Corte Suprema e igualdad ante la ley Penas remitidas para criminales y ¿nulidad del juicio a mapuche?

El ministro Hugo Dolmetsch, integrante de la segunda sala que decidirá sobre la nulidad del juicio a los comuneros mapuche.

Con la esperanza y el apoyo del pueblo mapuche y de una parte de la sociedad chilena como único alimento, los cuatro prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días, esperan que llegue el 3 de junio. La Corte Suprema informó que ese día dará a conocer el fallo sobre la petición de nulidad del viciado juicio que los condenó a penas de 25 y 20 años. “Si los condenan, nos condenan a todos”, expresan sus familiares. También la Corte se condenaría a sí misma, y evidenciaría incumplimiento de la igualdad ante la ley, a la luz de otros fallos anteriores dictados por esta sala que posibilitaron la libertad para culpables de delitos de lesa humanidad.

Los alegatos terminaron el 16 de mayo, abriendo paso a una prolongada deliberación de los jueces. La huelga de hambre no ha sido para ellos un factor a considerar respecto del plazo fijado para la entrega de la decisión. Los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmetsch y Guillermo Silva, junto a los abogados integrantes Benito Mauriz y Jorge Lagos están analizando los argumentos presentados por los abogados defensores de los líderes mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, que fundamentan la petición de un nuevo juicio para estos condenados de la tierra, sentenciados por delitos no consumados, en el marco del proceso de recuperación de tierras ancestrales y con procedimientos sólo permitidos por la legislación antiterrorista. La defensora penal pública, Paula Vial, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional y Juan Pablo Letelier, vicepresidente del Senado, han expresado su convicción de que el juicio llevado adelante en Cañete debe ser anulado por la Corte Suprema por no cumplir con las normas del debido proceso, mientras el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su abogado, exige la ratificación de las condenas ignorando los compromisos contraídos en la mesa de diálogo el año pasado, que tuvieron como garante a quien ahora ostenta la máxima jerarquía en la iglesia chilena, monseñor Ezzatti.

Historial de la segunda sala
Esta sala de la Corte ha fallado en los últimos 5 años causas por delitos de lesa humanidad, aplicando mayoritariamente criterios de “clemencia” a través de la media prescripción, posibilitando la libertad para violadores de los derechos humanos en lo que ha llegado a conocerse informalmente como la “doctrina Dolmetsch” que supuestamente beneficia a quienes colaboran con la justicia. Ello ha sido severamente criticado por organismos de derechos humanos.
En octubre de 2010, el Presidente Milton Juica llevó adelante un seminario sobre Igualdad y no discriminación que incluyó un panel sobre igualdad y pueblos indígenas. El día 3 de junio quedará en claro si esta capacitación tuvo efectos reales y los ministros de corte aplican un criterio similar en el juicio de Cañete, en que ni siquiera hay hechos de sangre involucrados. ¿Serán capaces los jueces de darle a los cuatro comuneros en total 105 años de cárcel por intentar atentar contra la autoridad, en circunstancias que han dejado en libertad a muchos ex miembros de la CNI y la DINA que cometieron crímenes de lesa humanidad? Existe un historial de sentencias con penas mínimas firmadas por integrantes de la Segunda Sala, en casos no considerados emblemáticos, que beneficiaron a ex uniformados culpables de crímenes como desapariciones y ejecuciones. Las sentencias originales de jueces como el Ministro Alejandro Solís, que investigaron las causas, ratificadas por la Corte de Apelaciones fueron rebajadas considerablemente.

Criminales en libertad
Así fue como el coronel retirado Hugo Guerra y el civil Luis García, responsables de la desaparición de 15 campesinos del complejo maderero Panguipulli (cerca del lago Neltume, en la actual Región de los Lagos) quedaron libres, con pena remitida. Los máximos jefes de la DINA recibieron también pena remitida por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó (1974). Los cuatro carabineros que hicieron desaparecer en Temuco a José San Martín (septiembre 1973), entre otros criminales, fueron amnistiados por esta sala, con una composición diferente a la que tendrá en esta oportunidad. Los asesinos de Gastón Vidaurrazga Manríquez y Felipe Rivera Gajardo (septiembre 1986, después del fallido atentado a Pinochet) quedaron con penas remitidas. Todos los altos oficiales y subalternos involucrados en la Operación Retiro de Televisores para exhumar cuerpos de desaparecidos y lanzarlos al mar, recibieron sentencias de 270 días. También quedaron en libertad los responsables del homicidio de Fernando Vergara Vargas (1984).

Sin embargo en las cárceles chilenas de Temuco, Angol y Los Angeles, 18 mapuches permanecen en prisión sin haber jamás quitado la vida a nadie, y 44 comuneros están procesados –la mayoría por ley antiterrorista- con medidas cautelares mientras se preparan juicios que buscan llevarlos nuevamente a prisión. No hay reparación ni excusas públicas ni programas especiales de Canal 13 o Televisión Nacional para limpiar el honor de la veintena de presos políticos que fueron absueltos de las acusaciones de terrorismo y de todo delito, después de pasar más de un año en prisión. Así es la justicia en Chile para los mapuche. ¿Acaso puede no saberlo la Corte Suprema?

