General Llévenes acusado por lonko en un testimonio de tortura

¿Cuál es la política institucional de Carabineros de Chile en relación al alto mando? El general Cristián Llévenes Rebolledo ha sido trasladado como Jefe de Zona desde la Novena Región a la misma función en la Región de Magallanes, por decisión del director, General Eduardo Gordon. Sin embargo en la investigación que se sigue por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío, la defensa lo acusa de obstrucción de la justicia por presentar pruebas consideradas un montaje para encubrir la ejecución extrajudicial del joven luchador social mapuche. El abogado Jaime Madariaga solicitó al fiscal militar de Angol someter a proceso al entonces jefe de la IX zona de carabineros general Llévenes - diplomado en Sociología, con mención en Manejo de Crisis - y al prefecto de Malleco Iván Bezmalinovic, luego de conocerse el informe del Instituto Médico Legal. La pericia revela que los impactos de perdigones en el chaleco antibalas del carabinero asesino, fueron posteriores al incidente investigado.
El lonko Víctor Marileo (autoridad tradicional de la comunidad precordillerana “Juan Quintrileo”, sector Pitrelawe) sindica al alto oficial Llévenes como responsable de la tortura sufrida por él en febrero de 2003 en la Segunda Comisaría de Temuco. El alto oficial llegó a la Región de la Araucanía el año 2000, luego de haber sido comisario en Magallanes, desempeñándose en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial y luego en la Segunda Comisaría de Temuco, hasta llegar a la jefatura de zona, según su curriculum institucional. En conversación telefónica sostenida con esta periodista, el lonko Marileo ratificó su testimonio, entregado el 10 de diciembre de 2008 en el Seminario “El pueblo mapuche y la criminalización de sus demandas”, convocado por el Centro de DDHH de la Universidad Central, la Red Iberoamericana de Jueces y la Comisión Etica Contra la Tortura, en Santiago de Chile. Estas fueron las palabras de Víctor Marileo en el Día Internacional de los Derechos Humanos:
“He sido molestado y golpeado por carabineros. A mí me torturaron en la segunda comisaría de Temuco, me esposaron y no hicieron caso de mi calidad de lonko. Me torcieron el brazo, el (entonces) mayor Cristian Llévenes lo ordenó y al carabinero le pasaron un lazo y me lo pusieron en el cuello, así se me cayeron los brazos. Me golpearon con un palo y me quebraron tres costillas. El mayor Llévenes ahora es general de la zona de la Araucanía, y está a cargo de todos.
Yo creo que no se respetan los ddhh de los mapuche. Los parlamentarios en el Senado están sacando una ley para proteger de los insultos a carabineros por el problema mapuche. Quiero contar aquí que está militarizada la comunidad en que yo vivo. Y estoy condenado a una medida cautelar, yo tengo prohibición de ingresar al predio que reivindicamos en el fundo Roble Huacho de la Forestal Masisa, y no puedo salir del país. Siempre estoy controlado por carabineros, ellos están instalados a 100 metros de mi casa. Hay un zorrillo, y dotación policial, ellos filman todo lo que hago. Para la forestal soy un peligro. Pero son ellos los que sacan los recursos de mi familia y dejan un desierto en la comunidad. Ahora sé que piensan quemar con líquido (plaguicida) en las plantaciones, con eso matan todos los remedios, ya no hay plantas medicinales, ahora sólo hay pino y eucalipto. Ya contaminaron el agua, secaron las napas. Nosotros estábamos preparándonos para impedir que ellos vuelvan a plantar y entonces fue cuando me acusaron de robo de madera, pero eso fue un montaje. Siempre la forestal y la policía buscan la forma de encarcelarme, han hecho operativos contra mi vida. Es satánico. Sobornaron a otro peñi para que declarara contra mí, siendo que soy un lonko, y un lonko en una comunidad es un guía a quien se respeta, es un hombre que da confianza, que tiene una visión, no puede atormentar a su comunidad. Me detuvieron de nuevo el 30 de octubre de 2007, cuando una camioneta de la forestal pasaba por el camino vecinal donde estábamos en la protesta. Carabineros tiró bombas y balines. Yo me acerqué a los carabineros a mediar, pero al llegar me atropellaron con sus dos carros, y me gritaban: ‘Mereces la muerte, a los indios como tú hay que matarlos’. Me vio después un médico muy racista. Me torturaron en la comisaría para desorientarme, quedé con rotura de cabeza y rostro. Fue entonces que dijeron ‘Vamos a tener que matar un mapuche’ y lo hicieron poco después, el 3 de enero de 2008, cuando asesinaron a Matías Catrileo. “
Caseta en lugar del rewe
Víctor Marileo es lonko de la comunidad autónoma Juan Quintremil, del sector Pitrelawe ubicado en la comuna de Padre Las Casas, a pocos km de Temuco, en la zona precordillerana. Con indignación revela: “La forestal ordenó que carabineros nos quemara el rewe ceremonial que nosotros teníamos instalado a la entrada del fundo y ahora instalaron allí una caseta de vigilancia. Nosotros el 26 de agosto estuvimos bloqueando la entrada por unas horas e hicimos una carta a la intendenta Nora Barrientos y a la gerencia de la Forestal Masisa pero no tenemos respuesta. Nadie nos quiere escuchar. Denunciamos que los acuerdos alcanzados en 8 años de conversaciones no se cumplen y las tierras siguen usurpadas.”
¿Qué consecuencias tiene eso para la comunidad?
La juventud se va a la ciudad porque vivimos una situación de pobreza extrema por la drástica reducción de nuestro espacio territorial. Nuestra comunidad está dispuesta al diálogo con la autoridad y con la forestal, pero no tenemos respuesta, nos dijeron que nos iba a recibir el sr. Marifil de CONADI pero con lo que está pasando ahora, creemos que no se va a hacer nada, todo está muerto.
¿Cuál es su situación procesal actual?
Tengo que presentarme el 22 de octubre en el juzgado de garantía en Temuco. Me acusan de manejar mi camión con una licencia errónea. Pero cuando me detuvieron los carabineros, en junio de este año, me acusaron por ‘transportar madera robada’ a la forestal Masisa. El camión yo lo cargué por encargo de una lamngen (señora), y los carabineros de inmediato me interceptaron en el camino, creo que me tienen pinchado el celular. La carga era de madera nativa y era un flete que yo hacía, en la forestal no hay madera nativa, todo eso yo se lo comprobé al juez. Ellos saben eso, pero siempre quieren tenerme controlado, me consideran peligroso. También en esta área detuvieron en mayo a Marcelo Garay, un periodista que venía a reportear lo que nos pasa en la comunidad, le quitaron todos sus materiales y lo mismo hicieron al día siguiente con el comunicador social Jorge Serey Baeza que vive muy cerca de aquí y tampoco recupera todavía su computador y todo lo que se llevaron.

