Monsanto, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventroscience son los que hacen el negocio de exportación de semillas transgénicas desde Chile, y el SAG es el encargado de las autorizaciones para estos cultivos, cuya ubicación exacta al interior de cada región sigue siendo un secreto.
Sin embargo, la presión ciudadana ejercida por organizaciones ambientales y sociales pertenecientes a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y por algunos parlamentarios como Marco Enríquez, René Alinco y Ramón Farías, logró que el SAG actualizara la información sobre cultivos transgénicos en el país. El pedido de transparencia se fundamentó en el silencio oficial frente a la negativa de Canadá a autorizar el ingreso a su territorio de 200 toneladas de transgénicos procedentes de Chile. El SAG señaló ahora las regiones en que se encuentran las casi 13.000 hectáreas de semillas transgénicas de exportación de la temporada 2005-2006. http://www.sag.cl Esto representa un aumento de 4.328 hectáreas con respecto a la superficie cultivada de transgénicos en la temporada previa, sin que en Chile se haya avanzado respecto a prevenir los impactos en el medio ambiente y la salud humana que pueden derivarse de ello.
Del total, más de 12.000 hectáreas corresponden a maíz transgénico, seguida por 627,5 hectáreas de canola, 165,6 de soya y 11,4 hectáreas de cartamo o falso azafrán. Los cultivos restantes, con menores superficies sembradas son, en orden de importancia: arroz, zapallo, vid, Brassica juncea (mostaza negra), remolacha, tomate y lino. No se identifican en el cuadro las empresas exportadoras, pero estas son Monsanto, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventroscience, listadas como exportadoras de semillas transgénicas en el registro de la Asociación Nacional de Exportadores de Semillas.
Las regiones más afectadas
Las regiones donde hay más cultivos transgénicos son, de mayor a menor, la sexta, séptima y metropolitana. Sólo en la II y XII regiones no se informa de cultivos genéticamente modificados. En todos los casos, se trata de semillas destinadas a la exportación, único uso de acuerdo a la legalidad chilena. Una confusión frecuente es afirmar que en Chile se consume tomate transgénico, pero en realidad el tomate de larga vida del mercado local, corresponde a una variedad híbrida, es decir está trabajada genéticamente pero dentro de una misma especie vegetal. En las variedades transgénicas, en cambio, se traspasa la barrera de las especies, insertando en el gen original de la planta un gen de una especie animal (una secuencia que por ejemplo –en el caso del maíz BT1176- corresponde a una bacteria tóxica que es insecticida, Cry1AB de bacillus thuringiensis).
En el cuadro publicado por SAG se informa tan sólo de 11,4 hectáreas de cultivos de cártamo. En cambio, la información publicada en Canadá (de la cosecha siguiente, 2006-2007) se refiere a 130 hectáreas de cártamo que produjeron 200 toneladas de semilla, retenidas en un desconocido puerto chileno, probablemente San Antonio, ya que allí se encontraba el área de mayor superficie, aunque también podría ser un puerto de la Octava Región. Esa información sigue siendo retenida por la entidad estatal.
Vía rápida a las trasnacionales
El gobierno chileno también se sigue justificando en la protección del secreto comercial para ocultar la ubicación exacta de los predios, imposibilitando la fiscalización ciudadana respecto de la posible contaminación de cultivos orgánicos y tradicionales. Corresponde al SAG aplicar las normas para la internación e introducción al medio ambiente de organismos vegetales vivos modificados de propagación OVMs (decreto 1523, 6 de julio de 2001). Un departamento de esa repartición estatal, encabezado por Gonzalo Pardo evalúa las solicitudes de introducción, autoriza lugares de acopio y fija franjas de seguridad caso a caso. No se conocen las medidas de seguimiento y fiscalización que la institución implementa, ni la compensación por daños por contaminación. En la información publicada en la web del SAG se fija en diez días hábiles el plazo para autorizar el lugar de acopio, y en apenas 45 días hábiles el plazo posterior de evaluación para aceptar o rechazar cada solicitud de importación desde el momento en que este organismo recibe la información requerida. Asimismo limita el plazo a 20 días hábiles si hay una resolución previa.
Los proponentes cancelan una suma acorde con la inspección en terreno y análisis. El SAG confía en la buena fe de los datos científicos, planes de manejo, y métodos de destrucción de residuo y traslado de semillas a su destino final entregados por las trasnacionales, ya que es poco probable que las propuestas y medidas de resguardo puedan ser analizadas a fondo en un plazo tan breve.
