¿Por qué el ex juez Guzmán habla de montajes contra los mapuche?

En declaraciones formuladas el pasado 31 de julio a radio Universidad de Chile, el ex juez Juan Guzmán afirmó que la violencia que se registra en la zona mapuche se debe a una serie de montajes policiales, a lo que se suma también la ausencia absoluta de diálogo del gobierno con las comunidades y sus representantes. En dos casos que merecieron de él ese calificativo, el logró como abogado defensor, desbaratar las acusaciones que enfrentaban presos políticos mapuche.

Las denuncias de racismo que el equipo de Derechos Colectivos Mapuche este mes planteará ante el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, incluirán la práctica de los montajes llevada a cabo por la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y/o el Ministerio Público y los medios de comunicación masiva chilenos, recogiendo una sistematización de casos desarrollada por esta periodista para la Comisión Etica Contra la Tortura en su informe anual a la Presidenta Bachelet. El informe documenta 23 casos en que se evidencia ese tipo de manipulación dolosa de la información.
Queda al desnudo la incapacidad del gobierno de la Presidenta Bachelet de hacer frente a la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche. Hoy en la prensa n o están los montajes, reemplazados en terreno por los disparos desde helicópteros, el uso de lacrimógenas, balas antimotines y fuerzas especiales en el allanamiento (como en dictadura) de comunidades movilizadas por la tierra. Cada ciclo de lucha por recuperaciones de tierra es enfrentado de forma más violenta por el gobierno, debido a la imposibilidad de frenarlas. Atrapados entre el avance de las forestales, los megaproyectos de inversión y la complicidad de la institucionalidad del Estado, hay comunidades que sienten que hoy ya no hay otra opción.

La Concertación se ha demostrado incapaz de comprender que la detención de un dirigente o el debilitamiento de una organización sólo da paso –también como ocurría en dictadura- a otros líderes y organizaciones. El pueblo mapuche ni antes ni ahora ha tenido unidad política o jefaturas nacionales, pero sus reivindicaciones son similares y están respaldadas por el derecho internacional indígena. Hoy las comunidades en conflicto están en comunas como Ercilla, Villarrica, Cunco y Teodoro Schmidt (todas de la Región de la Araucanía) pero en una declaración fechada en Los Alamos, la mesa provincial de comunidades y asociaciones indígenas de Arauco (Region del BioBio) ha anunciado que si no encuentra respuesta, iniciará también movilizaciones. La Alianza Wenteche a su vez ha planteado que las recuperaciones se extenderán a fundos usurpados en comunas de Purén, Freire, Padre Las Casas y otras.
Esta organización estuvo tras la movilización de más de 140 lonkos y dirigentes tradicionales hacia La Moneda –el 7 de julio de este año - estrellándose contra la más absoluta indiferencia del aparato de gobierno, que se negó a escuchar sus planteamientos. La locuacidad de personeros del Ministerio de Interior no funciona en esta dirección.
Definiciones
El término montaje proviene del cine, sin embargo desde los años 30 se utiliza para identificar una forma dramatúrgica en la que las secuencias de la acción se montan en una sucesión de momentos autónomos. La expresión también suele utilizarse por la gente de teatro, la crítica o el público, como sinónimo de puesta en escena y/o de espectáculo. A la vez, se utiliza el verbo montar (una obra, un espectáculo ) para designar la acción y los trabajos de puesta en escena o de preparación de un espectáculo. (ver web.usach.cl/didascalia/glosario.html).

Aquí son secuencias político-judiciales puestas en escena por la policía y sus diferentes órganos, incluída la Agencia Nacional de Inteligencia ANI y los fiscales exclusivos del Ministerio Público dedicados al conflicto Estado chileno-forestales/empresarios- mapuche. Para la generación que vivió la dictadura de Pinochet, estas prácticas retrotraen al país esos tiempos en que la DINA y luego la CNI utilizaron en forma constante ese recurso. Estos montajes políticos son difundidas ampliamente por los medios de comunicación masivos que existen en el país, especialmente por la televisión y la prensa de las cadenas El Mercurio y COPESA –los mismos diarios del tiempo de Augusto Pinochet- y no pueden ser contrarrestados debido al duopolio en la propiedad de los medios y la consiguiente falta de diversidad existentes. Operan como mecanismos de intimidación de la lucha social, presión hacia los tribunales de justicia, generación de opinión pública y de una cierta “jurisprudencia mediática”, es decir una conclusión favorable a los intereses de los autores del montaje y de los sectores del empresariado y gobierno vinculados al tema. El momento del “estreno” de cada montaje coincide con la información acerca de la detención y/o formalización de los protagonistas, a lo cual posteriormente se van agregando nuevos elementos como el hallazgo de pruebas inculpatorias, la conexión con organizaciones como las FARC, ETA, el gobierno venezolano u otros. Las denuncias sobre nexos entre las FARC y los mapuche las inició en 2008 el senador de Renovación Nacional Alberto Espina, citando fuentes del gobierno colombiano. Espina busca así instalar en los medios una percepción que justifique la aplicación de la ley antiterrorista, crecientemente cuestionada por las organizaciones internacionales y nacionales.