Duro emplazamiento al gobierno de familiares de pp mapuche ante posible desenlace fatal

COMUNICADO PUBLICO
DOMINGO 29 DE MAYO DE 2011
Mayo 27 de 2011

Las(o) Familiares de los PPM en huelga de hambre, comunicamos al Pueblo Mapuche y a la opinión nacional e internacional lo siguiente.

1.- A 75 días de iniciada esta movilización responsabilizamos al Gobierno Chileno de todo daño en la salud de nuestros familiares incluyendo, a esta altura, la posibilidad de un desenlace fatal. Responsabilidad que hacemos extensiva a los otros poderes del estado chileno, al Ministerio Público y la Iglesia Católica, en su calidad de garante, que permitieron que la Ley Antiterrorista se continuara aplicando.

2.- Denunciamos que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, no ha brindado las condiciones para el control y monitoreo del estado de salud de nuestros familiares, a quienes tampoco se les ha realizado exámenes para evaluar su real estado. Contando solo con la voluntad del Dr. Juan Carlos Reinao, a quien se le ha hecho caso omiso a sus advertencias, negándole cumplir su rol como profesional de la salud.

3.- Emplazamos al Gobierno Chileno a señalar cuales fueron las pruebas objetivas que llevaron a sus abogados a la convicción de la culpabilidad de nuestros familiares. Les llamamos a demostrar que ellos NO utilizaron la Ley Antiterrorista, como señala el Ministro Larroulet, y que jamás valoraron el testimonio del testigo secreto N° 26 (ex imputado) y el testimonio de oídas entregado por el funcionario de la PDI Sr. Espinoza, después de haber detenido, secuestrado y torturado, por mas de 16 horas, a nuestro familiar Jonathan Huillical. En un país en que se respetan los derechos humanos son los Sres. López Leiva, Espinoza y Agueda, quienes deberían haber sido condenados, no obstante, todos fueron ascendidos.

4.- Señalamos al Gobierno Chileno como el primer responsable de este conflicto político, en tanto que es el poder ejecutivo quien ha reprimido, militarizado y criminalizado la lucha mapuche, por lo que no pueden venir hoy a lavarse las manos.

5.- Por ultimo, queremos señalar que el objetivo de esta huelga de hambre no termina con la Nulidad del Juicio de Cañete, por la Corte Suprema, si no con el compromiso del Estado Chileno de no seguir aplicando la Ley Antiterrorista a los luchadores Mapuche. Esto pasa porque el Ministerio Publico deje de FORMALIZAR por Ley Antiterrorista y el Gobierno deje de querellarse en contra del Pueblo Mapuche y mantenga la neutralidad que dice tener.


FAMILIARES de los presos políticos mapuche Coordinadora Arauco Malleco de comunidades en conflicto CAM

Comida chatarra y huelga de hambre en Angol

¿Cuál es la dieta alimentaria que un mapuche preso político debe seguir para conseguir que la justicia y la sociedad lo escuchen en Chile? ¿Cuál es el peso adecuado al que deben llegar luchadores sociales que defienden su derecho a recuperar tierras ancestrales, hoy en manos de las forestales? La huelga de hambre se ha convertido en la única respuesta frente a la extrema sordera del Estado y la sociedad chilena respecto del conflicto mapuche-Estado-forestales, como ha quedado claro en los últimos meses y años.
Mientras en Santiago el Senado se ve obligado a discutir sobre la obesidad que afecta a nuestros niños y a los chilenos (as) en general, fenómeno ligado directamente al marketing de las grandes empresas nacionales y transnacionales de la alimentación, en el sur de Chile, en la cárcel de Angol, cuatro luchadores sociales mapuche en huelga de hambre líquida, perdieron en 30 días más de 10 kilos cada uno. Pero eso no es suficiente para que pase nada en relación a sus demandas. En la capital, el lobby de Nestlé y la SOFOFA una vez más entra en acción. El ministro de Salud Jaime Mañalich asume la defensa de la comida chatarra y considera una falta de respeto que diputados le representen que está subido de peso. Mientras los mapuche siguen bajando de peso, Alejandro Peña, un fiscal del ministerio público que aprendió la metodología usada en el sur contra los mapuche y la aplicó en Santiago para “resolver” el caso bombas, prefirió pasar a trabajar directamente en el Ministerio del Interior y evitarse el costo de que su montaje fuera desbaratado en un juicio oral.

