foto gentileza de Periódico mapuche www.werken.cl
Por
Lucía Sepúlveda Ruiz
En la Región de la Araucanía los montajes también
se caen, pero los fiscales son empeñosos y siguen tratando. Confían que
su caso ocurre lejos de la capital y no recibirá la misma atención que la
dispensada en Santiago, por ejemplo, al “Caso Bombas”. Un allanamiento a una
comunidad mapuche no tiene en Chile el mismo efecto mediático que una incursión
de fuerzas especiales en Santiago a barrios o poblaciones combativas.
El gobierno ha acusado a los fiscales de la
Araucanía de no ser efectivos para poner en prisión real a los mapuche
que recuperan tierras de las forestales y otros particulares. En abril de 2012, por ejemplo, el propio ministro del
interior Rodrigo Hinzpeter, durante su visita urgente a la región,
criticó la falta de condenados en los procesos que se llevan por diversos
atentados ocurridos, atribuyendo el hecho a fallas en el trabajo de las
fiscalías. En cambio ahora, ante el reclamo mapuche por la represión desatada
dejando a mujeres, ancianos y niños heridos en la comunidad Wente Winkul Mapu,
Hinzpeter optó por intentar endilgar toda la responsabilidad a la fiscalía y el
Ministerio Público. La carta denuncia entregada por el werken Daniel Melinao en
La Moneda y en la Corte Suprema no han recibido la atención ni la respuesta
requerida ante una situación de esta gravedad que puede medirse aquí
En esa región del país, los fiscales Ricardo
Traipe, Traipe, Cesar Schibar y
Alberto Chifelle han visto en el último año derrumbarse estrepitosamente sus
montajes, quedando todos los comuneros mapuche en libertad. Más aún, en mayo de este año, el Fiscal Miguel Angel Velásquez
fue sancionado por desacato por la jueza Evelyn Zapata de Victoria -por negarse
a quitar la calificación de “terrorista” a los delitos motivo del proceso-
y la Corte Suprema confirmó la inédita exclusión de Velásquez del juicio del juicio oral que se desarrollará en
contra de nueve comuneros Mapuche, integrantes de la Comunidad Autónoma de
Temucuicui y de la Comunidad José Guiñón, por hechos ocurridos en el peaje
Quino, “investigados” por el Ministerio Público durante tres años. Sólo acusará
el abogado del Ministerio del Interior, por delitos comunes.
El fiscal Luis Chamorro por su parte, lleva un
tiempo preparando este caso para que –ahora sí- se logren las condenas
solicitadas, de más de diez años de prisión. El territorio escogido se
llama Chequenko, también conocido como valle de Pidima, ubicado al norte
de la comuna de Ercilla, en los faldeos del histórico cerro Chiguaigue. Y
dentro de él, la mira está en una comunidad considerada por las fuerzas
policiales dentro de la definición de “enemigo interno”: La comunidad Wente
Winkul Mapu (punto alto de la tierra). Los métodos del fiscal son los mismos
utilizados a lo largo del país mapuche: testigos sin rostro, maniobras de
inteligencia, y represión más represión más represión.
La comunidad Wente Winkul Mapu está compuesta
por 30 familias sin tierras que reivindican unas 2.500 hectáreas,
ocupadas antiguamente por los caciques Lizama y Naweltripay. Hoy ese
territorio está en manos de las forestales Mininco, Arauco y Cautín,
además del particular Juan de Dios Fuentes, propietario - según la ley chilena
- del fundo Centenario. El fundo Chiguaigue –alrededor de 600 hectáreas
- es parte del lof Chequenco. Desde el año 2009 los comuneros realizan
ocupaciones de predios para recuperar las tierras usurpadas por Fuentes y por
las forestales, demandas no atendidas por el gobierno de Bachelet ni por
el actual.
Evaluar a Chamorro
La
violenta incursión represiva de las Fuerzas Especiales de Carabineros contra
Wente Winkul Mapu encabezada el pasado jueves 7 de junio por el Fiscal Luis
Chamorro, que dejó a once comuneros lesionados, tiene precedentes anteriores.
