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miércoles, julio 11, 2012

Gobierno de Piñera mantiene a cuarenta y cuatro mapuche condenados o imputados por luchar por la tierra


(actualización)

por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspot.com

La Comisión Etica Contra la Tortura, en la sección Represión y violencia a los Movimiento Sociales de su Informe de Derechos Humanos 2012 “La Tortura es el Miedo a las Ideas de los Otros” (Editorial Quimantú, Santiago de Chile), denuncia que a comienzos de junio de 2012  se registraba en Chile un total de cuarenta luchadores políticos mapuche condenados o imputados por la justicia, de los cuales 9 cumplen prisión política efectiva en cárceles. El informe se lanzó en un acto realizado el 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. En el período analizado, desde mayo de 2011 a junio de 2012, se registró 1 suicidio de un preso político mapuche, en la cárcel de Temuco. Al 8 de julio de este año, la cifra se eleva a 14 presos en cárceles y un total de 44 imputados. A lo registrado en el informe 2012,  hay que agregar que el 27 de junio, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó la prisión preventiva para otros dos comuneros mapuche, (Editorial Quimantú) y el 6 de junio hubo 4 nuevos detenidos que fueron formalizados y llevados a prisión, quedando en 14 el número de detenidos en prisión, cifra siempre sujeta a cambios y confirmaciones por la dinámica represiva y de lucha social.
La presión de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional, las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y la modificación a la ley antiterrorista posterior a la huelga de hambre realizada en 2010, han determinado un cambio en las formas de castigo que el Estado impone a los luchadores sociales mapuche. Es así como en el período analizado disminuye considerablemente el número de mapuche en prisión efectiva. Se conceden medidas cautelares de restricción de la libertad que evitan la prisión preventiva, y aumentan las absoluciones pero continúa la represión masiva, expresada en allanamientos a las comunidades en lucha, realizados con Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las largas condenas a prisión a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco dictadas por la Corte Suprema en junio de 2011 sobre la base de pruebas aportadas por testigos sin rostro (permitidos sólo en caso de juicios por ley antiterrorista) encierran un elocuente mensaje al resto de las organizaciones y comunidades en lucha. A mayo de 2012, 40 luchadores sociales mapuche cumplían condena o esperaban juicio por acusaciones relacionadas con la recuperación de tierras ancestrales, siempre respaldadas por testigos secretos al margen de la legislación penal aplicada al resto de la población de Chile. El abogado Lautaro Loncón, quien comentó este informe en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado el 26 de junio pasado,  no dudó en caracterizar al Estado chileno como racista, y en particular se refirió a los jueces y fiscales del ministerio público y la policía que en su práctica profesional hacen gala de ese comportamiento sin que la sociedad y los otros poderes del Estado reaccionen.
A continuación, el detalle de las variantes del castigo del Estado a quienes participan en acciones de reivindicación de territorios ancestrales, la mayoría de los cuales están actualmente en poder de grandes empresas forestales como Mininco y Forestal Arauco.



Hombres en prisión efectiva                                                     14
Condenados con beneficios carcelarios:                                    6
Imputados(as) con cautelares a la espera de juicio:                24
Total de condenados e imputados                                             43

Suicidio en prisión,  en cárcel de Temuco                                  1

Lorenzo Llevul Antimil, de 40 años, fue detenido  el 22 de enero de 2012 e imputado por el Ministerio Público como autor de varios focos de fuego que destruyeron un bosque en el sector Conoco Chico de Cholchol, región de la Araucanía. Llevul Antimil fue capturado por la PDI sobre la base de acusaciones formuladas por miembros de la misma comunidad a la que pertenecía. Se suicidó en la cárcel de Temuco el 3 de marzo de 2012.



Listado de prisioneros políticos mapuche (por recinto)

