Mostrando las entradas con la etiqueta semillas nativas. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta semillas nativas. Mostrar todas las entradas

viernes, marzo 18, 2011

La semilla campesina en Peligro: lanzamiento de mi libro


La Alianza por una Mejor Calidad de Vida, RAP/Chile, integrada por ANAMURI, CIAL y OLCA invita a usted al lanzamiento del libro-reportaje “Chile: la Semilla Campesina en Peligro”, de Lucía Sepúlveda Ruiz, a realizarse el jueves 24 de marzo a las 18 horas, en la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, en Manuel Rodríguez Sur 253 (nivel subterráneo).
Este aporte al debate sobre el proyecto Piñera de introducción de los transgénicos al mercado interno será presentado por Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y por el coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), Javier Souza, ingeniero agrónomo (Universidad de Buenos Aires), integrante del panel de expertos que entrega asesoría técnica a la organización de pueblos fumigados por plaguicidas en Argentina.

jueves, octubre 01, 2009

Exigen a diputados rechazar proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales


Por vulnerar convenios internacionales y derechos de agricultores


Las organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores abajo firmantes rechazamos el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que fortalece los derechos de las transnacionales agroquímicas/semilleras y vulnera los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores orgánicos. Ante la Comisión de Agricultura, hemos sostenido que este proyecto de ley de privatización de la semilla, desconocido por la mayoría de los agricultores y ciudadanos, debe ser rechazado por sus impactos negativos en la biodiversidad -patrimonio de todos los chilenos- y por sus nefastas consecuencias para el desarrollo de la agricultura en general, y en especial para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura orgánica. El 30 de septiembre, el proyecto será analizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Previo paso por Hacienda, será votado luego por la sala en pleno, cumpliendo el segundo trámite constitucional, como paso previo a la firma por Chile del Convenio UPOV 91 (nombre en francés del Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).
El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, y algunos diputados de la Alianza y la Concertación han sostenido que este proyecto de ley no tiene nada que ver con los transgénicos ni con patentar las plantas, y que aumentará la inversión extranjera. Frente a esto, las organizaciones abajo firmantes hemos señalado que por el contrario, el proyecto sí está estrechamente ligado a la expansión de la transgenia desarrollada por las grandes corporaciones agroquímicas/semilleras en Chile; y se enfoca en la protección de los llamados “derechos de obtentores" que son justamente un tipo de propiedad intelectual sui generis sobre las plantas. La propiedad intelectual es por definición un privilegio, y se está legislando exclusiva y precisamente para garantizarles mayores ganancias a estas transnacionales monopólicas en desmedro del desarrollo de otros importantes sectores agrícolas nacionales.
1.- Los transgénicos y el proyecto
El propio Ministerio de Agricultura asume la vinculación entre transgenia e industria semillera en un documento de agosto 2009 publicado por la Oficina de Planificación Agraria (ODEPA), donde sostiene refiriéndose a la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS): “La industria semillera nacional, en sus cincuenta años de historia institucionalizada, se perfila como uno de los actores relevantes en el desafío de desarrollo de la agricultura nacional, mostrando un crecimiento no sólo en volúmenes, sino también en términos de valor agregado y de servicios, lo que la sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial de exportaciones y primera en el hemisferio sur. Los elementos de competitividad del país han sido relevantes para el desarrollo de esta industria en la última década, lo que hoy permite que las empresas multinacionales instalen centros de alta tecnología en el norte de Chile. Se debe señalar que la expansión del sector está muy asociada a la multiplicación de semillas transgénicas, en especial de maíz, soya y canola.
Al respecto es importante destacar que una mayor expansión del sector transgénico, derivada de los incentivos dados por este proyecto de ley, afectará a la agricultura convencional y especialmente al desarrollo de la agricultura orgánica chilena, un negocio floreciente y con enormes perspectivas de expansión y crecimiento nacional e internacional. Ya está comprobada en otros países la imposibilidad de la coexistencia entre ambos cultivos, debido a la contaminación genética que provocan los transgénicos. Aprobar este proyecto no nos hará más competitivos, por el contrario puede significar el cierre de mercados que exigen productos no transgénicos y libres de residuos de plaguicidas, es decir alimentos sanos e inocuos, dignos de un país que pretende convertirse en una potencia agroalimentaria y donde los consumidores también son cada vez más conscientes de sus derechos.

