El próximo 25 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunciará acerca de la nulidad del juicio que absolvió a comienzos de junio al comunero mapuche Roberto Painemil del cargo de incendio y a Héctor Llaitul de los delitos de incendio y porte de armas. De esta manera la primera sala del alto tribunal acogió – por tres votos a uno - la petición presentada por el Ministerio Público contra los comuneros mapuche acusados como autores del incendio de maquinaria de la Forestal Minico y porte de armas. Uno de los ministros sostuvo sin embargo, que no debía ser acogido a tramitación el recurso de nulidad de lo obrado por el Tribunal de Garantía. El tribunal oral absolvió totalmente en su oportunidad a Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto. Painemil resultó absuelto de la primera acusación y condenado a pena remitida –en libertad condicional- de tres años y un día por el porte de armas.
Lo que está en juego ahora es la valoración de las pruebas aportadas por la Fiscalía. El tribunal oral sostuvo en su sentencia que de acuerdo a lo presentado por los perseguidores –testigos que se contradecían y eran inconsistentes, como pude escuchar en el juicio - no contaba con elementos que le permitieran razonablemente sostener la culpabilidad de los imputados. La Fiscalía presentó sólo testigos uniformados y sin rostro en el citado juicio, con la excepción de un solo civil que atestiguó contra el imputado.
Juan Enrique Prieto y Pablo Ortega - que junto al ex juez Juan Guzmán integraron el equipo de abogados de derechos humanos que asumió en junio la defensa de Painemil y de Héctor Llaitul, acusado por los mismos delitos (y absuelto de ambos) - se mostraron confiados en que la Corte no dará lugar a la nulidad del juicio. Prieto, director de la Fundación Laura Rodríguez del Partido Humanista, explicó que los argumentos con que el Ministerio Público fundamentó la presentación son errados, ya que el tribunal oral valoró adecuadamente las pruebas presentadas ante la Fiscalía. En cambio, el recurso pide valorar una prueba que sólo se presentó en la comisaría. Se trata de la confesión de Painemil obtenida en tortura a horas de su detención por carabineros de la comisaría de CholChol, hecho que fue denunciado en detalle por el comunero ante el Tribunal Oral. Nunca antes Painemil pudo relatar en el largo período de reclusión que enfrentó, de más de un año y medio sin comparecer ante un juez hasta febrero, cuando se cerró la investigación. Pablo Ortega declaró a la prensa local que está claro que el Ministerio Público no está de acuerdo con la valoración de la prueba hecha por el tribunal oral, pero aseguró que la Corte de Apelaciones no tiene competencia para acceder a diligencias solicitadas ahora por el Ministerio Público y que debieron haber sido hechas por la fiscalía durante el año y medio que duró la investigación.
Sentencias anteriores
Hay precedentes anteriores de juicios contra líderes mapuche anulados por tribunales de Apelaciones e incluso por la Corte Suprema (caso de los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichón, y de Patricia Troncoso), que sin embargo insertan estas decisiones en un marco que va mucho más allá de lo jurídico y que incluso han llevado a la destitución de una jueza que se negó a aplicar la legislación antiterrorista contra comuneros. Ello se explica por las presiones desatadas de parte de quienes llevan las acusaciones: las poderosas empresas forestales y el ministerio público, la mayor parte de las veces con mandato de gobernadores o intendentes. En este caso, ello no ocurre pues aunque inicialmente el gobierno regional se querelló, no perseveró y aquí sólo la forestal Mininco y el ministerio público sostienen la demanda.
También hay sin embargo casos de absolución respetados por los tribunales. En 2006, en medio de la creciente presión de organismos internacionales de derechos humanos, la justicia exculpó a José Cariqueo Saravia y Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, de la comunidad Cacique José Guiñón de los cargos de incendio terrorista. En junio de 2008, el werken (mensajero) Jorge Huenchullan, de la sitiada comunidad Temucuicui, fue una vez más declarado inocente de los cargos imputados (supuesta amenaza contra su vecino latifundista, René Urban).
La llamada judicialización de la lucha de comunidades mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales ha sido criticada fuertemente por organismos internacionales de derechos unidos tales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Comisión Contra la Tortura, entre otros. Un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encontraría en el país para investigar in situ las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos denunciadas ante estos organismos.
Más información sobre la decisión de la Corte y comentarios de los abogados Prieto y Ortega en www.caravanaporlavida2008.blogspot.com/
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