Cárcel de Angol, en Los Confines s/n (Región de la Araucanía)
1.- Jonathan Sady Huillical Méndez (originario de Villa Icalma, Lonquimay). Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación.Estudiante, detenido el 11 de abril de 2009. Vinculado a comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa.
2.- Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán. Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa. Detenido el 11 de abril de 2009.
3.- Héctor Javier Llaitul Carrillanca. Condenado a 15 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Detenido el 15 de julio de 2009, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. En 2008 había sido absuelto en un juicio por incendio. Condenado por homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y otras acusaciones. (Los cuatro prisioneros antes mencionados, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, sostuvieron en 2011 una huelga de hambre de 85 días ligada a su demanda de nulidad del juicio de Cañete y fin de la ley antiterrorista).
4.- Daniel Levinao Montoya (18 años)  Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de noviembre de 2011. La preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El fiscal Chamorro pide 12 años de prisión y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio general. Sostiene la acusación que se trabó la pistola (calibre 22) al momento del disparo.
5.- Bernardo Montoya Melinao, Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, detenido el 2 de abril de 2012, formalizado por homicidio frustrado de carabinero durante el allanamiento realizado a la comunidad en esa fecha por ataques al agricultor Juan de Dios Fuentes realizado en octubre de 2011. En este allanamiento que resultó muerto otro carabinero, por “fuego amigo” según los comuneros, y por encapuchados en una emboscada, según la versión oficial. Montoya fue detenido minutos antes de la muerte del sargento del GOPE Hugo Albornoz. El caso se encuentra en etapa de investigación.
6.- Paulino Levipán Coyan, Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de noviembre de 2011. La preparación de juicio oral está sin fecha, en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El fiscal Luis Chamorro pide 15 años de prisión, y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio general.
7.- Camilo Tori Quilinao, Comunidad Temucuicui, detenido el sábado 12 de mayo, fue formalizado por robo con intimidación, porte ilegal de armas (escopeta y arma blanca) y receptación por hechos ocurridos en el Liceo Pailahueque de Ercilla  a 15 kilómetros de su comunidad. El comunero se encontraba con arresto domiciliario desde enero de este año, luego de haber pasado dos años en la cárcel acusado de delitos terroristas (caso peaje Quino) y participó en la huelga de hambre de presos políticos realizada el año 2010.
8.- Rodrigo Melinao (comunidad Loloko, de Ercilla) detenido en febrero de 2012 mientras trabajaba como temporero en la Región de O’Higgins y formalizado en Collipulli por cargos de tentativa de homicidio a carabineros, daños a un bus de Forestal Cautín y quema de un bosque en el sector Requén- Chiguaihue, en Ercilla. (hecho ocurrido en 28 de octubre de 2011). Se le acusa también de atentar contra un camión aljibe de la forestal Bosques Cautín. La Corte de Apelaciones ordenó el 27 de junio su prisión preventiva, revocando la libertad provisional dispuesta por la juez de Collipulli.

9.- Héctor Melinao Neculpan, comunidad Folil Mapu, Ercilla Fue detenido en un allanamiento realizado a fines de junio y sólo por acusaciones de un testigo secreto, formalizado por cargos de homicidio frustrado e incendio. La corte de Apelaciones de Temuco ordenó el 27 de junio su prisión preventiva, revocando la libertad provisional dispuesta por la juez de Collipulli.


Cárcel de Temuco (Región de la Araucanía)

10.- Mario José Cheuque Sandoval  comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado por la comunidad) luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas
11.- Ernesto Gabriel Chachallao Painemil, comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio  en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado  por la comunidad)luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas. Pendiente reformalización por acusaciones de incendio maquinaria de Forestal Mininco en fundo Las Praderas, hecho ocurrido en 2006 del que se le acusa también. Según la policía es alto dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco CAM y estaba prófugo desde ese año.

12.- Bernardo Carrillán Trupán comunidad Lof Yeupeko Catrileo, comuna de Vilcún. Detenido el 6 de junio  en el ex fundo Santa Margarita (legalmente recuperado  por la comunidad) luego del operativo de desalojo del fundo El Natre. Formalizado por homicidio frustrado a carabineros y delito de lesiones menos graves y amenazas.

13.- Fernando Millacheo Marín, comunidad Newen Mapu de Chequenko, detenido el 5 de junio de 2012, acusado por robo con intimidación en el sector Chiguaihue. El ha estado detenido en varias oportunidades, fue absuelto en 2010 de acusaciones de incendio a un camión forestal y participó en la huelga de hambre llevada adelante ese mismo año.

Cárcel de Lebu  (Región del BioBio)

14.- José Santiago Huenuche Reimán (comuna de Cañete). En junio de 2012 logró la salida dominical. Condenado a 8 años de prisión en sentencia de la Corte Suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en Cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. Caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente de aceptación. Detenido desde el 11 de abril de 2009. En mayo se le había concedido por el Tribunal Oral Cañete el beneficio de salida dominical (llevaba años de prisión preventiva cumplida) pero ello se suspendió debido a que el prisionero se negó a que se le efectuara el examen de ADN que gendarmería requirió.[1] El director regional de Gendarmería, Eleuterio Cofré, fue sindicado por familiares de presos políticos mapuche como responsable de insistir en un criterio ya dejado de lado por la Corte de Apelaciones de Temuco en un recurso similar, presentado por Lorenzo Curipán.




Procesados en libertad con medidas cautelares,  a la espera de juicio

1.- Juana Montoya Levinao de la Comunidad Wente Winkul Mapu, sector Chequenco, detenida el 2 de abril de 2012, formalizada por tenencia de arma de fuego. El caso se encuentra en etapa de investigación.
2.- Miguel Angel Tapia Huenulef (Santiago). Luego de más de dos años en prisión preventiva obtuvo en 2012 la medida cautelar. Detenido el 11 de febrero de 2009, acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, el 12 de enero de 2009). También se le acusa de tenencia de armas y explosivos.
3.-  Javier Levinao Esparza, de la comunidad de Loloko, formalizado  con medida cautelar de firma quincenal por cargos de incendio en el sector Chiguaihue (28 de octubre, Bosques Cautín, sector Requem) y además homicidio frustrado en contra de Carabineros y daños. La fiscalía usó testigo protegido para sustentar los cargos.
4.- Mijael Carbone Queipul, (23 años) werken de la comunidad Ignacio Queipul deTemucuicui, con medida cautelar de arraigo en Ercilla y Collipulli. Se  presentó voluntariamente al tribunal el 5 de diciembre de 2011  siendo formalizado por los delitos de receptación de animales, amenazas a Carabineros y homicidio frustrado a Carabineros.  El fiscal Miguel Angel Velásquez pide una pena de 15 años.

