En la foto, familiares de presos políticos de la zona del lago Lleu Lleu.
El abogado de derechos humanos Adolfo Montiel intervino el pasado lunes 23 de agosto en el seminario "Ley antiterrorista y prisión política mapuche" analizando la situación creada con humor negro. Es así como inició su intervención señalando “les habla un terrorista, aquí habemos cuatro”, recordando que uno de los cargos de la fiscalía contra Héctor Llaitul es haber dado una charla sobre el conflicto mapuche a estudiantes de la Universidad de La Frontera. Para el profesional, estos hechos nos retrotraen a los tiempos de la dictadura militar, que creía superados.
Pruebas: una honda y una boleadora
Explicó que los delitos de los que se acusa a los comuneros son contra la propiedad, y no pueden ser calificados como terroristas. Relató que entre las pruebas aportadas como armas para probar que se infunde terror, están una honda y una boleadora. Por lo mismo, consideró que ello repele a la conciencia digna de los chilenos y no es sólo un problema de la nación mapuche. Denunció que a nivel global sólo Chile y Suiza tienen una justicia militar con competencia para juzgar a civiles y que la Concertación no fue capaz de modificar esa ley. Como a los comuneros los juzga la justicia militar y la penal por los mismos hechos ocurridos en Puerto Choque, podrían ser condenados dos veces. Especificó que la modificación a la ley tendría que ser con efecto retroactivo para favorecer los casos en que haya condenas. Llamó a mantener presión sobre los parlamentarios para que ello tenga lugar.
Reivindicó asimismo la calidad de presos políticos de los huelguistas, dada por el hecho que están luchando por su autonomía cultural, territorial, y no combaten para enriquecerse sino por la lucha política de su nación o pueblo.
El abogado se refirió también a la total desventaja que representa para una defensa tener ante sí testigos sin rostro. “¿Cómo le quitas credibilidad a un mueble, a unos ojitos que están detrás de un biombo? Eso es aberrante. Por eso, criteriosamente el juez de Cañete dejó fuera del juicio a los testigos protegidos. Pero no sabemos qué hará al respecto la Corte de Apelaciones”.
Adolfo Montiel se refirió más adelante al tema de la competencia de la justicia chilena respecto del pueblo mapuche,siguiendo la línea de razonamiento que desarrolló el jurista mapuche José Lincoqueo, citando el tratado de Tapihue firmado por Ambrosio O’Higgins y representantes de los mapuche. Si bien allí estos reconocen la soberanía del rey, España reconoce a la vez su autonomía y el derecho de esa nación a gobernarse en forma autónoma al sur del BioBio. Luego de la independencia de España, recordó el profesional, el gobierno del general Freire, penquista, reconoció también estos fueros pero ello se perdió progresivamente. Y el Estado chileno “mediante el aguardiante y el alcohol fue metiéndose de a poco, corriendo la línea del Biobio al Traiguén… y finalmente incorporando militarmente el territorio al Estado chileno.” Sin embargo, precisó, “los mapuche no celebraron nunca ningún tratado en que reconozcan la soberanía de Chile. Eso es importante porque Naciones Unidas está adoptando recomendaciones que reconocen la validez de tratados y parlamentos celebrados entre naciones aborígenes y estados coloniales y llaman a los estados nacionales a adoptar nuevas legislaciones que permitan resolver sus disputas de tierras en ese marco”.
Aseveró finalmente Montiel que tras el conflicto mapuche está la voracidad empresarial que se propone sacar del campo a los mapuche para llevar adelante las inversiones de las forestales y las empresas mineras y concluyó afirmando que aquí hay dos naciones distintas que tienen que convivir, por lo cual es necesario sentarse a dialogar sin paternalismo.
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