Por Lucía Sepúlveda Ruiz
En los mismos días aciagos de junio en que con la venia de
la Corte Suprema volvían a las calles cinco
criminales de lesa humanidad, la Corte
de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro
Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto
Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977. El padre de mi hija Eva
María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la
lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de
Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue
presentado en los medios como un enfrentamiento.
Mi hija Eva María Carmona
y yo, recibimos la sentencia con
sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las
condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff,
Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata,
aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI. No nos sentimos con ánimo de celebrar nada,
pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo
judicial.
Habíamos esperado un
año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto
Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por
ningún crimen. Y el más importante
procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este
asesinato, suicidándose. En la historia sin fin de espera por justicia, la
Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas
que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la
justicia. Estas decisiones impresentables
no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con
que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche; por los escándalos de la corrupción, los desastres ambientales y el clamor de
territorios devastados por el extractivismo.
Cuando conozcamos el
fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían
acogerse a los llamados “beneficios carcelarios”. ¿Cómo celebrar ahora, cuando
el poder corrompe al extremo de generar
alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría? Es el nuevo truco con el que la Corte
Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por
la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la
jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic), y las fuerzas armadas están imponiendo con
sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca
Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos
humanos.
El 15 de junio, el
abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el
“terrorismo”. Los genocidas no se
arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el
Hospital Militar, ni cárcel especial ni pensión millonaria y costosos abogados. Quienes
aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema
carcelario. Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los
victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el “perdón” como si este
se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y
condiciones similares.
¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante
39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas,
Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia
paterna y la indiferencia del Estado. Hoy
la impunidad se cuela mostrando la falsedad de la petición de perdón farfullada una vez por
algún juez. El movimiento de derechos
humanos atajó los más diversos proyectos
de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia.
Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia
ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a
firmar a una comisaría. A diciembre de
2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que
cumplían prisión.
Es paradojal que en Estados Unidos un fallo
responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en
Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados
y desaparecidos.
Exigimos justicia, por
“el Pelao Carmona” y por todos los caídos, pero también por las nuevas generaciones que luchan por un
Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos
sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales
de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de
los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad
que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no
ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.
(columna publicada en Punto Final Nº 855 el 8 de julio con el título "Augusto Carmona demanda justicia")
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