Mientras las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología aún no dan respuestas sobre la inocuidad de los transgénicos, estudios independientes realizados en diversas partes del mundo señalan que estos tienen efectos negativos y son una amenaza para el ambiente y la salud humana.


2.- Derechos de obtentores versus patrimonio común
Los “obtentores" son las grandes empresas transnacionales y sus socios locales. Este proyecto aumenta sus actuales derechos, pues los actuales 18 años de vigencia del registro se elevarían a 25 años para árboles y vides, y 20 para otras especies. Aunque formalmente esto no es una patente sino un derecho de obtentor, en la práctica una variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas le confiere a su dueño el derecho exclusivo para multiplicarla. Cualquiera que desee producir, ofrecer, importar o exportar material de reproducción debe contar con la autorización del titular del derecho. Esto afecta los derechos que siempre han tenido los agricultores. Además, el proyecto no es transparente y genera una serie de incertidumbres, al establecer una serie de excepciones que no figuran en la ley y que serán objeto de un reglamento cuyo contenido será decidido nuevamente al margen de los afectados. Hasta ahora el gobierno sólo escucha y dialoga con los beneficiados por la ley, es decir con las transnacionales de la semilla y con ANPROS, entidad sobre la cual el documento ya citado informa que “entre muchas acciones, se pueden destacar su condición de activo miembro de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, con presencia en las cuatro comisiones de trabajo, a través de las cuales contribuyó a la propuesta de la nueva ley de protección a los obtentores vegetales”. Lo mismo ocurrirá previsiblemente cuando se redacte el reglamento, ya que en esa Mesa no hay participación de otros sectores afectados.
Los derechos ancestrales y comunitarios se vulneran porque el único requisito para registrar derechos sobre una variedad es que sea “nueva, estable y homogénea”, considerándose nueva aquella variedad no registrada anteriormente. Es nueva para el obtentor, pero el registro de una variedad vegetal constituye una apropiación de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas que han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones, siendo especialmente las mujeres sus guardadoras.
La ley establece que la fiscalización del cumplimiento de los derechos de los obtentores, antes a cargo del SAG, será vigilado por las propias empresas, lo que implica la inédita creación de una policía privada dependiente de las corporaciones, que asegurará sus ganancias.
3.- Legislación comparada

Chile pretende adscribirse al Convenio UPOV 91, sin haber dado pasos previos mínimos, como es contar con una Ley sobre Protección de la Biodiversidad y ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad. Nuestro país es firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyas disposiciones entran en conflicto con los términos de este proyecto relativos a impactos sobre el conocimiento y prácticas tradicionales de comunidades locales e indígenas; impactos sobre la transferencia o el acceso a la información científica y tecnológica, debido a la restricción de la investigación por los derechos de obtentores; pérdida de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y afectación de la seguridad alimentaria, pues las variedades de alimentos pasan a ser propiedad de las compañías que además controlan la venta de semillas.

Llama la atención que en Chile -donde las regulaciones son siempre las más laxas y bajas para no afectar al libre comercio y a los grandes empresarios y capitales extranjeros- este proyecto de ley sea más generoso aún en las atribuciones, privilegios y concesiones que hace a los “Obtentores” que el propio Convenio UPOV 1991. Chile va a adherir a ese convenio para cumplir con los compromisos derivados del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, país que lidera la investigación en biotecnología en el mundo. El proyecto deja al descubierto la enorme capacidad de manipulación del gobierno chileno por parte del sector agroquímico/semillero transnacional, en función de sus intereses y ganancias y en detrimento de los pequeños y medianos campesinos y comunidades indígenas.

