Alto a la represión para hacer posible diálogo real gobierno/pueblo mapuche

Convocados por la Comisión Etica Contra la Tortura, destacados luchadores por los derechos humanos, junto a académicos, personalidades, profesionales y miembros de diversas organizaciones sociales suscribieron un llamado al gobierno de la Presidenta Bachelet y al Estado de Chile, demandando un diálogo real con el pueblo mapuche, que se haga cargo de sus demandas y respete sus valores. Para hacer viable este diálogo, solicitan al gobierno un alto a la represión en territorio mapuche, el retiro de las fuerzas policiales instaladas en las comunidades y de las demandas judiciales presentadas por funcionarios del Estado; la aplicación por la justicia del debido proceso, y la aplicación de sanciones (y reparación) en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. Exigen asimismo que se resguarde en especial la integridad física y psicológica de los menores y jóvenes mapuche, y se respete el derecho a la vida. El llamamiento será entregado el viernes 27 de noviembre en La Moneda, junto al listado de firmas que avalan la iniciativa. Asimismo se hará llegar a los candidatos a la Presidencia.
Los firmantes ofrecen el apoyo activo de la sociedad civil a un diálogo de esta naturaleza, inédito en la historia republicana chilena. Entre quienes encabezan este llamamiento se encuentran Monseñor Luis Infanti, Vicario Apostólico de Aysén, Helmut Frenz, Pastor luterano, el padre Alfonso Baeza, vicepresidente de Cáritas Chile; Hernán Vergara y Fernando Aliaga, Presidentes de Amnistía Internacional Chile y del Servicio Paz y Justicia Serpaj, respectivamente; el sociólogo Manuel Antonio Garretón (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007); los historiadores Gabriel Salazar (Premio Nacional de Historia 2008), Sergio Grez Toso (Director del Museo Vicuña Mackenna), Margarita Iglesias, Jorge Pinto Rodríguez, Alberto Díaz Araya; el ex Juez Juan Guzmán Tapia, y los abogados Alejandra Arriaza y Susana Machuca; Manuel Cabieses, director de Punto Final, Juan Pablo Cárdenas, director de la radio Universidad de Chile y Máximo Kinast, corresponsal de prensa.
A estos nombres se agregan, entre muchos otros, los de renombrados académicos como Felipe Portales, Manuel Fábrega, Myrna Villegas, Angélica Pizarro, Patricia Albornoz, Bernardo Subercaseaux, y Andrés Monares junto al ex vicepresidente de la FECH Felipe Hazbún, a Ariel Antillanca, dirigente mapuche, y a Pedro Alejandro Matta. Organizaciones como el Comité de Retornados del Exilio, el Comité Oscar Romero, el Comité de DDHH Kamarikun, Observadores de la Escuela de las Américas, Red Latina sin Fronteras y Ecoceanos también suscriben las demandas de diálogo y alto a la represión. Profesores, abogados, médicos, antropólogos, educadoras de párvulos, ingenieros, sacerdotes y agentes pastorales se han hecho parte de este planteamiento al gobierno desde la sociedad civil.
La convocatoria comienza con un diagnóstico de la situación actual, que caracteriza como “una guerra de baja intensidad del Estado chileno contra el pueblo mapuche a través del gobierno, sus fuerzas policiales y los órganos del poder judicial”. Subraya la impunidad reinante respecto de los casos de mapuche muertos por acción de las fuerzas del Estado (Alex Lemún, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo y Jaime Mendoza) y el caso del menor José Huenante, desaparecido en democracia. Recuerda que hay más de 50 presos políticos mapuche sufriendo prisión efectiva producto de montajes policiales y/o siendo juzgados por la justicia militar o por la ley antiterrorista heredada de la dictadura. Destacan que la mayoría de los detenidos ha sido torturado al momento de su detención.
El documento califica como vanas las prácticas que el gobierno chileno ha realizado en respuesta a anteriores llamados al diálogo y a una solución pacífica del conflicto, pero reafirma que “aún un posible un diálogo real y necesario y que se cumpla con el mandato del Convenio 169 de la OIT” .
Los firmantes se manifiestan comprometidos con la justicia y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y sostienen un rotundo rechazo a la práctica de la tortura y la utilización de tratos inhumanos, crueles y degradantes.
La Comisión Etica Contra la Tortura ha estado realizando un seguimiento del conflicto mapuche/Estado/forestales desde el año 2007, constatando un alarmante incremento de la represión, paralelo a una absoluta falta de respuesta del gobierno frente a los hechos denunciados.