¿Qué pasa con sus tierras?
Nosotros explicamos en la carta a la autoridad que desde el 2001 nosotros estamos tratando de recuperar la tierra, usurpada en tiempos de la dictadura. Primero lo hicimos con la forestal Millalemu, en 2004 se lo planteamos a la forestal Terranova S.A., y desde el 2007 hasta hoy, el conflicto es con la forestal Masisa. Todo se remonta históricamente a la llegada de los primeros colonos, como Juan Searle, Guido Sirotti y otros. Las tierras en litigio se encuentran anexadas al ex fundo Roble Huacho, actualmente en poder de Masisa y fueron tierras legalmente reconocidas de acuerdo a los deslindes naturales, que incluían las tierras históricas, que no fueron contempladas. Nosotros fuimos expulsados de nuestro propio territorio. Tenemos a nuestro favor los antecedentes históricos y legales.”
No más “responsabilidad social”
Masisa se especializa en tableros (placas), madera aserrada, puertas y molduras. Según su sitio web, cuenta con la certificación ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) integra al holding "Nueva" ligado anteriormente al magnate suizo Stephan Schmidheiny. El año 2005 la Fundación Prohumana (Chile) consideró a Masisa como una de las 10 empresas destacadas por su Responsabilidad Social, junto a Gerdau Aza, Asociación Chilena de Seguridad, Mc Donald´s, y Nestlé, entre otras. Las tierras en conflicto con la comunidad autónoma Juan Quintremil estaban en comodato hasta el año 2007, en un acuerdo adoptado anteriormente a la espera del subsidio fiscal para la compra de tierras. Pero ese año, la trasnacional impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció ese año Aucán Wilkaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, según se registra en una entrevista realizada por Alberto Dufey del periódico digital SwissLatin www.swisslatin.ch .
El acuerdo de 1999
Aucán Huilcamán recuerda que en 1999 llegó a un acuerdo con 'Terranova' que pertenecía al magnate suizo del cemento y el amianto, Stephan Schmidheiny, con cartel de filántropo en América Latina.
En la nota de Swiss Latin, Huilkaman da su interpretación sobre el cambio de postura de los suizos, afirmando: “Pensamos que se trata de intereses nacionales, de personas ajenas a los suizos, porque vecino a la forestal se encuentran los predios de Hernán Büchi, otro empresario de origen suizo y ex ministro de Pinochet, el predio de Angel Délano, otro ex ministro de Pinochet, y el predio de Luisa Durán, la esposa del ex presidente Ricardo Lagos. Pensamos que por ese lado vienen las presiones, pues son familias poderosas en el país. Si Masisa transfiere tierra a las comunidades, sus tierras pueden también hacer parte del mismo proceso de recuperación después”.
En la entrevista concedida a Aucán Huilcamán, él asevera que cuando Schmidheiny llegó a Chile, recibió por parte de la dictadura militar 120.000 hectáreas de tierras mapuches, compradas en un remate. Sostuvo entonces:
“Tal vez él no estaba informado, pero compró tierras con un problema histórico y con aval del Estado chileno que ha participado de esa práctica de usurpación. Ahora si no hay diálogo, es lo que trataré de restablecer aquí, las comunidades seguirán su camino de lucha...”, advirtió hace dos años.

