José Huenchunao Mariñan, Juan Millalen Milla y Jaime Marileo Saravia
cuya condición médica era de peligro de muerte, accedieron a la petición del mediador monseñor Camilo Vial, obispo de Temuco, de hacer un receso en la huelga de hambre. En un comunicado público fechado en Angol el sábado 15 de diciembre, los presos políticos mapuche afirman que ello se logró al conocerse el acuerdo de inicio de una mesa de negociación a partir del día lunes 17 de diciembre. Patricia Troncoso Robles (en la foto,cuando fue detenida en 2003, engrillada de pies y manos) y Hector Llaitul Carillanca continuarán con la huelga de hambre “al menos hasta el inicio del diálogo”, según informaron desde la cárcel al cumplir 66 días de huelga de hambre, en medio de la indiferencia del gobierno de la presidenta Bachelet y la mayor parte de la clase política chilena. La noticia fue informada a la prensa el sábado 15 por el propio personero eclesiástico.
Los huelguistas respaldan las gestiones realizadas por el prelado “en su calidad de apoyo humanitario y mediador”, señalando que gracias al obispo el gobierno accedió al diálogo, a través del Ministerio del Interior. Al mismo tiempo afirman que no han llegado a acuerdo alguno con el SEREMI de Justicia de la Novena Región, Cristián Dulansky, ni le han concedido ninguna facultad de “hacer planteamientos públicos a nombre nuestro”. En su declaración hacen un llamado a las comunidades y organizaciones solidarias mapuche y chilenas “a estar alerta y continuar manifestándose por la libertad de todos los presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas en conflicto y el fin a la represión en las comunidades mapuche”, las demandas planteadas en la huelga de hambre iniciada el 10 de octubre.
Los familiares de los comuneros mapuche manifestaron su satisfacción por el logro de una instancia de diálogo, que se iniciará en Santiago. Los dirigentes que depusieron la huelga, así como Patricia Troncoso Robles –que continúa sin ingerir alimentos y estaba dispuesta a pasar a una huelga de hambre seca- fueron condenados por la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Esos juicios han sido cuestionados por organismos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de Derechos Humanos como la Federación Internacional de los Derechos del Hombre FIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2007 a la OEA, anunció que investigará las violaciones del Estado de Chile a los derechos humanos, denunciadas por Patricia Troncoso, José Huenchunao y Jaime Marileo (huelguistas de Angol)así como por
Juan Carlos Huenulao y Juan Patricio Marileo (CET de Victoria).Ellos fueron condenados en agosto de 2004 a diez años y un día, como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco, de Forestal Mininco.
El caso de Llaitul
En cambio Héctor Llaitul, el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco detenido desde el 26 de febrero de 2007 no ha sido sometido todavía a juicio oral por los cargos más graves que se le imputaron, aunque fue condenado en agosto a pagar 11 UTM ($363 mil) por porte no autorizado de arma. Cada día en prisión equivale a la quinta parte de 1 UTM, por lo cual habría estado libre. Pero se le mantiene en prisión formalizado por atentado incendiario, sobre la base de declaraciones extrajudiciales del comunero Roberto Painemil, obtenidas bajo tortura, que vincularían a Llaitul a ese hecho ocurrido en una forestal de esa comuna. El próximo 18 de diciembre, en Nueva Imperial, se realizará la audiencia pública donde deberá declarar por primera vez Painemil, recluido en la cárcel de Lautaro. El ha denunciado ante el Observatorio de Derechos Indígenas, el abogado Alberto Espinoza, de FASIC – y otros organismos internacionales - las características irregulares de su detención y la tortura y presión a que fue sometido. Sostiene haber sido torturado con el objeto de autoinculparse de porte de armas y de involucrar a Héctor Llaitul en el atentado incendiario que tuvo lugar en el fundo Las Praderas de Cholchol (de Forestal Mininco) en diciembre de 2006. El comunero sólo cuenta con un defensor público y el juicio no avanzaba. La audiencia pública del martes próximo–que le permitirá declarar sobre estos hechos- es considerada por los familiares de presos políticos mapuche como un logro de la huelga de hambre.
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