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| Sergio Grez, Medalla P. Alfonso Baeza |
Comisión Etica Contra la Tortura demanda creación de mecanismos públicos de prevención y premia a luchadores sociales
Por Lucía
Sepúlveda Ruiz
Tan sólo en los
primeros seis meses del año, cuatro personas murieron por tortura en Chile a
manos de carabineros. Haciendo caso omiso a las recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos, es la justicia militar y no la civil quien investiga estos crímenes
contra civiles, denunció la Comisión Etica Contra la Tortura al conmemorar el
pasado 29 de junio el Día Internacional de Víctimas de Tortura.
Tres de las
cuatro muertes ocurrieron al interior de
un furgón policial: en Rancagua, murió Jorge Aravena Retamales (44 años),
detenido el 18 de febrero, encerrado por más de 7 horas en un furgón
policial a una tórrida temperatura. En la comuna de Lo Espejo (RM), Camilo Zúñiga Chamorro (34 años) detenido el
6 de mayo, murió al interior de un furgón de la 11° Comisaría de esa comuna. La versión oficial es que se suicidó “con
los elásticos de su ropa interior”. Su madre, Patricia Chamorro declaró que, las heridas que presenta el cuerpo
de su hijo, no fueron realizadas con elásticos”. En Copiapó, Bernardo Letelier
Poblete (45 años), detenido el 14 de mayo, murió en el trayecto de 10 minutos
realizado por el furgón policial entre su hogar y la Segunda Comisaría de esa
ciudad. La versión oficial señala que se suicidó “con los cordones de sus
zapatos”, cuestión que su familia
desmiente.
La cuarta
víctima de tortura murió en un cuartel policial de Chile Chico (Aysén). Iván
Victorino Vásquez (39 años), detenido el 2 de mayo por Carabineros, perdió la vida en dependencias de la 3ª. Comisaría local,
luego de ser golpeado por la policía. También la versión inicial fue suicidio,
mientras la familia de la víctima sostuvo que lo mataron a golpes “que es el
trato que le dan en la comisaría a los pobres y los campesinos”.
Tratos
inhumanos, crueles y degradantes
En Linares, el
carabinero Marcos Antilef Quintulaf, detenido por sus colegas por protagonizar
un accidente de tránsito, fue golpeado por ellos en el retén La Palmilla,
denostado por ser mapuche e impedido de recibir atención médica oportuna.
Antilef quedó parapléjico y con fractura
cervical.
En Santiago, antes
de la visita a la cárcel de San Miguel, Luisa Toledo, la anciana y digna madre
de los hermanos Vergara, cuya nieta Tamara está detenida allí, fue revisada en
forma vejatoria por las gendarmes y obligada a realizar sentadillas, maltrato
que es habitual en ese recinto.
En las torturas
con resultado de muerte, excepto en el caso de Jorge Aravena (acusado de no
pagar un consumo), las detenciones de las víctimas se practicaron por denuncias
de episodios de violencia intrafamiliar.
El lema de la
Comisión Etica es que ninguna circunstancia
justifica la tortura. “Estos muertos por tortura no eran estudiantes, ni
líderes sociales, y sus casos no son noticia”, sostuvo Juana Aguilera, presidenta
de la entidad de derechos humanos en el acto conmemorativo realizado en la
Universidad Alberto Hurtado el 29 de junio. Ella hizo presente estos hechos
ante el ministro de Justicia José Antonio Gómez, en otro acto realizado esa
mañana en el Museo de La Memoria.
Demandas
al gobierno
Agregó en su
intervención que en Chile la tortura “no es un asunto del pasado ni concierne sólo a la
dictadura; el hecho que aún muera gente de esta manera implica que la tortura
es un crimen de lesa humanidad completamente instalado entre las prácticas
policiales, que debe ser definitivamente erradicada. La profundización de la
democracia y las garantías de mayores derechos, deben ir acompañadas del
desafío de conformar fuerzas policiales y fuerzas armadas apartadas de las
ideologías que construyen enemigos internos para encontrar sentido a su razón
de ser. Ya es hora que los cuerpos armados de nuestro país dejen de ver a la
ciudadanía como un sector a reprimir y donde la tortura es el instrumento a
utilizar. También es necesario poner término al envío de soldados y policías a
la Escuela de las Américas y el cierre de la base militar de Estados Unidos en
Con-Cón, así como también, se requiere la derogación de las disposiciones
legales y reglamentarias que establecen ´obediencia debida´, porque su
mantención favorece la subsistencia de la aplicación de tortura por policías y
militares.”
El ministro Gómez
recibió de la Comisión Etica el crítico informe elaborado por la jurista
francesa Mireille Fanon (Fundación Frantz Fanon) luego de su misión de
observación a la zona mapuche que incluyó recorrer en mayo de este año las
cárceles con presos políticos mapuche.
