Tortura y montajes policiales: el caso de Elena Varela

La defensa de la documentalista Elena Varela (en la foto, tomada por Silvia Quiroga cuando la entrevisté en agosto de 2008), estará en manos del ex juez Juan Guzmán, del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, quien la llevará a cabo en forma independiente de esa casa de estudios. En junio de 2008, Guzmán integró asimismo el equipo de la exitosa defensa de Héctor Llaitul y Roberto Painemil, el cual logró desbaratar otro montaje policial. Ese juicio en Temuco concluyó con la absolución de los dos mapuche acusados de haber realizado un atentado incendiario. Toda la acusación se basaba en una declaración inculpatoria que había sido obtenida bajo tortura. La Corte de Apelaciones de esa ciudad de la Región de la Araucanía confirmó posteriormente la sentencia absolutoria, ya que la fiscalía había solicitado la anulación del juicio.

Prácticas de la ANI
En este caso, Elena Varela y Kenny Sánchez –para quienes el Fiscal pide respectivamente 15 y 20 años de cárcel - también han denunciado que se ha utilizado la tortura como medio de obtención de declaraciones, que son consideradas “confesiones” por la Fiscalía. En octubre de 2008, desde la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, Kenny Sánchez acusó al Fiscal Jordán –en una carta pública dirigida a los organismos de derechos humanos- de ser cómplice de esas prácticas desarrolladas por funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI.. Sánchez denuncia: “El día que el fiscal Servando Pérez, citó a declarar a Sergio Reyes, se produjo una nueva situación anómala, por decir lo menos, dado que el interrogatorio fue dirigido por dos miembros de la ANI que no se identificaron, hecho que se produjo en presencia del fiscal y del abogado de la Defensoría Penal Pública, de nombre Cristian Godoy”.

Las denuncias de los detenidos no han sido acogidas por la justicia. El 4 de julio de 2008 la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa de la cineasta Elena Varela que alegaba procedimientos irregulares en su detención y formalización. Esa actuación de la Suprema fue fiel a sus prácticas de tiempos de dictadura y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el patrocinio de destacadas personalidades del mundo de la cultura, de académicos y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La CIDH abrió una investigación a partir de esta denuncia.

En la acusación presentada ahora por el fiscal Servando Jordán no falta nada: se alude al MIR como una organización terrorista, se vincula a los detenidos con el ELN de Colombia y también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El fiscal ha pedido 15 años de presidio para la documentalista de “Newen Mapu Che” y de “Los Sueños del Comandante”, a quien acusa como autora intelectual de un asalto a una oficina del Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí y del robo a una sucursal del Banco de Estado de Loncoche. La audiencia de preparación del juicio se realizaría el 17 de marzo. Según ha informado la prensa, la acusación sostiene que el dinero se destinaba a “financiar la defensa de Mauricio Hernández Norambuena”, ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, encarcelado en Brasil. Agregan que además Elena Varela tendría vínculos con comunidades mapuche para financiar guerrillas, lo que será investigado por los fiscales de la zona sur, donde ella filmó el documental requisado en su detención y que aún permanece en poder de la policía, que sólo ha ofrecido devolver una mínima parte de las grabaciones.

Grupos de los años 90
Se acusa asimismo a Elena Varela de pertenecer a una organización denominada Ejército Guerrillero del Pueblo, formada por ex miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que actuaron a comienzos de los años 90 y fueron duramente reprimidos en la época de la “Oficina”, un engendro de seguridad dependiente del Ministerio del Interior, dedicado a infiltrar y desbaratar a cualquier precio organizaciones políticas consideradas como un peligro para la democracia. En esos años (1993) nació también la primera Cárcel de Alta Seguridad, la CAS de Santiago, donde fueron recluidos (1995) los 82 nuevos presos políticos de la transición. Un informe de CODEPU citado por el historiador y ex preso político de entonces, Pedro Rosas, da cuenta de 140 casos de tortura y 96 muertes en procedimientos policiales de carácter “antiterrorista”. En su obra “Derechos Humanos en la Transición” (Editorial Ayun, 2004), Rosas sostiene: “El tratamiento dado a estos prisioneros se extiende hoy a los presos políticos mapuche y los instrumentos legales empleados contra ellos hasta hoy, son una espada que pende sobre la cabeza de todos los movimientos reivindicativos y sociales populares. Sólo basta para ello estigmatizarlos y criminalizarlos. El “antiterrorismo” es hoy la justificación perfecta que ahuyenta toda solidaridad y permite toda suerte de arbitrariedad”.

La detención de Elena Varela tuvo lugar el miércoles 7 de mayo, mientras trabajaba en su documental “Newen Mapu Che”, en su casa de Licanray. Al mismo tiempo, en Ercilla era arrestada la integrante del Consejo Regional de Arte y directora comunal de Cultura de la Municipalidad de Ercilla (territorio mapuche), Kenny Sánchez y su pareja Flor Domínguez Rosas., al igual que Leticia Cárdenas, Sergio Reyes Matus (trabajador de Mininco, detenido en Temuco) y Jorge Pineda Arriagada, chofer de colectivo en Villarrica, aprehendidos asimismo en el operativo. El fiscal sólo perseveró en tres acusaciones: contra la cineasta, contra Kenny Sánchez y Sergio Reyes, reconociendo que en los casos restantes no cuenta con pruebas. Sin embargo todos ellos sufrieron cárcel y estigmatización pública en los días posteriores a su detención. El tipo de pruebas exhibidas en esos días –por ejemplo banderas del MIR y armamento de fantasía utilizado en los documentales – y la incautación de las entrevistas realizadas a dirigentes mapuche por la documentalista fueron algunos de los elementos que llevaron a la Asociación de Documentalistas de Chile ADOC a entregar su total respaldo a Elena Varela y calificar las acusaciones como un montaje policial, generándose así una poderosa campaña por la libertad de la documentalista. Meses atrás la cineasta visitó Buenos Aires recibiendo también todo el apoyo de los documentalistas del país vecino.