Precisamente por ello organizaciones de derechos humanos y dirigentes de las
comunidades indígenas habían objetado el nombramiento de Chamorro como
fiscal especial para investigar hechos ocurridos en Wente Winkul Mapu de los
que él mismo había tomado parte. Los procedimientos adoptados por Chamorro en
esta oportunidad muestran que esa prevención era fundada. El Defensor Público
Gregory Schubert acaba de señalar: “Es momento de que el Ministerio Público, en
resguardo de los valores del sistema de justicia, evalúe el comportamiento
funcionario del fiscal Luis Chamorro”. El consideró la acción
“desproporcionada, en la medida que afectó por igual no sólo a los imputados
que el procedimiento buscaba detener, sino que a miembros inocentes de la
comunidad, incluidos niños y ancianos que resultaron incluso gravemente
heridos” (www.dpp.cl).
Para
Schubert es “inexplicable” que para detener a dos personas imputadas se
requiera el ingreso sorpresivo a la comunidad -en horas muy tempranas- de un
fiscal junto a decenas de policías, “cuya actuación ha vulnerado derechos y
garantías básicas de todo ciudadano, en este caso con agresiones ilegítimas e,
incluso, disparos por la espalda contra varios de los heridos”.
Lesiones “leves”
Según
ha informado Daniel Melinao, werken de la comunidad, de entre la decena de
niños, ancianos y jóvenes heridos por la represión policial, la persona
más grave es Erik Montoya, cuya detención era, según la policía, el objetivo
del allanamiento. Un testigo sin rostro le acusa de haber actuado contra Juan
de Dios Fuentes en 2011 y por ello se le detuvo y formalizó. Pese a tener once
heridas de perdigón, la cara y el cuello desfigurados por golpes, y el oído y
el ojo izquierdo gravemente afectados, sus lesiones fueron consideradas leves
por el hospital de Angol que lo envió el sábado 9 de junio a la cárcel de esa
ciudad, generando preocupación en la defensa del comunero llevada adelante por
el abogado Nelson Miranda y en organizaciones de derechos humanos. La defensora
regional Bárbara Katz, en contraposición con los dichos de los médicos locales,
sostuvo que las heridas del detenido no eran leves y su estado general era
“delicado” por la agresión recibida, agregando que estudia la presentación de
un recurso de amparo a favor de la comunidad Wente Winkul Mapu.
En la
oportunidad también fueron detenidos Eric Nahuelqueo y Segundo Montoya, hermano
de Erick. El padre de ambos es el anciano sabio (“kimchefe”) herido, y entre
los lesionados hay también dos menores de edad. A nombre de la Alianza
Territorial Mapuche el werken Alberto Curamil señaló su indignación planteando
que "es necesario recordar que mientras se reprime duramente y se
descalifica la lucha por los derechos reconocidos por la legislación
internacional, se anuncian al mismo tiempo supuestas devoluciones de tierras
históricas de la nación mapuche y áreas de desarrollo indígena que jamás han
tenido relevancia…”
Se gesta el montaje
El 23 de junio de 2011, la Comunidad
Mapuche Wente Winkul Mapu, había respondido en declaración pública
a acusaciones emitidas por Juan de Dios Fuentes, por el General de la
Novena Zona de carabineros, Iván Bezmalinovic y el gobernador de Malleco Jorge
Rathgeb, quienes los acusaron de utilizar armas en actos violentos. Los
comuneros aclararon que las ocupaciones de predio tienen carácter pacífico:
“Nuestra comunidad jamás ha hecho uso de armas de fuego de ningún tipo, más aun
si considera que en nuestras protestas siempre estamos acompañados de niños, ancianos
y mujeres”, señalan.