En otros países sudamericanos, como Brasil y Paraguay, Monsanto ha desdeñado toda medida de seguridad y los cultivos se han extendido a tal punto que los respectivos gobiernos, enfrentados a una situación de hecho, se vieron obligados a legalizarlos. Es una táctica ya conocida. En marzo de 2007 el Ministro de Agricultura, Alvaro Rojas, anunció que los cultivos de soya transgénica se extenderán desde la V hasta la VII regiones. Monsanto cuenta con una resolución previa para estos y otros cultivos transgénicos cuyos impactos en el medio ambiente, medidas de resguardo por daños y fiscalización son también desconocidos.
El principio de precaución
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología derivado del Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por 140 países, no ha sido ratificado por Chile. La ratificación obligaría al país a respetar el principio de precaución al tomar decisiones relativas a los organismos vivos genéticamente modificados. Chile es centro de origen de varias especies (papa, tomate, frutilla, etc) y su flora y fauna cuentan con un gran endemismo. La isla de Chiloé, por ejemplo, ubicada mil 190 kilómetros al suroeste de Santiago, es reconocida como centro de origen de la papa (Solanum tuberosum) junto con Bolivia y Perú. Y allí existe desde 1987 un banco de especies que hoy mantiene más de 200 variedades de papa, por lo que diversas organizaciones ambientales impulsan la declaración de Chiloé como zona libre de transgénicos.
La coexistencia imposible
La coexistencia de los cultivos transgénicos con la agricultura orgánica ha sido considerada imposible por productores de España, donde un estudio de casos de Cataluña y Aragón, publicado por Assemblea Pagesa, Plataforma Fuera los Transgénicos y Greenpeace, probó que siete años de cultivos transgénicos contaminaron el maíz orgánico y el convencional. Otro tanto está ocurriendo en México, y en Chile. Información reservada narra experiencias similares en una localidad cercana a Santiago.
En países de la Unión Europea, así como en Cuba, para abordar estos temas existen leyes específicas sobre organismos vivos modificados y seguridad biológica, que contemplan severos sistemas de Evaluación de Riesgo. En el caso de Noruega, por ejemplo, ello se hace incorporando el principio de precaución, así como tomando en cuenta los niveles de incertidumbre reconocidos en el campo de la Ingeniería Genética, acerca de los efectos en el medio ambiente, en la salud del ser humano y los impactos socio económicos, culturales y éticos. La participación pública y la transparencia son también aspectos relevantes en estos análisis.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), activa promotora de los transgénicos, ha planteado el uso de barreras entre cultivos convencionales y transgénicos ante la posibilidad de que pueda haber contaminación. El representante regional para América Latina y Caribe, José Graziano Da Silva, en una entrevista reciente publicada por la agencia EFE, mostró preocupación por los efectos medioambientales que puedan causar este tipo de cultivos, especialmente en productos básicos.
Anuncios pendientes
El año 2003, el gobierno del entonces Presidente Lagos había anunciado su propósito de generar una política nacional “para promover y orientar el desarrollo biotecnológico del país” y se inició el estudio de dicha política con el apoyo del fondo GEF/UNEP. En 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet anunció como objetivo que Chile se convierta en una potencia mundial en el rubro de la alimentación. La mayor parte de las instituciones de gobierno no muestran preocupación por los aspectos relacionados con la producción limpia, lo que es particularmente notorio en el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cuyas políticas también dejan ver su apoyo a los transgénicos y al uso de plaguicidas. El gobierno ha propuesto que los proyectos de introducción de organismos genéticamente modificados deberían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con los precedentes ya conocidos acerca de las aprobaciones de proyecto debido a consideracioens políticas, y no técnicas (caso CELCO, Ralco y muchos otros), esa respuesta no ofrece ninguna garantía para quienes se preocupan del impacto de los transgénicos.
Superficie cultivada
Desde 1987, Chile multiplica y exporta semillas genéticamente modificadas, operando como estación de cultivo de productos biotecnológicos desarrollados en otros países. En la temporada previa al cuadro entregado este mes de junio por el SAG, según la información oficial citada en el Anexo 2 del Informe Final del Proyecto PNUMA-GEF-CONAMA sobre Bases para el Marco Nacional de Bioseguridad de Chile, la superficie sembrada con transgénicos alcanzó las 8600 hectáreas, lo que representa aproximadamente un 1% de la superficie nacional de cultivos anuales, y un 41% de la superficie semillera, y genera divisas del orden de los US$ 50 millones al año. La superficie nacional de semilleros transgénicos aumentó aproximadamente 20 veces entre los años 1999 y 2003. Los mercados de destino de estas semillas son principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, así como Canadá.
En los últimos años se están extendiendo además los farmocultivos, con empresas como Ventria Bioscience, que logró la autorización que no tuvo en Estados Unidos, para sembrar en el 2005 en predios de la VI región, 2 hectáreas de arroz transgénico con proteínas lactoferrina, lisozima y albúmina de suero humano, para la producción comercial de fármacos para combatir la diarrea.