Exigen a diputados rechazar proyecto de ley de Derechos de Obtentores Vegetales

Por vulnerar convenios internacionales y derechos de agricultores


Las organizaciones de agricultores, sociales, ambientales y de consumidores abajo firmantes rechazamos el proyecto de ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales (Boletín 6355-01) que fortalece los derechos de las transnacionales agroquímicas/semilleras y vulnera los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores orgánicos. Ante la Comisión de Agricultura, hemos sostenido que este proyecto de ley de privatización de la semilla, desconocido por la mayoría de los agricultores y ciudadanos, debe ser rechazado por sus impactos negativos en la biodiversidad -patrimonio de todos los chilenos- y por sus nefastas consecuencias para el desarrollo de la agricultura en general, y en especial para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura orgánica. El 30 de septiembre, el proyecto será analizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Previo paso por Hacienda, será votado luego por la sala en pleno, cumpliendo el segundo trámite constitucional, como paso previo a la firma por Chile del Convenio UPOV 91 (nombre en francés del Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).
El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, y algunos diputados de la Alianza y la Concertación han sostenido que este proyecto de ley no tiene nada que ver con los transgénicos ni con patentar las plantas, y que aumentará la inversión extranjera. Frente a esto, las organizaciones abajo firmantes hemos señalado que por el contrario, el proyecto sí está estrechamente ligado a la expansión de la transgenia desarrollada por las grandes corporaciones agroquímicas/semilleras en Chile; y se enfoca en la protección de los llamados “derechos de obtentores" que son justamente un tipo de propiedad intelectual sui generis sobre las plantas. La propiedad intelectual es por definición un privilegio, y se está legislando exclusiva y precisamente para garantizarles mayores ganancias a estas transnacionales monopólicas en desmedro del desarrollo de otros importantes sectores agrícolas nacionales.
1.- Los transgénicos y el proyecto
El propio Ministerio de Agricultura asume la vinculación entre transgenia e industria semillera en un documento de agosto 2009 publicado por la Oficina de Planificación Agraria (ODEPA), donde sostiene refiriéndose a la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS): “La industria semillera nacional, en sus cincuenta años de historia institucionalizada, se perfila como uno de los actores relevantes en el desafío de desarrollo de la agricultura nacional, mostrando un crecimiento no sólo en volúmenes, sino también en términos de valor agregado y de servicios, lo que la sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial de exportaciones y primera en el hemisferio sur. Los elementos de competitividad del país han sido relevantes para el desarrollo de esta industria en la última década, lo que hoy permite que las empresas multinacionales instalen centros de alta tecnología en el norte de Chile. Se debe señalar que la expansión del sector está muy asociada a la multiplicación de semillas transgénicas, en especial de maíz, soya y canola.
Al respecto es importante destacar que una mayor expansión del sector transgénico, derivada de los incentivos dados por este proyecto de ley, afectará a la agricultura convencional y especialmente al desarrollo de la agricultura orgánica chilena, un negocio floreciente y con enormes perspectivas de expansión y crecimiento nacional e internacional. Ya está comprobada en otros países la imposibilidad de la coexistencia entre ambos cultivos, debido a la contaminación genética que provocan los transgénicos. Aprobar este proyecto no nos hará más competitivos, por el contrario puede significar el cierre de mercados que exigen productos no transgénicos y libres de residuos de plaguicidas, es decir alimentos sanos e inocuos, dignos de un país que pretende convertirse en una potencia agroalimentaria y donde los consumidores también son cada vez más conscientes de sus derechos.

Mientras las corporaciones agroquímicas y de la biotecnología aún no dan respuestas sobre la inocuidad de los transgénicos, estudios independientes realizados en diversas partes del mundo señalan que estos tienen efectos negativos y son una amenaza para el ambiente y la salud humana.


2.- Derechos de obtentores versus patrimonio común
Los “obtentores" son las grandes empresas transnacionales y sus socios locales. Este proyecto aumenta sus actuales derechos, pues los actuales 18 años de vigencia del registro se elevarían a 25 años para árboles y vides, y 20 para otras especies. Aunque formalmente esto no es una patente sino un derecho de obtentor, en la práctica una variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas le confiere a su dueño el derecho exclusivo para multiplicarla. Cualquiera que desee producir, ofrecer, importar o exportar material de reproducción debe contar con la autorización del titular del derecho. Esto afecta los derechos que siempre han tenido los agricultores. Además, el proyecto no es transparente y genera una serie de incertidumbres, al establecer una serie de excepciones que no figuran en la ley y que serán objeto de un reglamento cuyo contenido será decidido nuevamente al margen de los afectados. Hasta ahora el gobierno sólo escucha y dialoga con los beneficiados por la ley, es decir con las transnacionales de la semilla y con ANPROS, entidad sobre la cual el documento ya citado informa que “entre muchas acciones, se pueden destacar su condición de activo miembro de la Mesa Nacional Público-Privada de Semillas y Plantas, con presencia en las cuatro comisiones de trabajo, a través de las cuales contribuyó a la propuesta de la nueva ley de protección a los obtentores vegetales”. Lo mismo ocurrirá previsiblemente cuando se redacte el reglamento, ya que en esa Mesa no hay participación de otros sectores afectados.
Los derechos ancestrales y comunitarios se vulneran porque el único requisito para registrar derechos sobre una variedad es que sea “nueva, estable y homogénea”, considerándose nueva aquella variedad no registrada anteriormente. Es nueva para el obtentor, pero el registro de una variedad vegetal constituye una apropiación de un patrimonio colectivo que es fruto del trabajo de comunidades campesinas e indígenas que han guardado, mejorado y reproducido la semilla por generaciones y generaciones, siendo especialmente las mujeres sus guardadoras.
La ley establece que la fiscalización del cumplimiento de los derechos de los obtentores, antes a cargo del SAG, será vigilado por las propias empresas, lo que implica la inédita creación de una policía privada dependiente de las corporaciones, que asegurará sus ganancias.
3.- Legislación comparada

Chile pretende adscribirse al Convenio UPOV 91, sin haber dado pasos previos mínimos, como es contar con una Ley sobre Protección de la Biodiversidad y ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad. Nuestro país es firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuyas disposiciones entran en conflicto con los términos de este proyecto relativos a impactos sobre el conocimiento y prácticas tradicionales de comunidades locales e indígenas; impactos sobre la transferencia o el acceso a la información científica y tecnológica, debido a la restricción de la investigación por los derechos de obtentores; pérdida de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y afectación de la seguridad alimentaria, pues las variedades de alimentos pasan a ser propiedad de las compañías que además controlan la venta de semillas.

