralizados en redes sociales, los senadores sintieron la funa ciudadana expresada en las listas “verde” y “roja” en Internet  sobre su postura frente a esta ley. Y nuestro lobby constante, junto al esfuerzo de muchos y muchas personas, colectivos y organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, logró que 21 senadores comprometieran públicamente (antes de las elecciones y cuando el proyecto estaba en tabla de votación en el Senado) su rechazo al proyecto de “Ley Monsanto”. También lo hicieran los candidatos presidenciales alternativos al sistema binominal. El entonces presidente Piñera retiró la urgencia al proyecto.

 Ahora, la historia se repite, TPP mediante, con una Ley de Obtentores “revisada” pero que en lo esencial garantiza lo que ya rechazamos como ciudadanos: la privatización de la semilla, por la vía de la ratificación del Convenio UPOV 91.  Con la Plataforma Chile Mejor sin TPP que agrupa a más de  cien organizaciones del país, las organizaciones ambientales, sociales y campesinas que luchamos entonces contra la Ley Monsanto, seguiremos trabajando contra su nueva versión, para disponer de  semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas. Nuestro desafío es asegurar la protección de la semilla mediante políticas públicas diferentes, de apoyo a la agroecología, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad.

El Acuerdo Transpacífico TPP o Cómo privatizar la semilla y sumar biopiratería

       

 ¡De repente nos encontramos ad portas del gobierno directo de las transnacionales! Corporaciones como Monsanto, las farmacéuticas, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboraron en secreto junto a una elite de negociadores de la casta empresarial/estatal de doce países,  una ley para todos sus habitantes. Denominaron el resultado como “Acuerdo Transpacífico” (TPP), y la Presidenta Bachelet lo firmará en febrero – cuando Chile está en “receso” vacacional - para recién entonces enviársela al parlamento. A partir de marzo senadores y diputados deberán decir sí o no. Hasta ayer no más, ellos tampoco tenían idea de qué iban a contener los 30 capítulos, sus anexos y demases porque sólo a fines de octubre se hicieron públicos los contenidos y aún no son definitivos los textos ni sus traducciones. A partir de marzo podrán reivindicar o no su rol como representantes electos por los y las ciudadanas, o elegirán ser comparsa nacional de las transnacionales y sus socios chilenos. Están en la mira de sus electores.

Son muchos los impactos negativos del Tratado, presentado como el acuerdo comercial más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables y de lo que menos habla es de comercio. Aquí  sólo nos referiremos a qué pasará con la semilla campesina e indígena y con la biodiversidad,  si se aprueba este tratado.

Resucitan la “Ley Monsanto”

Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex lobbysta de Monsanto.  Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas.  El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo.7.2., letra d) obliga a Chile ratificar el Convenio UPOV 91 (de propiedad intelectual de las semillas).Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores,  que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91.

Ante la presión social, al inicio de su mandato,  la Presidenta Bachelet había suspendido la tramitación final por el Senado de la “Ley Monsanto” (proyecto de Ley de Obtentores Vegetales) por sus implicancias en la soberanía alimentaria y la biodiversidad. Por eso  no  pudo promulgar el Convenio UPOV 91,  aprobado el año 2011 por el Senado.  Reponer la Ley Monsanto a través del TPP, significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al  libre intercambio de semillas, y extender  el registro de semillas a todas las variedades vegetales, encareciendo aún más el costo de la semilla. El resultado será aumentar más la  emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, generando así el espacio físico requerido para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras,  los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados, más caros. La  agroindustria además, orientada a la exportación dejará en el país sólo lo no exportable y las “cadenas cortas” consumidor – productor que se presentan como alternativas nuevas y saludables,  abortarán por disminución de la oferta de productores rurales.  

Biopiratería legal

En este mismo capítulo 18, en el párrafo 16.d hablando de “cooperación” el TPP impulsa además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento (ancestral) indígena sobre plantas. Obviamente eso indica que los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente por las organizaciones de los pueblos originarios que habitan Chile y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales ya han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería y nada dice respecto de nuevos protocolos internacionales referidos a estos asuntos.

 Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. En cambio Chile ni siquiera prevé la Consulta Indígena según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169.