En los montajes suelen actuar incluso los más altos personeros de gobierno como el ministro del Interior o el subsecretario del ramo, que recitan el libreto elaborado por la policía y la fiscalía. El abogado Roberto Avila, que se desempeñó profesionalmente en la Vicaría de la Solidaridad en los años de dictadura, denunció esa conducta a propósito de las declaraciones del Subsecretario del Interior Patricio Rosende sobre las detenciones practicadas el pasado 12 de abril en Puerto Choque. Avila sostuvo en carta pública publicada en el diario electrónico Clarín de Chile: “A pesar de que la responsabilidad de estos mapuches no está acreditada y que existe en nuestro ordenamiento jurídico una clara separación de poderes que impide al ejecutivo y al legislativo avocarse a causas actualmente en trámite, el Ministro (subrogante) considera a los imputados ya como culpables. Y se refiere a ellos como ‘delincuentes’. El ministro se refiere a un ‘cuarteto’ por capturar, ya no son personas sino un cuarteto, de ciudadanos les queda poco o nada. ¿Qué garantías procesales de un debido proceso tiene ese ¿cuarteto’ si ya el ministro del interior los condenó publicamente como delincuentes? El gobierno no tiene en curso procedimientos en aplicación rigurosa de resoluciones judiciales sino una verdadera cacería de mapuches”
Agrega Avila: “Al ministro le parece que lo más relevante de destacar es lo impresionante del operativo de Investigaciones y Carabineros. No le preocupa la ley ni la justicia del procedimiento sino …. se complace y gratifica de la fuerza desplegada. Su lógica es claramente militar, un bando lucha contra otro, siempre es impresionante ver como los propios hacen papilla a los enemigos. …Esta es claramente una lógica amigo-enemigo. Es la lógica de guerra de la seguridad nacional. Esa es la doctrina que llevó en un momento a la propia presidenta Bachelet a la Villa Grimaldi.”

Elenco estable de los montajes
Hay personajes que son parte del elenco permanente de los montajes: las fuerzas policiales instaladas en los lugares considerados problemáticos por su cercanía con objetivos de la lucha mapuche, como por ejemplo el retén móvil que vigila la comunidad de Temucuicui. Los recintos policiales especiales suelen contar con casas y/o la colaboración de personas que aceptan ese rol. La táctica de la fiscalía incluye el reclutamiento de comuneros y/o campesinos o pequeños propietarios no mapuche que apoyen las funciones represivas.

Objetivos de los montajes
En el período que va entre mayo de 2008 y junio de 2009 el aparato represivo y el Ministerio Público, vía reiterados montajes judiciales cumplieron su objetivo de mantener en prisión a líderes mapuche que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales y boicotean activamente proyectos de inversión que dañan su medio ambiente y territorio. Estos montajes alcanzan también a activistas no mapuche de la causa de ese pueblo y a periodistas, comunicadores audiovisuales que solidarizan con ellos. Quienes son acusados en los montajes político-judiciales tienen un doble juicio. La primera vez son condenados en pantalla y en los titulares por los medios de comunicación, sin derecho a defensa ni a réplica, puesto que los imputados ya están detenidos e incomunicados y sus cercanos ni siquiera conocen las acusaciones. Cuando se aplica la ley antiterrorista, ni siquiera los abogados tienen acceso a conocerlas ni tampoco a los testigos secretos en los que ellas se sustentan. El segundo juicio –el legal – tiene lugar después de meses o años de prisión preventiva de los acusados.



Fracaso del montaje
Afortunadamente, en democracia, gracias a la presencia de abogados privados de derechos humanos, o excepcionalmente, de defensores públicos conscientes, en algunas ocasiones - varios meses o años después – la sentencia de los tribunales es absolutoria. Se acredita así que las acusaciones difundidas por los medios y largamente articuladas desde la policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y el ministerio público eran un montaje. Al desarrollarse el juicio oral, los jueces suelen dictaminar que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados o que permitan mantener a los detenidos –que habían sido calificados como altamente peligrosos- en prisión preventiva. En esos casos las absoluciones no van acompañadas de reparación alguna por el daño sufrido por los imputados. También ha sucedido que los jueces dicten la sentencia más baja dentro del rango posible de aplicar por el delito imputado, lo que en derecho indica que tuvieron serias dudas respecto de la culpabilidad de los acusados.

Frente a las absoluciones o a sentencias a penas menores, el Ministerio Público reacciona generalmente buscando la nulidad de la sentencia, cuestión que en algunos casos ha logrado, imponiendo la repetición de los juicios. El gobierno, por su parte ha mostrado su desazón ante las recientes absoluciones a través de un comentario del subsecretario del interior, Patricio Rosende, que consideró “curioso” uno de los fallos absolutorios (5 de junio de 2009) de dos dirigentes de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El rol de los medios
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes del juicio oral, ya han sido condenados por los medios.