Imputados por hechos ocurridos en fundo Brasil:
5.- Eliseo Efraín Ñirripil Cayupan, Aplazada en marzo de 2012 nuevamente la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Detenido el 17 de enero de 2010, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, comuna de Lautaro. Acusado de incendio y robo en el fundo Brasil de Elsa Fernández (ocurrido el 11 de septiembre de 2009, en la comuna de Vilcún).
6.-  José Ñirripil Pérez, Aplazada en marzo de 2012 nuevamente la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Detenido en octubre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko. Idem caso de Eliseo Ñirripil.
7.- Elvis Millán Colicheu, Aplazada nuevamente en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. detenido el 3 de diciembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro. Acusado además de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
8.- Cristian Cayupan Morales, MENOR, Aplazada en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, detenido el 27 de noviembre de 2009. Causa: Incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, 12 de enero 2009). Más de un año en prisión en Cholchol.

9.- Job Morales Ñirripil, Aplazada en marzo de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista. Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, acusado de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).

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Imputados por usurpación de tierras en Trafun  (Región de los Ríos)
10.- Manuel Reinahuel Callicul (longko de la comunidad Reinahuel del territorio cordillerano de Trafun, región de Los Ríos), detenido violentamente en febrero de 2012 y formalizado por fiscalía de Panguipulli. Se le acusó de hurto y usurpación no violenta de tierras del fundo Trafun de la empresa forestal Las Vertientes, aunque la comunidad contaba con autorización de carabineros para revisar el estado del nguillatue (sitio en que se realiza la ceremonia del guillatún) de Trafun. La medida cautelar es prohibición de acercarse al administrador del citado fundo y su familia.
11.- Juan Reinahuel Reinahuel (werken de la comunidad Reinahuel), idem caso Manuel Reinahuel.
12.- Francisco Hueitra Reinahuel, (comunero de Reinahuel), idem caso Manuel Reinahuel.
13.- Guillermo Colipan Queupumil (comunero de Reinahuel) idem caso Manuel Reinahuel.
14.- Aliro Reinahuel Reinahuel (comunero de Reinahuel) idem caso Manuel Reinahuel.
Imputados por incendio simple de un peaje en Quino (11 de octubre de 2009), asociación ilícita y homicidio frustrado.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó en mayo de 2012 el fallo de la jueza de Victoria Evelyn Zelaya que  durante la preparación del juicio oral por el incendio del peaje Quino, retiró del juicio al fiscal Miguel Angel Velásquez, por desacato y a la empresa concesionaria del peaje, Ruta de la Araucanía. El fiscal se negó a retirar el calificativo de terrorista a los delitos imputados. En consecuencia, el juicio sólo fallará sobre incendios simples. En los tres años de investigación el fiscal había preparado un gran montaje desbaratado en esta oportunidad. El testigo protegido que les acusa (Raúl Castro) ha estado involucrado en tráfico de drogas y tiene prontuario policial.

Esperan fecha del juicio oral que tendrá lugar en Angol los siguientes comuneros (además de Camilo Tori que está en prisión):
15.- Juan Patricio Queipul (MENOR, 15 años, Comunidad Temucuicui). Detenido en abril de 2011 en un violento operativo policial luego de vivir más de un año en la clandestinidad.
16.- Víctor Hugo Queipul Millanao, hijo del lonko de la Comunidad de Temucuicui, detenido el 11 de octubre de 2009.
17.- José  Eugenio Queipul Huaiquil (comunidad Temucuicui)
18.- Felipe Huenchullan Cayul, Comunidad de Temucuicui, detenido el 21 de marzo de 2009.
19.- Juan Huenchullan (comunidad de Temucuicui) se presentó voluntariamente en noviembre de 2011, permaneció 2 años en clandestinidad. Quedó en libertad.
20.- José Osvaldo Millanao Millape
21.- Luis Marileo Cariqueo (MENOR), comunidad José Guiñon, condenado en abril de 2012 a 301 días de arresto nocturno y el pago de una multa de $ 400.000 por el robo de un celular a un testigo protegido que vive en su comunidad. La defensa ha solicitado la nulidad de ese juicio ya que el hecho habría ocurrido en julio de 2011 mientras Marileo cumplía arresto domiciliario por los cargos relacionados con el caso Quino. La Corte Suprema debió intervenir para que la Corte de Apelaciones de Temuco finalmente le concediera la libertad condicional. Había sido detenido por fuerzas especiales el 13 de abril de 2010, mientras se encontraba en la sala de clase del Liceo Técnico Profesional Pailahueque Comuna de Ercilla.
22.- Ernesto Cayupan Meliñan
23.- Jorge Mariman Loncomilla En febrero de 2011, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. Fue detenido el 29 de diciembre de 2009. Es hijo de la machi Adriana Loncomilla y del Lonko José Cariqueo de la Comunidad José Guiñón.
24.- Ailio Pereira, ex lonko de Trapa Trapa, en la zona del Alto BioBio está procesado por usurpación de tierras en demanda presentada por el particular Hugo Vásquez. No hay fecha de juicio.



