En la Cámara votarán proyecto de prohibición de plaguicidas más peligrosos

El próximo martes 4 de septiembre la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que prohíbe el uso y venta de los plaguicidas más peligrosos usados en Chile, pertenecientes a las categorías que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como 1a y 1b por su toxicidad aguda en la salud humana y el ambiente. El voto favorable de la Comisión posibilitaría que por primera vez el Parlamento chileno en su conjunto, pueda analizar y votar en sala una iniciativa de trascendencia para sectores como las temporeras, vinculadas a la agroexportación.

La comisión escuchó las voces de partes afectadas e interesadas, entre ellas a Alicia Muñoz en representación de las mujeres campesinas e indígenas (ANAMURI) y a Elizabeth Maturana por los agricultores orgánicos (CIAL), como también a quienes han trabajado largamente el tema, como María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas Chile y Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. También concurrió Francisco Bahamonde, director del SAG, la entidad pública responsable del registro y control de estos productos. Académicos aportaron antecedentes respecto de las características y efectos de estos plaguicidas.

El proyecto de ley que busca la prohibición de estos plaguicidas (Boletín Nº 4877-01) fue presentado por los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS, de la Comisión de Agricultura), Sergio Aguiló, René Alinco, Marcelo Díaz, Roberto León, Fulvio Rossi, Alejandro Sule y Eugenio Tuma, recogiendo la preocupación ciudadana por el tema.

Setenta venenos cuestionados
Desvirtuando argumentos sobre consecuencias negativas para los exportadores de productos agrícolas, la Alianza por la Calidad de Vida a la que pertenecen las citadas organizaciones sociales y ambientales, contextualizó la discusión, utilizando información oficial que indica que de los 924 productos comerciales registrados como plaguicidas en Chile, sólo 70 corresponden a los clasificados en las listas 1b y 1b. Por tanto, menos del 8 % del total disponible de productos comerciales sería afectado por el proyecto, que en cambio evitaría nuevas muertes por intoxicaciones y otros graves daños a la salud humana y al ambiente.

Los parlamentarios deberán considerar las estadísticas de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud detalladas en la Cámara por María Elena Rozas y Lucio Cuenca: el año 2005 hubo 19 muertos y 785 intoxicados por plaguicidas en Chile. De los 668 casos en que se logró identificar el plaguicida involucrado, 154 casos (un 23% del total) correspondieron a plaguicidas 1a y 1b. En las muertes ocurridas ese año –la mayoría suicidios- los plaguicidas involucrados clasificados como 1a y 1b son: metamidofos (97 casos, es el frasco de la foto de esta nota, metomil (24), aldicarb (14) carbofurano (7 casos). Otras sustancias químicas involucradas son el Paraquat, dimetoato, diazinon, coumafos y carbofuran. El 70% de los casos registrados correspondieron a suicidios y el resto fueron no intencionales y de carácter laboral.

Estudios científicos realizados en países como Brasil y Taiwán, muestran que la fácil disponibilidad de estos venenos con efectos depresores en el sistema nervioso, puede inducir al suicidio en población expuesta que está además sujeta a situaciones de alto riesgo y condiciones laborales adversas.

Transnacionales involucradas
En Chile, metamidofos es distribuido por la transnacional Bayer y se vende sin restricción alguna en formulaciones comerciales llamadas Tamaron y Baythroid. Por su parte, Dow y compañías relacionadas con esa corporación, comercializan Metomil con ese mismo nombre. Aldicarb es distribuido por Aventis Cropscience, bajo el nombre Temik. El uso y comercialización de Aldicarb quedó totalmente prohibido en la Unión Europea, a partir del 30 de julio de 2007 (directiva 91/414 de la Unión Europea). United Agriproducts Chile (UAP) vende Furadan, a base de carbofurano, también prohibido en la Unión Europea. Otras empresas que venden en Chile plaguicidas que contienen las sustancias químicas 1a y 1b son ANASAC, Makhteshim-Agan, Point International LTD (Inglaterra) y Makhteshim Chemicals Works Ltda. (Israel).

