Morir a golpes en Chile: Justicia Militar chilena al banquillo

Así era Franco Coronado. Quería ser Carabinero y fue asesinado por ellos.

El rol de la justicia militar, que en Chile tiene competencia para juzgar tanto a civiles acusados de agresión a uniformados como a militares imputados por homicidio de civiles, está en cuestión. La Comisión Etica Contra la Tortura, junto a Amnistía Internacional, denunció en Santiago el recrudecimiento del abuso policial y la aplicación de tortura con resultado de muerte en los últimos dos años. Acusó que murieron a causa de golpes cuatro ciudadanos chilenos Johnny Cariqueo (23 años) y Mario Oviedo (29), en Santiago; Franco Coronado, (19 años) y Daniel Riquelme (45) (en la Región del BioBio). Un día antes de esa denuncia, el 27 de julio en el sur, la Corte Marcial dejaba en libertad y ponía nuevamente en sus puestos a cuatro miembros de Carabineros juzgados por propinar una feroz golpiza al joven mapuche Carlos Curiñao, ya reducido y detenido, al interior del furgón policial, en la localidad de Ercilla. Ese abuso policial se difundió en un noticiero de televisión. El desenlace confirma las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, que sostienen la inexistencia del debido proceso con tribunales militares encargados de juzgar a su personal por delitos cometidos contra civiles.



Fin de la justicia militar

El fin de la justicia militar es precisamente una de las demandas de los 31 comuneros mapuche que llevan a cabo una huelga de hambre en cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia. Ellos también exigen no ser juzgados por la ley antiterrorista. Seis de los huelguistas están siendo juzgados al mismo tiempo por tribunales militares y civiles, por idénticas acusaciones. El movimiento lo iniciaron 15 manifestantes el pasado 12 de julio, y a ellos se han unido otros prisioneros políticos mapuche. Hervi Lara, Coordinador de la Comisión Etica Contra la Tortura al relatar las situaciones de tortura, abuso, y maltrato propias del accionar policial en Chile sostuvo: "Aquí están muy preocupados los políticos y la prensa de lo que ocurre en Cuba o en Venezuela, pero yo no he escuchado a ninguno que se preocupe por el pueblo mapuche o por las víctimas de la represión en Chile”. Adelantó que solicitarán al Instituto de Derechos Humanos, recientemente puesto en funciones, que se haga parte en los procesos que se llevan a cabo contra funcionarios de carabineros responsables de tres de estos casos y de la Armada, por la muerte de Daniel Riquelme en horas del toque de queda.



Las madres de Franco Coronado –Sandra Cárdenas- y de Mario Oviedo –Susana Aguilar- dieron en la oportunidad estremecedor testimonio sobre la violencia policial ejercida contra sus hijos. La señora Cárdenas reveló que su hijo es testigo de cómo los agentes golpearon la cabeza de su hijo contra el suelo, a la salida de una fiesta en Cabrero. La Comisión Etica agregó que “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son una práctica cotidiana de la policía ante cualquier persona que es detenida en condiciones de movilización social, lo que se ha extendido a Gendarmería de Chile contra los presos, tal como lo muestra el caso de tortura en la cárcel de Villarrica.” Para los denunciantes, en Chile continúan presentes los mecanismos policiales y represivos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva” y a la Ideología de la Seguridad Nacional, vigentes en tiempos de dictadura. Por ello, junto a los familiares de las víctimas, recordaron al gobierno del presidente Piñera que el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó al Estado de Chile, en el año 2009, el cumplimiento de los compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la implementación plena del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Hicieron presente además que debe terminarse con la competencia de la justicia militar en estos casos, y que la definición de tortura debe ser integrada al Código Penal, como ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Chile para garantizar la investigación imparcial.

Incitación a la violencia

Por su parte, el Observatorio Ciudadano emitió una declaración pública ante el sobreseimiento de los funcionarios de Carabineros Danilo Retamal Celis, Robinson Osses Gutiérrez, Michael Carrasco Castillo y al capitán Diego Barba Oliva por la golpiza en Ercilla, señalando que ese fallo “deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena. La responsabilidad del Ejecutivo en la persistencia de la competencia de la justicia militar sobre este tipo de delitos que afectan hasta la fecha a la población civil, debe también ser subrayada. Pues el mensaje que éste entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que involucran a sus comunidades en el sur del país, en nada contribuye a su resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una abierta incitación a la violencia.”

En Santiago, los familiares y organizaciones aseguraron que seguirán adelante con el objetivo de encontrar la verdad y justicia ante el asesinato de sus seres queridos, para lo cual se formará una Asociación que agrupará a familiares de víctimas de Tortura y muertos en Democracia La Comisión agregó que seguirá trabajando para hacer realidad su lema:

“No a la tortura! ¡A nadie! ¡Bajo ningún pretexto y en nombre de nada!”