Llama la atención que en Chile -donde las regulaciones son siempre las más laxas y bajas para no afectar al libre comercio y a los grandes empresarios y capitales extranjeros- este proyecto de ley sea más generoso aún en las atribuciones, privilegios y concesiones que hace a los “Obtentores” que el propio Convenio UPOV 1991. Chile va a adherir a ese convenio para cumplir con los compromisos derivados del tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, país que lidera la investigación en biotecnología en el mundo. El proyecto deja al descubierto la enorme capacidad de manipulación del gobierno chileno por parte del sector agroquímico/semillero transnacional, en función de sus intereses y ganancias y en detrimento de los pequeños y medianos campesinos y comunidades indígenas.

En la legislación norteamericana, por el contrario, el artículo 113 de la ley denominada “El Derecho a Guardar la Semilla” reafirma este derecho de los agricultores respecto de su cosecha. Asimismo, en Costa Rica la legislación contempló resguardos mínimos para la biodiversidad al adherirse al Convenio UPOV 91. El artículo 2 de la ley homóloga costarricense sostiene que la protección no se otorgará a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que no hayan sido mejoradas por las personas; y durante los primeros diez años de vigencia de la ley, la “protección” sólo se extenderá a quince géneros y especies vegetales. En su artículo 4 establece que se considerará variedad notoriamente conocida (y por tanto no registrable) aquella que se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui generis, hayan sido estos derechos registrados o no.

4.- Inversión extranjera

La inversión extranjera relacionada con este proyecto está ligada a las transnacionales que actualmente lideran la investigación en biotecnología y manejarán de forma monopólica las variedades nacionales que registren.
Cabe señalar que estas variedades se generan teniendo como punto de partida el conocimiento ancestral obtenido por las corporaciones de forma gratuita. Por eso es que, en la práctica, esta ley posibilita la privatización de la semilla, lo que tendrá como consecuencia obstaculizar la investigación a nivel local y encarecer el precio de los alimentos, al incentivarse el uso de semilla registrada. Más relevante que la inversión es el hecho que estamos ante un intento de expropiación del patrimonio de todos los chilenos. La urgencia impuesta al proyecto en función de la implementación de los tratados de libre comercio, no debe impedir a nuestros representantes en el Parlamento olvidar la grave ausencia de análisis y debate social y ciudadano de la que han adolecido los procesos de aprobación de estos tratados. De lo contrario, sólo estaremos una vez más frente a una Ley que se aprueba aceleradamente sin un real debate democrático, que no aportará medidas ni herramientas necesarias para enfrentar el desafío que nos plantea la preservación y el desarrollo de la producción y variedad de alimentos. Al revés, esta ley no obedece a intereses nacionales sino beneficia exclusivamente a las multinacionales monopólicas del negocio de las semillas, agroquímicos y transgénicos.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los diputados a votar en conciencia, rechazando este proyecto de ley.
Nuestra propuesta es que, junto con las organizaciones, pidan al gobierno que dé los pasos necesarios para poner urgencia a la ratificación del Protocolo de Cartagena. Al mismo tiempo, nos parece fundamental abocarnos a la elaboración de un proyecto de Ley sobre Biodiversidad que siente las bases para la protección de nuestro patrimonio natural, como paso previo a la aprobación del convenio UPOV 91 y del proyecto sobre Derechos de Obtentores.

Santiago, septiembre de 2009.

Firman (a septiembre de 2009):

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/ Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile)
- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
-Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)
-Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Biobio
Asociación Gremial de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Chiloé
Asociación Gremial de Agricultura Biológica- Biodinámica
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de Coquimbo
Asociación Gremial de agricultores Orgánicos Tierra Viva
Centro de Educación en Tecnología CETSUR
Fundación con Todos, Chiloé
Consejo por la Soberanía Alimentaria
Plataforma Rural por la Tierra
Confederación Campesina Ranquil
Red Orgánica de BioBio
Red Orgánica de Angol
Red Orgánica de Renaico
Red Orgánica de Los Lagos
Red Orgánica de Los Ríos
Asociación de Consumidores Conscientes (Linares)
Asociación de Protección al Consumidor (APAC Antofagasta)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Salud contra el Cheque de Garantía y otros Abusos (AUSECH)
Consejo Ecológico Comunal de San Antonio
Consejo Ecológico Comunal de Linares
Red de Consumidores del sur (Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé)
Red de Acción por la Justicia Ambiental (RAJAS)
Ecocéanos
Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL)
Pesticide Action Network (PAN INTERNATIONAL)


Contacto: RAP-Chile, fono 341 67 42
secretaria@rapal.cl,

El Mundo Según Monsanto: estreno en español

El martes 29, a las 18 horas se estrena en Santiago de Chile la versión doblada al español del documental "El Mundo Según Monsanto", de Marie Monique Robin. La película se exhibirá en la librería de Le Monde Diplomatique, con entrada libre. La invitación es de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, que promovió el doblaje al español del video, anteriormente sólo disponible en francés, alemán e inglés.
¡Te esperamos!