Alicia Muñoz y Lucio Cuenca enfatizaron que el uso adecuado o seguro de estos productos no es posible de garantizar por las condiciones culturales, sociales, económicas y ambientales imperantes en el país. La extrema dispersión y cantidad de los cultivos desarrollados en Chile imposibilita una real fiscalización, hecho reconocido públicamente desde hace años por el Servicio Agrícola y Ganadero así como por los fiscalizadores de los ministerios de Salud y Trabajo. Elizabeth Maturana basó buena parte de su exposición en la extendida consigna gubernamental de utilizar las “buenas prácticas agrícolas”, lo que implica dejar de utilizar estos productos.

Otras alternativas
La experta sostuvo que hay alternativas químicas menos dañinas para todos los plaguicidas de las categorías 1a y 1 b, los cuales también pueden ser reemplazados utilizando, entre otras prácticas agroecológicas, el manejo integrado de plagas y el control biológico, según demuestra un estudio realizado por FIA entre los años 1985 a 1995. Esa investigación concluyó que la mayoría de las plagas y enfermedades del campo chileno pueden ser controladas biológicamente. De esta forma, expresó Elizabeth Maturana, la actividad agroexportadora puede prescindir de este grupo de agroquímicos, como corresponde a la responsabilidad social empresarial requerida a este sector por un país cuya meta es convertirse en una potencia agroalimentaria mundial.
Normas en Unión Europea y Estados Unidos
María Elena Rozas y Lucio Cuenca expusieron las recomendaciones del Comité de Agricultura de la FAO, reunido en Roma del 25 al 28 de abril de 2007 y publicadas en el documento “Nueva Iniciativa para Reducir el Riesgo de los Plaguicidas” que recomienda a los países miembros el retiro de estos plaguicidas. Informaron asimismo que en los países con los que Chile ha firmado tratados de libre comercio, como Estados Unidos y la Unión Europea, estos plaguicidas están prohibidos o con plazos definidos de retirada. Lo mismo ocurre en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad a la que Chile aspira pertenecer. Se refirió también Rozas a las nuevas tendencias y regulaciones vigentes en los mercados internacionales, tales como las normas EurepGap, y el Reglamento USA que Chile, como país agroexportador debe acatar. Estas normas establecen claramente que en la protección vegetal se debe optar por alternativas de bajo impacto ambiental, dejando como último recurso el uso de plaguicidas menos tóxicos.

La aprobación del proyecto de prohibición de los plaguicidas más peligrosos y su paso a la discusión en la sala dependen ahora de la votación de los miembros de la comisión de agricultura, Ramón Farías (PPD) –que preside la instancia- José Barros, Marcelo Forni (ambos UDI), Pablo Galilea (RN), Juan Lobos (UDI), Rosaura Martínez (RN), Marco Antonio Núñez (PDD), José Pérez (PR), Alejandra Sepúlveda (DC), Alejandro Sule (PR), Eugenio Tuma (PPD) e Ignacio Urrutia (RN) y el propio Enríquez –Ominami. En proyectos ambientales, las votaciones suelen ser poco predecibles, y esta no es la excepción. Los diputados de oposición se mostraron inicialmente poco dispuestos a votar favorablemente, pero la información aportada por los sectores que apoyan el proyecto pudo hacer variar esa posición en varios de ellos.


Las organizaciones ambientales y sociales, especialmente la recientemente formada Coordinadora Campesina de Chile (integrada por ANAMURI, la Confederación Nacional Campesina Ranquil, la Confederación Nacional de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile, la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organización de Pequeños Productores Campesinos de Chile, y la Unión Obrera Campesina), aguardan con vivo interés el resultado de esta votación.

Respecto del escaso interés mostrado hasta ahora por los legisladores en estos asuntos que afectan la calidad de vida de los trabajadores rurales y otros sectores de trabajadores y consumidores, la dirigente de ANAMURI, recordó en la Cámara que el año 2000 la diputada Adriana Muñoz y otros parlamentarios presentaron una moción destinada a proteger a los trabajadores y a las comunidades de la utilización de agrotóxicos, la cual aún permanece estancada en el parlamento.