La televisión no contextualiza las acciones desplegadas por las comunidades, y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones o acciones de autodefensa. Sin embargo la prensa nacional informa sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en las regiones de población mapuche. Es importante destacar sin embargo que el creciente avance de los medios de comunicación electrónicos gestionados por las propias organizaciones mapuche, está construyendo progresivamente una poderosa barrera y palanca contra la desinformación, al menos para el público y las generaciones con acceso a Internet y para las organizaciones de pueblos originarios en todo el mundo.

Jueces de garantía y defensores públicos
Por otra parte, la actuación de los jueces de garantía constituye en general un mecanismo funcional de reafirmación de la criminalización de estas luchas. Es habitual que los detenidos mapuche pasen más de ocho meses en prisión preventiva o deban cumplir engorrosas medidas cautelares que obstaculizan sus tareas en el campo, perturban su calidad de vida y participación en sus organizaciones. La Corte de Apelaciones de Temuco, por ejemplo, es sumamente rápida para revocar las libertades condicionales dadas por algun juez de garantía.

Otro de los factores co-adyuvantes en el éxito de esta táctica para criminalizar e intentar detener la lucha social y reivindicativa mapuche es la inoperancia de los defensores públicos (de oficio), ligada a una excesiva cantidad de casos a atender en distintas comunas y juzgados. Pero muchas veces –según los afectados- su pobre actuación responde a simple desidia y/o complicidad con la Fiscalía, lo que posibilita largos períodos de detención preventiva sin petición de cambio de estas medidas cautelares.

Temucuicui (comuna de Ercilla Región de la Araucanía) una de las comunidades que está permanentemente sitiada por fuerzas policiales, concentra un número importante de casos de absoluciones tras largos períodos de prisión “preventiva”.

Sobre montajes político-judiciales seguidos de absoluciones totales, y/o cambios de prisión preventiva por medidas cautelares que implican reconocer la no peligrosidad de los imputados pueden dar amplio testimonio Jaime Huenchullan Cayul, Julio Cayhuan Nahuelpi, Victor Queipul Huaiquil, los hermanos Rodrigo, Omar y Felipe Huenchullan Cayul, todos ellos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. También Héctor Llaitul Carrillanca (Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto), Roberto Painemil Parra (comunidad Yeupeko) Avelino Meñaco (LleuLleu), Erick von Jentschyk Vergara, Juan Bautista Medina Hernández, Alex Bahamondes Garrido (activistas estudiantiles), Juan Toro Ñanco, Leonardo Lican Ñanco (ambos de Chequenco, Ercilla), César Parra Leiva (Puerto Choque, Tirúa), Iván Llanquileo (de Juana Millahual, LleuLleu), Elena Varela López (Licanray), Jonathan Vega Gajardo, Fénix Delgado Ahumada, Rodrigo Huechipan (todos estudiantes), y Mauricio Waikilao Waikilao (Yeupeko, Vilcun).

Obispo Ysern defiende derechos ancestrales a la semilla

La necesidad de “reconocer los derechos que los campesinos y pueblos indígenas ya tienen respecto de las semillas nativas” destacó monseñor Juan Luis Ysern, obispo Emérito de Ancud y actual Presidente de Caritas Chile, el martes 28 de julio en la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales*, iniciativa rebautizada por organizaciones sociales y ambientales como de Apropiación de la Semilla Nativa por las Transnacionales y sus filiales locales.

El prelado, de nacionalidad española, ejerció su magisterio en Chiloé por más de 30 años. Es medalla nacional Pablo Neruda (2005) por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, entre muchas otras distinciones que incluyen la orden de Isabel La Católica conferida por Juan Carlos, Rey de España, por su aporte en el rescate de la cultura chilota. Ysern dialogó con los parlamentarios en torno a los potenciales impactos del proyecto, acompañado de Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

El obispo evaluó positivamente su paso por la Comisión: “Después de escuchar mi exposición, algunos parlamentarios me hablaron de que se podría ‘conceder’ derechos a los campesinos sobre las semillas. Respondí expresando que precisamente ése es el centro del problema, puesto que, por el contrario, hay que partir del reconocimiento de sus derechos. Al conceder, estamos hablando de algo que harán las empresas, los poderosos”. El calificó como situación de injusticia la concesión de todos los derechos al “obtentor” y el no reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales campesinos e indígenas. Sin duda, expresó, en el trasfondo hay una concepción de propiedad vinculado a las ganancias, contrapuesto al concepto humanizador que reconoce el patrimonio común de la humanidad. En este sentido, él se preguntaba: “¿Es posible patentar bienes que son parte esencial de la vida humana: el agua, los genes, la vida misma?”.

Relató, asimismo, que entregó a los parlamentarios un ejemplar de la nueva encíclica papal “Caridad en la Verdad”, que aborda el tema del desarrollo, también citado en su planteamiento ante la citada Comisión, en la que pidió que frente a cualquier decisión se considere a la persona integralmente, como eje de la sociedad que queremos construir.
Atropello a la identidad cultural
El obispo -que el año 2000 fue declarado miembro del Pueblo Huilliche por el Consejo de Caciques de Chiloé- sostuvo que la iniciativa implica un atropello a la identidad cultural campesina e indígena puesto que no ha existido el diálogo que permita discernir lo mejor entre lo existente y lo nuevo, con referencias críticas que sean humanas.