4.3       Con sentencia y beneficios penitenciarios
Dos casos vinculados al Convenio 169:
1.- Waikilaf Cadin Calfunao (hijo de la lonko Juana Calfunao), Comunidad Juan Paillalef, Cunco, detenido el 13 de mayo de 2010 en una marcha en Temuco, denuncia montaje en allanamiento para acusarlo de fabricación de bombas. Fue condenado a cuatro años y medio de presidio por una presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos y su defensor, abogado Lorenzo Morales solicitó la nulidad del juicio por las irregularidades  que hubo en el proceso.  En respuesta a la solicitud, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió cambiar la sentencia, invocando el convenio 169 y permitiendo que la condena se cumpla en libertad. La sentencia de remplazo dictada el 25 de abril de 2012 establece que de acuerdo a lo señalado en el Convenio Nº169 …”en  cuanto a darse preferencia a tipos de sanciones distintas a la del encarcelamiento cuando se trate de indígenas,  permiten formar convicción de que un cumplimiento penal alternativo como el de la libertad vigilada  aparece en el caso particular de autos como adecuado para una efectiva readaptación y resocialización del sentenciado.” Por ello   “ se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado Waikilaf Antonio Cadin Calfunao …  otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada, fijándose en cinco años  el plazo de tratamiento y observación a que queda sujeto el sentenciado, debiendo cumplir con las demás condiciones pertinentes que señala el artículo 17 de la Ley 18.216.”[2]


2.- Joel Paillama Reimán, de la comunidad Hueico, de Lumaco, fue condenado a cumplir 541 días de cárcel con el beneficio de reclusión nocturna,  por el delito de incendio de un bosque,  en un juicio abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de Traiguén. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió en agosto de 2011 un recurso interpuesto por el jefe de la Defensoría Penal Mapuche, abogado Ricardo Cáceres Setien, permitiéndole cumplir la condena en libertad en su comunidad.
Ricardo Cáceres argumentó ante la Corte apelando al artículo 10 N°1 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. La defensa demostró la dificultad que tenía el imputado para cumplir su condena: hay 30 km entre su comunidad y Traiguén, con un alto costo en pasajes.
3.- Roberto Carlos Painevilo Saavedra, werken del lof Mawizache, fue condenado a un año de pena remitida, con firma mensual. Se le enjuició en el juzgado de Garantía de Pitrufquén  vinculándolo al corte de camino realizado en 2011.
4.- Luis Hernán Millacheo Ñanco, de la Comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Cumple condena en su comunidad con medidas cautelares,  condenado por incendio de camión de forestal Mininco, a cinco años y un día de cárcel, en juicio oral realizado en Angol el 10 de marzo de 2009.
5.- Daniel Huentecura  (comunidad Currihual Huenchual) sector Taife, Carahue. Cumple con medida cautelar de firma mensual la condena a  541 días de presidio  por el delito de incendio y 300 días por microtráfico dictada el 13 de abril de 2012 en un procedimiento abreviado llevado a cabo por el juez  de garantía Mauricio Torres. El imputado, cuya familia ha denunciado constantes amedrentamientos,  aceptó los cargos de participación en un incendio de un camión en el camino Nueva Imperial-Carahue y tenencia de más de 100 gramos de marihuana en su domicilio formulados por el fiscal Cristian Voullieme. Había sido detenido el 8 de abril de 2011. Daniel Huentecura es primo de Julio Huentecura, preso político mapuche que fue asesinado en octubre de 2004 mientras se encontraba en prisión preventiva, hecho que afectó a toda la familia.
6.- Lorenzo Alex Curipan Levipan. Cumple condena con beneficios carcelarios. El Tribunal Oral de Angol lo condenó a 5 años y un día de prisión efectiva por el delito de incendio, en contra de un predio de Forestal Mininco, ocurrido el 26 de octubre de 2009. Las respectivas apelaciones fueron desechadas tanto por la Corte de Apelaciones de Temuco como por la Corte Suprema (octubre de 2010).  En reiteradas oportunidades se le denegó por las autoridades la libertad condicional, beneficio al cual sólo accedió en mayo de 2012. Debió interponer un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para evitar que se le extrajeran muestras de ADN a la fuerza, con el pretexto de que se requerían para acceder a la libertad condicional.  Estaba detenido desde el 26 de octubre de 2009. Pertenece a la comunidad Rankilko que ha llevado adelante su defensa y sigue sosteniendo que fue condenado como resultado de un montaje policial.

