El pequeño pero poderoso e influyente grupo político-empresarial de la papelera CELCO dio esta quincena otro zarpazo a las economías regionales, la soberanía alimentaria costera y a la gobernabilidad y democracia chilena al obtener una franja completa de pedimentos mineros que va desde su factoría de celulosa en San José de la Mariquina hasta la costa valdiviana. Su objetivo, es asegurarse todo el trayecto para instalar su ducto de residuos industriales protegido por una cuestionable Ley Minera que tiene rango constitucional y está por sobre varias otras leyes e incluso por sobre los conceptos de propiedad privada.
A pesar que esta estrategia de CELCO, compañía dirigida por José Tomás Guzmán, había sido evidenciada hace años, este mes la Celulosa inscribió a todo el territorio de Mehuin como pedimento minero a su favor.
La estrategia minero-forestal se ejecuta mientras partidarios de esta empresa, a los cuales se les impuso un millonario contrato para facilitar la instalación del ducto industrial, han violentado la tranquilidad de la comunidad costera y el Estado de Derecho. Muchos de ellos ahora son investigados por orden de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Las nuevas solicitudes de la Papelera, cuyos vicepresidentes son Roberto Angelini y Manuel Enrique Bezanilla, fueron publicadas en el Boletín Minero el 10 de abril pasado.
Un Pedimento Minero, es una solicitud al Estado para explorar la posibilidad de extraer minerales desde cualquier lugar del territorio nacional, no importando que ese terreno pertenezca a otra persona, institución u oficina fiscal. El Estado otorga esta especie de concesión por dos años, con lo cual la persona beneficiada asegura la intervención de ese lugar, además de proteger a esa zona para que no sea solicitada por otros individuos, ni para que ese terreno sea usado para otra actividad económica.
Lo curioso de esta ley es que el dueño del terreno, debe obligatoriamente facilitarlo en servidumbre, a quién ha solicitado el pedimento minero, con lo cual queda cuestionado el concepto de propiedad privada.
La ruta del ducto de CELCO pasará por el centro de la Región de Los Ríos donde por siglos habitan comunidades Lafkenche del Pueblo Mapuche, que por siempre han reclamado esas zonas como históricos territorios de uso consuetudinario.
En anticipación de la oposición de las comunidades indígenas, CELCO solicitó pedimentos mineros en toda una franja de cerca de 70 kilómetros de largo. Ahora que las ha obtenido, la Ley Minera le da el derecho de acceso privilegiado a estas zonas, y prohíbe que ese terreno sea usado para otra actividad económica, cultural o de infrastructura.
Los recientes y/o ancestrales dueños del terreno, entonces, deben obligatoriamente facilitar las actividades de las personas que tienen estos derechos, es decir a esta compañía en cuyo directorio figuran Jorge Anduela, Jorge Bunster, Carlos Croxatto, Alberto Etchegaray, Eduardo Navarro y Timothy C. Purcell.
Diversos empresarios solicitan "pedimentos mineros", para asegurar los terrenos donde realizaran alguna actividad económica, no importando que esta sea minera o no. Cuando obtienen el "pedimento minero", bloquean la instalación de cualquier otra actividad que intenten instalarse en ese lugar.
Fuente: Ecoceanos News http://www.ecoceanos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=6137&Itemid=5
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