Hasta ahora no se ha autorizado en Chile el cultivo comercial de transgénicos, pero sí hay consumo interno de alimentos derivados de OGM importados desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Ignoramos qué porcentaje de las importaciones alimentarias del país corresponde a transgénicos.
Cultivos experimentales
Hay además en Chile cultivos transgénicos cuyas pruebas de campo han sido autorizadas en el país, con proyectos como una papa resistente a la bacteria Erwinia carotovora; también se ha obtenido uva transgénica resistente al hongo Botritis cinerea. Otro proyecto relevante es el caso de los carozos, en que se busca un mejorar la presentación de estos frutos para la exportación.
En el ámbito de la silvicultura, existe la capacidad en el país para producir Pinus radiata transgénico resistente a ciertos insectos y se está avanzando en la producción de variedades de esta especie resistentes a herbicidas, y de eucaliptus resistente al frío.
Entre 1991 y 2001, se financiaron 408 proyectos en biotecnología por un monto total de US$ 73,4 millones, ejecutados mayoritariamente por institutos estatales y universidades públicas. El gasto total en investigación y desarrollo en el país es de un 0.7% del PIB. La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), el Ministerio de Agricultura (a través de FIA) y el Ministerio de Economía (a través de CORFO), están desarrollando la iniciativa “Genoma Chile”, con dos programas: Genoma en Recursos Naturales Renovables y Biominería.
En el año 2002 existían en Chile 31 empresas biotecnológicas, en su mayoría pequeñas, fundadas en los últimos 10 años y con ventas totales de alrededor de US$ 8 a 9 millones anuales.
No existe legislación sobre etiquetado ni se realizan evaluaciones por el MINSAL a los alimentos.
Iniciativas legales
En noviembre de 2006 se presentó en el Senado, con la firma de legisladores de partidos de la oposición (Andrés Espina, Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma) y también de la alianza de gobierno (Eduardo Frei, Fernando Flores (Concertación) la moción sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” que busca legalizar los cultivos transgénicos. La iniciativa presenta antecedentes equívocos, ignora los efectos ya conocidos y hace afirmaciones sin base científica sobre aumento de la productividad y sobre la posibilidad de asegurar resguardos adecuados para evitar la contaminación de otras semillas. También desconoce el principio de precaución y no contempla estudios de riesgos independientes. Las normas de etiquetado que contempla son las propuestas por las compañías productoras (“equivalencia sustancial”) las cuales no dan garantías al consumidor sobre su real contenido. El proyecto ha sido rechazado por organizaciones ambientales y sociales del país.
En junio de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, que debería seguir este año su trámite en el Senado, donde el proyecto quedó empantanado, trasladándose ahora esta discusión al proyecto descrito en el párrafo siguiente.
A fines de diciembre de 2007, el Senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley para prohibir la fabricación, internación e importación en Chile de semillas “terminador”, es decir aquellas modificadas genéticamente para no dar semillas, o para crecer, desarrollarse, madurar, dar frutos o destruirse sólo mediante la aplicación de productos químicos.
Percepción de la ciudadanía
En años pasados, Greenpeace realizó una campaña nacional de alerta e información sobre los transgénicos, distribuyendo una guía, y publicando en su página web una lista de alimentos contaminados con transgénicos que tuvo gran impacto entre los consumidores.
Desarrolló asimismo un muestreo y análisis de semillas de maíz y una encuesta de percepción pública, encargada a IPSOS, que reflejó un claro rechazo a los transgénicos (58,5%) y exigencia de etiquetado (95,9%) para los alimentos. Entre las amenazas que percibe Greenpeace en la actualidad, que pueden agravar la situación actual está el lobby de los productores de maíz que compiten en precios con maíz argentino, para que se autorice en el país la siembra para consumo animal de maíz transgénico, el que suponen más barato. En segundo término, están los proyectos de desarrollo de etanol (biocombustibles) a partir de maíz y raps transgénico.
La Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile www.rap-al.org), integrada por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas www.anamuri.cl la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) y el Observatorio de Conflictos Ambientales www.olca.cl también incorpora en su trabajo la denuncia de los efectos de los transgénicos y el prontuario ambiental de las multinacionales que promueven su uso en Chile y el mundo, y fundamentalmente, promueve el derecho de los campesinos a resguardar su semilla. Asimismo, existe una Red Chile Libre de Transgénicos que agrupa a organizaciones como Fundación Sociedades Sustentables e IEP y que desarrolla investigación, campañas informativas y lobby ante las autoridades.
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