Con sentencia cumplida
Roberto Manquepi Vita, de la Comunidad de Butalelbun, Alto Bio Bio cumplió su condena de 5 años y un día,  más el pago de una multa de 11 UTM, el 15 de Noviembre de 2011. Estuvo en prisión por participar en recuperación de tierras ancestrales de su comunidad, calificado por la justicia como “robo con violencia”.  El robo se refiere a su participación en la recuperación de las veranadas para su ganado en su tierra ancestral, el fundo Cochico, usurpado por colonos. El también estuvo presente en las luchas territoriales del Valle del Queuco.




[1] http://www.werken.cl/?p=214
[2] Sentencia Corte de Apelaciones de Temuco, comunicación personal abogado Lorenzo Morales.

lunes, octubre 04, 2010

El ministerio público y sus fiscales anti-mapuche

1 October, 2010

Su responsabilidad en la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
En el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, se ha develado que uno de los grandes escollos para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, más allá de los frustrados intentos legislativos, es el Ministerio Público que sigue dando luz verde a la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Como ya es de conocimiento publico, el Gobierno ha flexibilizado su posición en aras de atender, en parte, las demandas de los huelguistas, a través del retiro de las querellas por Ley Antiterrorista invocadas por el ejecutivo (Gobernaciones, Intendencia y Ministerio del Interior), sin embargo, esta es una medida insuficiente para lograr la no aplicación de esta Ley a las causas mapuche, por medio de las reformalizaciones y recalificaciones de los delitos, y con ello, mejores condiciones para un debido proceso y un juicio más justo.
Así lo señaló, también, hace algunos días el vocero del Ministerio Publico, subrayando que se trataba de un organismo autónomo. Esto último, no es ninguna sorpresa, sin embargo, lo que se debe tener en cuenta es el accionar de algunos fiscales, cuya actuación como órgano persecutor ha superado todos los límites del tan mencionado estado de derecho, siendo responsables en gran medida de este conflicto en el cual hoy nos encontramos.
La aplicación de la Ley Antiterrorista y del Código de Justicia Militar se basa, justamente, en los excesos y arbitrariedades de estos fiscales anti-mapuche quienes en conjunto con algunos policías, encargados de las investigaciones, han fabricado MONTAJES con el objeto de que los actos realizados por los comuneros mapuche se enmarquen dentro de la Ley sobre Conductas Terroristas.
En este sentido, es muy difícil poder desarrollar una discusión seria y concreta sobre este tema, en las distintas instancias, puesto que se esta discutiendo sobre la base de hechos que jamás existieron y que no son más que un maquiavélico artificio creado por estos fiscales, quienes han hecho creer a la opinión publica, a las autoridades y a los parlamentarios que sí existieron estos hechos terroristas.
Estos fiscales en su afán de obtener resultados y de posicionarse como eficaces persecutores o, probablemente, extorsionados a través de pagos provenientes de las empresas forestales u otros particulares, se empeñan en transformar acciones de protesta y autodefensa básicas, en graves actos terroristas utilizando para ello todos los recursos y medios que les otorga el Estado, sin que nadie fiscalice su accionar, es decir, con absoluta impunidad.
Lo más grave de todo, es que estos fiscales, a quienes la Constitución les ha entregado el monopolio de la acción persecutora, han engañando descaradamente, no solo a la opinión pública, sino a todas las demás instituciones y poderes del estado, ninguno de los cuales es hoy día capaz de dar una solución a este conflicto que desembocó en la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
En conclusión, esta actitud sistemática y progresiva de los fiscales del Bìo Bìo y la Araucanía fue el detonante de este conflicto y a la vez, es hoy la principal traba para su solución, generando una incómoda posición para el gobiernochileno frente a la comunidad internacional y un evidente riesgo de vida para varios de los huelguistas.
Las comunidades mapuche, sus dirigentes, abogados y organizaciones de derechos humanos, vienen desde hace tiempo denunciando el accionar de estos fiscales. Son innumerables las denuncias de las arbitrariedades cometidas por estos, en su cometido persecutor de mapuche. De hecho, han sido muchas las causas que después de largas prisiones preventivas, una vez que llegan a Juicio Oral, los comuneros son absueltos de los cargos que se les imputan.
Sin embargo, estos montajes político-judiciales, son cada vez más elaborados y con mayor apoyo económico y logístico, y sobre todo mediático.
Lo mas grave de todo es que estos montajes, llevan también consigo una serie de prácticas reñidas con la ética profesional incluso algunas que, derechamente, violan los derechos humanos. Estamos hablando de apremios ilegítimos, torturas y hasta secuestros.
Algunos de estos montajes son:
• Caso By Pass de Temuco: En este caso, el fiscal anti-mapuche Moya, entre otros, transformaron un “corte de ruta” llevado a cavo en el marco de una protesta social, en un “horrendo crimen terrorista” en contra de los pasajeros de Tur Bus.
• Caso Fiscal Elgueta: Este montaje, liderado por el fiscal Andrés Cruz, fue tipificado como una “emboscada” e intento de asesinato a una autoridad, lo que es absolutamente falso, puesto que en la realidad fue un enfrentamiento entre comuneros y policías en un allanamiento a la Comunidad de Puerto Choque (Tirúa), en una evidente desigualdad de fuerzas. He aquí un MONTAJE en su máxima expresión.
Estos montajes han generado justamente, los efectos que los fiscales buscaban producir: el rechazo de parte de la opinión pública a la lucha mapuche, y marcar una tendencia discriminatoria en los jueces y el ejecutivo, para que estos avalen la aplicación de la Ley Antiterrorista, y la Justicia Militar.
Entonces, ¿cuál es el verdadero rol que cumplen los fiscales en el marco de este conflicto?, ¿es solo de investigar y perseguir delitos?, o actúan en base a otras orientaciones e influencias políticas o económicas, probablemente incluso, recibiendo pagos del empresariado comprometido con el despojo en las zonas de conflicto? Por su falta de experiencia, de escrúpulos o por ambiciones profesionales, ellos pueden ser fácilmente cooptados por sectores fascistas, que ven al Pueblo Nación Mapuche y su lucha como un enemigo interno.
Puede ser el caso del Fiscal Andrés Cruz, a la fecha involucrado en dos casos de torturas a mapuche, como es el caso de los hermanos Viluñir, quienes fueron secuestrados y uno de ellos colgado desde el puente Lanalhue en Cañete, por personal de la PDI, con el objetivo de obligarlos a actuar como “testigos secretos”.
Entonces, nos preguntamos, ¿qué hace un fiscal como este, con tantas atribuciones, perseverando en las causas contra mapuche y actuando con absoluta impunidad?
Es el caso también del Fiscal Moya, quien fue el responsable del montaje en contra de Héctor Llaitul en base a los apremios ilegítimos propinados al comunero de Vilcun, Roberto Painemil.
Otro fiscal anti-mapuche emblemático, es el Coordinador de los Fiscales de causas mapuche, Lujbetic quien, mientras las fuerzas políticas buscan una salida a la huelga de hambre, vociferó públicamente que presentará otras 30 querellas por Ley Antiterrorista en contra de comuneros. Justamente, han sido sus sistemáticas declaraciones a los medios de comunicación las responsables de crear un escenario favorable para dar curso a estos montajes fabricados por sus subalternos.
Pero el actuar del Fiscal Lujbetic se ve claramente respaldado por el Ministerio Público, ya que sus operaciones e investigaciones, tienen alcance internacional, como lo fueron las indagaciones y reuniones realizadas en Colombia. No es menor el hecho de que algunos de estos fiscales recibieran “especialización” en Estados Unidos, por parte del FBI.
¿Quién pondrá entonces los límites al accionar del Ministerio Publico? ¿O tendremos que esperar que estos fiscales se marginen absolutamente del Estado de Derecho, actuando fuera de la Ley y con extensas prerrogativas para operar y cometer delitos, tal como lo hicieron organismos como la DINA y la CNI?
En este sentido, será el Gobierno Chileno quien deberá responder por las actuaciones del Ministerio Público, por más autónomo que este sea, frente a los organismos internacionales.
Comisión Prisión Política
CAM
1 de octubre