Barrick y Bachelet

Ante la cena a Bachelet auspiciada por Barrick

Con profunda tristeza y decepción, las organizaciones y personas que firmamos esta declaración, vemos cómo la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cenará junto al mundo empresarial en Nueva York, auspiciada por las transnacionales Barrick Gold y Chevron.
Esta cena está organizada por el The Council of the Americas, una institución que reúne a las transnacionales que intervienen los territorios Latinoamericanos. Dicha cena está enmarcada en la visita que la Mandataria realizará a Estados Unidos junto a una delegación de Ministros y Ministras y personajes del mundo político.
Pese al alto apoyo ciudadano que ha recibido Michelle Bachelet en el último tiempo, no podemos sino denunciar la cercanía que poco a poco la Mandataria ha ido estableciendo con la transnacional dueña del proyecto minero más cuestionado del último tiempo y que ha sido un emblema de la lucha por el agua y la defensa de los glaciares en el norte de nuestro país, Pasca Lama.
Cuando era candidata, Michelle Bachelet se comprometió a no permitir la destrucción de glaciares durante su gobierno y a legislar para protegerlos, sin embargo avaló Pascua Lama y dos años después decidió no sacar una ley para su protección, a cambio, la Ministra Ana Lya Uriarte, lanzó una Política sobre Glaciares que no tiene ningún peso efectivo y abre la puerta para que se puedan destruir.
Hemos sido testigos de cómo el gobierno, primero con la entonces ministra de Minería, Karen Poniachick, hoy con el actual ministro Santiago González, no ha hecho más que apoyar a la transnacional, incluso dando el anuncio del inicio de Pascua Lama junto a los ejecutivos de Barrick, esto cuando aún faltaban permisos que días después aclaró la DGA.
Suma y sigue. Altos ejecutivos de Barrick, venidos especialmente de Toronto, se reunieron en privado con Bachelet en La Moneda, sin prensa ni declaraciones posteriores. A la semana siguiente se anunció el tan esperado Acuerdo Tributario entre Chile y Argentina que, según dichos de la empresa y los gobiernos, destrababa Pascua Lama.
Aceptar una cena financiada por Barrick, muestra una ética política distinta a la mostrada por otras reconocidas personalidades mundiales como Al Gore, respecto de esta cuestionada empresa. Cuando pusimos en antecedentes a Al Gore sobre lo perjudicial que era tener entre sus auspiciadotes a Barrick Gold en su Seminario sobre el Cambio Climático en Mayo del 2007, inmediatamente condicionó su asistencia al seminario en Santiago a la salida de Barrick como financista de dicho evento.
Pese a todo lo anterior, vemos cómo Michelle Bachelet obtiene altos niveles de popularidad en sus últimos días de gobierno, y pese a ese apoyo ciudadano, no podemos dejar que esto se traduzca en acciones poco éticas, reñidas con la moral.
Barrick es una empresa de la que podríamos escribir páginas y páginas de irregularidades, sin embargo, lo más importante es que ha amenazado con la muerte a todo el Valle del Huasco, a sus agricultores, a los crianceros, a la vida ancestral y, a los niños que ven cómo sus familias y las familias de los amigos se han dividido debido a la injerencia de esta transnacional canadiense en las casas, juntas de vecinos y diversas organizaciones sociales. Y… ¿Bachelet cena junto a Barrick?
Nosotros que defendemos la vida, que defendemos el último río fértil que baja de los glaciares milenarios amenazados por el proyecto Pascua Lama de la transnacional canadiense, que hemos resistido por casi diez años la intensa lucha que hemos dado en el Valle del Huasco, que hemos denunciado permanentemente las acciones ilegítimas e irregulares de la empresa en concomitancia con los funcionarios de los diferentes gobiernos, seguiremos denunciando la intervención de Barrick en el Valle del Huasco y en el país. Seguiremos entregando lo mejor de cada uno de nosotros por reservar el río con agua limpia que permita la vida.
Finalmente, mientras Barrick se encarga de que no falte el plato para la comida de Michelle Bachelet en Nueva York esta noche, la DGA anuncia que entregó el último permiso que supuestamente falta para que Pascua Lama inicie su construcción.
Nosotros decimos que falta el más importante, la aprobación de la gente que grita una vez más ¡Agua limpia, vida sana, no a Pascua Lama!

Consejo de Defensa del Valle del Huasco
Pastoral Salvaguarda de la Creación
Coordinadora Contra Pascua Lama - Santiago
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA
Programa radial Semillas de Agua
23 de Septiembre de 2009

Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario

(En la foto, Jaime Huenchullan cuando hizo huelga de hambre en prisión)
A 100 se eleva ya el número de presos políticos y/o comuneros mapuche procesados (entre ellos 7 mujeres) en Chile del bicentenario gobernado por la Presidenta Bachelet. Es la cifra más alta desde el inicio de la transición, según el registro llevado por la Comisión Etica Contra la Tortura y las propias organizaciones de esa nación originaria, actualizado a septiembre de este año. Existen 43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3 están afectadas por medidas cautelares.

Este será uno de los aspectos analizados el 24 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al revisar el desempeño del gobierno chileno ante los requerimientos ya planteados anteriormente por esa instancia.

Una victoria de los ddhh
Hay una victoria que pueden contabilizar a su haber los presos políticos mapuche en favor de sus derechos humanos y los de sus hijos e hijas. El gobierno debió retroceder en su intento de dispersión territorial del grupo más compacto, los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM) y de otros comuneros detenidos a quienes se acusa de asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado, entre otros cargos. Judicialmente la medida de traslado, apelada por la defensa, había salvado todas las vallas pero fue resistida por los presos de la cárcel El Manzano con una prolongada huelga de hambre que sólo se levantó cuando oficialmente el gobierno informó la no vigencia de esos cambios.

La denuncia de los familiares, que permanecieron días y noches en vigilia permanente a la espera de los traslados anunciados, y la sólida argumentación de los abogados de derechos humanos que veían en ello la adopción de prácticas de la dictadura de Augusto Pinochet, sumados al impacto que a nivel nacional e internacional tuvo el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío por carabineros, impidieron la materialización del plan de Gendarmería. La medida consistía en trasladar los presos a ciudades como Puerto Montt, Rancagua y Valdivia, ubicadas a centenares de km de sus comunidades de origen, en desmedro de sus derechos humanos y de su defensa. Un recurso presentado por los hijos de Héctor Llaitul defendiendo su derecho a mantener el contacto con su padre fue rechazado a destiempo por la Corte de Apelaciones, cuando ya la medida no estaba vigente.

