Tocará temas de actualidad en áreas referidas a pueblo mapuche, medio ambiente, terapias de sanación, derechos humanos y otros.
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lunes, abril 25, 2011
viernes, diciembre 17, 2010
Montaje kaput: Llaitul absuelto x juez militar
Un potente precedente ha quedado establecido el día de hoy, los presos políticos mapuche procesados por la Justicia Militar, han quedado ABSUELTOS de los cargos que se les imputaban, como parte del Montaje del Fiscal Cruz denominado "Emboscada al Fiscal Elgueta".
Esto se suma a los testimonios entregados por carabineros, en el Tribunal Oral de Cañete, en calidad de testigos, algunos de los cuales fueron parte de la caravana que ingresó esa noche al Lov Choque, quienes jamás avalaron la tesis de la emboscada, y cuyas declaraciones ratifican la versión de los PPM, sus familias y comunidad respecto de que solo se trato de un enfrentamiento, en absoluta desigualdad de condiciones.
Los PPM fueron notificados el día de hoy, a su regreso en carcel de Lebu, terminada la audiencia en el Tribunal Oral de Cañete.
Fuente: Familiares de los pp mapuche
WEUWAIÑ
MARICHIWEU
Esto se suma a los testimonios entregados por carabineros, en el Tribunal Oral de Cañete, en calidad de testigos, algunos de los cuales fueron parte de la caravana que ingresó esa noche al Lov Choque, quienes jamás avalaron la tesis de la emboscada, y cuyas declaraciones ratifican la versión de los PPM, sus familias y comunidad respecto de que solo se trato de un enfrentamiento, en absoluta desigualdad de condiciones.
Los PPM fueron notificados el día de hoy, a su regreso en carcel de Lebu, terminada la audiencia en el Tribunal Oral de Cañete.
Fuente: Familiares de los pp mapuche
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MARICHIWEU
miércoles, agosto 18, 2010
Basta de montajes!
DECLARACIÓN PÚBLICA
En la madrugada del sábado 14 de agosto, por orden de Alejandro Peña Ceballos, jefe de la fiscalía metropolitana sur, se efectuaron 17 violentos allanamientos simultáneos en Santiago y Valparaíso, que concluyeron con la detención de 14 personas vinculadas a colectivos Okupas. Entre los detenidos figuran tres ex presos políticos de la Concertación, que obtuvieron su libertad a través de beneficios intrapenitenciarios, después de largos años de prisión.
En la formalización de los detenidos, realizada el martes 17 de agosto, las pruebas materiales que presentó la fiscalía son irrisorias si se considera el largo proceso de seguimientos y espionaje de que estos fueron objeto; se basan fundamentalmente en los contenidos políticos de las publicaciones y afiches de los grupos perseguidos, que por lo demás siempre han actuado abiertamente (no clandestinos), con domicilio y actividades laborales conocidos; en escuchas telefónicas de conversaciones triviales interpretadas mañosamente por el fiscal - de reconocida mala fe y prepotencia, incluso denunciadas por sus propios subordinados; por último es gravitante en la argumentación del fiscal Peña, el testimonio entregado por un detenido, declarado interdicto en dos ocasiones, por equipos de psiquiatras del SML.
Esta escalada represiva que recién comienza, es una operación política, jurídica, policial y comunicacional que ha sido avalada por el propio Piñera, deseoso de celebrar un bicentenario sin contradicciones ni temas pendientes. Es así como el Ejecutivo, a través del ministerio del interior y el ministerio público, ha presionado constantemente a los tribunales para precipitar resultados. Como denuncian los abogados de los detenidos, ello afecta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y es un grave atropello a las garantías procesales.
Denunciamos que esta operación utiliza procedimientos policiales extremadamente violentos y violatorios de los derechos humanos al más puro estilo de la dictadura, que apuntan a:
- opacar las luchas sociales actualmente en curso, como la silenciada huelga de hambre de los presos políticos mapuche -que ya cumple 38 días- las movilizaciones estudiantiles, las constantes huelgas de trabajadores en pos de sus demandas, el malestar suscitado por las constantes alzas de servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua, etc.;
- minimizar los costos políticos del infame manejo comunicacional de la tragedia en la mina de San José, que libera de responsabilidad al gobierno y los propietarios de la mina y crea falsas expectativas en los familiares y la ciudadanía en general;
- reforzar el control ideológico que ejerce la clase dominante mediante la desarticulación de los canales informales de comunicación y contracultura, y el amedrentamiento de las organizaciones populares que los han impulsado;
- continuar la implementación del estado policial iniciado por los gobiernos de la Concertación, para profundizar el modelo económico imperante, la superexplotación del trabajo asalariado, la estafa a los hogares a través de crédito usurario y el saqueo de los recursos naturales del país.
