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lunes, abril 25, 2011
miércoles, agosto 18, 2010
CODEPU denuncia retorno del terror
Aquí vemos a Fernando Vergara, de Radio Liberación, ejecutado en 1984, con su hijita Bárbara. Ella está embarazada y su hogar fue violentamente allanado el pasado sábado. En un comunicado público difundido el 18 de Agosto, Codepu denuncia que el Sábado 14 de agosto a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, Presidenta de nuestra organización, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del GOPE, Labocar, y personal de la Fiscalía, en el marco de la llamada “operación Salamandra” o “Caso bombazos”. El operativo policial duró 7 horas. En el domicilio se encontraban en ese momento su hija, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa P.
El ingreso de los funcionarios policiales fue violento, entraron derribando con un ariete la puerta de entrada principal de la casa, copando los dormitorios y encañonado e intimidando con metralletas a los ocupantes.
Particular gravedad tiene el hecho que en el allanamiento incautaron además de innumerables pertenencias personales, ropas, computadores, celulares, bicicletas, fotografías y ropa de la nieta de 11 años de la Presidenta, y, documentación de la Corporación CODEPU, relacionada con el Proyecto Memoria Oral del pueblo mapuche, contabilidad de nuestra Institución, fichas y testimonios de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos.
La Corporación CODEPU manifiesta su solidaridad con Viviana Uribe y su familia y expresa enérgicamente su protesta por el desproporcionado operativo desplegado, que es más funcional a los intereses mediáticos del Ministerio del Interior y el Fiscal a cargo, que de una pesquisa judicial tramitada conforme a las normas del debido proceso.
Causa sorpresa el empleo de una metodología que recuerda el terror de estado de la época de la dictadura, el absoluto irrespeto a principios y garantías básicas y a la dignidad de la persona humana.
Lamenta, particularmente por esto, que el Fiscal Alejandro Peña haya sido procurador de Codepu a inicios de los años 90, y, defensor irrestricto de los derechos humanos, haya ordenado allanamientos y amedrentamientos brutales sabiendo las graves consecuencias que dichas acciones dejan en las personas y familias afectadas, que recuerda los momentos más amargos de la represión desplegada por la dictadura militar.
Exige, la inmediata devolución del material incautado e informará y denunciará ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos la situación represiva desplegada por las fuerzas policiales y el Ministerio Público.
Señala, que se opondrá tajantemente a la estigmatización y la persecución a defensores de Derechos Humanos y defenderá los derechos de toda persona amagada por la reaparición de prácticas inaceptables en un Estado de Derecho.
Directiva de Codepu
Santiago 18 de agosto de 2010
Contacto José Araya Cornejo:
codepuval@gmail.com
Fono: (56) 63 - 344738. Móvil: (56) 9 85003045
Basta de montajes!
DECLARACIÓN PÚBLICA
En la madrugada del sábado 14 de agosto, por orden de Alejandro Peña Ceballos, jefe de la fiscalía metropolitana sur, se efectuaron 17 violentos allanamientos simultáneos en Santiago y Valparaíso, que concluyeron con la detención de 14 personas vinculadas a colectivos Okupas. Entre los detenidos figuran tres ex presos políticos de la Concertación, que obtuvieron su libertad a través de beneficios intrapenitenciarios, después de largos años de prisión.
En la formalización de los detenidos, realizada el martes 17 de agosto, las pruebas materiales que presentó la fiscalía son irrisorias si se considera el largo proceso de seguimientos y espionaje de que estos fueron objeto; se basan fundamentalmente en los contenidos políticos de las publicaciones y afiches de los grupos perseguidos, que por lo demás siempre han actuado abiertamente (no clandestinos), con domicilio y actividades laborales conocidos; en escuchas telefónicas de conversaciones triviales interpretadas mañosamente por el fiscal - de reconocida mala fe y prepotencia, incluso denunciadas por sus propios subordinados; por último es gravitante en la argumentación del fiscal Peña, el testimonio entregado por un detenido, declarado interdicto en dos ocasiones, por equipos de psiquiatras del SML.
Esta escalada represiva que recién comienza, es una operación política, jurídica, policial y comunicacional que ha sido avalada por el propio Piñera, deseoso de celebrar un bicentenario sin contradicciones ni temas pendientes. Es así como el Ejecutivo, a través del ministerio del interior y el ministerio público, ha presionado constantemente a los tribunales para precipitar resultados. Como denuncian los abogados de los detenidos, ello afecta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y es un grave atropello a las garantías procesales.