Permanecen otras irregularidades que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista de tiempos de Augusto Pinochet (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar. Hay detenidos que habían sido trasladados lejos de sus familias anteriormente cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito. Muchos mapuche sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de “prisión preventiva” operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales.

Por otra parte, se discrimina a los imputados mapuche forzándolos –sin éxito muchas veces- a entregar muestras de su ADN, práctica rechazada por los presos que temen por su experiencia anterior con montajes político judiciales, que ello sea utilizado en su contra en situaciones futuras de conflictos. Además, la persecución y búsqueda de comuneros con órdenes de detención, justifica para la policía la realización de allanamientos de extrema violencia con uso de fuerzas combinadas, que incluyen carabineros y civiles armados, y el empleo de balas y gases lacrimógenos afectando crecientemente a los niños, mujeres y ancianos. Los insultos de carácter racista y la tortura son práctica común al momento de la detención así como en los cuarteles y centros de detención, con aplicación deliberada de golpes en los oídos y en la zona abdominal, para no dejar huellas y obstaculizar las denuncias. A medida que se extiende la movilización por el territorio en que hoy viven los mapuche del campo y los mapuche que viven en las ciudades, el brazo represivo acoge también a los menores de edad que se manifiestan en marchas o mitines.

Pero para el gobierno de la Presidenta Bachelet, estos temas considerados “delictuales” no revisten importancia. Su llamado público al diálogo y la producción del inconsulto “reglamento” del Convenio 169, va paralelo a la negación tanto de la existencia de la prisión política mapuche, como la criminalización de sus luchas por la recuperación de las tierras, y la militarización del territorio de las comunidades en conflicto. El gobierno no logra reconocer políticamente que estas luchas ya se extienden no sólo a Arauco y Malleco sino también a zonas de la Región de la Araucanía y la Región de los Lagos, acompañadas de nuevas organizaciones territoriales más vinculadas a los liderazgos tradicionales.

La parafernalia del bicentenario no da cuenta de estas complejidades. Pero esa fiesta recién comienza y los invitados no son los de siempre.

El 11 de septiembre chileno, 36 años después

Por Jorge Luna (*)

Santiago de Chile, (PL) Divididos por las elecciones presidenciales de diciembre, los chilenos recuerdan de distintas maneras el Golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el Presidente constitucional Salvador Allende en 1973.
A 39 años del bombardeo del Palacio de La Moneda, la interrupción de un proceso democrático popular y el inició de un represivo régimen militar que duró 17 años, este es el tercer aniversario en un "Chile sin Pinochet", fallecido el 2006.
El recuerdo -y el significado de ese episodio histórico para Chile y la región- varían no sólo según el prisma político con que se mire, sino también de acuerdo a la generación de chilenos post-dictadura a que se pertenece.
Estudios académicos señalan una gran variedad de visiones sobre el 11 de septiembre de 1973 chileno y el paso del tiempo, en algunos casos, ha contribuido al olvido, mientras que en otros ha servido para fortalecer la memoria y la renovada búsqueda de la justicia.
Prensa Latina recogió testimonios inéditos de cuatro chilenos de distintas edades pero que, además de sobrevivir el 11 de septiembre, comparten el difícil ejercicio del periodismo comprometido con la verdad.
Los cuatro son renuentes a hablar en primera persona, pero en esta ocasión aportaron breves versiones de sus dramáticas vivencias personales sobre el "día del golpe", fecha en que culminó una vasta y prolongada conspiración nacional e internacional contra el Gobierno Popular de Allende.

Marcelo Castillo

Marcelo Castillo es hoy el director del periódico La Nación, con amplia experiencia en varios medios chilenos y extranjeros. Pero, ese 11 de septiembre, con 16 años de edad, cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo Manuel de Salas y militaba en la Juventud Socialista.
Aunque nunca vio un fusil, integró un grupo con "preparación militar básica en el partido, pero solamente teórica", dijo al señalar que en una asamblea "propusimos entregar algunas nociones básicas de formación militar. Quiénes siempre habían sido reacios a esa idea, esta vez aceptaron".
Pero, cuando salimos al patio, ya había helicópteros artillados sobrevolando, apuntó Castillo, uno de los encargados de comunicaciones de los Comités de Defensa del Gobierno Popular en las escuelas de la capitalina comuna de Ñuñoa.
Hizo un recorrido por los colegios y por el Pedagógico de la Universidad de Chile, que estaba rodeado de fuerzas militares: "Fuimos a dos liceos, el Veinte y el Siete, que permanecían tomados igual que el nuestro".
Me detuve unos momentos en la casa de mi novia de entonces y, desde el tejado de su casa, presencié a lo lejos el bombardeo a La Moneda, agregó Castillo, quien -pese a todo- confiaba en que "fuerzas militares democráticas estarían de nuestro lado para enfrentar a los golpistas".
Al regresar a su escuela y ver que la mayoría de sus compañeros se había ido, Castillo -junto a otro estudiante conocido como "Pato"- partió hacia una "casa de seguridad" con unas botellas de ácido sulfúrico que sacaron de los laboratorios de química.
Pero, al poco andar, un grupo de civiles armados nos detuvo, nos subieron a un automóvil y, luego, nos entregaron a una patrulla militar, que nos llevó al Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, donde fuimos interrogados con simulacros de fusilamiento y golpes, subrayó Castillo.
Finalmente, los dos estudiantes, junto a otros tres prisioneros, fueron entregados a Carabineros, quienes los recibieron con una pateadura, según relató Castillo. "En esa Comisaría llegaríamos a ser alrededor de 60 los detenidos, todos en tres o cuatro celdas que habitualmente no albergan a más de dos o tres personas".
Sentimos las balaceras durante toda la noche. Llegaron algunos compañeros muy heridos, a los que nadie se atrevió a hablar, dijo Castillo, hasta que el día 13 el nuevo régimen levantó el toque de queda y, junto al Pato, fue liberado. "Pasamos a engrosar las filas de la resistencia en la clandestinidad", concluyó.