En la madrugada del 19 Agosto de 2011 se
produjo un violento allanamiento a Wente Winkul Mapu. “Efectivos de
Fuerzas Especiales, fuertemente armados, irrumpieron en la comunidad allanando
y destruyendo todo a su paso; disparando a quema ropa a todos quienes,
desorientados, pedían explicaciones por el excesivo uso de violencia en su
actuar.”, señala un testimonio. Según la declaración de los dirigentes de
la comunidad Autónoma de Temucuicui –que está en las cercanías- los niños que
dormían fueron sacados violentamente de sus casas y dejados esposados en el
patio. Esta situación se repitió en todas las casas allanadas. Carabineros de
Chile indicó que el objetivo era requisar armamento. Al terminar el
procedimiento no habían encontrado nada, excepto hachas y otras herramientas de
uso habitual en el campo. Mientras se desarrollaba el operativo, la policía no
dejó entrar a los corresponsales de radio Biobío, sino solo a los medios
oficiales.
La protección del General
La Fiscalía de Collipulli
ordenó allanar la comunidad como parte de una medida de protección a
favor de Bosques Cautín, el 2 de noviembre de 2011, según información oficial entregada a la Corte Suprema por
carabineros defendiendo su derecho a usar fuerzas especiales, bombas
lacrimógenas y armamento de servicio en tal tarea. El objetivo era resguardar
las faenas de explotación forestal y transporte de madera a realizarse en las
parcelas 15 y 16 “Requen” de la comuna de Ercilla entre el 24/10 y el 30/12 de
2011 o hasta el fin de la faena. En esta actividad de protección a un privado
participaba el general de carabineros y Jefe de la Novena Zona Iván
Bezmalinovic a bordo de un helicóptero del GOPE, como se puede leer en la
acusación entablada el 4 de abril de 2012 (RUC 383557445). ante el juzgado de
Collipulli.
En el cumplimiento de la
faena, siempre según la versión oficial, los carabineros son “emboscados”, es
decir, se encuentran con un corte de caminos, y “repelen los ataques de
un número indeterminado de personas que portaban armas de fuego cortas y largas
y que les impedían el libre tránsito del sector, lanzando bombas lacrimógenas
con el fin de detener a los autores de los ataques y resguardar el orden
alterado y la seguridad de los trabajadores que custodiaban y su propia
integridad.”
La información emanada desde la comunidad señala
que dos mujeres y un hombre resultaron heridos por disparos de perdigones, y un
lactante sufrió asfixia por el gas lacrimógeno luego de esa incursión de
Fuerzas Especiales y el GOPE realizada con extrema violencia al interior de la
comunidad. Los nombres y edades de los heridos en esa oportunidad fueron: Marta
Toro Ñanco (19 años), herida entre abdomen y cintura; Martin Toro Ñanco (35
años), herido en el lado derecho de la cara, Nancy Calabrano Torres, herida en
los senos, y un niño con asfixia por gases lacrimógenos. La fuerza policial
disparó sin mediar provocación alguna, denunciaron los comuneros. El werken de la comunidad, Daniel Melinao,
denunció que “una mujer (Nancy Calabrano) tuvo que ser
atendida de urgencia en el Hospital de Victoria, producto que le dispararon en
los senos, y se llevaron una guagua de seis meses afectada por una
lacrimógena. Carabineros llegó disparando a las casas”.
La
publicación de imágenes de los allanamientos, realizada por Felipe Durán en
Internet generó una inédita respuesta en redes sociales, impactadas por las
imágenes de violencia de las fuerzas especiales en territorio mapuche. La serie
fotográfica, reproducida en muchos sitios web mapuche y no mapuche
se llama “Militarización Territorio Mapuche - Guerra de Baja Intensidad”,
publicada en http://www.nuestrobiobio.cl/wordpress/2011/11/militarizacion-territorio-mapuche-guerra-de-baja-intensidad/
entre muchos otros sitios web.