En la legislación norteamericana, por el contrario, el artículo 113 de la ley denominada “El Derecho a Guardar la Semilla” reafirma este derecho de los agricultores respecto de su cosecha. Asimismo, en Costa Rica la legislación contempló resguardos mínimos para la biodiversidad al adherirse al Convenio UPOV 91. El artículo 2 de la ley homóloga costarricense sostiene que la protección no se otorgará a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que no hayan sido mejoradas por las personas; y durante los primeros diez años de vigencia de la ley, la “protección” sólo se extenderá a quince géneros y especies vegetales. En su artículo 4 establece que se considerará variedad notoriamente conocida (y por tanto no registrable) aquella que se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui generis, hayan sido estos derechos registrados o no.

4.- Inversión extranjera


La inversión extranjera relacionada con este proyecto está ligada a las transnacionales que actualmente lideran la investigación en biotecnología y manejarán de forma monopólica las variedades nacionales que registren.
Cabe señalar que estas variedades se generan teniendo como punto de partida el conocimiento ancestral obtenido por las corporaciones de forma gratuita. Por eso es que, en la práctica, esta ley posibilita la privatización de la semilla, lo que tendrá como consecuencia obstaculizar la investigación a nivel local y encarecer el precio de los alimentos, al incentivarse el uso de semilla registrada. Más relevante que la inversión es el hecho que estamos ante un intento de expropiación del patrimonio de todos los chilenos. La urgencia impuesta al proyecto en función de la implementación de los tratados de libre comercio, no debe impedir a nuestros representantes en el Parlamento olvidar la grave ausencia de análisis y debate social y ciudadano de la que han adolecido los procesos de aprobación de estos tratados. De lo contrario, sólo estaremos una vez más frente a una Ley que se aprueba aceleradamente sin un real debate democrático, que no aportará medidas ni herramientas necesarias para enfrentar el desafío que nos plantea la preservación y el desarrollo de la producción y variedad de alimentos. Al revés, esta ley no obedece a intereses nacionales sino beneficia exclusivamente a las multinacionales monopólicas del negocio de las semillas, agroquímicos y transgénicos.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los diputados a votar en conciencia, rechazando este proyecto de ley.
Nuestra propuesta es que, junto con las organizaciones, pidan al gobierno que dé los pasos necesarios para poner urgencia a la ratificación del Protocolo de Cartagena. Al mismo tiempo, nos parece fundamental abocarnos a la elaboración de un proyecto de Ley sobre Biodiversidad que siente las bases para la protección de nuestro patrimonio natural, como paso previo a la aprobación del convenio UPOV 91 y del proyecto sobre Derechos de Obtentores.

Santiago, septiembre de 2009.

Firman (a septiembre de 2009):

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile)
- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
-Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)
-Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio
Asociación Gremial de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Chiloé
Asociación Gremial de Agricultura Biológica- Biodinámica
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Coquimbo
Asociación Gremial de agricultores Orgánicos Tierra Viva
Centro de Educación en Tecnología CETSUR
Fundación con Todos, Chiloé
Consejo por la Soberanía Alimentaria
Plataforma Rural por la Tierra
Confederación Campesina Ranquil
Red Orgánica de BioBio
Red Orgánica de Angol
Red Orgánica de Renaico
Red Orgánica de Los Lagos
Red Orgánica de Los Ríos
Asociación de Consumidores Conscientes (Linares)
Asociación de Protección al Consumidor (APAC Antofagasta)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Salud contra el Cheque de Garantía y otros Abusos (AUSECH)
Consejo Ecológico Comunal de San Antonio
Consejo Ecológico Comunal de Linares
Red de Consumidores del sur (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé)
Red de Acción por la Justicia Ambiental (RAJAS)
Ecocéanos
Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL)
Pesticide Action Network (PAN INTERNATIONAL)