Lucía Sepúlveda

Por su parte, Lucía Sepúlveda, quien tenía entonces 27 años y tres meses de embarazo, aseguró que su "falta concreta de memoria está asociada al trauma", aunque aportó valiosos recuerdos de esa jornada junto a su compañero, el conocido periodista Augusto "Pelao" Carmona, con quien intentó llegar hasta La Moneda.
No pudimos llegar a reportar y tuvimos que irnos a la revista Punto Final, pero allí no había nadie. Entonces, nos unimos a los corresponsales de Prensa Latina, cuya oficina estaba en igual piso del mismo edificio de Punto Final y muy cerca del palacio de Gobierno.
Ella, reportera de la Televisión Nacional, y él, de Radio Nacional, emisora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), buscaban allí noticias sobre los violentos acontecimientos.
"Todo el horror se concentró en esas horas y ese día, que recuerdo como el más largo de mi vida", señaló Lucía.
Allí pudo escuchar varios "bandos militares", citando a políticos y periodistas conocidos a presentarse en el Ministerio de Defensa. También pudo escuchar el sobrevuelo de los Hawker Hunter disparando contra el cercano palacio de Gobierno.
"Cuando el entonces director de Prensa Latina, Jorge Timossi, nos informó -tras un contacto telefónico con alguien en La Moneda- que el periodista Augusto Olivares, amigo y asesor de Allende, se había suicidado, el dolor y el espanto me sobrecogieron", reconoció.
De Prensa Latina, caminamos a nuestro departamento de Calle Cóndor, pasando entre grupos de soldados y detenidos, entre tanques, muertos y personas deambulando como autómatas con ojos colmados de miedo y desesperación, agregó.
Después de ese día -aseguró- no fuimos más que miembros de la resistencia: "Para el "Pelao", el periodismo quedó atrás para siempre. Fue asesinado por la dictadura el 7 de diciembre de 1977".

Eduardo Contreras

Eduardo Contreras fue el primer abogado en presentar una querella judicial contra el dictador Augusto Pinochet y es conocido por su defensa de los derechos humanos y todas las causas justas. Es, además, dirigente del Partido Comunista de Chile y un destacado columnista del semanario El Siglo y otros medios.
En 1973, con 33 años de edad, Contreras era diputado comunista por la zona de Chillán, donde nació, y donde el régimen militar cometió muchos crímenes de lesa humanidad.
La noche antes del golpe, regresaba a Chillán -donde antes había sido alcalde- junto al diputado socialista Rogelio de la Fuente, luego de cumplir varias actividades con campesinos y obreros, "preparando el apoyo al plebiscito al que convocaría el Presidente", relató.
Pese al cansancio, dijo, decidimos partir de inmediato de Chillán a Santiago, pues el martes 11 en el palacio de La Moneda Allende nos entregaría los lineamientos generales de la consulta popular para que los parlamentarios fuéramos sus voceros.
Tras sortear registros policiales por la Ley de Control de Armas durante la noche, amanecieron en Santiago pero, como el vehículo no tenía radio, no se enteraron de que el golpe ya había empezado, "hasta que algunos civiles nos detuvieron para prevenirnos a pocas cuadras del palacio presidencial. Era imposible continuar".
Cada uno partió entonces a los lugares asignados previamente por el Partido: yo fui a una fábrica donde escuchamos el último discurso de Allende y nos enteramos de su muerte. No había condición alguna para combatir, recordó Contreras.
Aunque mi primer impulso fue tratar de regresar a Chillán, la compañera "Amanda", responsable política de la fábrica, me aconsejó esperar. Le debo la vida, rememoró.
En Chillán, militares y carabineros asesinaron a los dirigentes de la izquierda, dijo al admitir que se salvó en esa ocasión por haber viajado a la reunión con Allende.
Luego, vendría la clandestinidad y, más tarde, el asilo: Panamá en el 74, Cuba desde el 75, México desde el 78. Tras el exilio, regresó "a la misma lucha, los mismos sueños, aunque en condiciones más duras". Contreras subrayó, sin embargo, que mantiene "la misma confianza en la victoria".

