La Comisión Etica Contra la
Tortura dio a conocer el 3 de julio, su informe de Derechos Humanos 2013: “En
la Senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia: 1973-2013, Cuarenta años de
lucha, resistencia y construcción”, publicado por Editorial Quimantú, que
enfatiza en la práctica de la tortura como respuesta a las demandas del
movimiento estudiantil y del pueblo mapuche en su recuperación de tierras
ancestrales y defensa contra megaproyectos. Memoria, denuncia, canto y acción
se dieron la mano en el lanzamiento, que también homenajeaba a quienes hoy
exigen en democracia el fin del lucro en la educación, a luchadores cuyas vidas
están entroncadas con la defensa de los derechos humanos, y al canto libre que
ha acompañado esos combates.
La actividad tuvo lugar en el
auditórium de la Radio Universidad de Chile, en Santiago, premiando a
luchadores sociales con las medallas “Obispo Fernando Ariztía” (co-fundador de la
Vicaría de la Solidaridad); “Danielle Mitterrand”; “Juan Pablo Jiménez” (obrero
y sindicalista asesinado en 2013); “José Huenante Huenante”, detenido
desaparecido (2005); “Olof Palme” (Ex Primer Ministro Sueco), “Manuel
Gutiérrez” (asesinado en agosto 2011) y “Enrique Pérez Rubilar” (ícono de la
lucha por los ddhh en la Araucanía, fallecido en 2012).
Los galardonados fueron la Hermana María Inés Urrutia, quien fue
parte del Movimiento Sebastián Acevedo en dictadura y vive en la población La
Victoria; Diego Vela, Presidente de la FEUC; Andrés Fielbaum, Presidente
de la FECH; Enrique Núñez, destacado miembro de la CECT de
Valparaíso; la dirigente secundaria Eloísa González; el Conjunto
Illapu, en la persona de Roberto Márquez; y Martín Almada, luchador por los
DDHH de Paraguay.
Emocionada, Ximena Acevedo, la viuda de Juan Pablo Jiménez dirigente de la empresa Azeta, entregó la medalla a Enrique Núñez señalando
que la familia Jiménez y el país han
pagado un precio muy alto para lograr que la gente despierte ante los abusos. “El
quería un mundo mejor y nos dejó una huella marcada con sangre”. Agradeció a
los estudiantes que junto a la Comisión Etica, se han hecho parte de su llamado
por justicia y verdad ante ese asesinato. “La memoria duele, pero obliga a la
acción”, sostuvo a su vez Núñez, recordando que es la ética la que debe
impulsar al ser humano a rechazar la impunidad. Roberto Márquez, de Illapu,
enarboló su guitarra para agradecer la premiación, y llamó con su canto a “abrir
al sol todas las puertas, vamos, hay que andar!!” La dirigente secundaria Eloísa González aseguró que la
medalla recibida de manos de Gerson, el hermano del joven Manuel Gutiérrez
asesinado en una protesta, era para el propio Manuel y todos los secundarios
movilizados, mencionando especialmente a quienes han sufrido secuestro y
tortura en los últimos tiempos. Calificó los últimos episodios represivos como “el
desalojo de nuestra democracia” y llamó a construir un camino de lucha junto a
estudiantes, profesores, padres, y trabajadores y el conjunto del pueblo
chileno.
El macizo informe (de más de 200
páginas) fue comentado por el Académico de la Universidad
de Chile, historiador Sergio Grez Toso y por Juan Pablo Cárdenas, Premio
Nacional de Periodismo y director de la Radio Universidad de Chile. Fue
calificado por Sergio Grez como “instrumento de combate”, mientras que Cárdenas
afirmó que su lectura “aumentaba la vergüenza de vivir en un país que queremos,
pero en el que se prolonga la aplicación de la tortura”. Sergio Grez se refirió
a la construcción de los movimientos sociales destacando que hay elementos como
la solidaridad que están volviendo a aparecer en forma germinal, junto con
ciertas incursiones en la desobediencia civil. Ambos panelistas se refirieron a la ilegalidad de la actual
constitución. “Se requiere voluntad política y liderazgo para cambiar la
Constitución”, precisó Grez, luego que sostuvieran que el panorama descrito en
el informe arranca de la permanencia de la herencia de la dictadura en todos
los planos.