Fuente: Mapuexpress.net

martes, marzo 23, 2010

Pascual Pichún, comunicador mapuche preso en Traiguén

por Ernesto Carmona
Argenpress


El día anterior al terremoto –el 26 de febrero–, la “justicia chilena” puso de nuevo tras las rejas al comunicador mapuche Pascual Pichún Collonao, de 28 años, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El joven, que goza de un estatus de refugiado en el país allende Los Andes, fue detenido en las calles de Temuco, cuando viajó a Chile para visitar a su padre enfermo, el lonko (jefe indígena) de Traiguén Pascual Pichún.

Ésta detención es otro jalón en una larga historia de injusticia y persecución contra la familia Pichún, alentada por el poderoso abogado y latifundista Agustín Figueroa Yávar, ex ministro de agricultura de Patricio Aylwin y ex miembro del Tribunal Constitucional, de gran influencia en la judicatura chilena. Casualmente, este mismo abogado introdujo el 10 de marzo un recurso que favorecería al club Colo Colo y a los dos grandes equipos universitarios (la Chile y la Católica), en la distribución de los 30 millones de dólares que deja como excedente el Canal del Fútbol, en detrimento de las otras 29 agrupaciones profesionales. Y para más casualidad –que nada tiene que ver con el caso Pichún–, ese mismo día los principales dueños del equipo renunciaron al directorio de la sociedad anómina que maneja el club –porque lo exige la ley–: Sebastián Piñera y su viceministro de Chiledeportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quienes asumieron sus respectivos cargos en la jornada siguiente, el 11 de marzo, justo con otro terremoto que aterrorizó a los invitados extranjeros, pero de menor intensidad.

La Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y otras instancias profesionales latinoamericanas y europeas, reclamó la libertad del comunicador y estudiante de periodismo, cuyo caso como víctima de derechos humanos elementales ya fue zanjado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sin que la justicia chilena acate su recomendación, como tampoco hace caso a las normas internacionales emanadas de tratados sobre las etnias indígenas que el Estado Chile se ha comprometido a respetar, convertidos en letra muerta pese a la ratificación del parlamento y el cacareo a los cuatro vientos del doble discurso del poder ejecutivo. Entretanto, el sistema judicial chileno se encuentra virtualmente colapsado por el terremoto, que derrumbó o dejó inhabitables 190 sedes, incluyendo edificaciones relativamente nuevas, como el edificio de los 30 juzgados civiles de Santiago. Muchos papeles están sumergidos entre los escombros.

Historial de persecución

En 2003, el lonko Pichún y sus hijos Pascual y Rafael fueron condenados a 5 años de cárcel, acusados de quemar un camión de Figueroa. Al cumplir 1 año recibieron el beneficio de pena remitida. Pero ante la incapacidad material de solventar una millonaria indemnización a Figueroa –atada a la condena–, fueron buscados de nuevo para pagar con cárcel. Después que, en 2006, la CIDH acogió en Washington el reclamo de la familia Pichún contra el Estado Chile, el caso está listo para pasar a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Esta instancia es relevante, aunque su fallo corra el riesgo de convertirse en otra expresión del folklórico “derecho a pataleo”, en un país que hace poco caso a las instancias internacionales.

Cuando los buscaron para pagar con cárcel, los hermanos Pichún se declararon en rebeldía. Rafael fue detenido tras permanecer prófugo durante varios meses, mientras Pascual apareció en Buenos Aires en diciembre de 2005. Allí solicitó refugio político ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), respaldado por instituciones de derechos humanos de Argentina, y personalidades como el premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Su petición fue acogida a tramitación, es decir, Pascual fue reconocido como "peticionante" y quedó bajo el resguardo del Estado argentino y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mientras el CEPARE estudia su solicitud.

Aunque el trámite puede tardar un promedio de hasta 8 años, dicen que el CEPARE “es bastante riguroso a la hora de acoger o no a tramitación una petición de refugio político”. Por el sólo hecho de aceptarlo como “peticionante” significa que su caso aportó antecedentes sólidos para presumir persecución política del gobierno chileno –sea cual fuere el gobernante de turno– en contra suya y de su familia. Al acoger la tramitación, el CEPARE dictaminó que Chile no le garantiza a Pascual su derecho a un debido proceso.

El preso necesita solidaridad

Pascual no ha perdido su tiempo en los 5 años que lleva en Argentina. Además de estudiar periodismo, se ha destacado como conductor de radio con un programa semanal sobre pueblos originarios en FM Estación Sur de La Plata. Y desde 2006 también es corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe, fue elegido delegado de su facultad ante la Federación Estudiantil de la UNLP y el 10 de febrero fue designado responsable del portal Internet del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina (http://www.originarios.org.ar).

Su vida transcurrió sin sobresaltos en la capital del tango, hasta que decidió ingresar legalmente a Chile para visitar en la comunidad Temulemu a su padre, el lonko Pascual Pichún, quien se encontraba delicado de salud. Y así llegó el 26 de febrero, día en que Pascual hijo se tropezó con la policía, que lo aprehendió en las calles de Temuco para enviarlo de nuevo a la cárcel de Traiguén. A causa de los destrozos del terremoto y la consiguiente paralización de la actividad judicial –no sólo en esa región llamada La Araucanía–, quién sabe cuándo Pascual será conducido ante un juez para tener entonces la oportunidad de apelar a su injusto encarcelamiento.

Entretanto, el prisionero mapuche aguarda que sus abogados puedan solicitar al tribunal que decrete la "prescripción media" de la causa, para que pueda salir en libertad, por haber transcurrido más del tiempo de su condena a 5 años en 2003. Y toda expresión de respaldo y solidaridad, de personas e instituciones, como la emitida por Ciap-Felap y la federación de estudiantes de la casa de estudios de La Plata, contribuirán a la pronta libertad del joven comunicador preso de Traiguén. Las comunicaciones solidarias pueden enviarse al correo del periódico en que escribe: azkintuwe@yahoo.es

martes, octubre 27, 2009

La justicia militar, Bachelet y los mapuche

Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.

Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”

Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.

Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”

Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.

lunes, octubre 19, 2009

José Galvarino Lepicheo entre la zanahoria y el garrote




El “diálogo” que lleva adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet con el pueblo mapuche incluye la práctica de la zanahoria y el garrote. José Galvarino Lepicheo (19 años), joven mapuche del sector Huentelolén ubicado en las cercanías del lago Lleu Lleu, logró obtener la beca estatal para dar la prueba de ingreso a la universidad (PSU) en diciembre. Pero no podrá presentarse a rendirla. Desde el 15 de agosto de 2009, el joven estudiante está preso en Lebu bajo acusaciones de la ley antiterrorista. El próximo viernes 23 de octubre, el Juzgado de Garantía de Cañete decidirá si José Galvarino Lepicheo permanecerá en prisión preventiva los ocho meses originalmente fijados como medida cautelar, o si el juez le permitirá retomar sus estudios en el Centro de Educación Integrada de Adultos “Quimahue” de esa ciudad, donde cursaba tercero y cuarto medio. Si no se presenta en noviembre, no podrá concluir esos estudios y perderá su única oportunidad de usar la beca de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, que sólo se otorga una vez. En la marcha del pasado 12 de octubre en Santiago, podía observarse un lienzo pidiendo su libertad y apoyando su derecho a estudiar. En diversos centros de estudio de la capital y regiones han aparecido afiches denunciando su caso.
Premio y castigo
José Lepicheo Machacan y Claudio Tranamil Ñanco - joven dirigente de la comunidad Nicolás Calbullanca - fueron detenidos al interior de una escuela ubicada en la Comunidad Pascual Coña, en el sector del Lago Lleu-Lleu, el 15 de agosto, en vísperas del funeral del comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por Carabineros en la comuna de Ercilla. Esta escuela fue abandonada por el Estado chileno, arguyendo el nivel de conflictividad del sector, y los propios mapuches están desarrollando un proyecto de autogestión educativa con sus propios programas y clases. Los jóvenes están acusados de asociación ilícita terrorista y la “prueba” de la fiscalía son imágenes de un corte de ruta en el camino de Cañete a Tirúa, en que fueron heridos unos policías al día siguiente del asesinato de Mendoza Collio, captadas por la cámara filmadora de Lepicheo. La cámara fue ganada por él en un concurso de cuentos organizado por FUCOA (Fundación de Comunicaciones del Agro). Lepicheo obtuvo el segundo lugar con el relato “La machi recuperando sus medicinas para la gente”.
Detención en 2007
José Lepicheo vive en el sector de Huentelolen, cercano al lago Lanalhue. El Estado chileno está a punto de de lograr que pierda por segunda vez su año escolar, producto de la prisión. Cuando fue detenido, cumplía en libertad vigilada una sentencia de tres años. Había sido arrestado en noviembre de 2007, a los 17 años, constituyéndose en el primer caso de preso político mapuche menor de edad. Se le condenó por el incendio de un vehículo durante una movilización desarrollada durante la huelga de hambre de Patricia Troncoso. Su padre, José Ignacio Lepicheo Machacán, y su mamá, Domitila del Carmen Macacan Huenul, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción denunciando que su hijo resultó herido en un ojo derecho y fue objeto de golpizas y maltratos en el centro de detención de menores de Coronel (CERECO), lo que generó un amplio movimiento de solidaridad que permitió su libertad condicional.
El bisnieto de Angelita Huenuman
En la audiencia del 23 de octubre también se verá la revisión de medidas cautelares de Carlos Muñoz Huenuman, bisnieto de Angelita Huenuman, quien inspirara la canción homónima de Victor Jara. El es un respetado líder de su comunidad Venancio Ñeguey, de la cual ha sido presidente. También se pedirá la libertad de otros presos del sector Puerto Choque: Juan Carlos Parra Leiva y Claudio Marcelo Tranamil Ñanco, todos ellos detenidos por la ley Antiterrorista en la cárcel de Lebu.
Carlos Muñoz y Juan Carlos Parra Leiva permanecen en prisión desde el 8 de abril de este año, acusados, entre otros montajes, del atentado al fiscal Elgueta. La acusación solo estaba respaldada por el secreto de las declaraciones de los testigos protegidos. Su abogado defensor, Nelson Miranda, logró finalmente acceso a estas declaraciones, llegando a la convicción que las pruebas no tienen el carácter que les atribuye la fiscalía.

Juan Carlos Parra Leiva trabajaba en Rancagua para paliar la grave situación económica que afecta a su familia. Claudio Tranamil Ñanco es un joven dirigente que ha viajado a exponer la situación de su pueblo a Europa. Su detención le impidió viajar a un encuentro en Australia. Los jóvenes comuneros representan una muestra de los nuevos liderazgos en la nación mapuche. El montaje policial que les afecta es considerado por sectores de derechos humanos y las organizaciones del pueblo mapuche como un intento de desarticulación de las luchas por la recuperación de su territorio ancestral.
Las comunidades de la zona de Lleu-Lleu han anunciado que asistirán a la audiencia a apoyar a los jóvenes comuneros.