Manuel Cabieses

El periodista y escritor Manuel Cabieses es conocido, entre otras cosas, por haber logrado mantener en circulación la revista de izquierda Punto Final desde 1965, salvo los 16 años de clausura durante la dictadura militar.
El también dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido dos días después del golpe, sufrió prisión en los campos de detención de Chacabuco, Puchuncaví y Tres Álamos. Luego, vivió en Cuba y, más tarde, regresó clandestinamente a Chile.
Entre otros éxitos periodísticos, Punto Final publicó, como primicia mundial, el "Diario del Che en Bolivia".
Pero, también, el 11 de septiembre de 1973, alcanzó a estar -por pocas horas- en kioscos una edición especial, cuya portada señalaba: "Soldado: la patria es la clase obrera".
El golpe se esperaba hacía semanas, cuando se rebeló un regimiento de blindados en Santiago. Sin embargo, la tensión fue convirtiéndose en adormecedora esperanza en que la habilidad de Allende -fogueada en larga experiencia parlamentaria- derrotaría la conspiración, recordó Cabieses, quien entonces tenía 40 años de edad.
En esos días, Cabieses trabajaba también como reportero del vespertino "Noticias de Ultima Hora", del Partido Socialista -ubicado a cinco cuadras de La Moneda-, adonde se dirigió temprano el día del golpe.
Mi mujer salió hacia el consultorio donde trabajaba como enfermera. Mis tres hijos se fueron a sus colegios. El transporte público funcionaba con normalidad y la ciudad se veía tranquila. En un kiosco de periódicos vi la edición del día de Punto Final, contó.
Relató que "ya habían llegado algunos compañeros al diario, escuchaban la radio y comenzaban a organizar el trabajo. Hablamos de sacar una edición de emergencia, como hicimos el 29 de junio cuando el alzamiento de los blindados".
Más adelante, precisó: "Nos repartimos las tareas, uno iría a La Moneda, otro al Ministerio de Defensa, aquel a la Central Única de Trabajadores, a mí me correspondía el Congreso Nacional para buscar declaraciones de parlamentarios y partidos políticos".
Pero, al comunicarse con la imprenta Horizonte, del Partido Comunista, donde se imprimía el vespertino, "tuvimos el primer acercamiento a la realidad, pues los compañeros estaban mejor informados que nosotros y nos hicieron ver la ingenuidad de nuestros propósitos".
El también presidente del sindicato explicó que "de todos modos, decidimos permanecer en el diario por si más tarde se podía sacar una edición especial llamando al pueblo a resistir el golpe".
"Desde la terraza del edificio vimos a los Hawker Hunter bombardear La Moneda. En una radio a pilas oímos el último mensaje de Allende. Lo que sucedía no lo podíamos creer", afirmó.
Las columnas de humo se elevaban del palacio en llamas. El histórico símbolo de un país "diferente", se convertía en la imagen fantasmagórica y trágica del final de una época, opinó y agregó que "comenzaba una nueva historia que no ha concluido".
(*) El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.

Waikilaf Cadín detenido el 11 de septiembre Operan como en dictadura, denuncia su abogado

El joven líder mapuche Waikilaf Cadin alcanzó a estar en libertad sólo una semana luego de salir de la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en la austral región de Los Lagos. Hoy 11 de septiembre fue detenido arbitrariamente en Temuco. Cadin es hijo de la encarcelada lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, y del werken Antonio Cadin, preso hasta hace poco en Temuco. En La Moneda, en Santiago, a la misma hora, se cumplía el ritual de homenaje al Presidente Salvador Allende y las autoridades del gobierno desoían las palabras de su último discurso, aquel en que el “compañero presidente” que se inmoló en el palacio de gobierno, aseguraba que los trabajadores y el pueblo abrirían las grandes alamedas.

Acusado de la colocación de una bomba en Temuco el 29 de diciembre de 2008, Waikilaf Cadin pasó seis meses en prisión preventiva muy lejos de su comunidad de origen, ubicada en la comuna de Cunco, en la región de la Araucanía. Detenido el 27 de marzo de 2009, el joven ex estudiante de Derecho fue enjuiciado por la ley antiterrorista y, como un ejemplo más de una táctica policial orientada a neutralizar los liderazgos del pueblo mapuche usando las medidas cautelares como mecanismo de control de la lucha política y social.

Anteriormente Cadin había cumplido condena pasando más de un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, saliendo en libertad sólo en enero de 2008.
Sobre su intempestiva detención informó minutos atrás su abogado, Lorenzo Morales, que este 11 de septiembre está redactando un recurso de amparo a favor del joven dirigente mapuche. Expresa el abogado en comunicación con esta periodista:
“Hace menos de una hora iba con mi amigo Waikilaf en el centro de Temuco, en una auto conducido por su compañera Nele Loos, en una esquina se cruzó un auto y se bajaron tres sujetos con pistolas. Me bajé inmediatamente y me apuntaron mostrándome sus placas de Carabineros. En total eran tres autos y doce funcionarios de civil.Yo les mostré mi única arma, mi carnet de abogado. Pero a la fuerza, sin escuchar razones y por encima de mis peroratas e improperios, se llevaron a mi amigo por una orden verbal del Fiscal Mililtar. Lo llamé e increpé y ahora espero me reciba. Estoy en la antesala, y al mismo tiempo estoy redactando un recurso de amparo...Sí, de esos mismo que se interponían en dictadura.”

Detenciones y procesamientos
En este último año de gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet hay 87 presos políticos y/o procesados (7 mujeres) mapuche, una lista que incluye algunos activistas chilenos solidarios con su causa. De ellos, 38 casos corresponden a personas que cumplen prisión efectiva actual. El ministerio público, por instrucciones del gobierno del ex Presidente Lagos, y ahhttp://www.blogger.com/img/blank.gifora de Bachelet, ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, en 35 oportunidades
Existen otros 44 casos de condenados y/o procesados con medidas cautelares.
Cuatro mujeres están en prisión y 3 viven con medidas cautelares que restringen sus libertades democráticas. Una de las mujeres, Mireya Figueroa, padece de un cáncer terminal y espera en el Hospital Barros Luco de la capital ser llevada a juicio oral al sur. Las estadísticas no incluyen aun las numerosas detenciones practicadas luego de las últimas recuperaciones de tierras. Para ejemplificar como se cumplen en Chile las medidas cautelares, basta constatar que José Patricio Jara Muñoz el carabinero de Fuerzas Especiales que asesinó por la espalda al comunero, está en libertad por decisión unánime de la Corte Marcial.