La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de finalizar en Washington su 128º período de sesiones, publicó el informe 32/07 por el cual acepta investigar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Patricia Troncoso (en la foto), los hermanos Juan Patricio y Florencio Marileo Saravia, Juan Huenulao, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Ellos cumplen prisión efectiva de diez años y un día luego de ser condenados en agosto de 2004, como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco de Forestal Mininco. En el informe http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/chile.42905.sp.htm se desvirtúan los argumentos del gobierno chileno consultado respecto de la presentación, señalándose que el caso fue admitido a examen, habiéndose entregado dentro de los plazos establecidos y cumpliéndose todos los requisitos: se trata de personas que tienen derecho a reclamar, en materias susceptibles de ser investigadas, y se recuerda que dentro del procedimiento previo a la admisión de la petición de Patricia Troncoso, Patricio Marileo y otros, se pidió al gobierno chileno informarle sobre los pasos que diera luego del término de la huelga de hambre de los afectados. La Comisión relata que no hubo respuesta del gobierno y da por iniciada la investigación de las violaciones a los artículos 8, 2 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por Chile en 1990. El caso será incluido en el informe anual a la asamblea de la OEA. Los presos mapuche sostienen que la sentencia condenatoria que se dictó en su contra es el resultado de una pluralidad de atentados a sus derechos humanos, los cuales se produjeron durante el proceso de investigación y durante el juicio como también en la revisión del fallo ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
Hay que recordar que en este caso además del Estado de Chile representado por la Gobernación de Malleco y el Ministerio Público, actuó como parte querellante la Forestal Mininco. A través del informe de la CIDDHH los latinoamericanos podrán enterarse de que el juez Orlando Alvarez no es el único que copia sentencias de otro colega. Los peticionarios informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fallo dictado, en cuanto se refiere a la calificación de terrorista del incendio materia del juicio, "es la copia exacta e integra del fallo dictado por el mismo Tribunal, hace más de un año en contra de los señores Pascual Pichun, Aniceto Norin Catriman y Patricia Roxana Troncoso Robles". Agregan que los jueces tenían una opinión preconcebida sobre el fondo de esa discusión. Integraron en esa oportunidad el tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Angol, Luis Sarmiento Luarte (presidente de la sala) Georgina Solís Morgado y Waldemar Augusto Koch Salazar. Este último fue el redactor del fallo, es decir quien llevó adelante la misma criticada práctica de copy-paste del juez Alvarez en el caso Fujimori. Sólo que en el caso de los mapuche nadie dijo nada.
Más adelante la Comisión se enterará que otros jueces, escuchando los mismos argumentos y "pruebas" por las que fueron condenados estos prisioneros,
declararon inocente de ese delito a José Cariqueo, quien fue juzgado posteriormente pues a la fecha del citado juicio oral, la policía no lograba aún detenerlo. Forestal Mininco despliega en estos días todo su poder de presión para evitar cumplir lo que le ordenó la Corte de Apelaciones de Temuco: pedir excusas al comunero mapuche por llamarlo terrorista. Logró postergar la audiencia un mes más, ya que estaba fijada para el 30 de julio.
Y la Presidenta Bachelet que en Europa negó que en Chile hubiera presos polítos mapuche y se presentó como defensora de los derechos humanos, ¿qué argumentos usará ante este organismo internacional de derechos humanos? Testigos pagados por la fiscalía, algunos de ellos modificando sus declaraciones iniciales, reconocimientos en audiencias forzados por la revisión previa de fotografías de los imputados, o reunión de testigos en una cabaña de la ciudad de Lautaro con funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales son algunos de los hechos denunciados que no fueron considerados por el tribunal, que argumentó que sólo se basaba en lo que se estaba planteando "en la inmediatez" del juicio.
Una vez más, desde fuera de Chile llegan las reconvenciones sobre violaciones a los derechos humanos de sectores del pueblo mapuche. Pero en la Moneda, por ahora, no se oye padre.
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