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| Victoria Tauli-Corpus, relatora Derechos Pueblos Indígenas |
Presidenta Bachelet ignoró recomendaciones sobre TPP
formuladas por expertos en
Derechos Humanos de Naciones Unidas
por Lucía Sepúlveda Ruiz
En los meses finales de negociación del
Tratado Transpacífico TPP, un grupo de relatores de Naciones Unidas, entre otros
quienes cautelan los derechos a la Alimentación y los de Pueblos Indígenas,
formuló críticas sobre los alcances del Tratado en relación a los derechos
humanos y pidió enmendar rumbos. Luego
del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet sobre la adscripción al Tratado, 50
organizaciones chilenas solicitaron la intervención de estos expertos para que
el Estado chileno no lo ratifique. Esa petición entregada en Ginebra el 13 de
noviembre por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, detalla las
transgresiones a los derechos humanos contenidas en el tratado, y ahora está
recibiendo masiva adhesión a través de petición en Avaaz
En la víspera del Día Internacional de los
Derechos Humanos, es relevante citar la declaración de junio de los relatores y
expertos con las recomendaciones y
prevenciones que el Estado de Chile hasta ahora ha escogido ignorar. Ello confirma los aspectos negativos del Tratado
para la vigencia de los derechos sociales, culturales, económicos y políticos
que el Estado se ha comprometido a respetar. Particularmente importante son las
consecuencias del TPP respecto del derecho a la salud, por la expansión del plazo de patentes para
los medicamentos genéricos, y la privatización de la semilla a través de la
obligación de ratificación del convenio
UPOV 91, la versión internacional de la llamada “Ley Monsanto” que había abortado por la presión social. Asimismo,
la criminalización de las descargas digitales libres es privatización del
conocimiento y daño a la privacidad. Los impactos son graves en relación a la
soberanía y la posibilidad de generar nuevas leyes y políticas públicas dada la
posibilidad de que el Estado de Chile sea llevado a sistemas de tribunales
internacionales (capítulo de solución de controversias) en los que como ya señaló el Premio Nóbel
Joseph Stiglitz en entrevista publicada por El Mercurio, nuestro país no tiene
posibilidades reales de ganar la demanda. Los relatores agregan que aunque los
inversionistas pueden demandar al Estado chileno, NO se puede hacer lo
contrario, es decir los estados parte del TPP no pueden demandar a los
inversionistas. Es un ejemplo claro de a quiénes benefician estos tratados.
Aquí la declaración de los relatores:
Ginebra 2 Junio de 2015 - Se está
negociando varios acuerdos de libre comercio e inversión, tales como el Tratado
Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Comercio e Inversión (TTIP).
Un grupo de expertos* de Naciones
Unidas han dado a conocer la siguiente declaración para expresar su
preocupación sobre el secretismo de la discusión y negociación de muchos de
estos acuerdos y los impactos potencialmente adversos de estos acuerdos en los
derechos humanos:
“Aunque los tratados de comercio e inversión pueden
crear nuevas oportunidades para la economía, llamamos la atención sobre el
impacto potencial negativo que estos tratados y acuerdos pueden tener en el
goce de los derechos humanos (ya sea civiles, culturales, económicos, políticos
o sociales) como está establecido en los instrumentos legalmente vinculantes.
Nuestras preocupaciones se relacionan con los derechos a la vida, a la
alimentación, al agua y la sanidad, a la vivienda, a una educación, ciencia y cultura, el
mejoramiento de los estándares laborales,
una justicia independiente, un ambiente limpio y el derecho a no ser sometido
a un desplazamiento forzoso.
Como también se subraya en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
, los estados deben asegurar que los acuerdos comerciales y de inversión no afecten su capacidad de cumplir sus obligaciones
en derechos humanos (Principio Rector N 9).
Protección de la
salud y alimentación
A los observadores les preocupa que estos tratados
y acuerdos puedan tener ciertos efectos regresivos en la protección y promoción
de los derechos humanos, al bajar el umbral de la protección de la salud, de la
seguridad alimentaria y los estándares laborales, cautelando los intereses
comerciales de los monopolios farmacéuticos y extendiendo la protección de la
propiedad intelectual.
Hay una legítima preocupación que tanto los trataos
bilaterales de inversión (BITs por su sigla en inglés) como los acuerdos de
Libre Comercio (FTAs) puedan agravar el problema de la extrema pobreza, poner
en peligro la renegociación justa y eficiente de la deuda externa y afectar los
derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad,
las personas de la tercera edad y otras personas que viven en situación de
vulnerabilidad.