Tratados anteriores con USA y la Unión Europea ya exigían a Chile ratificar el Convenio UPOV 91. La diferencia es que ahora, si el Estado no cumple, cualquiera de las empresas inversoras de los 11 países miembros del tratado  puede llevar a Chile a tribunales internacionales (CIADI) cuyas sentencias – inapelables-  en forma  mayoritaria son en contra de los países en desarrollo,  y  de altísimo costo.

Tutela sobre leyes

Las disposiciones del TPP afectan la soberanía nacional,  ya que su maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo  2  sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10  establece un  Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que  analizará   “las  leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Cualquier regulación que pretenda proteger nuestra salud y el ambiente, por ejemplo a través de la moratoria a los cultivos transgénicos y el etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas que regulen la existencia de  compras públicas de alimentos agroecológicos/orgánicos para comedores escolares u hospitales podrían ser consideradas como un obstáculo al comercio y quedarían “congeladas”. Porque existe el capítulo 15 sobre Compras del Sector Público y un Capítulo 8 sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.   Estas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria, definidas sólo por la empresa. El Estado no se arriesgará a posibles demandas  porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados); y el Capítulo 9 sobre inversiones que regula estos temas. El tratado opera como un candado a normas rigurosas que permitan mayor protección de nuestra salud y de la biodiversidad.

Contaminación sin castigo

 En el ya citado capítulo 2,  su párrafo 29 se cuida  de asegurar la exportación ininterrumpida de transgénicos sin penalizar la contaminación, aplicando normas más débiles que las del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biodiversidad o las del Codex Alimentario.  Desoyendo las demandas ambientalistas Chile, alineado con Estados Unidos, lleva décadas negándose a ratificar este Protocolo que regula la exportación de transgénicos.  Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia, no firmantes del Protocolo de Cartagena, impusieron su criterio respecto de aplicar normas más bajas que los estándares internacionales frente a la contaminación de embarques con niveles bajos de transgénicos, y no cuantificar el nivel de contaminación a permitirse. 

En los últimos años, las exportaciones de maíz convencional de LimaGrain se han visto afectadas por contaminación de transgénicos y en más de diez oportunidades fueron devueltas a Chile desde Alemania, que las rechazó. La falta de control de la contaminación por transgénicos será una amenaza creciente para la exportación de alimentos a países con tolerancia cero a los transgénicos (Alemania, Rusia) o con tolerancia cero a los no aprobados (entre otros, Francia, Malasia, China) ya que si adoptan medidas como el rechazo, también podrían ser demandados por las transnacionales.

Por Lucía Sepúlveda R. Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, vocera para la RM de la campaña nacional Yo NO Quiero Transgénicos en Chile.

Fuentes a consultar para saber más:

Sobre la Obligación de ratificar el Convenio UPOV 91 y consecuencias

Declaración del Diálogo Sur sobre Leyes de Semillas, 25 de noviembre de 2015 http://reddesemillaslibresdecolombia.ning.com/

Cóm                              Cómo atajamos la Ley Monsanto por Lucía Sepúlveda

Sobre el  Candado impuesto a nuevas legislaciones frente a amenaza de demandas por inversores

Informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas   sobre los efectos adversos  Por Alfred de Zayas (Estados Unidos), en español.

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Sob

Sobre  punto 3  de normas frente a Niveles Bajos de Contaminación por Transgénicos

El TPP asegura la contaminación ilegal de nuestros alimentos  (Lim Li Lin y  Lim Li Ching, Red del Tercer Mundo, en inglés), diciembre de 2015

 ht El TPP asegura la contaminación de nuestros alimentos

Santiago de Chile, 20 de diciembre de 2015

La respuesta campesina e indígena a la nueva “Ley Monsanto” de Bachelet y ministro Furche

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Un representativo grupo de comunidades campesinas e indígenas y de profesionales del agro y la salud se reunió en Santiago el pasado 7 de agosto en el taller “Comunidades, Agroecología y Políticas Públicas”. “Necesitamos políticas públicas generadas desde las bases campesinas,  mediante consultas vinculantes, para poder avanzar en la agroecología y la agricultura orgánica” señala la conclusión general de  los miembros de 43 organizaciones venidos de Arica a Coyhaique. Las comunidades exigen que el Estado dé prioridad a la relación con los pequeños productores y oriente su esfuerzo hacia  las economías locales, vez de seguir apoyando el uso de insumos altamente contaminantes y  los agronegocios orientados a la exportación.  Asumen que una  Asamblea Constituyente aseguraría estos cambios, pues se requiere instalar en una nueva Constitución el concepto de soberanía alimentaria: el derecho a decidir qué producimos y cómo, de acuerdo a nuestra cultura y necesidades.