Por último, cabe denunciar la subordinación cómplice de los medios de comunicación masivos al gobierno de turno. Sus montajes comunicacionales son funcionales a su quehacer represivo. La Operación Salamandra del fiscal Peña no puede sino recordarnos la actitud obsecuente de los medios de comunicación para con el poder en el caso de los 119 (Operación Colombo).
¡BASTA DE MONTAJES POLITICO-POLICIALES!
¡LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN!
Santiago, 17 de agosto de 2010
En la madrugada del sábado 14 de agosto, por orden de Alejandro Peña Ceballos, jefe de la fiscalía metropolitana sur, se efectuaron 17 violentos allanamientos simultáneos en Santiago y Valparaíso, que concluyeron con la detención de 14 personas vinculadas a colectivos Okupas. Entre los detenidos figuran tres ex presos políticos de la Concertación, que obtuvieron su libertad a través de beneficios intrapenitenciarios, después de largos años de prisión.
En la formalización de los detenidos, realizada el martes 17 de agosto, las pruebas materiales que presentó la fiscalía son irrisorias si se considera el largo proceso de seguimientos y espionaje de que estos fueron objeto; se basan fundamentalmente en los contenidos políticos de las publicaciones y afiches de los grupos perseguidos, que por lo demás siempre han actuado abiertamente (no clandestinos), con domicilio y actividades laborales conocidos; en escuchas telefónicas de conversaciones triviales interpretadas mañosamente por el fiscal - de reconocida mala fe y prepotencia, incluso denunciadas por sus propios subordinados; por último es gravitante en la argumentación del fiscal Peña, el testimonio entregado por un detenido, declarado interdicto en dos ocasiones, por equipos de psiquiatras del SML.
Esta escalada represiva que recién comienza, es una operación política, jurídica, policial y comunicacional que ha sido avalada por el propio Piñera, deseoso de celebrar un bicentenario sin contradicciones ni temas pendientes. Es así como el Ejecutivo, a través del ministerio del interior y el ministerio público, ha presionado constantemente a los tribunales para precipitar resultados. Como denuncian los abogados de los detenidos, ello afecta la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y es un grave atropello a las garantías procesales.
Denunciamos que esta operación utiliza procedimientos policiales extremadamente violentos y violatorios de los derechos humanos al más puro estilo de la dictadura, que apuntan a:
- opacar las luchas sociales actualmente en curso, como la silenciada huelga de hambre de los presos políticos mapuche -que ya cumple 38 días- las movilizaciones estudiantiles, las constantes huelgas de trabajadores en pos de sus demandas, el malestar suscitado por las constantes alzas de servicios básicos como el transporte público, la electricidad, el agua, etc.;
- minimizar los costos políticos del infame manejo comunicacional de la tragedia en la mina de San José, que libera de responsabilidad al gobierno y los propietarios de la mina y crea falsas expectativas en los familiares y la ciudadanía en general;
- reforzar el control ideológico que ejerce la clase dominante mediante la desarticulación de los canales informales de comunicación y contracultura, y el amedrentamiento de las organizaciones populares que los han impulsado;
- continuar la implementación del estado policial iniciado por los gobiernos de la Concertación, para profundizar el modelo económico imperante, la superexplotación del trabajo asalariado, la estafa a los hogares a través de crédito usurario y el saqueo de los recursos naturales del país.
Por último, cabe denunciar la subordinación cómplice de los medios de comunicación masivos al gobierno de turno. Sus montajes comunicacionales son funcionales a su quehacer represivo. La Operación Salamandra del fiscal Peña no puede sino recordarnos la actitud obsecuente de los medios de comunicación para con el poder en el caso de los 119 (Operación Colombo).
¡BASTA DE MONTAJES POLITICO-POLICIALES!
¡LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN!
Santiago, 17 de agosto de 2010
jueves, julio 16, 2009
Detención de Héctor Llaitul eleva a 37 el conteo de prisioneros políticos mapuche
En la foto, el fiscal Mario Elgueta,perseguidor de los mapuche que acusa ser víctima de una emboscada.Nueve meses deberá permanecer en prisión preventiva Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. La fiscalía lo acusa de ser autor intelectual de una emboscada contra el fiscal Mario Elgueta ocurrido en agosto de 2008, hecho que el imputado califica como un enfrentamiento ocurrido durante un allanamiento, y no una emboscada. La medida fue dispuesta por la fiscal regional Ximena Hassi Tumala. Llaitul fue absuelto en junio de 2008 en el juicio oral de todos los cargos con que anteriormente la fiscalía logró mantenerlo en prisión por un año y cuatro meses. La historia se repite, aunque ahora se le acusa además de asociación ilícita terrorista. En esa oportunidad, en Temuco, su abogado defensor, el ex Juez Juan Guzmán calificó las acusaciones como un montaje policial.
"Mientras exista pobreza y miseria en las comunidades, la lucha por el territorio y la autonomía va a continuar", declaró ahora Llaitul.