El
informe
La Comisión
Etica pasa revista al estado de los derechos humanos en los 40 años
transcurridos desde el golpe militar, señalando que en pleno siglo XXI hay
nuevos testimonios de la práctica de
tortura. Considera urgente tipificar este crimen en las leyes chilenas y poner
en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contemplado por el Protocolo
Facultativo de la Convención Internacional Contra la tortura ratificada por
Chile en 1988. Plantea que ello debiera hacerse con medidas dirigidas a grupos
etáreos, de género, pueblos originarios y zonas de aislamiento geográfico, todo
ello con participación de la sociedad civil en los mecanismos que se diseñen en
esta política pública. Rechaza la criminalización de los movimientos sociales,
destacando que la lucha por el derecho a la educación, contra el lucro y en defensa del territorio y los recursos
naturales, es la nueva cara de los derechos humanos. Por ello llama a los
movimientos sociales al autocuidado y a afianzar los lazos de solidaridad entre
sí y con los distintos grupos movilizados. Una plataforma de lucha por la justicia y
contra la impunidad es el remate del editorial. Juana Aguilera, coordinadora de
la Comisión Etica Contra la Tortura concluye señalando que “son 40 años de lucha, pero también son 40 años de
Resistencia y de construcción por un Chile que se levanta desde la Memoria, por
los Derechos y la Justicia”,
En ese marco, el
informe dedica un capítulo completo a la represión y tortura al movimiento estudiantil,
elaborado por Defensa Secundarios, organización de estudiantes de la
Universidad de Chile que cumplen roles de
Observadores de Derechos Humanos y Defensores de los estudiantes secundarios
movilizados. Once relatos de episodios de violencia policial dirigida a menores
o participantes en sus marchas son presentados aquí.
Dos capítulos están dedicados a
sendas ponencias sobre el despojo de los recursos naturales. El antropólogo
Raúl Contreras G. analiza la lucha contra el extractivismo minero en Atacama,
en tanto que el investigador en arqueoastronomía Patricio Bustamante D., documenta la experiencia de la comunidad de Caimanes,
también en el norte del país.
La
represión al pueblo mapuche
Al igual que en
otros años, el grueso del informe de Derechos Humanos documenta la represión en
territorio mapuche y exige la libertad de los luchadores sociales mapuche. Un
artículo denominado “La lucha de resistencia de la comunidad socioespiritual”, del académico mapuche Jorge Calbucura, de la Mid Sweden
University, Coordinador del Centro de
Documentación Ñuke Mapu, ahonda y contextualiza el significado de
la detención en este período de cuatro machis (sanadoras tradicionales y
autoridades espirituales), en tanto que otro capítulo, detalla la violencia institucional hacia la
niñez mapuche, documentada por la Fundación ANIDE. Un listado de 29 prisioneros
políticos mapuche, con información adicional sobre absueltos tras larga prisión y juicios orales,
precedido por una crónica sobre el rol de los fiscales y la extensión hacia el
sur de la lucha por territorio, de Lucía Sepúlveda R., preceden a una pormenorizada
cronología de un año de violencia policial contra el pueblo mapuche registrada
y sistematizada por el profesor Manuel Andrade, de mayo de 2012 a mayo de 2013.
La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) agrupa a diversas
organizaciones y personalidades que desarrollan acciones de defensa y promoción
de los derechos humanos en Chile. Fue creada en marzo de 2001, para exigir al
Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y Reparación, y continuó
accionando frente a las gruesas insuficiencias de los logros obtenidos a ese
respecto y la permanencia en el tiempo de la tortura. La Comisión Ética contra
la Tortura (CECT-Chile) está integrada, entre otras, por Amnistía
Internacional; el Observatorio por el Cierre dela Escuela de las Américas (SOA
Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la
Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ-Chile); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la
Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad conlos Pueblos de América (SICSAL); la Coordinación Nacional de ex
Presos Políticos; la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos;
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Cuenta además con
representantes en Canadá, Italia, Bélgica, México, Alemania, Francia y Suiza.
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