La madre baleada
Los
hechos del 2 de noviembre figuran en el recurso de amparo presentado
posteriormente por la comunidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el
patrocinio del abogado Nelson Miranda. A continuación, párrafos marcados del
testimonio de Nancy Calabrano Torres, la madre mapuche que recibió un disparo
en un seno: “El miércoles 2 de noviembre del presente año, alrededor de las 8
de la mañana fui a dejar a mis hijos al paradero que se encuentra en el camino
público Chequenco, como a 80 metros de mi hogar, para esperar el bus que los
lleva al colegio de Pidima. Cuando volvía a mi hogar, escuché disparos y el
entorno de mi casa se llenó de humo. Vi como frente a mi casa se desplazaba por
el camino público, en dirección a Chequenco, un grupo de unos veinte
carabineros, vestidos con ropa militar, con cascos, metralletas y fusiles en
sus manos, tras ellos venían 2 patrullas, 2 furgones, zorrillos y camionetas de
color blanco, rojo, plomo y negro. En las últimas camionetas venían, en la
parte descubierta, carabineros de pie, armados y apuntando hacia las casas. Los
carabineros que venían delante disparaban en dirección a mi casa y lanzaban bombas
lacrimógenas también hacia mi hogar. …En el sector de mi casa hay seis
viviendas, las que fueron afectadas por los disparos y bombas lacrimógenas. Los
hombres habían salido temprano a trabajar y los niños no pudieron ir a
clases…El día jueves 3 de noviembre … vi como carabineros se adentraba en mi
terreno y también que una bomba lacrimógena había estallado en la puerta
abierta de la casa de mi vecina Jennifer, la cual tiene un hijito de pocos
meses de edad. Me acerqué a hablarles a carabineros para decirles que
tuvieran más respeto, que había niños y en la otra casa una guagua. Cuando
estaba como a 5 metros de los carabineros, dentro de mi propiedad, los
carabineros no dejaban de apuntarme y uno de ellos sin decir palabra me disparó
un balín que me hirió en mi seno izquierdo, que comenzó a sangrar. En esos
momentos llegaba mi marido, Juan Martín Toro Ñanco y a él le dispararon un
balín en la pera, el cual lo dio vuelta y lo hizo sangrar profusamente. Al
verme herida mi hija Marta Toro Calabrano corrió a socorrerme, siendo también
baleada, recibiendo un disparo en su cadera derecha. Luego llamamos al SAPU el
que nos llevó hasta el hospital de Collipulli. Cuando llegamos el médico estaba
muy preocupado y me dijo que me iban a enviar al hospital de Angol para que me
tomaran una radiografía, pero lo llamaron unos carabineros y cuando volvió la
atención ya no era la misma…. nos envió para la casa... Fuimos al consultorio
de Ercilla donde un paramédico atendió a la guagua y al verme sangrar de mi
herida me envió al hospital de Victoria para que me tomaran una
radiografía…Hasta el día de hoy, la familia en su conjunto y todos los vecinos
del sector nos encontramos atemorizados, y los niños no han podido superar el
miedo. “
El
recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco el 21 de diciembre de
2011, ordenando a Carabineros abstenerse
de usar bombas lacrimógenas en los allanamientos. Pero en abril de 2012, la
Corte Suprema, en un fallo dividido emitido justo después de la muerte del
carabinero en Wente Winkul Mapu, revocó esa protección.
Comuneros detenidos
En el operativo policial del 2 de noviembre de 2011 que motivó el
recurso de protección citado, fue detenido el comunero Daniel Levinao Montoya
(18 años) respecto de quien la policía asegura haberle confiscado un revólver
22 en mal estado. El fiscal Luis Chamorro pide ahora para él 12 años de
prisión y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional (una pistola
calibre 22), acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban
vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el
cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y
contra el propio general. Sostiene el fiscal que se trabó la pistola al
momento del disparo. También fue detenido el 2 de noviembre Paulino Levipán
Coyan. El fiscal pide para él 15 años de prisión, y 800 días por porte
ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de los mismos cargos que se le
imputan a Daniel Levinao Montoya. En la versión de la comunidad, sin embargo,
el propio General de Zona habría bajado del helicóptero para agredirlos con
pies y puños cuando ya estaban esposados.
Posteriormente, el 2 de abril de 2012, fue
detenido Bernardo Montoya Melinao y formalizado por homicidio frustrado de
carabinero durante el allanamiento realizado a la comunidad en esa fecha, en
que también –al igual que el 7 de junio- se buscaba a responsables de un
supuesto ataque al agricultor Juan de Dios Fuentes realizado en octubre de
2011. En el allanamiento del 2 de abril resultó muerto el sargento del Grupo de
Operaciones Especiales GOPE Hugo Albornoz, por “fuego amigo” según los
comuneros, y por encapuchados en una emboscada, según la versión oficial.