La detención de Llaitul eleva a 37 el conteo de mapuche que están en prisión en distintos penales del sur. 28 de los prisioneros están procesados o condenados por la ley antiterrorista heredada de la dictadura. En total hay 60 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuche han debido buscar refugio políticos en Argentina (2) y Suiza. A ello se suma la desaparición (en 2005) de un menor mapuche –José Huenante Huenante- posiblemente muerto en tortura a manos de carabineros en el sur, y la muerte a causa de la acción policial y/o por tortura de tres jóvenes mapuche, Alex Lemún, Matías Catrileo y Johnny Cariqueo. Estos hechos, puestos en conocimiento de la Presidenta Bachelet en un reciente documento emitido por la Comisión Etica Contra la Tortura, serán también parte del informe que en agosto presentará la Mesa de Trabajo Sobre Derechos Colectivo, Políticas de Estado y Pueblo Mapuche en Chile,.ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
“Clandestinidad” mapuche
Pese a que el gobierno y la policía señalan que su detención fue fruto de una ardua investigación policial, el hecho es que Llaitul fue detenido en la casa de su madre, Florinda Carrillanca, en Osorno, en el barrio de Rahue bajo, donde se encontraba junto a su esposa y sus hermanos. Esto ha sido una constante en las detenciones de mapuche que supuestamente son terroristas de alta peligrosidad y están “clandestinos”. Por ejemplo Mireya Figueroa, detenida a comienzos de julio de este año fue arrestada en la casa de su hermana, en Santiago, gravemente afectada por un cáncer. Los doce detenidos en Puerto Choque en abril fueron detenidos en sus hogares, evidenciándose que ninguno de ellos lleva una vida oculta.
Según relata Pamela Pessoa, su marido fue reducido en el patio trasero de la vivienda de su madre por unos diez efectivos armados de la PDI a las 18:20 horas del miércoles 15 de julio. La vivienda estaba rodeada y luego ingresaron por las viviendas vecinas y por atras. Continúa la mujer: “Yo estaba a su lado en ese momento. Aun así no lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y sobrino, en su mayoria niños, además de su madre, hermano y cuñada.A su hermano y sobrino los tiraron al suelo. “ A la familia le impidieron posteriormente tomar contacto con el detenido, que fue trasladado a Temuco y luego en helicóptero a Cañete – ciudad ubicada a unos 500 km de Santiago - para la formalización, en medio de un impresionanate despliegue policial.
Llaitul fue trasladado luego a la cárcel El Manzano de Concepción, ubicada en el camino a la localidad de Penco Nº 450, en la Región del Bío Bío.
Los presos de El Manzano
Justamente allí cumplen también prisión preventiva por nueve meses varios de los detenidos el 11 de abril de este año, casi todos miembros de la comunidad indígena Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa que recientemente solidarizaron con las reivindicaciones de los gendarmes, declarándose en huelga de hambre.
Ellos también fueron formalizados bajo la ley antiterrorista por los delitos de “homicidio frustrado” y otros vinculados a la supuesta emboscada contra el fiscal exclusivo en causas mapuche Mario Elgueta, por asociación ilícita terrorista y supuesta agresión contra un colaborador de la fiscalía, -que anteriormente lo fue de la DINA- José Santos Jorquera, en Puerto Choque.
Los detenidos de la comunidad Esteban Yevilao son José Huenuche Reimán quien a su vez se encontraba en libertad condicional desde el 4 de noviembre de 2008, luego de haber sido detenido en el marco de un hallazgo de armas en tierras de su comunidad, denominada Juana Millahual (Contulmo); Ramón Llanquileo Pilquimán, Luis Menares Chamilao, y César Parra Leiva. En este último caso, la primera detención fue en octubre de 2008, y había salido en libertad con medidas cautelares el 2 de abril de este año. Se le imputaba por robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007 y agresión a un carabinero, acusaciones que se habían ido desvirtuando. Norberto Parra Leiva, hermano de César también fue detenido en octubre de 2008. Se le acusaba de robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007. También están allí Segundo Ñehuei Ñehuei de la Comunidad Benancio Ñehuei, Puerto Choque, Tirúa y Jonathan Huillican Mëndez que vive en la localidad de Labranza, Temuco pero fue detenido en Comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque. Denuncias de tortura han acompañado los casos de estos detenidos.
En declaración pública dada a conocer luego de la detención de Héctor Llaitul, la Coordinadora Arauco Malleco sostuvo que “esta nueva arremetida policíaco – judicial llevada adelante por el Ministerio Público y el actual gobierno chileno en contra de nuestros lideres mapuches y nuestras comunidades movilizadas y en conflicto y en contra de la CAM en particular, responde a la política represiva del Estado chileno en contra del Pueblo Nación Mapuche. Que el Estado chileno a través del gobierno de turno ha expresado abiertamente su apoyo al empresariado, favoreciendo las inversiones capitalistas en la zona”.
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