Hoy 4 de junio hemos recurrido de amparo por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia contra el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). Con fecha 18 de mayo, Francisco Venegas, Director de esta repartición estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, ha denegado nuestra petición de información acerca de los lugares precisos en que se localizan los cultivos transgénicos en Chile, los cuales afectan los intereses de agricultores orgánicos y convencionales, trabajadores expuestos, comunidades vecinas y consumidores. La petición fue hecha por María Elena Rozas, Coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, en representación de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa, CIAL. Se basa en el derecho a saber garantizado por ley, además de los principios de relevancia, control, y no discriminación en esta materia de interés público, mencionados en el reglamento de dicha ley.
Francisco Venegas desechó nuestro derecho a saber, optando por resguardar los intereses de las empresas dueñas de estos cultivos, que él consideró a priori podían verse afectados. Nos encontramos por tanto en un caso de claro conflicto de intereses entre los derechos de los ciudadanos y las presiones de los exportadores de semilla transgénicas, entre ellos la transnacional Monsanto y sus socios chilenos, cuya producción de semillas se exporta a estas y otras corporaciones. Esta colisión debe ser zanjada a favor de los ciudadanos peticionantes por este organismo encargado de velar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Transparencia, impidiendo que el SAG continúe con las prácticas de secretismo que han caracterizado su gestión y evitando que todo siga igual respecto de la información de estos actos administrativos del Estado que tienen consecuencias ambientales, sociales y en la salud de las personas.
El SAG no consideró en su respuesta los derechos de las personas afectadas, en especial de los agricultores ubicados en las cercanías de los predios con cultivos transgénicos, ya que sus propias siembras orgánicas o convencionales pueden ser contaminadas por estos cultivos o afectadas por el uso intensivo de plaguicidas asociado a los cultivos transgénicos. Se desconocen las medidas de fiscalización y normas sobre franjas de seguridad aplicadas caso a caso por el SAG. Nuestra preocupación se basa además en que en Brasil y Paraguay los cultivos transgénicos se liberaron al ambiente como parte de una política ilegal de hechos consumados, propiciada por la transnacional Monsanto y amparada en la permisividad de los gobiernos. Es imperativo evitar que ello se repita en Chile debido a la falta de fiscalización e información existentes, que impiden cualquier posibilidad de control ciudadano de posibles prácticas ilegales y/o de la contaminación de los cultivos orgánicos y convencionales.
Las empresas dueñas de estos cultivos, notificadas por el SAG, se han opuesto a la entrega de estos datos, argumentado razones de seguridad que no fundamentan, y han defendido su derecho al resguardo de supuestos antecedentes científicos no requeridos en esta petición de información, que sólo se refiere a la ubicación exacta de los llamados "eventos" transgénicos autorizados por el SAG. Sostienen que la información de las autorizaciones que les han sido conferidas por el SAG es confidencial, sobre la base del artículo 14 de la Resolución Exenta 1523 (julio de 2001) sobre Organismos Vivos Modificados (OVMs) de esa repartición, que no se encuentra vigente en la actualidad. También recuerdan un fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago frente a un pedido similar. Ese fallo se dictó el año 2002 cuando no se había hecho aún la Reforma del artículo 8 de la Constitución sobre el derecho a la publicidad de los actos del Estado –actualmente vigente- y tampoco existía la Ley de Transparencia.
Fundamentos
Hemos explicitado en la solicitud los fundamentos ambientales, sociales y económicos que nos mueven. Esta información es clave para quienes desarrollan en todo el país la agricultura orgánica, que se considera amenazada por la posible contaminación genética de carácter horizontal proveniente de dichos cultivos, y también la exportación de semillas provenientes de la agricultura convencional. Asimismo el alto consumo de herbicidas e insecticidas ligado a estos cultivos afecta la biodiversidad, el desarrollo de la agricultura orgánica, de la apicultura y la salud de comunidades vecinas, temporeras (os), pequeños propietarios y consumidores. Esto implica que las exportaciones de semillas, miel, alimentos envasados, productos pecuarios y el conjunto de la producción agropecuaria orgánica quedan en riesgo de contaminación. En su respuesta el SAG ha entregado antecedentes de la temporada 2008-2009, según los cuales en el país hay 30.420,84 hectáreas de cultivos transgénicos, una cantidad casi idéntica a la superficie de cultivos orgánicos, que representa un aumento del 24,3%, con 5.956 hectáreas más que en la temporada anterior. Del total de especies transgénicas informado, 25.465 corresponden a maíz y más de 5.956 a soya. Entre las hortalizas alteradas genéticamente están el tomate, una especie de la que Chile se considera centro de origen; la remolacha, la uva y el zapallo.
Recientemente, otra repartición del Estado, la Oficina de Planificación Agrícola ODEPA, ha dado a conocer las cifras de cultivos orgánicos en Chile, que son para la temporada 2007-2008 alrededor de 30.000 hectáreas, una superficie casi idéntica a la que hoy ocupan los transgénicos. Pero la velocidad de expansión de los cultivos transgénicos es muy superior a la de los cultivos agroecológicos, ya que los primeros cuentan con todo el apoyo del aparato del Estado, en cambio la agroecología sólo excepcionalmente consigue asesorías relacionadas con la certificación requerida por Ley.
Transparencia en la Unión Europea
Chile está postulando a ser miembro de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, el llamado “club de los países ricos”, cuyos miembros tienen que cumplir, entre otros, con determinados requisitos de transparencia. La resolución que adopte el Consejo para la Transparencia será un antecedente valioso en esta materia. Recientemente el Tribunal Superior de la Unión Europea, la corte de justicia de esa entidad, ha fallado que el público debe tener acceso a la información sobre ubicación de los cultivos transgénicos, estableciendo que “la información sobre la ubicación del cultivo no puede en ningún caso mantenerse en secreto”. El fallo se dio a conocer el 17 de febrero de 2009 y responde a una petición formulada el 2004 por el ciudadano francés Pierre Azelvandre, agricultor de Alsacia.
En Chile, la solicitud al SAG y la reclamación de amparo ante el Consejo de Transparencia ha sido firmada por María Elena Rozas, Coordinadora Nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, en representación de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa, CIAL.
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Mayores informaciones:
Fonos: 02- 3416742 (RAP-AL)
02- 2745713 (OLCA)
02- 6720019 (ANAMURI)
Avenida Providencia 365, oficina 41, Santiago de Chile
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