Con huelga de hambre presos políticos mapuche exigen a Piñera el fin de la ley antiterrorista

El lunes 12 de julio más de una veintena de presos políticos mapuche encarcelados en Concepción y Temuco, comenzaron una huelga de hambre líquida, emplazando al gobierno del Presidente Sebastián Piñera a abordar su situación, "tal como lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia Cubana", tema que ha ocupado grandes espacios en la prensa chilena.

Siete de los presos en la cárcel El Manzano de Concepción están siendo juzgados simultáneamente por la justicia civil y la militar, en clara vulneración de sus derechos. Su decisión es un llamado a visibilizar los montajes de los que han sido objeto, según acusan, a través de los fiscales y la policía con la colaboración de la prensa. Alegan que se les ha condenado en forma anticipada a través de los medios, que los sindican como terroristas aunque ninguno de ellos ha estado involucrado en hechos de sangre. Todos los imputados han participado en acciones ligadas a recuperación de tierras ancestrales.

Existe un total de 57 presos políticos mapuche en la actualidad (incluyendo 2 mujeres y 2 menores de edad), repartidos en cárceles ubicadas en Concepción (El Manzano), Lebu, Los Angeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el Centro de Reclusión de Menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 96, según el informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

Demandas de los huelguistas

Las demandas de los presos en Concepción y Temuco se centran en el fin de la ley antiterrorista creada por Pinochet y de la justicia militar, ambas legislaciones utilizadas hoy contra los mapuche; libertad a todos los presos políticos mapuche encarcelados a lo largo de Chile y derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, sin tortura ni extorsión. Se manifiestan finalmente por la desmilitarización de las comunidades y zonas mapuche constantemente allanadas por reivindicar derechos políticos y territoriales.

Por la utilización de la justicia militar, Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Caso Palamara), en tanto que organismos dependientes de Naciones Unidas han representado al gobierno chileno en diversas oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislación antiterrorista a la lucha social. Los informes de los relatores especiales han sido claros al respecto, pero el Estado chileno hasta ahora no cumple las recomendaciones formuladas por esas instancias.

Jueza Roa y abogado Schneider
Desde Temuco, a las demandas ya citadas, los presos políticos agregan en un comunicado público que exigen la inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro, doña Haydee Roa, "por sus conocidos compromisos con el poder político y latifundistas de la zona que la llevan a cometer arbitrariedades". Los prisioneros denuncian que la magistrado "persiste en su actuar injusto y racista" pese a haber sido amonestada de oficio por la corte de Apelaciones de Temuco.

También postulan la inhabilidad del abogado querellante de la intendencia, Alexander Schneider Oyanedel, por actuar simultáneamente como defensor público y como querellante en el atentado al fundo San Leandro de Lautaro, uno de los hechos de los que se acusa a los imputados.

Ellos demandan asimismo "el encarcelamiento inmediato de los testigos protegidos", por estar confesos de delitos investigados por la fiscalía. Los presos políticos llaman "a nuestro pueblo Mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos originarios y oprimidos del mundo" a solidarizar con sus reivindicaciones.

En Cañete
53 testigos sin rostro se preparaban para declarar contra los prisioneros políticos en el juicio a realizarse en Cañete, ligado al proceso de recuperación territorial de Puerto Choque, varias veces diferido (la última fecha conocida era junio) lo que mantiene en prisión por cerca de dos años a algunos de los imputados. La Corte de Apelaciones de Concepción había confirmado recientemente a John Landeros Salgado como el juez encargado de la preparación del juicio oral, considerado un “mega juicio” por la cantidad de imputados (23 en total) y la gravedad de las penas solicitadas. En ese juicio los abogados defensores se aprestan a exigir la entrega de los nombres de los testigos protegidos que inculpan a sus defendidos.

Estos comuneros enfrentan posibles condenas que van de los 103 a los 30 años de cárcel. Hay diversos precedentes anteriores en que luchadores sociales mapuche han sido condenados a través de testimonios de testigos sin rostro, aunque existen también algunas excepciones recientes en que los jueces se han negado a considerar como válidas ese tipo de declaraciones y pruebas. El werkén (mensajero) de la comunidad Newen Mapu, José Pedro Millacheo, acusado de incendiar un camión forestal en el sector rural de San Ramón, localidad de Pidima, fue absuelto el 7 de julio en un juicio oral en Angol, luego de dos años de persecución que incluyeron un período de clandestinidad y en total, casi un año de prisión. El tribunal desestimó la prueba rendida por un testigo protegido.

En declaración pública, por su parte, los familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Manzano (Concepción) sostuvieron: “Denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalece en este país…. nuestros familiares están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos de los latifundistas, de los dueños de las compañías hidroeléctricas, mineras y forestales, lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.” Previo a la huelga de hambre, los familiares habían solicitado la presencia de observadores que contribuyeran a trasparentar esta última etapa del proceso judicial y a lograr “estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche igualdad de condiciones ante la ley frente a un sistema que los propios chilenos nos han impuesto” .