Un historiador, dos abogados, un periodista y un familiar de preso político mapuche analizarán el miércoles 21 de octubre el rol de la justicia militar en las causas mapuche, en un seminario que tendrá lugar en Santiago en el auditorio de Erasmo Escala Nª 1822, de la Universidad Alberto Hurtado, a las 19 horas.
Las exposiciones de Sergio Grez (director del museo Vicuña Mackenna), Alberto Espinoza y José Galiano (de FASIC y ARCIS), Nibaldo Mosciatti (director de Radio BioBio), más un miembro de la agrupación de familiares de los presos políticos mapuche - que organiza la actividad junto a la agrupación mapuche Kilapan - posibilitarán un debate con el público sobre el tema.
La voz del gobierno
Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y del subsecretario Patricio Rosende reafirmando la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por acciones relacionadas con el conflicto mapuche, serán la referencia obligada respecto de la posición del gobierno, fuertemente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El senador Alejandro Navarro, ex candidato presidencial, ha sostenido que los altos funcionarios pasaron a llevar el compromiso adoptado por la Presidenta Bachelet el año 2006, de no volver a aplicar esa legislación y recordó que la Presidenta, incluso presentó entonces un proyecto de ley para impedir la aplicación de esa normativa por delitos contra la propiedad. Para Navarro, ello implica un alarde innecesario de fuerza y constituye un montaje orientado a detener las movilizaciones por recuperación de tierras.
Cien veces aplicada
Desde hace 10 años, aproximadamente, con el inicio del mal llamado “conflicto mapuche” protagonizado por las forestales, el Estado Chileno y las comunidades que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales, el gobierno de la Concertación ha utilizado la Justicia Militar como una de sus herramientas de represión y control social. Por esa vía más de un centenar de mapuche han sido procesados. En el gobierno de Bachelet, la cifra se eleva a 34 casos, incluyendo en ellos a activistas que apoyan la lucha mapuche.
Actualmente, quince comuneros de Choque y otras comunidades, y varios activistas no mapuche están siendo procesados por la Ley Antiterrorista. Además cinco de estos
Presos Políticos Mapuche están siendo víctimas de un doble procesamiento gracias una colusión entre la Justicia Civil (Ley Antiterrorista) y la Justicia Militar (Fiscalía Militar de Concepción).
Para el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza (FASIC Fundación Social de Ayuda de las Iglesias Cristianas) “la aplicación de la Justicia Militar constituye una doble militarización pues se procesa a mapuche en comunidades militarizadas por el propio Estado chileno”. Para los familiares de los presos, la aplicación de la Justicia Militar impuesta por el Estado Chileno a mapuche “no sólo viola los derechos humanos si no que constituye, además, un acto de discriminación racial”.
A 20 años del fin de la dictadura militar, aún se aplica la Justicia Militar a civiles y Mapuche en Chile. Entre las interrogantes posibles de formularse está si a los Presos Políticos Mapuche se les considera sujetos de derecho, qué calidad tienen como imputados, si se les garantiza una real protección judicial, dado que en la mayor parte de los casos sólo cuentan con defensores públicos que cumplen deficientemente su rol. Y por otra parte, también se analizará si este accionar está acorde a los principios y garantías contenidos en la actual Reforma Procesal Penal, la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes. Para los observadores y organismos de derechos humanos, la respuesta sobre la independencia e imparcialidad necesarias para investigar las causas Mapuche resulta obvia al estudiar los resultados de las causas juzgadas en los tribunales militares y en especial la impunidad respecto de las muertes de comuneros por efectivos de carabineros.
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