Basta de montajes!

DECLARACIÓN PÚBLICA

En la madrugada del sábado 14 de agosto, por orden de Alejandro Peña Ceballos, jefe de la fiscalía metropolitana sur, se efectuaron 17 violentos allanamientos simultáneos en Santiago y Valparaíso, que concluyeron con la detención de 14 personas vinculadas a colectivos Okupas. Entre los detenidos figuran tres ex presos políticos de la Concertación, que obtuvieron su libertad a través de beneficios intrapenitenciarios, después de largos años de prisión.

En la formalización de los detenidos, realizada el martes 17 de agosto, las pruebas materiales que presentó la fiscalía son irrisorias si se considera el largo proceso de seguimientos y espionaje de que estos fueron objeto; se basan fundamentalmente en los contenidos políticos de las publicaciones y afiches de los grupos perseguidos, que por lo demás siempre han actuado abiertamente (no clandestinos), con domicilio y actividades laborales conocidos; en escuchas telefónicas de conversaciones triviales interpretadas mañosamente por el fiscal - de reconocida mala fe y prepotencia, incluso denunciadas por sus propios subordinados; por último es gravitante en la argumentación del fiscal Peña, el testimonio entregado por un detenido, declarado interdicto en dos ocasiones, por equipos de psiquiatras del SML.
Esta escalada represiva que recién comienza, es una operación política, jurídica, policial y comunicacional que ha sido avalada por el propio Piñera, deseoso de celebrar un bicentenario sin contradicciones ni temas pendientes. Es así como el Ejecutivo, a través del ministerio del interior y el ministerio público, ha presionado constantemente a los tribunales para precipitar resultados. Como denuncian los abogados de los detenidos, ello afecta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y es un grave atropello a las garantías procesales.

Denunciamos que esta operación utiliza procedimientos policiales extremadamente violentos y violatorios de los derechos humanos al más puro estilo de la dictadura, que apuntan a:

- opacar las luchas sociales actualmente en curso, como la silenciada huelga de hambre de los presos políticos mapuche -que ya cumple 38 días- las movilizaciones estudiantiles, las constantes huelgas de trabajadores en pos de sus demandas, el malestar suscitado por las constantes alzas de servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua, etc.;

- minimizar los costos políticos del infame manejo comunicacional de la tragedia en la mina de San José, que libera de responsabilidad al gobierno y los propietarios de la mina y crea falsas expectativas en los familiares y la ciudadanía en general;

- reforzar el control ideológico que ejerce la clase dominante mediante la desarticulación de los canales informales de comunicación y contracultura, y el amedrentamiento de las organizaciones populares que los han impulsado;

- continuar la implementación del estado policial iniciado por los gobiernos de la Concertación, para profundizar el modelo económico imperante, la superexplotación del trabajo asalariado, la estafa a los hogares a través de crédito usurario y el saqueo de los recursos naturales del país.

Por último, cabe denunciar la subordinación cómplice de los medios de comunicación masivos al gobierno de turno. Sus montajes comunicacionales son funcionales a su quehacer represivo. La Operación Salamandra del fiscal Peña no puede sino recordarnos la actitud obsecuente de los medios de comunicación para con el poder en el caso de los 119 (Operación Colombo).

¡BASTA DE MONTAJES POLITICO-POLICIALES!

¡LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN!

Santiago, 17 de agosto de 2010