En dirección opuesta a estos planteamientos, el ministro de agricultura,  Carlos Furche acaba de anunciar el relanzamiento de la Ley de Obtentores (“Ley Monsanto”), y el inicio de una ronda de reuniones en  las que “informará”  acerca de los cambios al proyecto de ley. 

Ley de protección de la semilla campesina

Las comunidades campesinas, reunidas en el Hogar del Maestro, ahora coordinadas en red y apoyadas por organizaciones sociales y ambientales,  rechazan cualquier nueva Ley de Obtentores porque el objetivo de esa ley, es promulgar el nocivo Convenio UPOV 91, nefasto para la agricultura familiar campesina.  Proponen en cambio  que el Estado legisle a favor de la producción y venta de semillas nativas/tradicionales que ellos y ellas usan, y poner fin a  la imposición por las entidades del agro (INDAP vía Prodesal y PDTI),  de paquetes tecnológicos  con agrotóxicos y semillas híbridas (“mejoradas” de alto precio), registradas por los obtentores. La visión de los asistentes es que las leyes y normativas actuales están hechas para desalentar la producción y venta de alimentos sanos. El sistema de compras públicas excluye a los productores orgánicos y agroecológicos y para vender se exigen  resoluciones sanitarias inadecuadas a la realidad local, y  costosas certificaciones obligatorias.

Así lo expresaron en la jornada con mucha fuerza, entre otros, organizaciones campesinas y/o locales como la Comunidad de Agricultores de Aguas del Canal Azapa (Arica); la Asamblea por el Agua de Guasco Alto; el grupo Juvenil Paz y Progreso (Melipilla), la Asociación de Mujeres La Esperanza; y la Federación Campesina El Carmen (de Ñuble); la  Red de Turismo mapuche de Likanray, el colectivo MapuExpress  y la Red de Semillas Libres del Wallmapu. Cuidadores y cuidadoras de semillas locales del norte, centro y sur del país, que rescatan variedades de tomates, paltas, arvejas, uvas,  ilustraban “en vivo” la importancia de la hoy escasa semilla, para el ciclo de la vida y para la producción campesina.

Ley de Prohibición de plaguicidas

La asamblea plenaria concordó además que se requiere una ley que prohíba los plaguicidas altamente  peligrosos y los insecticidas neonicotinoides,  responsables de la muerte de abejas, aspecto al que contribuyó especialmente  la Red Nacional Apícola, partícipe del encuentro. El taller se había iniciado con exposiciones y debate sobre políticas públicas preventivas en salud y los negativos impactos de los agrotóxicos en el ambiente y la salud de los seres humanos, a cargo de  la doctora Clelia Vallebuona del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y de María Elena Rozas, de RAP-Chile.  También se abordaron los peligros representados por la “Ley Monsanto” y la posible expansión de los cultivos transgénicos al mercado interno.

Ley de Moratoria a los transgénicos

En las conclusiones se sostuvo que es imperativo que el Congreso apruebe una ley de moratoria a los cultivos transgénicos y a los semilleros de exportación, y  lograr que los alimentos procesados fabricados con transgénicos sean etiquetados.  

Este tema estuvo en el centro de la preocupación de las asociaciones y redes de agricultores orgánicos presentes, entre ellas BioBio orgánico, una de las organizaciones fundadoras de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. En el taller participaron también asociaciones de las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos, así como Chiloé Orgánico, la Asociación de Productores Orgánicos de Paillaco, y Tierra Viva, pionera del movimiento orgánico en Chile.

