Por
Lucía Sepúlveda Ruiz
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Agricultor
chileno ganó demanda contra Monsanto y
denuncia daños provocados por
transnacional
Por
Lucía Sepúlveda Ruiz
José
Pizarro Montoya, 38 años, agricultor sin tierra, y ex productor de transgénicos
en la temporada 2009-2010 en Melipilla (RM), es el primer chileno y quizás el
único latinoamericano que le ha ganado una demanda a Monsanto/ANASAC por
incumplimiento del contrato. El intentó revelar su caso en el seminario sobre
transgénicos organizado en Casa Piedra el 22 de enero por el ministro de
Agricultura Luis Mayol. Allí panelistas internacionales y nacionales predicaban
las bondades de los cultivos genéticamente modificados. Pizarro sólo quería
intervenir para decir que no le recomendaba a ningún campesino trabajar para
Monsanto cultivando transgénicos de exportación, porque podía terminar
arruinado igual que él, además de dañar la tierra. En Chile hay aproximadamente
30.000 hectáreas de semilleros de maíz, soya y raps transgénicos de
exportación, comercializados por las transnacionales Monsanto, Pioneer y socios
chilenos agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de
Semillas. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile impulsa una moratoria a
la posible expansión de estos cultivos al mercado interno y una estricta
fiscalización a los semilleros.
En
septiembre de 2013, María Elena Rozas coordinadora de la Red de Acción en
Plaguicidas RAP-Chile y Lucía Sepúlveda conocieron la experiencia de Pizarro y
pudieron observar de primera fuente los resultados de las malas prácticas
ambientales y comerciales de Monsanto/ANASAC en Chile. “El agricultor no sabía
exactamente qué sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en
el contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En el
cultivo tenía que usar obligadamente y en forma intensiva, más de diez plaguicidas dañinos para la salud
y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a recurrir sólo a la Cámara de
Comercio, no podía querellarse en tribunales. El nos explicó que muchos
productores también han tenido problemas con Monsanto, pero no acuden a la
Cámara porque es muy caro”, señala María Elena Rozas.
La
sentencia contra Monsanto
La
sentencia favorable a Pizarro en el juicio de rol 1385-11 caratulado como
Agrícola Pizarro Ltda. con Agrícola Nacional S.A.C, fue dictada por el juez
árbitro de la Cámara de Comercio, Francisco Gazmuri Schleyer. La Corte de
Apelaciones de Santiago la confirmó en septiembre de 2013, rechazando el
recurso de casación y queja presentado
por la empresa. Pero durante los cuatro meses posteriores la demandada se negó
a cumplir el fallo. Por esa razón el agricultor no dio a conocer previamente su
caso. Sólo a fines de diciembre de 2013, Pizarro recibió los 37 millones de
pesos que la Cámara le ordenó pagar a la empresa, sin embargo esa suma no
alcanza a cubrir los daños ocasionados. Los documentos de SAG de Declaración de
Semilleros OVM incorporados en la demanda, identifican la solicitud de
certificación como de ANASAC Chile (Monsanto) y son cuestionados por Pizarro
que acusa complicidad con la empresa.
En
el proceso fue decisivo el peritaje del INIA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), elaborado por el ingeniero agrónomo Gabriel
Saavedra del Real sobre lo ocurrido. También fue determinante la comparecencia
de Levi Manzur, académico de la
Universidad Católica de Valparaíso y destacado
genetista de Los Andes, cuyas
conclusiones fueron en el mismo sentido de la denuncia del demandante.
Pérdidas
millonarias
Pizarro
perdió su casa, su máquina fumigadora, un tractor, y su camioneta. Lo abandonó
su pareja y no tenía cómo recomenzar. Quedó
debiendo 90 millones de pesos al Banco Santander luego de cultivar en Melipilla
maíz transgénico de Monsanto para ANASAC. María Elena Rozas comenta: “Lo
ocurrido a este productor puede servir de ejemplo para centenares de pequeños
productores agrícolas encandilados por promesas de grandes ganancias y trato
justo, por parte de las empresas exportadoras de semillas transgénicas. Pero
eso ocurre sólo al principio. La gran mayoría de los estafados no denuncia y se
hace dependiente de lo que le ofrezca la empresa, que es cada vez menos. Y no
hay muchas alternativas en el campo, no hay políticas públicas ni incentivos
que favorezcan efectivamente la producción agroecológica; eso es lo que debemos
cambiar”.
Pizarro
proviene de una familia de agricultores de Los Andes (Región de Valparaíso), y
trabajaba con su hermano como hortalicero. Para sembrar transgénicos arrendó en
Melipilla 33,07 hectáreas, que son una parte del fundo Rumay del empresario
Manuel Ariztía (de la industria de Pollos Ariztía), para producir maíz
transgénico para ANASAC (Monsanto). El “gran negocio” de los transgénicos ha
sido para Pizarro prácticamente el fin de su vida como agricultor.
Nos
explica: “Yo ahora soy un estudioso de los transgénicos, aprendo a través de
Internet, y además he averiguado sobre Monsanto y su prontuario criminal.”
Cuando tomó conciencia de lo que le había ocurrido, se dirigió a la Agrupación
Ecologista de Aconcagua, organización que forma parte de nuestra campaña Yo No Quiero
Transgénicos en Chile, estableciendo así contacto con RAP-AL Chile para dar a conocer su caso y denunciar a
Monsanto.
Hoy
José Pizarro está en la lista negra de la transnacional, y a su vez, para el
agricultor, Monsanto pasó a la categoría de empresa corrupta, abusadora y
depredadora. “Yo he visto que con el maíz transgénico había ratones muertos a
la vera del camino, después que se comían los choclos”, denuncia.
