Desde
la radio La Voz de Paine, sus habitantes preparan la defensa
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Monsanto ingresó este mes un proyecto de expansión de su planta de
tratamiento de semillas transgénicas e híbridas, ubicada en Paine, al sur de
Santiago, en el Servicio de Evaluación de Ambiental, bajo la figura
de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La industria no entregó un estudio
de evaluación de los impactos de la programada expansión, asegurando que no son
importantes. Esta es una táctica habitual en los megaproyectos, que en
ocasiones es descubierta a tiempo por los afectados y/o por el Estado. Los
habitantes de la localidad desconocen el proyecto, al que los ciudadanos
comunes no logran acceder en la web del servicio ambiental, ideada para uso por
técnicos más que por cualquier interesado.
Con
una reputación cada vez peor en Europa, la transnacional no logró imponer allí los
cultivos transgénicos y ve cuestionado
en Francia y Alemania su producto estrella, el cancerígeno herbicida glifosato.
Por eso, esta industria productora de agrotóxicos
y transgénicos pretende utilizar América Latina como cabeza de playa para
recuperar sus ganancias, que vienen cayendo en los últimos meses. Aquí cuenta
con el apoyo de las autoridades de turno. En el primer semestre del año pasado,
Monsanto ganó 810 millones de dólares, un 51,4% menos que en igual período del
año anterior, y aunque en el segundo trimestre mejoró, su caída llegó a un 25,4% menos de ganancia,
según informó recientemente Europa Press. En Chile, los cultivos de semillas transgénica de exportación des
bajaron considerablemente en los últimos años, llegando en la temporada 2015-2016
a ocupar tan sólo 9.582 hectáreas, lo que podría de estar
relacionado con estas pérdidas. En los años dorados de la transgenia, se llegó
a cifras por sobre las 25.000 hectáreas. Pero hoy, los países informados y con
ciudadanía activa, vienen de vuelta del
boom de los cultivos transgénicos y la demanda parece haber bajado.
Participación
ciudadana
Las organizaciones y ciudadanos de la localidad campesina de Paine, tienen
plazo hasta el viernes 15 de abril para solicitar ser incluidos en el proceso
de participación ciudadana sobre el proyecto de expansión de la planta de Monsanto
ubicada en su territorio. En sus estudios, la radio La Voz de Paine está
inscribiendo, de 10.30 a 18 horas, a todas las organizaciones y personas que
deseen formular observaciones a la iniciativa de la industria. En el proceso buscarán establecer los daños a
la salud y el ambiente ya generados por el funcionamiento de las instalaciones
actuales, una suerte de línea de base de lo que ya se ha perdido. En los
consultorios locales existe preocupación por la alta incidencia de problemas de
salud mental, cáncer y malformaciones congénitas en usuarios ligados directa o
indirectamente a la planta de Monsanto, donde se selecciona y acopia la semilla
de maíz transgénico que se exporta como grano, previo tratamiento con
agrotóxicos.
La DIA es un proceso muy rápido y que no contempla legalmente
participación ciudadana, la cual es obligatoria sólo en los casos en que un
proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Monsanto contrató una firma consultora para implementar la
participación ciudadana y convencer a los habitantes de las “bondades”
del proyecto. A través de la consultora, La Voz de Paine tuvo las primeras
noticias sobre un proyecto que para los
más informados, no presagia nada bueno. En Paine Monsanto tiene más de 40
hectáreas, desde luego ubicadas lejos de la plaza del pueblo, la cual pertenece a Lucía Hiriart y su “emprendimiento” CEMA
Chile. Pero en Paine funcionan también
una Cooperativa de Productores Agroecológicos y paralelamente varios
productores orgánicos que forman parte del PRODESAL local. El
alcalde Diego Vergara y el Concejo Municipal
no han dicho nada hasta ahora y se ignora cuáles son los compromisos que
se han establecidos desde que en el año
2013 la municipalidad firmó un convenio con la empresa.
Las debilidades de la participación ciudadana a
nivel legal quedan de manifiesto frente a este proyecto, donde hay una notoria
asimetría entre las partes involucradas respecto del acceso a la información y
los tiempos requeridos para analizar complejos proyectos de inversión.
Existe preocupación en Paine porque se desconoce el verdadero carácter
del proyecto de expansión de Monsanto. En
Argentina esta industria, ya
conocida por el impacto negativo de Roundup, su cancerígeno producto estrella, no logró
construir una planta anunciada como
"la más grande de América Latina" en el barrio Malvinas Argentinas,
de Córdoba. Los terrenos del proyecto fueron ocupados por decididos pobladores
del lugar, que establecieron un “acampe” y demandas judiciales que impidieron su
avance. Un eventual traslado de ese proyecto a Paine no se descarta. Monsanto calla.
El TPP y la semilla
Aun disfruta Monsanto la ratificación del Tratado Transpacífico TPP por
la Presidenta Bachelet , que por esa vía aseguró a la empresa la aprobación de
la Ley Monsanto (de obtentores vegetales) retirada del Senado en 2014. El TPP,
en cuya redacción participaron Monsanto y los lobbystas de la industria
biotecnológica, obliga a Chile a ratificar el convenio UPOV 91, para lo cual el
gobierno deberá resucitar esa ley que había sido abortada por la presión social
y está asociada al Convenio UPOV91. Pero
la transnacional no descansa. Siempre quiere más y ya no disimula, alentada porque
de aprobarse el TPP, estaremos en realidad bajo su gobierno, el de las
transnacionales. Uno de los artículos del proyecto establece un comité especial
de inversores que supervigilará los proyectos de ley actuales y futuros
relacionados con el comercio agrícola. La
expansión de la planta permitirá que Monsanto
se haga más fuertes en sus cuarteles graneleros de Paine.
Pero en la localidad, la comunidad ya logró detener en 2014 un proyecto
que también empezó con una declaración de impacto ambiental que ocultaba los
verdaderos alcances de la iniciativa impulsada por la CCU: una planta que amenazaba
su suministro de agua . La declaración
de impacto ambiental de la empresa del grupo Luksic fue rechazada por el
Servicio Ambiental. Los habitantes de esta ciudad, organizados en el Comité “No
a la CCU” exigieron la realización de un estudio de impacto ambiental, y lograron detener el proyecto de esa empresa
del grupo Luksic mostrando una gran capacidad de organización y lucha. Ahora, en
su reacción contra la expansión de Monsanto que los convertiría en una nueva
zona de sacrificio, sin duda recogerán
las lecciones aprendidas de esa experiencia y serán apoyados por los defensores
de la semilla campesina y del buen vivir.
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