Al abrir el acto realizado por la CECT,
Hervi Lara, coordinador y miembro fundador de la entidad, que lleva 13 años luchando contra la
tortura en Chile, dijo que esta permanece “atenta a los avatares del devenir histórico,
buscando verdad y justicia. La justicia es otra cara de la verdad. Y la verdad es lo que da sentido de trascendencia
al hombre. Es lo que posibilita las
grandes acciones y los espíritus grandes.
La mentira, en cambio, corroe las almas de los hombres. Es necesario rebelarse frente a la falsedad
que es presentada como verdad. Porque
tenemos el derecho a no ser silenciados y a tener presencia en la
historia. Es por eso que los poderosos
quieren nuestro silencio. Nosotros
hablamos y seguiremos hablando contra el olvido, contra la muerte, por la
memoria y por la vida. Nos negamos a morir la muerte del olvido.”
Fin
de la desidia
En la declaración pública dada a conocer el 29
de julio, la CECT sostuvo que las autoridades políticas, legislativas y
judiciales no pueden seguir evadiendo la instalación de un mecanismo de
prevención de la Tortura y la implementación de la Comisión
Nacional de Prevención de la Tortura, así como instancias permanentes de
calificación de las víctimas y archivos abiertos y públicos.
Señala que para que
estos casos no sigan cayendo en la justicia militar y sean sancionados
efectivamente, es urgente adoptar la
definición de tortura en el Código Penal
adecuándola a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Reiteran asimismo la
necesidad de derogar la disposición legal incluida en la Ley de Reparaciones de
la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que prohibió a los Tribunales de Justicia acceder
a los testimonios entregados a la Comisión Valech, y el Decreto Ley de
Amnistía de 1978, que obstaculiza la
posibilidad de sancionar los crímenes de tortura cometidos entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Derechos y deberes de la población penal
La Comisión Etica
rechaza los abusos de poder perpetrados por gendarmería en contra de familiares
de presos, planteando la necesidad de que
exista una ley sobre derechos y deberes de la población penal, que permita terminar
con esas prácticas de gendarmería de Chile que agregan más dolor al que ya
viven esas familias.
Medallas “P. Alfonso Baeza”
En el acto, la CECT
homenajeó también la memoria del P. Alfonso Baeza, fundador de la CECT y recordado sacerdote
ligado indeleblemente a las luchas del pueblo en dictadura y en democracia. El
P. Baeza falleció el año pasado. Una medalla que lleva su nombre distinguió a seis luchadores sociales de hoy. Hubo así una medalla
que visibiliza la lucha por el agua que se libra en las secas tierras del norte, honrando el
aporte de Barbara. La segunda medalla, entregada por Melissa Sepúlveda,
presidenta de la FECH, fue para Claudio Escobar, formado en el Movimiento Contra
la Tortura Sebastián Acevedo y creativo practicante de la no violencia activa. El
es un ícono de todas las marchas de derechos humanos y causas justas, y acompaña
hoy también las luchas del pueblo mapuche y ecológicas.
La tercera medalla la
recibió Anita Goossens, laica belga de impecable trayectoria en defensa de los
derechos humanos, iniciada en tiempos de dictadura junto a comunidades de base,
caminando por poblaciones de la zona oeste y sur de Santiago. Ella vive en La Legua Emergencia, luchando por los
derechos de todos y todas, en especial de los niños. Marcos Cárdenas, presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado le entregó su medalla. La cuarta
medalla fue entregada a Luis García Huidobro, ex jesuita que asumió un
compromiso de vida con el pueblo mapuche y quien sostuvo que muchos lo merecían
más que él. Se recordó el insólito despliegue que hizo recientemente el general
Iván Bezmalinovic viajando en helicóptero a detenerlo. La quinta medalla la recibió la periodista Lucía
Sepúlveda Ruíz, por su aporte en la memoria y la reivindicación de los caídos, y su
activismo en el tema de la semilla y la lucha contra la Ley Monsanto asumida
por un amplio movimiento de resistencia contra los transgénicos y a favor de la
soberanía alimentaria. La distinción se la entregaron a dúo Víctor Hugo
Montoya, joven publicista, absuelto tras meses de prisión de la acusación de
colocar bombas en un cuartel policial; y Alejandro Núñez, de las comunidades de
base de la Población La Legua.
Premio a historiador Sergio Grez
El sexto galardonado fue el historiador Sergio Grez Toso, de vasta
trayectoria académica, nutrida obra y gran compromiso social. Al recibir la
distinción Grez manifestó que él entiende que la forma de levantar los derechos
humanos hoy, es acompañar las luchas de los movimientos sociales, y en su caso
él lo hace con el movimiento estudiantil y el pueblo mapuche. Recibió la
medalla de manos de Fanny Dittborn, en representación de la familia
del Padre Baeza.
Un aplaudido grupo de miembros
del Coro de la Universidad Alberto Hurtado y el destacado cantor popular de La
Legua Eduardo Muñoz aportaron la música en la actividad. Está claro que tal
como escribió Víctor Heredia y coreó la audiencia el 29 de junio “Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía
esperamos.”
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| Claudio Escobar, Anita Goosens, Lucía Sepúlveda |
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