La Unión Europea negocia tratados de libre comercio
simultáneamente con varios Estados; uno de ellos es Chile. Pero en ese país
sudamericano se protesta contra los perjuicios ambientales que ese pacto puede
traer consigo.
Paltas (aguacates), salmón, vino y cobre. Esos son
algunos de los productos que Chile exporta hacia la Unión Europea. El litio que
se extrae de su suelo, y que es indispensable para la fabricación de
automóviles eléctricos, también es codiciado en el Viejo Continente. El bloque
comunitario es el socio mercantil más importante del país sudamericano, después
de China y Estados Unidos: el 14 por ciento de las exportaciones chilenas se
dirigen hacia la UE; éstas consisten, sobre todo, en materias primas. Por su
parte, el “club de los 28” –del cual está por separarse Gran Bretaña– exporta
ante todo coches, maquinaria, productos electrónicos y químicos hacia Chile. En
2017, las exportaciones europeas hacia esa nación latinoamericana fueron valoradas
en 8.800 millones de euros. A eso se suma que la UE es el principal
inversionista extranjero en territorio chileno.
Una vista
del puerto de Valparaíso.
Ambas partes procuran blindar
e intensificar sus relaciones modernizando el convenio de asociación que ya
habían suscrito en 2003 para convertirlo, de facto, en un tratado de libre
comercio. Sus negociadores se han reunido en dos ocasiones; la tercera cita
tendrá lugar a finales de 2018. Si se consuma, ese será el vigésimo sexto
acuerdo de libre comercio e inversión de Chile; otros –con Brasil, China y
Corea del Sur– podrían ser anunciados en el futuro cercano. “Es importante
ofrecerle resistencia a la presión proteccionista mediante la profundización
del libre comercio. Esta estrategia nos promete mayor bienestar, más puestos de
trabajo y un desarrollo económico sostenible”, asegura Felipe Lopeandía,
principal negociador de Chile de cara a la UE. No obstante, ese pacto de libre
comercio tiene fuertes opositores entre sus compatriotas.
Fuerte resistencia
Mientras los impulsores del libre comercio celebran
la eliminación de barreras arancelarias, la apertura de los mercados de
productos y
Felipe Lopeandía, principal
negociador de Chile de cara
al tratado de libre comercio
con la UE.
las condiciones de inversión, la protección de la
propiedad intelectual y la regulación para la resolución de querellas
comerciales, sus detractores ponen la lupa sobre la letra pequeña y denuncian
que las empresas europeas pueden terminar restringiendo la soberanía chilena
con miras a proteger sus intereses. “Nosotros no queremos volver a tener una
relación neocolonial con Europa”, esgrime Lucía Sepúlveda, portavoz de la asociación
civil Chile Mejor sin TLC. “La UE quiere vendernos su maquinaria para que
nosotros sigamos abasteciéndola con materias primas”, acota, subrayando que ese
tipo de intercambio atenta contra la diversificación de la economía y la
industria chilena.
A Sepúlveda también le preocupa que la protección
del ambiente pueda ser interpretada como una barrera comercial y ser
instrumentalizada para llevar a Chile ante un tribunal de arbitraje
internacional; que la protección de la propiedad intelectual sea un eufemismo
para la privatización del cultivo de semillas en Chile; y que el incremento de
la inversión europea en el sector energético nacional agrave ciertos problemas
en lugar de solucionarlos. Uno de ellos es la frecuente aprobación de grandes
proyectos de empresas extranjeras en Chile sin la consulta previa e informada
de los sectores sociales afectados, que suelen ser comunidades indígenas. Como
muestra, la central hidroeléctrica Ralco, erigida en el sur de Chile por la
compañía española ENDESA en 2002 pese a la resistencia de la comunidad mapuche
de la zona.
Miembros de esa comunidad
fueron desplazados de sus hogares para poder llenar el embalse respectivo. En
2016, la activista ambiental Macarena Valdés murió bajo circunstancias opacas
mientras procuraba impedir que la empresa austríaca RP Global construyera una
central hidroeléctrica en las inmediaciones de Panguipulli, una ciudad de la
provincia chilena de Valdivia. “Para nosotros, estos casos ilustran la
asimetría de poder y las otras secuelas negativas del libre comercio. Las
empresas transnacionales tienen el poder y a nadie le interesa lo que ocurra
con los lugareños ni con el medio ambiente”, arguye Sepúlveda. María Elena
Rozas, de la asociación civil Pesticide Action Network, comparte su inquietud;
ella teme que el tratado de libre comercio con la UE contribuya al aumento de
la exportación de pesticidas hacia Chile.
Con “P” de Paraquat, pesticida
y peligro
“Desde hace años nos esforzamos para que en Chile
se prohíba el uso de pesticidas venenosos; pero el lobby de las grandes
empresas es más fuerte. Y lo más probable es que los consorcios obtengan más
ganancias cuando se selle el pacto de libre comercio en cuestión. Los
perdedores serán los consumidores chilenos, las abejas y la biodiversidad en
general”, sostiene Rozas, intranquila por las consecuencias que puede traer la
fusión de Bayer y Monsanto, y su transformación en la compañía agroquímica más
grande del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), las
importaciones chilenas de pesticidas han aumentado en un 469 por ciento en los
últimos veinte años. Por cierto, muchos de esos pesticidas –entre los cuales
está Paraquat– han sido prohibidos en territorio europeo.
Paraquat, un producto distribuido por la firma
suiza Syngenta, ha causado intoxicaciones severas y hasta muertes entre
granjeros y agricultores que no tomaron medidas de protección suficientes al
utilizarlo. En Chile, Paraquat es de uso frecuente, sobre todo en las
plantaciones de avellanas europeas de Agrichile, la sucursal chilena de la compañía
agroalimentaria italiana Ferrero; Chile es el tercer productor de avellanas europeas
del mundo. En Chile también son de uso corriente los pesticidas Fipronil (de la
empresa química alemana BASF) y azinfos metil (de la compañía
químico-farmacéutica Bayer), cuya venta en Europa ha sido restringida o prohibida.
De ahí que tanto Sepúlveda como Rozas le hayan exigido al Gobierno chileno un
estudio exhaustivo de las posibles secuelas medioambientales del tratado de
libre comercio negociado con la UE, así como mayor transparencia e
involucramiento de la sociedad civil en el proceso de discusión del mismo.
Sophia Boddenberg (ERC/ER)
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