Fundamentó su postura aseverando: “Cuando una persona cambia siguiendo esas referencias, no pierde su identidad. La identidad no consiste en mantenerse haciendo siempre lo mismo, sino en ser él mismo. La identidad es un proceso de crecimiento como protagonista responsable de su propio camino. En el momento que alguien se masifica y, simplemente, se deja llevar del ambiente dominante, pierde su identidad. Los campesinos e indígenas que de pronto son impedidos para seguir de acuerdo a sus normas de cultivo, sin haber participado en mesas de trabajo para buscar formas nuevas y poder tomar decisiones personales, son atropellados en su identidad. Es un atropello a la dignidad de esas personas humanas.”

Más adelante se refiere al nuevo atropello que se produce cuando el proyecto de ley sale en defensa del “obtentor” en el caso que los campesinos e indígenas actúen según sus costumbres disponiendo libremente del producto de su cosecha. Así puede deducirse de lo establecido para quienes sean acusados de no cumplir con la ley (artículos 53, 54, 55).
Rechazo al modelo de desarrollo
En su exposición referida a los aspectos éticos de la ley, el obispo planteó que el modelo de desarrollo que impulsa lo reduce al simple progreso de la técnica, generando un resultado deshumanizado al hacer uso de recursos que pertenecen a toda la humanidad. Criticó que en el proyecto de ley “no sólo no existe una real preocupación por las personas, ni por el diálogo, sino que además, se abre la posibilidad para despojar a los campesinos e indígenas de su derecho a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48) y para la apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se abre el paso a la expropiación de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9)”.

Para el obispo, ello implica que el país se mantiene en el criticado modelo de desarrollo que nos ha llevado a la actual crisis, y que redunda en provecho de de grandes empresas que se enriquecen sin medida.
El medio ambiente

Con relación al medio ambiente recordó a los parlamentarios que “tenemos un deber muy grave de entregar la tierra a las generaciones futuras de modo que la puedan habitar dignamente y continuar cultivándola. Somos cuidadores de la naturaleza “para custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población que la habita” (Caritas en Veritas, 50). De ninguna manera somos dueños para hacer lo que se nos ocurra sin pensar en los demás”.

Denunció asimismo que la biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos. Con los cultivos transgénicos se produce daño a la fauna y los insectos benéficos, con negativas consecuencias para el medio ambiente.

El obispo insistió en la necesidad del diálogo, como proceso que permita a todos asumir, aportar e incorporarse en esta dinámica de cambio. “No se puede forzar a nadie a entrar en esos procesos sin dar posibilidad al discernimiento y sin dejar que use su libertad. Quienes entran en esa situación son personas que así pierden su identidad, no han sido partícipes protagónicos de este proceso que les incumbe y les afectará la calidad de sus vidas y la de sus descendientes. Esto clama justicia y respeto a la dignidad de esas personas.”, agregó.

Por mi parte, no puedo dejar de opinar aquí, en mi propio espacio: ¡qué alegría re-conocerme en la palabra de un obispo! de quien, desde luego no esperaba menos, por su trayectoria en favor de los huilliches y de la biodiversidad y la cultura en Chiloé. Esta es la iglesia que respeto y de la que provengo. Ojalá hubiera muchos otros obispos así.


*El proyecto de ley que se discute es sobre Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales que deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008. Texto completo de la ley, por cierto escrita en un lenguaje ininteligible y equívoco, en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados, www.camara.cl

En Londres 38, a 35 años de la Lista de los 119

Esta tarde, a las 18.30 nos vemos para conmemorar los 34 años de la publicación de la Lista de los 119, el infame montaje mediático hecho por la DINA para encubrir la desaparición de estos compañeros.
Ahora Londres 38 será un recinto de memoria gestionado por todos los colectivos que lucharon por rescatar el lugar de manos de los herederos de la dictadura.

Para los que no sepan del tema, pueden informarse leyendo "119 de nosotros" (editorial Lom, 2005), es una investigación que hice sobre los blancos de la DINA en 1974 y 1975, que busca rescatar del olvido a esos hombres y mujeres y reconstruir la historia del primer período de la lucha de resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet, presentando a estos 119 protagonistas.
La obra está dedicada a los hijos de los caídos, a los jóvenes de hoy, a todos los que dejaron su vida en la resistencia, y a los ex presos políticos por su contribución a la memoria y a la justicia.

La autora, periodista (Universidad de Chile), trabaja en la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL) y colabora en Punto Final y en medios electrónicos como Rebelión, Clarín, PiensaChile y Mapuexpress. Publicó anteriormente obras relacionadas con temas medio ambientales y formó parte del equipo redactor de "Morir es la Noticia", sobre los periodistas asesinados en dictadura.


En portada del libro que hice en 2005 (con LOM),la imagen es de Bárbara Uribe, cuando frente a La Moneda, ese año instalamos pancartas gigantes que representaban los cuerpos de los desaparecidos.

