Una ley corta, de artículo único transitorio, vigente hasta la promulgación posterior de un nuevo cuerpo legal que reforme la actual legislación antiterrorista, es la salida a la huelga de hambre. Este es el análisis postulado por defensores de los presos políticos mapuche, al ver ya en la antesala de la agonía a sus defendidos. El artículo transitorio debería establecer que las conductas por las que se juzga a comuneros de la octava y novena región y en las cuales se utiliza la ley antiterrorista, sean juzgadas de acuerdo a la ley común, para los casos comprendidos en el período que va de los años 2005 a 2010 las cuales no serán considerados como delitos terroristas. La ley corta debiera aprobarse antes del 4 de octubre para que pueda aplicarse en los juicios en curso. Es el gobierno el que debe dar el paso en ese sentido, pues la oposición ya se mostró dispuesta a hacerlo. En cambio, el proyecto de que acaba de ser despachado por el senado, no tiene relevancia alguna para la huelga de hambre, reiteran las fuentes vinculadas a los procesos, y una modificación de fondo a la legislación antiterrorista debería encararse con otros tiempos que posibiliten un amplio debate.
La rápida promulgación de una ley corta, en cambio, daría respuesta a la demanda más importante de los comuneros, dejando al parlamento y el gobierno la tarea de fondo respecto de una modificación de la legislación antiterrorista acorde a los estándares internacionales. Porque la campaña comunicacional del gobierno no logra revertir lo central: que la huelga continúa y la situación se agrava minuto a minuto; que el apoyo ciudadano crece y que lejos de estar aislados del resto de su pueblo, los presos políticos mapuche en huelga han movilizado a los mapuche de territorios que van mucho más allá de las comunidades en conflicto, incorporando territorios y organizaciones que habitualmente no se movilizan en formas radicales.
La llegada a Santiago de madres de los huelguistas de hambre, la presencia de dirigentes indígenas latinoamericanos de visita en Chile, la solidaridad de los estudiantes secundarios y universitarios, la declaración del Presidente de la Corte Suprema respecto del carácter no democrático de la ley antiterrorista, y la creciente protesta a nivel internacional operan como datos de la causa a favor de una salida inmediata. Los malentendidos entre voceros, elevados a la categoría de división no tienen la trascendencia que les dan los medios, como se verá en las próximas horas.
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