Sin duda que la globalización y muchos tratados de
Inversión Bilaterales y Tratados de Libre Comercio pueden tener impactos
positivos pero también negativos para la promoción de un orden internacional
democrático y equitativo que requiere solidaridad práctica internacional.
La solución de
controversias
En estos tratados, los capítulos de resolución de
diferencias (ISDS por su sigla en inglés) entre inversores y Estados están
también siendo muy problemáticos dada la experiencia de décadas de arbitrajes
conducidos ante este tipo de tribunales. La experiencia demuestra que la
función regulatoria de muchos Estados y su capacidad para legislar de acuerdo
al bien público han sido puestos en riesgo.
Creemos que el problema ha sido agravado por el
efecto “congelador” que han tenido las sentencias de estas cortes invasivas,
cuando los Estados han sido castigados penalmente por adoptar regulaciones, por
ejemplo para proteger el ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso a
medicamentos genéricos y esenciales y la reducción del tabaquismo (como se
requiere según la convención de OMS sobre el Control del Tabaco) o por subir el
salario mínimo.
Los capítulos ISDS constituyen una anomalía porque
entregan protección a los inversores pero no a los Estados ni a sus habitantes.
Permiten a los inversores demandar a los Estados pero no permiten lo contrario.
La adopción en 2014 de la Convención de Naciones Unidas sobre “Transparencia en
el Arbitraje Inversor-Estado basado en un Tratado” es un paso importante para
enfrentar el problema de la naturaleza generalmente confidencial y no
participativa de los acuerdos Inversor-Estado. Una mayor transparencia debería
servir para reparar la falta de coherencia entre las actuales formas de
inversión y las consideraciones de derechos humanos.
Invitamos a los Estados a revisar los tratados que
se están negociando y asegurar que ellos protejan y no obstaculicen los
derechos humanos. Si los tratados en cuestión incluyen un capítulo sobre
resolución de diferencias inversor-Estado, los términos de referencia de los
árbitros deben ser diseñados de manera que no se permita interferencia en la
regulación nacional del presupuesto, las políticas relativas a la salud, el
ambiente y otras políticas públicas.
Más aun, los tribunales de arbitraje deberían
permitir una revisión pública y sus sentencias deberían ser apelables ante la
Corte Internacional de Justicia o una Corte Internacional de Inversión especialmente
creada para trabajar en forma transparente y que rinda cuenta de sus actos.
Debe haber un equilibrio justo entre la protección entregada a los inversores y
la responsabilidad del estado de proteger a todas las personas que están bajo
su jurisdicción
Recomendamos que:
Todas las negociaciones actuales de los acuerdos
bilaterales y multilaterales de comercio e inversión deberían ser llevadas
adelante en forma transparente, con consulta y participación de todas las
partes interesadas, incluyendo sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos
de protección ambiental y profesionales de la salud.
Se debería publicar todos los borradores de modo
que los parlamentarios y la sociedad civil tengan tiempo suficiente para
revisarlos y sopesar los pro y los contras de una forma democrática.
Se debería desarrollar una evaluación con respecto
a evaluación de los impactos anteriores y posteriores en los derechos humanos de
los actuales tratados bilaterales de libre comercio e inversión y de los que se
están proponiendo.
Las Partes deberían detallar cómo cumplirán sus
obligaciones de derechos humanos si ellos ratifican estos tratados de libre
comercio y de inversión que se están negociando.
Dada la amplitud y el ámbito de los acuerdos que
actualmente se están discutiendo, deben incorporarse fuertes salvaguardas para
asegurar la total protección y disfrute de los derechos humanos.”
FIN
(*) Los expertos: Mr Alfred de Zayas, Experto Independiente en la promoción de un
orden internacional democratico y equitativo; Ms Catalina Devandas Aguilar, Relatora especial sobre los derechos
de las personas con discapacidad; Mr
Dainus Puras, Special Relator Especial en el derecho de todos al disfrute
de los más altos estándares de salud física y mental; Ms Farida Shaheed, Relatora especial en el campo de los derechos
culturales; Ms Gabriella Knaul; Relatora
Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados; Ms Hilal Helver, Relatora Especial sobre el derecho a la
Alimentación, Mr Juan Bohoslavsky, Experto
Independiente en los efectos de las deudas externas y otras obligaciones
financieras internacionales sobre el total disfrute de todos los derechos
humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, Mr Léo Heller, Relator Especial sobre
el derecho humano a agua potable y sanitización, Ms Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, Ms Virginia
Dandan, Experta independiente en los derechos Humanos y la Solidaridad
Internacional.
Traducción: Lucía Sepúlveda para Yo No Quiero Transgénicos
en Chile y Chile Mejor sin TPP.
- Más información:
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E#sthash.WDQXUW9K.dpuf
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