Dirigentas nacionales de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) expusieron y contribuyeron sustantivamente a esta discusión en defensa de la semilla, en la que hubo también lideresas de Curicó, Vichuquén, Quellón, Puerto Montt, y Coyhaique.

Se contó además con la visión entregada por miembros de capítulos chilenos de organizaciones internacionales como la  Red de Semillas Libres, que se está extendiendo en diversas regiones de Chile, abarcando a jóvenes rurales y urbanos;  Slow Food; RAP-AL, CLOC/Vía Campesina, Pacto Mundial Consciente, y el movimiento de la Permacultura.

Ciencia con ética

La doctora Liliana Zúñiga, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte (Coquimbo), integrante del movimiento “Más Ciencia para Chile”, resumió dos de sus importantes investigaciones sobre impactos de los plaguicidas, y sobre biomonitorización en la región de Coquimbo, dejando en claro que “aún hay científicos con ética que deseamos hacer ciencia que ayude a las comunidades”.

Por su parte los asistentes se comprometieron a impulsar y promover las ferias itinerantes y estacionales, la certificación autónoma y participativa;  la recuperación y extensión de  prácticas tradicionales como el intercambio de semillas, el trueque, y la cocina típica. Comprometieron su apoyo a estos esfuerzos, organizaciones allí presentes como  la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur (CAS de Temuco), Valdivia (ACOVAL) y Osorno (COS); Alma-Zen, de venta directa de pequeños productores/consumidor (Concepción); la Cooperativa Verde de productores y consumidores (Región Metropolitana) y la Asociación de Ferias Libres ASOF,  representando a este sector de la cadena alimentaria.

Eliminar las plantaciones forestales

Otra demanda de las comunidades es la eliminación de las plantaciones forestales a gran escala, que contaminan y usurpan el agua y los territorios, impidiéndoles realizar su vocación agrícola y forzando la emigración a la ciudad.

En el taller, se recogió también el aporte de Redes socio-ambientales como la  Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA (Araucanía); la Red de Soberanía Alimentaria y el Centro de Iniciativas Holísticas (CIHOL), ambos de la región de O´Higgins;  la Coordinadora de Economías Locales Campesinas (COELCA de Puerto Montt), el Colectivo Resiliencia (Región de Valparaíso), la Cosecha (Región de O´Higgins), y la Ecoagrupación Huelquén.

Organizaciones ambientales como OLCA,  la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, de capacitación como SODEM y la Academia Ciudadana, aportaron al debate junto a profesionales de la salud y el agro de las municipalidades de Quillota y Paillaco,  y a técnicos y agrónomos de las organizaciones y localidades.

Formación en Agroecología

La puesta en marcha de dos Institutos de Agroecología, impulsados respectivamente por ANAMURI en Chépica (región de O´Higgins) y por la Dirección de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Paillaco (Región de Los Ríos) en el sector Lumaco, fue saludada con alegría por los asistentes..

Durante el taller, que contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo,  tuvo lugar el pre-lanzamiento de la primera edición en español del libro “Transgénicos: Mitos y Verdades” de Antoniou, Robinson y Fagan (Open Source), traducido y editado por RAP-Chile junto a editorial Quimantú.

Al cierre del evento, uno de los asistentes señaló  “Participaremos en los Comités Regionales de Agricultura Orgánica a que convoca el gobierno, pero ampliándolos con el sector Agroecológico, y sin perder nuestra propia autonomía como organizaciones en resistencia. Las leyes que necesitamos sólo podremos lograrlas a través del protagonismo y la movilización en todos los niveles, locales regionales y nacionales. De este encuentro hemos salido fortalecidos.”

4 de septiembre de 2014

Senadora Rincón llama a rechazar la Ley Monsanto flanqueada por YNQT y organizaciones campesinas

La senadora Ximena Rincón, fundamentó en conferencia de prensa el 29 de agosto en el Senado (Santiago) su rechazo a la Ley Monsanto, entregando  sólidos argumentos relativos a sus impactos lesivos para  la agricultura familiar campesina, la biodiversidad, sumados ala inexistente consulta a los pueblos indígenas, entre otras razones. Lo hizo acompañada por María Elena Rozas y Lucía Sepúlveda (RAPAL, campaña YNQT), Alicia Muñoz (ANAMURI), Camila Montecinos (Grain), Mónica Hormazábal (Federación Campesina El Carmen, Ñuble), Patricia Núñez (Proyecto Dedos Verdes) e Iván Santandreu (Chile sin Transgénicos), quienes a su vez expusieron las razones del amplio repudio social y campesino a la iniciativa, expresado en marchas, velatones y  la recolección de más de cien mil firmas en internet .