Había 18 mujeres entre los 119 desaparecidos:
María Inés Alvarado Borgel secretaria, ex alumna del Manuel de Salas; María Angélica Andreoli Bravo, estudiante de nutrición; Jacqueline del Carmen Binfa Contreras, trabajo social; Carmen Bueno Cifuentes, actriz; María Teresa Bustillos Cereceda, trabajo social; Sonia Bustos Reyes, funcionaria de Investigaciones: Cecilia Castro Salvadores, estudiante de derecho; Muriel Dockendorff Navarrete, estudiante de economía; Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante trabajo social; M.Teresa Eltit Contreras, estudiante de secretariado; María Elena González Inostroza, profesora; María Isabel Joui Petersen, estudiante de economía; Violeta López Díaz, obrera de fábrica de cecinas; M.Cristina López Stewart, estudiante de historia, Eugenia Martínez Hernández, obrera textil; Marta Neira Muñoz, empleada particular; Patricia Peña Solari, concertista en piano; y Bárbara Uribe Tamblay ex alumna del Manuel de Salas.

¡También quieren privatizar el mar!

Bloque de senadores, ONGs y pescadores solicitarán reuniones a la Armada y a la Presidenta Bachelet para captar sus puntos de vista e informarles que este proyecto debilita la soberanía nacional, es inconstitucional y no asegura ni genera empleos estables y de calidad. En la foto aparecen Elsa Cabrera (CCC) Cosme Caracciolo (Conapach), senadores Carlos Ominami, Guido Girardi y Alejandro Navarro, Juan Carlos Cárdenas (Ecoceanos), y Lucio Cuenca (Olca).
Lanzan campaña para proteger el mar chileno y fortalecer soberanía nacional

Ecoceanos, el Centro de Conservación Cetácea, OLCA y Fundación Melimoyu, lanzaron ayer 21 de julio, la campaña No a la Privatización del Mar, tras recibir el apoyo masivo de organizaciones ciudadanas, sindicatos, asociaciones de campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales y agrupaciones de empresarios locales y de turismo, que se oponen a que el Congreso apruebe modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Entre quienes adhieren a esta campaña están también organizaciones como ANAMURI y RAP-Chile que están en una lucha paralela contra la privatización de las semillas por las transnacionales. Todos intentamos detener el vaciamiento de Chile y la pérdida de nuestros recursos naturales en manos de los dueños del "primer" mundo. Es un tema que tiene que ver también con nuestra soberanía alimentaria y con el precio de los alimentos para la población del país.

"La campaña intenta bloquear que senadores y diputados entreguen en forma gratuita y a perpetuidad la propiedad las concesiones acuícolas a las compañías salmonicultoras, para que estas empresas las puedan hipotecar y así pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos créditos de los bancos chilenos y extranjeros", afirman estas organizaciones.

La modificación a la ley de pesca y acuicultura es considerada por algunos senadores y las ONGs como ilegal e inconstitucional porque las concesiones acuícolas son un Bien Nacional de Uso Público y por tanto no pueden ser hipotecadas.

Los legisladores, entre los que se encuentran Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami, junto a las organizaciones sociales, también afirman que entregar en propiedad perpetua estas concesiones debilita la soberanía chilena en nuestro mar, ya que estas zonas costeras pasarían a ser propiedad de empresas extranjeras.

La campaña "No a la Privatización del Mar" fue lanzada este martes en el diario Publimetro, luego que la semana pasada las organizaciones de medio ambiente junto a la Confederación de Trabajadores Bancarios y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), dieran una conferencia de prensa junto a los senadores que se oponen al proyecto privatizador para denunciar la inconstitucionalidad de este iniciativa.

Las organizaciones implementaron un sitio web para que las personas puedan firmar contra este proyecto: http://www.thepetitionsite.com/1/di-no-a-la-privatizacion-del-mar-chileno

Cuando leas esta noticia, tómate un minuto para firmar en apoyo a la campaña que lidera Ecoceános.

Desde Mehuin llega documental en defensa del mar

El sábado 25 de julio a partir de las 16 horas, en República 97 (Santiago centro) se exhibirá un documental en defensa del mar, hecho por quienes han asumido esa lucha en Mehuin. La realización es de Víctor Llanquiman y Angélica Hualme.
La invitación es en estos términos:

De este lado de la cordillera (Gulumapu), pocos podrán decir que se dieron el lujo de estrenar un documental en un lugar distinto a Santiago. Cuando lo que se busca es audiencia; se suele ir donde la gente: Nosotros queremos que la gente venga (y queremos audiencia, por cierto). Mencionarán Valparaíso, Viña, Concepción, Valdivia o Temuco (subcentros), como lugares de emisión; pues bien, nosotros optamos por mostrar lo propio en el lugar que le dio origen (antes).
Advertiremos entonces: “Este documental ya fue exhibido en Mehuín”.
¡Y ahora llegó tu turno, Santiago!
Lo presentaremos para que no tengan que viajar tan lejos ni piratearnos.
¡Ante los hachazos, responderemos con cultura, vigilancia e información!
Estaremos de ese modo conectados con los defensores del mar, que han reforzado la guardia de invierno: Celulosa Arauco quiere completar datos faltantes en sus falsos estudios.
Recordemos que Llanquiman, mapuche-lafkenche, de ocupación pescador (y ante la necesidad de dar a conocer la realidad del conflicto, realizador), esquivó por poco un hachazo lanzado por individuos contratados por Celulosa Arauco, en el reciente ataque perpetrado en contra de los defensores del mar en Mississippi (Lafkenmapu, Región de los Ríos) el 12 de julio.