Contacto: RAP-Chile, fono 341 67 42
secretaria@rapal.cl,

lunes, julio 20, 2009

Todos contra ley de privatización de semillas



En la última reunión en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, se ven parlamentarios (lado izquierdo, diputados José Ramón Barros y Alejandra Sepúlveda, en primer plano, y miembros de organizaciones a la derecha, en primer plano Lucho Olivares de la Fundación con Todos de Chiloé, María Elena Rozas (RAP Chile), Alicia Muñoz (ANAMURI), Pedro Nahuelquen y Cristina Miranda (los dos últimos de la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé) En el medio de ambos, Mario Ahumada del Consejo por la Soberanía Alimentaria.

COMUNICADO DE PRENSA Julio de 2009

Frontal rechazo social, ambiental y gremial en Cámara de Diputados
A ley de apropiación de semillas por transnacionales

Su enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación con Todos, de Chiloé y la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, junto a CETSUR, y GRAIN.

El 7 de julio los diputados ya habían escuchado el planteamiento de la Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH, la Asociación de Agricultura Biológica- Biodinámica y la Agrupación de Consumidores Conscientes. Ellos instaron a la Comisión de agricultura a legislar para proteger el acceso a la diversidad biológica y el conocimiento ancestral y rechazaron como imposible la coexistencia entre la agricultura orgánica y los cultivos transgénicos.

El proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet sobre “derechos del obtentor de variedades vegetales” * ha sido rebautizado por las citadas organizaciones como proyecto de “Protección de la propiedad de las transnacionales de la semilla” y de sus filiales en Chile y parte del inaceptable principio de que es posible privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La aprobación de esta ley extendería los llamados “derechos de obtentor” –una forma más amplia de patente- a todas las especies vegetales, creando condiciones para la expansión en el país de los cultivos transgénicos, en especial de los farmocultivos que a través de la inserción de genes de un virus o una bacteria en el ADN de una planta, producen drogas.

Al respecto sostuvieron los agricultores orgánicos: “Si los chilenos queremos perder los mercados europeos conquistados con tanto esfuerzo, y contaminar genéticamente nuestros cultivos en forma irreversible, si queremos que nuestros hijos consuman alimentos desnaturalizados y alterados y entregar nuestro patrimonio genético a cambio del pago de una autorización oficial; si queremos agobiar con el pago de royalties a los campesinos que han sostenido el alimento de los chilenos desde siempre, entonces… ¡sigamos adelante con este Proyecto de Ley.!”

En mayo de este año, a espaldas de la opinión pública se inició la votación de los artículos del proyecto, interrumpida por la irrupción de estas organizaciones.

El 14 asistió menos de la mitad de los 13 parlamentarios integrantes de la comisión, entre ellos los diputados Marco-Enríquez Ominami y Alejandro Sule, quienes posibilitaron la presencia de las organizaciones. Su presidente, José Pérez y otros, valoraron el intercambio de opiniones sobre el proyecto, reconociendo su escaso manejo del tema. La diputada Alejandra Sepúlveda coincidió respecto de que el lenguaje técnico de la ley impide entender sus alcances, y mostró disposición a generar un grupo de trabajo externo a la Comisión con vistas a mejorar el articulado de la ley. Por su parte, el diputado Alejandro Sule
afirmó que si se convencía de los alcances de lo planteado allí por las organizaciones, votaría en contra de esos artículos y/o rechazaría el proyecto. Varios parlamentarios sostuvieron que la solución era que los campesinos y comunidades inscribieran sus derechos para evitar que las empresas se les anticiparan, lo que fue rechazado de inmediato por los expositores, para quienes eso implicaría aceptar esa lógica y dividir a las comunidades. Se acogió por algunos parlamentarios la idea de trabajar paralelamente en una Ley de Protección de la Biodiversidad. Ellos reconocieron que la urgencia de este proyecto está dada por el hecho de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fijó el 1º de enero de 2009 como plazo para que Chile adecúe su legislación al UPOV 1991, convenio internacional sobre los Derechos de Obtentores Vegetales.
La comisión escuchará en una próxima sesión los planteamientos del ex Obispo de Chiloé monseñor Juan Luis Ysern, fundador de la Fundación Con Todos, y de un representante de los caciques huilliches de la isla, a petición de la delegación de Chiloé.