“Estamos en contra de esta ley porque esta propuesta amplía los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas pertenecientes a grandes corporaciones y convierte en ilegal para los agricultores el guardar e intercambiar su propia semilla", indicó la senadora agregando que su posición es también la de la senadora Soledad Alvear. Rincón destacó que ha trabajado en estos temas junto a las organizaciones RAPAL y ANAMURI desde el año 2011. Recordó que votó en contra del UPOV 91, un convenio que sólo será válido si se aprueba esta ley de obtentores, que beneficia a las grandes empresas en desmedro del campesinado.

Expresó luego en forma categórica: "La apropiación del saber ancestral acumulado por parte de grandes empresas al amparo legal de la nueva ley de obtentores vegetales no es innovación, es simplemente biopiratería: es un robo. Creo que la semilla de nuestros campos le pertenece a nuestros campesinos y sus familias que de manera natural, y por años de años han mejorado y guardado semillas, derecho que mediante esta legislación, se encontraría amenazado", afirmó.

Lucía Sepúlveda, de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile destacó el rol de los pequeños productores como abastecedores de las ferias libres, afirmando que una ley de este tipo alentará la migración rural y encarecerá el precio de los alimentos. Sostuvo que la ley pretende generar condiciones para que esos territorios sean ocupados a mediano plazo para expandir los cultivos transgénicos, contaminando la producción orgánica, agroecológica y convencional.

También, la senadora sostuvo que "esta ley sólo beneficia a las empresas productoras de híbridos y transgénicos, al vender un paquete tecnológico y monopolizar el mercado con semillas de propiedad exclusiva, normalmente más caras y de menor productividad".

Finalmente, la legisladora DC indicó que este proyecto de ley debería votarse en los próximos días en la Sala del Senado, ante lo cual "ratificamos nuestro rechazo al proyecto, y hacemos un llamado a todos los parlamentarios, tanto de Gobierno como de oposición a votar en contra, puesto que creemos que representa una grave amenaza a nuestro campo y a la soberanía alimentaria y propiedad común de los recursos naturales de un país".

La iniciativa está en tabla para la sesión ordinaria del Senado del martes 3 de septiembre, aunque sólo aparece en el lugar 28, porque el gobierno retiró la urgencia al constatar el pasado miércoles que cada vez son más los senadores que ante la fuerte presión ciudadana, anunciaron que votarán en contra.

La campaña Yo NO Quiero Transgénicos intensificó en las últimas dos semanas la presión  sobre los senadores a través de las redes sociales, publicando una lista Roja/Verde en la que figuraban los nombres de quienes se manifestaban a favor o contra este proyecto de ley. La masiva marcha nacional realizada el 17 de agosto en 20 ciudades y localidades del país, convocada por YNQT y a la que se sumaron centenares de organizaciones, colectivos y miles de ciudadanos de Arica a Ancud, ya había incorporado este tema en la agenda pública  pese al silencio interesadod e los grandes medios de  comunicación, subordinados a la presión de las empresas semilleras encabezadas por Monsanto.  A la marcha y el bombardeo virtual con correos y twitter, siguió la publicación en las páginas centrales de la revista The Clinic, de los argumentos de la campaña, que la senadora Rincón mostró a los periodistas en la conferencia de prensa.  

El retiro de la urgencia para que se vote el proyecto por parte del gobierno, mientras en diversas ciudades del país se iniciaban velatones en defensa de la semilla,  es interpretado por YNQT como un indicador del creciente rechazo de la iniciativa a nivel parlamentario y ciudadano. Los campañistas han expresado su voluntad de no detener la movilización social y la presión sobre los parlamentarios para que el proyecto sea votado y rechazado por el Senado en la sesión del 4 de septiembre.