Indicaciones
erradas para la siembra
En
dos temporadas anteriores Pizarro había obtenido grandes ganancias con el maíz
transgénico y la empresa lo consideraba un excelente productor. Nunca antes él
se preguntó qué riesgos ambientales o comerciales podía correr tratando con
Monsanto. “El año 2009 ellos quisieron hacer un experimento conmigo. Eran 12
agricultores los que estaban sembrando en Chile ese tipo de maíz y sólo a dos
nos hicieron sembrar hileras de hembras (de semilla transgénica) y machos (de
semilla híbrida) en proporción 4:1; los otros productores sembraron en
proporción 4:2. El SAG estaba a cargo de fiscalizar y en mi opinión es cómplice
de la empresa, porque en sus informes anotó que yo había sembrado 4:2, lo que
estaba a la vista que no era así. Según sus informes, pareciera que yo hubiera sembrado con las
mismas instrucciones que les dieron a los demás productores. Pero no, yo sembré
a ciegas, hacía lo que ordenaba la empresa, ni me fijaba en lo que escribía el
certificador del SAG porque el contrato me obligaba a seguir estrictamente sus
instrucciones.”
Quemar
el maíz del vecino
Entre
las instrucciones del SAG está asegurarse que no haya maíz criollo cerca,
porque podría cruzarse con el cultivo transgénico y afectar su multiplicación.
SAG vigila que no se perjudique la siembra de transgénicos, pero al productor convencional no lo protege nadie. Siguiendo las recomendaciones
de Monsanto, Pizarro pidió a un vecino que había plantado maíz, que lo sacara.
Pero se trataba de una persona mayor, que no aceptó porque quería tener sus
propios choclos para humitas en el verano. El productor informó a la empresa y
el agrónomo Francisco Araya Vargas, le ordenó “Tírale Roundup” (el herbicida
que mata cualquier planta que no sea transgénica). Pizarro prefirió cortar de
noche las panojas del maíz del vecino para que no pudieran dar polen y
multiplicarse. Lo cuenta con vergüenza.
Costos
del juicio
ANASAC
Chile /Monsanto a través de su gerente Rodrigo Malagüeño aseguró en el juicio
que ningún multiplicador de maíz transgénico los había demandado anteriormente.
En general sólo las grandes empresas pueden ir a arbitraje a través de la
Cámara de Comercio. Pizarro, que no estaba dispuesto a arruinarse en silencio,
se arriesgó. “De partida tuve que pagar $700.000 para que me atendieran y luego
$4.400.000 para financiar al juez. Puse una demanda por $218.000.000 y el juez
finalmente falló en mi favor pero sólo saqué $37.000.000 que es muchísimo menos
de todo lo que he perdido.”
Explica
Pizarro: “Yo no recibí instrucciones adecuadas para la siembra y por eso la
producción fue mala y la liquidación también. El precio se calcula sobre la
base de la producción del mismo maíz por otros multiplicadores de la región del
Maule, pero ellos recibieron instrucciones diferentes a las que me dieron a mí,
y por eso produjeron mucho más que yo. El produjo 106.780 kg de maíz
pero la producción real, seleccionada en la procesadora de Lo Espejo de acuerdo
a los estándares requeridos por Monsanto, fue sólo de 38.509 kg” .
La
sentencia estableció que la empresa “incumplió una obligación de hacer,
consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en
forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del
fabricante de la semilla Monsanto, cayendo en incumplimiento contractual
negligente”.
La
captación de productores rurales
A
Pizarro lo buscó Monsanto. Llegaron hasta el predio donde él cultivaba
hortalizas en Melipilla y le dijeron que por satélite lo habían ubicado porque
el lugar se prestaba para cultivo de maíz transgénico pues no había otro maíz
convencional cerca. El primer año (2008) le regalaron la semilla transgénica y
el Roundup. Pizarro sólo tuvo que comprar abonos e insecticidas. Incluso le
pagaron el arriendo del predio. El sólo debía cuidar el cultivo. Le ofrecieron
pagarle tres millones de pesos por hectárea. En 2009 también le dieron la
semilla “pero el veneno lo compré yo. Estuve dos días sembrando y a pesar que
yo tenía máquinas la empresa me obligó a sembrar con las de ellos, que son más
nuevas, eso fue un gasto enorme”, explica el productor rural. Ese mismo año
Mosanto compró la división de maíz y soya de ANASAC. Los productores recibieron una nota diciendo que en adelante, debían
seguir las instrucciones de ANASAC Chile, es decir de Monsanto, el nuevo dueño.
Pero para los efectos comerciales y legales, curiosamente Pizarro debió
entenderse con ANASAC SA, cuyo gerente es Rodrigo Malagüeño, una estrategia
para no figurar abiertamente en la querella.
Incumplimiento
de contrato
El
arbitraje de la Cámara de Comercio estableció que ANASAC/Monsanto incumplió su
obligación “consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la
siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones
del fabricante de la semilla Monsanto”, incurriendo en incumplimiento
contractual negligente. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este fallo
y no existen más instancias para este tipo de arbitraje. La sentencia de la
Corte, firmada por Pilar Aguayo, Carlos Carrillo y la abogado integrante
Claudia Schmat, también condenó a ANASAC a pagar los costos de la apelación.
José
Pizarro concluye señalando: “Sólo quiero que otros campesinos no tengan que
pasar por lo que yo viví. Yo nunca más voy a sembrar transgénicos”.