A continuación, se resumen los puntos centrales del rechazo colectivo a este proyecto de ley.


1.- Esta iniciativa abre las puertas a:
• La apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se va a expropiar la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9).

• La expansión de los cultivos transgénicos, y los farmocultivos, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. En sus definiciones el proyecto no hace diferencias entre una planta normal, una híbrida o una transgénica. La fundamentación de la ley permite deducir además que se intenta crear condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, lo que podrían crear problemas graves de salud pública, y arruinar la producción de alimentos y exportaciones agrícolas chilenas. (Artículo 6).

• La contaminación de los cultivos orgánicos por los transgénicos. Ya se ha demostrado que no es posible la coexistencia entre ambos.

• La pérdida de los mercados que demandan alimentos sanos e inocuos. Los consumidores han tomado una mayor conciencia respecto de los OGMs, y en la Unión Europea del 70% de la población rechaza la agricultura transgénica.

• El despojo de los derechos de los campesinos a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48). Esta práctica universal de campesinos y agricultores es reconocida incluso por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.

• Daño a la fauna y los insectos benéficos por los cultivos transgénicos, con negativas consecuencias para el medio ambiente. La biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos.

• La criminalización del trueque o de la siembra de semilla. Ya no será el SAG quien fiscalice, sino las propias empresas dueñas de los derechos sobre las semillas, tendrán el poder de hacer de policías, siguiendo el modelo de otros países como Estados Unidos y Canadá cuando surge la contaminación accidental por transgénicos (artículos 52 y 54).

• El decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. (artículos 53, 54, 55). Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, decomiso de productos, e incluso en el embargo de exportaciones chilenas.

• Un proceso de aumento creciente del costo de los alimentos. El precio de las semillas encarecerá el proceso productivo y los costos.

2.- Beneficiarios e impulsores de este proyecto

• Los grandes beneficiados de este proyecto son los operadores del mercado de semillas transgénicas y de agroquímicos, principalmente las corporaciones transnacionales agroquímicas, Syngenta y la corporación Monsanto, líder mundial del mercado de semillas y cultivos transgénicos y sus socios locales.

• Las variedades en uso estarán en manos de unas cuantas empresas. Esto agravará el proceso de concentración del sector semillero logrado por la ley 19.342, que sería derogada al aprobarse este proyecto. Hoy ya existe menos disponibilidad de variedades agrícolas, y este proyecto agrava esa tendencia.

• Las empresas extranjeras controlarán la comercialización, importación o exportación del material de propagación (semillas, esquejes, etc), y además podrán obtener legalmente la propiedad sobre la flora y el patrimonio genético nacional. (artículos 6,7, 39).

Además de las organizaciones que estuvieron en las audiencias de la Comisión de Agricultura, suscriben hasta ahora este planteamiento sobre el proyecto de ley Tierra Viva; los Consejos Ecológicos comunales de Linares y San Antonio; el Instituto del Medio Ambiente; las redes orgánicas de Coquimbo, BioBio, Angol, Renaico, Los Lagos y Los Ríos, y la fundación Chile Sustentable.


*Proyecto de ley que regula derechos sobre Obtenciones Vegetales y deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008 (Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales). Texto de la ley en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados, www.camara.cl

Mayores informaciones:
Lucía Sepúlveda: 56-2-3416742- 900-23 729
RAP-Chile
Camila Montecinos, Grain: 091333655
Francisca Rodríguez: 07 6158332
ANAMURI