El valor del material registrado, proviene justamene de la confianza que fue capaz de generar el autor y por supuesto, que se trata de una mirada lafkenche.
Es de lugareños hablando del conflicto y de nuestra gente.
El mejor premio será que el ducto no llegue al mar.
Habrá además algo de comida a la venta, algo para el frío, música y expositores.
Esperamos que la convocatoria sea amplia e instamos a difundir.
Habrá recepción de alimentos no perecibles para enviar a Mehuin, ayudando así a la sede donde se mantiene la defensa del mar en tiempos de vigilancia. Todo lo recaudado será entregado al Comité de Defensa del Mar.
Si no has firmado tu carta de rechazo a las Concesiones Marinas de Celulosa Arauco, acá podrás hacerlo, contaremos con cartas para firmar.
Invitan:

Comité de Defensa del Mar

Movimiento por la Defensa del Mar
Día: Sábado, 25 de julio de 2009
Hora:16:00 a 20:00 hrs
Lugar:SANTIAGO Centro Cultural y Social Cajafuerte Calle Republica N° 97

http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com
http://www.noalducto.com/

Todos contra ley de privatización de semillas

En la última reunión en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, se ven parlamentarios (lado izquierdo, diputados José Ramón Barros y Alejandra Sepúlveda, en primer plano, y miembros de organizaciones a la derecha, en primer plano Lucho Olivares de la Fundación con Todos de Chiloé, María Elena Rozas (RAP Chile), Alicia Muñoz (ANAMURI), Pedro Nahuelquen y Cristina Miranda (los dos últimos de la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé) En el medio de ambos, Mario Ahumada del Consejo por la Soberanía Alimentaria.

COMUNICADO DE PRENSA Julio de 2009

Frontal rechazo social, ambiental y gremial en Cámara de Diputados
A ley de apropiación de semillas por transnacionales

Su enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación con Todos, de Chiloé y la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, junto a CETSUR, y GRAIN.

El 7 de julio los diputados ya habían escuchado el planteamiento de la Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH, la Asociación de Agricultura Biológica- Biodinámica y la Agrupación de Consumidores Conscientes. Ellos instaron a la Comisión de agricultura a legislar para proteger el acceso a la diversidad biológica y el conocimiento ancestral y rechazaron como imposible la coexistencia entre la agricultura orgánica y los cultivos transgénicos.

El proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet sobre “derechos del obtentor de variedades vegetales” * ha sido rebautizado por las citadas organizaciones como proyecto de “Protección de la propiedad de las transnacionales de la semilla” y de sus filiales en Chile y parte del inaceptable principio de que es posible privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La aprobación de esta ley extendería los llamados “derechos de obtentor” –una forma más amplia de patente- a todas las especies vegetales, creando condiciones para la expansión en el país de los cultivos transgénicos, en especial de los farmocultivos que a través de la inserción de genes de un virus o una bacteria en el ADN de una planta, producen drogas.

Al respecto sostuvieron los agricultores orgánicos: “Si los chilenos queremos perder los mercados europeos conquistados con tanto esfuerzo, y contaminar genéticamente nuestros cultivos en forma irreversible, si queremos que nuestros hijos consuman alimentos desnaturalizados y alterados y entregar nuestro patrimonio genético a cambio del pago de una autorización oficial; si queremos agobiar con el pago de royalties a los campesinos que han sostenido el alimento de los chilenos desde siempre, entonces… ¡sigamos adelante con este Proyecto de Ley.!”

En mayo de este año, a espaldas de la opinión pública se inició la votación de los artículos del proyecto, interrumpida por la irrupción de estas organizaciones.

El 14 asistió menos de la mitad de los 13 parlamentarios integrantes de la comisión, entre ellos los diputados Marco-Enríquez Ominami y Alejandro Sule, quienes posibilitaron la presencia de las organizaciones. Su presidente, José Pérez y otros, valoraron el intercambio de opiniones sobre el proyecto, reconociendo su escaso manejo del tema. La diputada Alejandra Sepúlveda coincidió respecto de que el lenguaje técnico de la ley impide entender sus alcances, y mostró disposición a generar un grupo de trabajo externo a la Comisión con vistas a mejorar el articulado de la ley. Por su parte, el diputado Alejandro Sule
afirmó que si se convencía de los alcances de lo planteado allí por las organizaciones, votaría en contra de esos artículos y/o rechazaría el proyecto. Varios parlamentarios sostuvieron que la solución era que los campesinos y comunidades inscribieran sus derechos para evitar que las empresas se les anticiparan, lo que fue rechazado de inmediato por los expositores, para quienes eso implicaría aceptar esa lógica y dividir a las comunidades. Se acogió por algunos parlamentarios la idea de trabajar paralelamente en una Ley de Protección de la Biodiversidad. Ellos reconocieron que la urgencia de este proyecto está dada por el hecho de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fijó el 1º de enero de 2009 como plazo para que Chile adecúe su legislación al UPOV 1991, convenio internacional sobre los Derechos de Obtentores Vegetales.
La comisión escuchará en una próxima sesión los planteamientos del ex Obispo de Chiloé monseñor Juan Luis Ysern, fundador de la Fundación Con Todos, y de un representante de los caciques huilliches de la isla, a petición de la delegación de Chiloé.