Montoya fue detenido minutos antes de la muerte del sargento. El caso se
encuentra en etapa de investigación.
Sin
embargo nada garantiza el debido proceso en el juicio contra Daniel Levinao y
Paulino Levipán, ya que las irregularidades comenzaron el día de la preparación
del juicio oral de ambos. El juez Javier Bascur impidió la adecuada defensa de
los comuneros negándose a esperar al abogado defensor, Lorenzo
Morales, defensor de Daniel Levinao. Bascur pretendió imponer un abogado a
Levinao, lo que fue rechazado por éste por carecer de antecedentes previos en
el caso y de confianza. Ambos comuneros se levantaron de la audiencia como
medida de protesta por esta agresión a su derecho a la defensa. Bascur
continuó adelante pese a que el otro abogado defensor, Nelson Miranda, dejó
planteado un incidente de nulidad por afectar gravemente el derecho a la
defensa de ambos imputados.
Como
parte de la preparación de un ambiente anti mapuche previo al juicio, el 14 de
noviembre los medios de prensa locales recibieron como “noticia” el lanzamiento
de un blog anónimo en el que se publicaban fotos que se decía eran de comuneros
mapuche armados, las cuales formaban parte de la carpeta de investigación de la
fiscalía, es decir se filtraron desde allí. Ello fue denunciado penalmente por
el abogado Miranda que solicitó que la causa sea asumida por otro fiscal y periciada
por la PDI, en lugar del servicio de carabineros que elaboró el informe tan
convenientemente filtrado.
El fiscal Luis Chamorro juez y
parte en investigación
En
abril de 2012 el fiscal regional de La Araucanía Francisco Ljubetic confirmó
que el fiscal adjunto de Collipulli, Luis Chamorro, conduciría como Fiscal
preferente la investigación relativa a los hechos sucedidos el 2 de abril de
2012 en la comunidad Wente Winkul Mapu durante un allanamiento que culminó con
la muerte del carabinero Albornoz.
Ante
las declaraciones recogidas en terreno, y las contradictorias versiones
de la policía y carabineros, organismos de Derechos Humanos habían solicitado
imparcialidad en la investigación por la muerte del Sargento 2º Hugo Albornoz
Albornoz. Los testimonios recogidos por ellos apuntan a que el deceso del
sargento se produjo por ‘fuego amigo’, un disparo proveniente de otro
funcionario de Carabineros, cayendo mal herido en el patio de una de las
viviendas allanadas y no en un camino público a 5 kilómetros de la comunidad
ni en una emboscada como sostuvo la versión oficial.
Pedro Mariman, encargado de
Asuntos Indígenas del Observatorio Ciudadano agregó en la oportunidad que el
fiscal especial, Luis Chamorro, recogió evidencias en el lugar: “Inmediatamente
vuelve otro contingente acompañado en este caso por el fiscal, Luis Chamorro.
Vuelven expresamente a recoger las vainas y los cartuchos que quedaron en el
sitio del suceso, para lo cual además habrían traído un detector de metales”.
Víctor Maturana, Presidente del Centro de Promoción e Información de los
Derechos Humanos, expresó a su vez. “Resulta preocupante la acción de la
policía, por cuanto eso es derechamente alterar el sitio del suceso. Hacemos
presente nuestra inquietud y preocupación porque es el fiscal Chamorro quien
lleva adelante la investigación de este hecho, en circunstancias que es él
quien participa directamente en los hechos, porque él conduce la diligencia”.
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Nota: Este artículo forma parte del “Informe sobre
el uso de Fuerzas Especiales en territorio mapuche, y desarrollo de la
estrategia de criminalización de comunidades que luchan por la defensa y/o
recuperación de su territorio” que la Comisión Etica Contra la Tortura dará a
conocer el próximo 26 de Junio, en un acto de conmemoración del Día
Internacional Contra la Tortura a realizarse en la Universidad Alberto Hurtado.
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