Denunciamos que esta operación utiliza procedimientos policiales extremadamente violentos y violatorios de los derechos humanos al más puro estilo de la dictadura, que apuntan a:
- opacar las luchas sociales actualmente en curso, como la silenciada huelga de hambre de los presos políticos mapuche -que ya cumple 38 días- las movilizaciones estudiantiles, las constantes huelgas de trabajadores en pos de sus demandas, el malestar suscitado por las constantes alzas de servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua, etc.;
- minimizar los costos políticos del infame manejo comunicacional de la tragedia en la mina de San José, que libera de responsabilidad al gobierno y los propietarios de la mina y crea falsas expectativas en los familiares y la ciudadanía en general;
- reforzar el control ideológico que ejerce la clase dominante mediante la desarticulación de los canales informales de comunicación y contracultura, y el amedrentamiento de las organizaciones populares que los han impulsado;
- continuar la implementación del estado policial iniciado por los gobiernos de la Concertación, para profundizar el modelo económico imperante, la superexplotación del trabajo asalariado, la estafa a los hogares a través de crédito usurario y el saqueo de los recursos naturales del país.
Por último, cabe denunciar la subordinación cómplice de los medios de comunicación masivos al gobierno de turno. Sus montajes comunicacionales son funcionales a su quehacer represivo. La Operación Salamandra del fiscal Peña no puede sino recordarnos la actitud obsecuente de los medios de comunicación para con el poder en el caso de los 119 (Operación Colombo).
¡BASTA DE MONTAJES POLITICO-POLICIALES!
¡LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN!
Santiago, 17 de agosto de 2010
En la madrugada del sábado 14 de agosto, por orden de Alejandro Peña Ceballos, jefe de la fiscalía metropolitana sur, se efectuaron 17 violentos allanamientos simultáneos en Santiago y Valparaíso, que concluyeron con la detención de 14 personas vinculadas a colectivos Okupas. Entre los detenidos figuran tres ex presos políticos de la Concertación, que obtuvieron su libertad a través de beneficios intrapenitenciarios, después de largos años de prisión.
En la formalización de los detenidos, realizada el martes 17 de agosto, las pruebas materiales que presentó la fiscalía son irrisorias si se considera el largo proceso de seguimientos y espionaje de que estos fueron objeto; se basan fundamentalmente en los contenidos políticos de las publicaciones y afiches de los grupos perseguidos, que por lo demás siempre han actuado abiertamente (no clandestinos), con domicilio y actividades laborales conocidos; en escuchas telefónicas de conversaciones triviales interpretadas mañosamente por el fiscal - de reconocida mala fe y prepotencia, incluso denunciadas por sus propios subordinados; por último es gravitante en la argumentación del fiscal Peña, el testimonio entregado por un detenido, declarado interdicto en dos ocasiones, por equipos de psiquiatras del SML.
Esta escalada represiva que recién comienza, es una operación política, jurídica, policial y comunicacional que ha sido avalada por el propio Piñera, deseoso de celebrar un bicentenario sin contradicciones ni temas pendientes. Es así como el Ejecutivo, a través del ministerio del interior y el ministerio público, ha presionado constantemente a los tribunales para precipitar resultados. Como denuncian los abogados de los detenidos, ello afecta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y es un grave atropello a las garantías procesales.
Denunciamos que esta operación utiliza procedimientos policiales extremadamente violentos y violatorios de los derechos humanos al más puro estilo de la dictadura, que apuntan a:
- opacar las luchas sociales actualmente en curso, como la silenciada huelga de hambre de los presos políticos mapuche -que ya cumple 38 días- las movilizaciones estudiantiles, las constantes huelgas de trabajadores en pos de sus demandas, el malestar suscitado por las constantes alzas de servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua, etc.;
- minimizar los costos políticos del infame manejo comunicacional de la tragedia en la mina de San José, que libera de responsabilidad al gobierno y los propietarios de la mina y crea falsas expectativas en los familiares y la ciudadanía en general;
- reforzar el control ideológico que ejerce la clase dominante mediante la desarticulación de los canales informales de comunicación y contracultura, y el amedrentamiento de las organizaciones populares que los han impulsado;
- continuar la implementación del estado policial iniciado por los gobiernos de la Concertación, para profundizar el modelo económico imperante, la superexplotación del trabajo asalariado, la estafa a los hogares a través de crédito usurario y el saqueo de los recursos naturales del país.
Por último, cabe denunciar la subordinación cómplice de los medios de comunicación masivos al gobierno de turno. Sus montajes comunicacionales son funcionales a su quehacer represivo. La Operación Salamandra del fiscal Peña no puede sino recordarnos la actitud obsecuente de los medios de comunicación para con el poder en el caso de los 119 (Operación Colombo).
¡BASTA DE MONTAJES POLITICO-POLICIALES!
¡LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN!
Santiago, 17 de agosto de 2010
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