A continuación, se resumen los puntos centrales del rechazo colectivo a este proyecto de ley.


1.- Esta iniciativa abre las puertas a:
• La apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio colectivo de las comunidades campesinas e indígenas. Se va a expropiar la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9).

• La expansión de los cultivos transgénicos, y los farmocultivos, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. En sus definiciones el proyecto no hace diferencias entre una planta normal, una híbrida o una transgénica. La fundamentación de la ley permite deducir además que se intenta crear condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, lo que podrían crear problemas graves de salud pública, y arruinar la producción de alimentos y exportaciones agrícolas chilenas. (Artículo 6).

• La contaminación de los cultivos orgánicos por los transgénicos. Ya se ha demostrado que no es posible la coexistencia entre ambos.

• La pérdida de los mercados que demandan alimentos sanos e inocuos. Los consumidores han tomado una mayor conciencia respecto de los OGMs, y en la Unión Europea del 70% de la población rechaza la agricultura transgénica.

• El despojo de los derechos de los campesinos a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48). Esta práctica universal de campesinos y agricultores es reconocida incluso por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.

• Daño a la fauna y los insectos benéficos por los cultivos transgénicos, con negativas consecuencias para el medio ambiente. La biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde se imponen monocultivos extensivos.

• La criminalización del trueque o de la siembra de semilla. Ya no será el SAG quien fiscalice, sino las propias empresas dueñas de los derechos sobre las semillas, tendrán el poder de hacer de policías, siguiendo el modelo de otros países como Estados Unidos y Canadá cuando surge la contaminación accidental por transgénicos (artículos 52 y 54).

• El decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. (artículos 53, 54, 55). Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, decomiso de productos, e incluso en el embargo de exportaciones chilenas.

• Un proceso de aumento creciente del costo de los alimentos. El precio de las semillas encarecerá el proceso productivo y los costos.

2.- Beneficiarios e impulsores de este proyecto

• Los grandes beneficiados de este proyecto son los operadores del mercado de semillas transgénicas y de agroquímicos, principalmente las corporaciones transnacionales agroquímicas, Syngenta y la corporación Monsanto, líder mundial del mercado de semillas y cultivos transgénicos y sus socios locales.

• Las variedades en uso estarán en manos de unas cuantas empresas. Esto agravará el proceso de concentración del sector semillero logrado por la ley 19.342, que sería derogada al aprobarse este proyecto. Hoy ya existe menos disponibilidad de variedades agrícolas, y este proyecto agrava esa tendencia.

• Las empresas extranjeras controlarán la comercialización, importación o exportación del material de propagación (semillas, esquejes, etc), y además podrán obtener legalmente la propiedad sobre la flora y el patrimonio genético nacional. (artículos 6,7, 39).

Además de las organizaciones que estuvieron en las audiencias de la Comisión de Agricultura, suscriben hasta ahora este planteamiento sobre el proyecto de ley Tierra Viva; los Consejos Ecológicos comunales de Linares y San Antonio; el Instituto del Medio Ambiente; las redes orgánicas de Coquimbo, BioBio, Angol, Renaico, Los Lagos y Los Ríos, y la fundación Chile Sustentable.


*Proyecto de ley que regula derechos sobre Obtenciones Vegetales y deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008 (Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales). Texto de la ley en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados, www.camara.cl

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Detención de Héctor Llaitul eleva a 37 el conteo de prisioneros políticos mapuche

En la foto, el fiscal Mario Elgueta,perseguidor de los mapuche que acusa ser víctima de una emboscada.

Nueve meses deberá permanecer en prisión preventiva Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. La fiscalía lo acusa de ser autor intelectual de una emboscada contra el fiscal Mario Elgueta ocurrido en agosto de 2008, hecho que el imputado califica como un enfrentamiento ocurrido durante un allanamiento, y no una emboscada. La medida fue dispuesta por la fiscal regional Ximena Hassi Tumala. Llaitul fue absuelto en junio de 2008 en el juicio oral de todos los cargos con que anteriormente la fiscalía logró mantenerlo en prisión por un año y cuatro meses. La historia se repite, aunque ahora se le acusa además de asociación ilícita terrorista. En esa oportunidad, en Temuco, su abogado defensor, el ex Juez Juan Guzmán calificó las acusaciones como un montaje policial.
"Mientras exista pobreza y miseria en las comunidades, la lucha por el territorio y la autonomía va a continuar", declaró ahora Llaitul.