Nulidad del juicio oral
Los familiares de los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo se proponen ir a hablar con Milton Juica, presidente de la Corte Suprema para fundamentar la petición de nulidad del juicio oral realizado en Cañete que culminó con sentencias que suman 85 años de prisión. Los abogados de la defensa ya presentaron el recurso que apunta a la realización de un nuevo juicio, ahora ajustado a las normas del debido proceso. Es el único camino legal ante una sentencia avalada por los jueces Jorge Díaz y Carlos Muñoz, considerados prevaricadores por observadores internacionales, y cuestionados por la Defensora Penal Pública, Paula Vial, por haber utilizado como pruebas declaraciones obtenidas bajo tortura o emitidas por testigos secretos no contemplados en la legislación chilena. En Cañete, la jueza Paola Schisiano emitió el voto de minoría en el aberrante fallo que condenó a los cuatro comuneros por intento de homicidio al fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, un episodio que los comuneros caracterizan como una acción colectiva de autodefensa ante un allanamiento hecho por fuerzas policiales y el fiscal en la madrugada. Para la jueza disidente el atentado contra Elgueta fue un homicidio simple frustrado, porque los comuneros no atacaron directamente al fiscal, sino que dispararon a la caravana.
Los argumentos de los familiares
La defensa de los comuneros mapuche sostiene que pese al acuerdo obtenido con el gobierno en la anterior huelga de hambre, que establecía que no se utilizaría en el juicio la ley antiterrorista, el tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada sólo por esta ley, y el abogado que representaba al gobierno estuvo de acuerdo con ello. La defensa fue impedida de contrainterrogar en forma directa a los testigos, que estaban en una sala contigua y declaraban a través de un circuito cerrado de televisión. Las declaraciones de los testigos secretos número 26 y número 8 fueron citadas en la sentencia como base para la convicción de los jueces respecto de la culpabilidad de los imputados.
Otra de las pruebas aceptadas por dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete tiene relación con declaraciones hechas por Jonathan Huillical después de haber sido torturado, citadas de oídas por Alfredo Espinoza ex jefe de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la Policía de Investigaciones de Talcahuano. Esas declaraciones fueron prestadas luego de 16 horas de arresto, sin que Huillical hubiera tenido acceso a un abogado defensor, y sin que se le leyeran sus derechos. El posteriormente se querelló por tortura contra los funcionarios policiales que intervinieron en su detención. Sin embargo la querella fue archivada sin ser investigada en Temuco.

Falsa inhabilidad de investigador
Una nueva irregularidad denunciada es que el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Concepción
José Luis López Leiva, y su adjunto Sergio Agueda, que supuestamente eran las víctimas del intento de homicidio por el que fueron condenados los comuneros mapuche, estuvieron directamente a cargo de la investigación de los hechos, según declararon sus subalternos ante el tribunal. Esos dichos están en abierta contradicción con lo que afirmaban sus superiores respecto de que se habían inhabilitado de la investigación citada. El oficial Espinoza obtuvo un ascenso en su carrera funcionaria, siendo nombrado Jefe de Asuntos Públicos de la PDI en Santiago, después del juicio oral en Cañete.
Juicios paralelos por un mismo delito
Los familiares también hacen notar el hecho de que los cuatro comuneros fueron juzgados al mismo tiempo por la justicia civil y la militar. Ramón Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Ramimán y Héctor Llaitul Carrillanca fueron absueltos en Valdivia por el Tercer Juzgado Militar por los hechos ocurridos el 16 de octubre del 2008, pero el juicio en Cañete siguió adelante, sin considerar los hechos como cosa juzgada. En ese juicio se analizó la misma prueba que en Cañete, ya que el testigo secreto Nº 26 de Cañete era el testigo Nº 1 de Valdivia. Para el tribunal militar, la prueba aportada por el testigo Nº 1 no ameritaba dictar sentencia condenatoria. Para enredar aún más las cosas, esta sentencia absolutoria de Valdivia, está siendo revisada ahora por la Corte de Apelaciones de Concepción, debido a la modificación al código militar que tuvo lugar en diciembre de 2010 y llevó las causas contra civiles a un tribunal civil.
Rigoberta Menchú y Manu Chao
Aunque en Chile la huelga de hambre no ocupa espacios en la prensa, una vez más la solidaridad internacional comienza a manifestarse y se multiplican los pronunciamientos de apoyo a las demandas de juicio justo con un tribunal independiente, competente e imparcial, y sin la aplicación de la Ley Antiterrorista.

En ese sentido se han pronunciado dos premios Nobel, Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel junto a centenares de intelectuales de diversos países del globo. Entre ellos destacan Eduardo Galeano, artistas como Manu Chau y el grupo musical Aterciopelados, y académicos como el sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein, el portugués Boaventura de Sousa Santos, el mexicano Pablo González Casanova, y el brasileño Emir Sader.

El Presidente Piñera que en la negociación con los huelguistas de hambre pareció prestar atención a las demandas mapuche respecto de la ley antiterrorista, en los hechos borró ese acuerdo mediante la actuación del abogado querellante en el proceso. Ha quedado clara la posición del ejecutivo. Ahora las miradas están puestas en la Corte Suprema y la resolución que adopte respecto del recurso planteado por la defensa de los comuneros mapuche, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco CAM.