La detención de Llaitul eleva a 37 el conteo de mapuche que están en prisión en distintos penales del sur. 28 de los prisioneros están procesados o condenados por la ley antiterrorista heredada de la dictadura. En total hay 60 luchadores sociales mapuche y activistas de su causa que están en prisión o en libertad condicional por sentencia o medidas cautelares. Tres mapuche han debido buscar refugio políticos en Argentina (2) y Suiza. A ello se suma la desaparición (en 2005) de un menor mapuche –José Huenante Huenante- posiblemente muerto en tortura a manos de carabineros en el sur, y la muerte a causa de la acción policial y/o por tortura de tres jóvenes mapuche, Alex Lemún, Matías Catrileo y Johnny Cariqueo. Estos hechos, puestos en conocimiento de la Presidenta Bachelet en un reciente documento emitido por la Comisión Etica Contra la Tortura, serán también parte del informe que en agosto presentará la Mesa de Trabajo Sobre Derechos Colectivo, Políticas de Estado y Pueblo Mapuche en Chile,.ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

“Clandestinidad” mapuche
Pese a que el gobierno y la policía señalan que su detención fue fruto de una ardua investigación policial, el hecho es que Llaitul fue detenido en la casa de su madre, Florinda Carrillanca, en Osorno, en el barrio de Rahue bajo, donde se encontraba junto a su esposa y sus hermanos. Esto ha sido una constante en las detenciones de mapuche que supuestamente son terroristas de alta peligrosidad y están “clandestinos”. Por ejemplo Mireya Figueroa, detenida a comienzos de julio de este año fue arrestada en la casa de su hermana, en Santiago, gravemente afectada por un cáncer. Los doce detenidos en Puerto Choque en abril fueron detenidos en sus hogares, evidenciándose que ninguno de ellos lleva una vida oculta.

Según relata Pamela Pessoa, su marido fue reducido en el patio trasero de la vivienda de su madre por unos diez efectivos armados de la PDI a las 18:20 horas del miércoles 15 de julio. La vivienda estaba rodeada y luego ingresaron por las viviendas vecinas y por atras. Continúa la mujer: “Yo estaba a su lado en ese momento. Aun así no lograron derribarlo, ni esposarlo, pues forcejeó hasta el final. En la vivienda se encontraban sus hijos y sobrino, en su mayoria niños, además de su madre, hermano y cuñada.A su hermano y sobrino los tiraron al suelo. “ A la familia le impidieron posteriormente tomar contacto con el detenido, que fue trasladado a Temuco y luego en helicóptero a Cañete – ciudad ubicada a unos 500 km de Santiago - para la formalización, en medio de un impresionanate despliegue policial.

Llaitul fue trasladado luego a la cárcel El Manzano de Concepción, ubicada en el camino a la localidad de Penco Nº 450, en la Región del Bío Bío.

Los presos de El Manzano
Justamente allí cumplen también prisión preventiva por nueve meses varios de los detenidos el 11 de abril de este año, casi todos miembros de la comunidad indígena Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa que recientemente solidarizaron con las reivindicaciones de los gendarmes, declarándose en huelga de hambre.
Ellos también fueron formalizados bajo la ley antiterrorista por los delitos de “homicidio frustrado” y otros vinculados a la supuesta emboscada contra el fiscal exclusivo en causas mapuche Mario Elgueta, por asociación ilícita terrorista y supuesta agresión contra un colaborador de la fiscalía, -que anteriormente lo fue de la DINA- José Santos Jorquera, en Puerto Choque.

Los detenidos de la comunidad Esteban Yevilao son José Huenuche Reimán quien a su vez se encontraba en libertad condicional desde el 4 de noviembre de 2008, luego de haber sido detenido en el marco de un hallazgo de armas en tierras de su comunidad, denominada Juana Millahual (Contulmo); Ramón Llanquileo Pilquimán, Luis Menares Chamilao, y César Parra Leiva. En este último caso, la primera detención fue en octubre de 2008, y había salido en libertad con medidas cautelares el 2 de abril de este año. Se le imputaba por robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007 y agresión a un carabinero, acusaciones que se habían ido desvirtuando. Norberto Parra Leiva, hermano de César también fue detenido en octubre de 2008. Se le acusaba de robo a una empresa forestal que se habría producido en mayo de 2007. También están allí Segundo Ñehuei Ñehuei de la Comunidad Benancio Ñehuei, Puerto Choque, Tirúa y Jonathan Huillican Mëndez que vive en la localidad de Labranza, Temuco pero fue detenido en Comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque. Denuncias de tortura han acompañado los casos de estos detenidos.

En declaración pública dada a conocer luego de la detención de Héctor Llaitul, la Coordinadora Arauco Malleco sostuvo que “esta nueva arremetida policíaco – judicial llevada adelante por el Ministerio Público y el actual gobierno chileno en contra de nuestros lideres mapuches y nuestras comunidades movilizadas y en conflicto y en contra de la CAM en particular, responde a la política represiva del Estado chileno en contra del Pueblo Nación Mapuche. Que el Estado chileno a través del gobierno de turno ha expresado abiertamente su apoyo al empresariado, favoreciendo las inversiones capitalistas en la zona”.